Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08167-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08167-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-08167-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C. cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08167-00
Accionante: José Aldinever Sánchez Salcedo
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y Juzgado Once Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por el señor
José Aldinever Sánchez Salcedo contra (i) el auto del 12 de noviembre de 2024 proferido
por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y (ii) el auto del 24 de
julio de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima.
SÍNTESIS1
La parte actora cuestiona el auto mediante el cual se rechazó la demanda por haber
operado el fenómeno jurídico de la caducidad en el medio de control de reparación directa
llevado a cabo contra el Municipio de Chaparral (Tolima); la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario; la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios; el Ministerio de Justicia y
del Derecho; el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y la Fiscalía General
de la Nación, con el fin de que se le declarara responsable por los perjuicios que sufrió el
actor como consecuencia del hacinamiento padecido cuando estuvo privado de la
libertad. A su vez, cuestiona la providencia que confirmó esa decisión. La Sala declara la
improcedencia de la demanda de tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 18 de diciembre de 2025, el señor José Aldinever Sánchez Salcedo presentó una
demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Según el
accionante, esas garantías constitucionales fueron vulneradas por (i) el auto proferido el
12 de noviembre de 2024 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué y (ii) el auto proferido el 24 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del
1
Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Caducidad del medio de control de reparación
directa / Hacinamiento carcelario / Se declara la improcedencia por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-08167-00
Accionante: José Aldinever Sánchez Salcedo
Se declara la improcedencia
Tolima, en el medio de control de reparación directa con radicado 73001-33-33-011-2024-
00201-00/01.
2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y,
en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el
Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Ibagué el 12 de noviembre de 2.024, y el
auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 24 de julio de 2.025, en el
proceso de REPARACIÓN DIRECTA de JOSÉ ALDINEVER SÁNCHEZ SALCEDO,
radicado No. 73001-33-33-011-2024 00201-00, así como también las actuaciones
posteriores al fallo, proferidas por el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir decisión de reemplazo, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de
que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados 2.
B. Hechos
3. El señor José Aldinever Sánchez Salcedo –aquí accionante– estuvo detenido en las
instalaciones de la Estación de Policía de Chaparral (Tolima) desde el 22 de diciembre
de 2021 hasta el 2 de diciembre de 2022.
4. Durante su reclusión fue sometido a condiciones de hacinamiento, como lo confirmó
el Departamento de Policía de Tolima – Estación de Policía de Chaparral, mediante un
oficio del 18 de enero de 2023, en el cual respondió una petición de información y
reconoció que tales instalaciones cuentan con dos salas de privación de la libertad, con
capacidad para ocho personas privadas de la libertad, por lo que había un porcentaje de
hacinamiento del 189%.
5.El 23 de febrero de 2024, el demandante solicitó una conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría 201 Judicial I para Asuntos Administrativos, la cual se declaró fallida el 10
de abril de 2024.
6. El 26 de julio de 2024 el accionante –y otros3– presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra el Municipio de Chaparral; el Departamento
del Tolima; la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–; la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios –USPEC–; el Ministerio de Justicia y del Derecho; el
Ministerio de Defensa Nacional; la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación,
con el fin de que se les declarara responsables por los perjuicios causados durante su
reclusión, debido a las condiciones de hacinamiento.
2
Índice 2 del expediente digital en Samai.
3
Luz Marina Salcedo Cruz, Sirley Johana Medina Salcedo, Yury Marcela Tovar Salcedo, Edwar Sánchez
Salcedo, Brayan Daniel Sánchez Salcedo, en nombre propio y en representación de Wilson Javier Herrán
Ramírez, Wilson Javier Herrán Castañeda, Alexandra González Ramírez, Edwin Orlando González
Ramírez, Edinson Javier González Ramírez, Karen Dahyana Ramírez Londoño, Catherine González
Ramírez y Eloisa Martínez Quiroga.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-08167-00
Accionante: José Aldinever Sánchez Salcedo
Se declara la improcedencia
7. Mediante auto del 12 de noviembre de 2024, el Juzgado Once Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico
de la caducidad, pues el accionante tuvo conocimiento de las condiciones de
hacinamiento e insalubridad desde el 22 de diciembre de 2021, esto es, desde el
momento en que ingresó a la Estación de Policía, por lo que el término establecido en el
literal i) del numeral 2 del artículo 1644 de la Ley 1437 de 2011, transcurrió desde el 23
de diciembre de 2021 hasta el 23 de diciembre de 2023; no obstante, la solicitud de
conciliación extrajudicial se presentó el 23 de febrero de 2024 y la demanda el 26 de julio
de 2024.
8. El accionante apeló la providencia del 12 de noviembre de 20245 y, en auto del 24 de
julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima la confirmó. Expuso que, de
conformidad con el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, el daño por
hacinamiento carcelario es conocido desde el primer momento de reclusión, pues las
condiciones indignas son perceptibles de forma inmediata y evidente para quien las
padece, por lo que el término de caducidad para presentar la demanda en el medio de
control de reