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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08164-01

Fecha
4 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08164-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR la sentencia de primera instancia del 13 de febrero de 2026 mediante la cual la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo constitucional solicitado para, en su lugar, NEGAR la solicitud de tutela formulada por el señor Duván Reinterio López Hincapié, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-08164-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

4 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-08164-011
Accionantes : Duván Reinerio López Hincapié
Accionados Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial – reparación directa por
privación de la libertad
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante contra
la sentencia del 13 de febrero de 2026 mediante la cual, la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia por no acreditar el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por los actores frente a las providencias judiciales objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá
lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

2. El accionante, quien actúa en nombre propio, interpuso el presente recurso de

amparo con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y principio de legalidad,
presuntamente vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué y el
Tribunal Administrativo del Tolima.

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08164-01
Accionante: Duván Reinerio López Hincapié
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro

3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos las sentencias del (i) 9 de abril de 2023,

mediante la cual, el Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué negó las
pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa promovida contra la
Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación (expediente 73001-33-33-
002-2021-00108-01 acumulado); y del (ii) 3 de julio de 2025, con la que el Tribunal
Administrativo del Tolima confirmó esa decisión. En su lugar, pidió que se ordene
a las autoridades accionadas emitir un nuevo pronunciamiento en el que se
concedan las súplicas de ese asunto ordinario.

1.3 Hechos2.

4. El accionante promovió demanda de reparación directa contra la Nación – Rama

Judicial – Fiscalía General de la Nación, con el propósito que se les declarara
patrimonialmente responsables por la privación de la libertad que sufrió entre el
15 de enero de 2018 y el 29 de septiembre de 2019.

5. El Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué, mediante providencia del 19 de

abril de 2023, negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada
por el Tribunal Administrativo del Tolima a través de sentencia del 3 de julio de
2025, al considerar que, la medida de aseguramiento ordenada contra el señor
López Hincapié fue razonable y proporcional a las circunstancias iniciales de los
procesos penales, hasta su absolución por la duda o carencia de certeza.

6. La parte accionante, en su escrito, manifestó que, las decisiones adolecen de

defecto fáctico, toda vez que, valoraron de manera inadecuada las pruebas
documentales aportadas al proceso, que, en su entender, permitían estructurar la
falla en el servicio, particularmente, lo consignado en las sentencias proferidas en
el proceso penal, que permitieron establecer la inexistencia de los indicios graves
que exige el artículo 356 de la Ley 600 de 2000.

2.1 Contestaciones de la acción.

7. 2.1.1 El Tribunal Administrativo del Tolima, por conducto del magistrado
ponente de la decisión cuestionada, señaló que dicha colegiatura valoró adecuada
e integralmente el material probatorio aportado al proceso de reparación directa y
estableció que, la Fiscalía General de la Nación, al imponer la medida de

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.

2

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aseguramiento, se fundamentó en la declaración o versión libre y en los indicios
con que contaba en su oportunidad.

8. 2.1.2 El Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué remitió el expediente
digital.

3. Sentencia de primera instancia

9. La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado mediante sentencia del

13 de febrero de 2026, declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional
formulada por el señor Duván Reinerio López Hincapié, por considerar que no se
acreditó el requisito de relevancia constitucional, en la medida que, no se
presentaron argumentos de aquellos que, en perspectiva de un defecto fáctico,
muestren un yerro de validez de la providencia, sino, por el contrario, se trata de
argumentos que buscan una instancia adicional a las que ya se surtieron dentro del
proceso judicial ordinario.

10. Así, concluyó que, en las sentencias cuestionadas, la autoridad judicial
accionada examinó los mismos argumentos presentados por el tutelante en la
demanda de reparación directa. La sentencia del Tribunal Administrativo los
descartó y concluyó que la decisión de privarlo de la libertad satisfizo los requisitos
procesales previstos en la Ley 600 de 2000, motivo por el cual, la decisión de la
Fiscalía General de la Nación no fue irrazonable, desproporcionada o ilegal.

4. Impugnación

11. Inconforme con la anterior decisión, el accionante la impugnó, insistiendo en que

los falladores de la reparación directa incurrieron en defecto fáctico.

12. Al respecto, señaló que, el artículo 356 de la Ley 600 del 2000 indica que la

medida de aseguramiento privativa de la libertad se impondrá cuando aparezcan
por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas
legalmente producidas dentro del proceso; sin embargo, en su entender, la
declaración rendida por el testigo CASIMIRO MANJARREZ fue contaminada, en
tanto, la versión fue manipulada por los agentes del adscritos a la dirección del
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes de manera errónea en su labor
investigativa, le refirieron el nombre del señor López Hincapié conectado con el de

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Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro

ALIAS CHAPULIN, haciendo indefectiblemente que dicha prueba que fundamentó
la imposición de la medida de aseguramiento era abiertamente ilegal.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

13. Esta Corporación es competente para resolver la presente impugnación, en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021 y en el Acuerdo 080 de 2019.

3.2 La acción

14. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3. Problema jurídico

15. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo del 3
de julio de 2025, mediante el cual, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la
decisión adversa a las pretensiones de la demanda de reparación directa formulada
por el señor Duván Reinerio López Hincapié3, por haber incurrido, presuntamente,
en un defecto fáctico.

3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

16. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 4 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado5, es posible acudir

3
La Sala centrará su análisis en la sentencia de segunda instancia, porque fue esta la que puso fin al proceso de reparación
directa.
4
Sentencia C-590 de 2005.
5
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.

4

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a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

17. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

18. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos

5

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Accionante: Duván Reinerio López Hincapié
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de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

19. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) contrario a lo
señalado por el juez constitucional de primera instancia, el asunto planteado sí
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de los
actores, en una indebida valoración probatoria, lo cual, de comprobarse, conllevaría
a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, lo que impone, en ese aspecto, modificar el fallo de
primer grado; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno;
(iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las
aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo
en cuenta que la providencia atacada data del 3 de julio de 2025 y la solicitud de
amparo se presentó el 18 de diciembre del mismo año, es decir, dentro de los seis
meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.

20. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico invocada por los
demandantes.

3.4.1 Defecto fáctico

21. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por

defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »6.

22. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no

6
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.

6

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apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en
los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra7.

3.5 Análisis del caso concreto.

23. En el asunto sub examine, la parte demandante aduce que la providencia
cuestionada incurrió en defecto fáctico, porque, de los elementos de convicción
adosados a las diligencias ordinarias no se infería que la medida de
aseguramiento impuesta al señor Duván Reinerio López Hincapié hubiera sido
razonable y proporcional.

24. No obstante, antes de proceder a realizar el estudio de fondo de este trámite

constitucional, debe advertirse que el artículo 908 de la Constitución Política se
constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues es
su «cláusula general»9, toda vez que prevé los elementos que deben concurrir para
que se configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico, esto es, un perjuicio que
la persona no está en la obligación de soportar; (ii) una acción u omisión de los
servidores públicos concernientes al cumplimiento de sus funciones; y (iii) una
relación causal entre el hecho dañoso y la actuación o negligencia de aquellos.

25. En virtud de dichos presupuestos, resulta acertado afirmar que hay lugar a
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en
acatamiento de sus funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una
persona que no debe resistirlo.

26. Ahora bien, el artículo 6510 de la Ley 270 de 199611 establece tres (3) hechos

generadores de responsabilidad patrimonial del Estado provenientes de cuestiones
judiciales, a saber: (i) error judicial, (ii) privación injusta de la libertad y (iii)
defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia.

7
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
8
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de
la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste».
9
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
10
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad».
11
«Estatutaria de la administración de justicia».

7

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27. Por su parte, en el artículo 68 de la referida ley se consignó que, «[q]uien haya sido

privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios»; no

obstante, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-037 de 199612, analizó su
constitucionalidad y manifestó que, en los casos de privación injusta de la libertad,
no era dable la reparación automática de los perjuicios, sino que el juez debía
examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si
existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido.

28. Posteriormente, la Corte Constitucional dictó la sentencia SU-072 de 201813, a

través de la cual precisó que ningún cuerpo normativo estableció un régimen de
responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, por
lo que al operador judicial le corresponde determinar si la privación fue apropiada,
razonable y proporcionada14.

29. A su vez, mediante sentencia del 15 de agosto de 2018 15, la Sala Plena de la

Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio frente a este tipo de
casos; sin embargo, dicha providencia quedó sin efectos por vía de tutela 16, por lo
que el 6 de agosto de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo17, este
último que, si bien no se adoptó como determinación de unificación, recogió de
manera enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia, en la que se
sostuvo que en los casos de privación injusta de la libertad debía examinarse la
actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, sin
que resultara viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos.

30. Ahora bien, la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura, analizó el

material probatorio aportado al proceso, y, a partir de este, abordó los elementos
del título de imputación, de la siguiente manera:

5.2. El daño

El daño cuya reparación se pretende por parte de los demandantes consistió en la privación
de la libertad con detención preventiva en Centro Carcelario a la que fue sometido el señor

12
M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
13
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas, exps: T-
6.304.188 y T-6.390.556.
14
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de julio de 2023, expediente 25000-23-26-000-2010-
00642-01 (58.473), M. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 15
de agosto de 2018, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 46.947.
16
Mediante fallo de tutela dictado el 18 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación, exp: 2019-00169-01 (AC).
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de agosto de
2020, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 46.947.

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DUVÁN REINERIO LÓPEZ HINCAPIÉ dentro de los procesos penales adelantados en su
contra por el punible de Homicidio en Persona Protegida.

De acuerdo con la referencia probatoria atrás efectuada, el señor López Hincapié estuvo
detenido de manera preventiva desde el 26 de abril de 2017, fecha en la que se realizó la
aprehensión en razón a la medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra,
hasta el día 29 de septiembre de 2019 en cumplimiento de la libertad ordenada en el fallo
absolutorio proferido el 22 de agosto del mismo año, quedando definido el daño, en tanto
existe plena prueba del período durante el cual estuvo privado de la libertad en detención
recluido en Centro Carcelario.

Precisa esta Colegiatura, que para que se pueda predicar el primer elemento de la
responsabilidad patrimonial del Estado no basta únicamente con que se haya producido un
daño, sino que resulta obligatorio que el mismo revista la categoría de antijurídico,
entendiéndose esa antijuridicidad del daño como la lesión de un interés legítimo, patrimonial
o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado
por la ley o el derecho”, en otros términos, aquel que se produce a pesar de que “el
ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el
daño carece de causales de justificación18.

En ese sentido, en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño en el caso
concreto, se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales ésta
se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, así como si la
medida era necesaria, razonable y proporcional.

5.3 Imputabilidad del daño a la entidad demandada y nexo de causalidad

La Sala considera que, si bien es cierto, se demostró que al señor DUVÁN REINERIO LÓPEZ
HINCAPIÉ se le restringió el derecho a la libertad a través de la imposición de una medida de
aseguramiento con detención intramural, también es cierto que, revisado el material
probatorio obrante en el expediente no resulta posible afirmar que tal privación haya sido
injusta y atribuible a las demandadas, a la luz del marco jurídico como de la jurisprudencia
vigente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

Sea lo primero indicar que, como el presente asunto tiene que ver con la imposición de
detención preventiva intramural, dentro de las reglas procesales contempladas en la Ley 600
de 2000, según la fecha de ocurrencia de los hechos, dicha norma frente a las medidas de
aseguramiento y los requisitos que deben ser analizados por el funcionario judicial
competente para su imposición, establece lo siguiente:

“ARTICULO 356. REQUISITOS. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento
para los imputables la detención preventiva.

Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de
responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del
proceso.

No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el
imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de
responsabilidad.

(…)

18
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 09 de mayo de 2012. Radicado No. 68001-23-15-000-1997-03572-
01(22366), Magistrado Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

9

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Al respecto, encuentra la Sala que en el caso bajo estudio, la Fiscalía General de la Nación
impuso la medida de aseguramiento contra el demandante, teniendo en cuenta la declaración
o versión libre del señor Casimiro Manjarres alias “El Abuelo”, y las circunstancias de muerte
coincidentes con el modus operandi de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia,
quienes perpetraban dichos homicidios como “limpieza social”, indicio que atendió a que se
allegó la copia de los documentos que daban cuenta de la calidad de desmovilizado del señor
Duván Reinerio López Hincapié alias “Chapulín”, del frente FOI de la AUCMM. Siendo estos
los elementos, además de la gravedad del delito, los que motivaron la referida decisión que
se ajustó al ordenamiento jurídico legal vigente para la época de los hechos.

Ahora bien, como se plasmó en el marco jurisprudencial anotado, la antijuridicidad del daño
por privación de la libertad debe determinarse por estimación de las circunstancias que
rodearon la imposición de la medida de aseguramiento, siendo únicamente plausible predicar
objetivamente la responsabilidad de la administración en dos eventos, cuando el hecho no
existió o cuando la conducta era objetivamente atípica, situación que no es aplicable en el
sub lite, dado que el imputado fue absuelto por duda generada a favor del procesado, ante la
inexistencia de más material probatorio diferente a los dos indicios graves encontrados al
inicio de los procesos penales, y la ausencia de certeza dada en el reconocimiento en filas
por el señor Casimiro Manjarres, quien manifestó no identificar el señor López Hincapié, pese
a haberlo hecho en su versión libre.

En ese orden de ideas, coincide esta Colegiatura con lo estipulado por el Juez de primera
instancia, y reitera el apartado referenciado sobre la procedencia de la medida de
aseguramiento en el marco de la Ley 600 de 2000, en el cual el Consejo de Estado 1913 indicó:

“[E]n cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el
juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se exige constatar si
la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se
apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de
duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida era necesaria,
razonable y proporcional, de donde, si la detención se realizó de conformidad con el
ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto
quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su
padecimiento. Así, cuando el operador jurídico o el ente acusador levanta la medida
restrictiva de la libertad que pesaba sobre una persona, independientemente de la
causa de dicha decisión, debe realizarse el análisis pertinente bajo la óptica del artículo
90 Superior, con el fin de identificar la antijuridicidad del daño que se discute.”

De igual manera, como se encuentra acreditado en la preclusión de la investigación emitida
29 de mayo de 2019 por la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito
Especializado de Ibagué (fol. 158-167 del archivo 005 del cuaderno principal), así como en la
sentencia absolutoria y revocatoria de la medida cautelar proferida el 22 de agosto de 2019
por el Juzgado Penal del Circuito de Honda-Tolima (fol. 77-129 del archivo 04 Anexos del
cuaderno 73001333301020210013600), ambas decisiones se tomaron con base en el
Principio in dubio pro reo, por lo que este Tribunal no considera que la privación de la libertad
del demandante guarde la cualidad de antijurídica, pues la medida de aseguramiento
ordenada contra el señor López Hincapié fue razonable y proporcional a las circunstancias
iniciales de los procesos penales, hasta su absolución por la duda o carencia de certeza.

Aclarado lo anterior, es claro para la Sala que para el momento de la solicitud de medida de
aseguramiento era posible inferir razonablemente que el señor DUVÁN REINERIO LÓPEZ
HINCAPIÉ ser coautor de la conducta punible por la cual se iniciaron las respectivas
investigaciones penales, pues más allá de la gravedad de la conducta, lo cierto es que existían
dos indicios graves en su contra, fundados en elementos probatorios y expedientes allegados

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CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, 22 de noviembre de 2021, CP. Nicolás Yepes Corrales, Rad.
50001233100020080044701 (50247), demandante: NANCY ROCÍO CÁRDENAS LÓPEZ Y OTROS. Demandado: NACIÓN
– FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08164-01
Accionante: Duván Reinerio López Hincapié
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro

dentro de los respectivos procesos, que culminaron con una decisión de preclusión por parte
de la Fiscalía General de la Nación y una sentencia absolutoria en favor del procesado por
duda.

31. De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada determinó que no había

lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado en el proceso de
reparación directa, toda vez que, la medida de aseguramiento que se le impuso al
señor Duván Reinerio López Hincapié estuvo debidamente justificada. En efecto, a
partir de los elementos probatorios aportados al proceso de reparación directa se
estableció que, en el proceso penal, concurrieron los dos indicios graves que
permitieron inferir la posible autoría del señor López Hincapié en la comisión de los
delitos por los que fue investigado, con lo que se demostró que la Fiscalía General
de la Nación cumplió el estándar probatorio exigido para imponer la medida de
aseguramiento.

32. Con base en lo anterior, la autoridad accionada en la sentencia objeto de
reproche concluyó que, la privación de la libertad del señor López Hincapié no fue
arbitraria o injusta, sino que, por el contrario, «fue razonable y proporcional a las
circunstancias iniciales de los procesos penales, hasta su absolución por la duda o carencia
de certeza».

33. En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene de

una interpretación caprichosa de la autoridad accionada, toda vez que, sus
argumentos se encuentran debidamente motivados, conforme a las pruebas que
fueron aportadas en el aludido proceso ordinario, por lo que concluyó que, no era
procedente imponerle a la Administración el deber de resarcir los perjuicios
reclamados, habida cuenta que, su privación de la libertad no resultó
desproporcionada ni arbitraria, situación de la que se concluye que no se configuró
el defecto fáctico alegado.

34. De otra parte, el hecho relacionado con que el señor Casimiro Manjarrés, al

momento de realizar el reconocimiento en fila, manifestó no identificar al señor
López Hincapié, fue, precisamente, lo que originó la duda en la que se fundamentó
el fallo absolutorio en sede penal. Sin embargo, ello no implica, per se, que la
medida de aseguramiento no hubiera estado sustentada en dos indicios graves,
pues, es necesario recordar que el estándar probatorio para imponer la medida de
privación de la libertad es diferente al que debe acreditarse al momento de proferir
sentencia condenatoria.

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35. Finalmente, resulta oportuno indicar que el hecho que la autoridad judicial
accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendía el demandante
no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto, en acatamiento de
sus competencias jurisdiccionales, este tiene la potestad de examinar la
pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos de convicción obrantes en el
expediente, así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo
haga de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció
en el asunto materia de controversia.

36. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de

una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias
a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este
aspecto, la Corte Constitucional20 ha explicado:

«Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál
es la que mejor se ajusta al caso concreto.

El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena
fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la valoración de las
pruebas realizadas por el juez natural es razonable.

[…]

Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto.»

37. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

38. Por las razones expuestas, se modificará la sentencia de primera instancia que

declaró la improcedencia de la acción de tutela para, en su lugar, negar el amparo

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Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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constitucional deprecado, en tanto, no se encuentra configurado el defecto fáctico
alegado por el demandante.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR la sentencia de primera instancia del 13 de febrero de
2026 mediante la cual la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo constitucional solicitado para, en su lugar, NEGAR
la solicitud de tutela formulada por el señor Duván Reinterio López Hincapié, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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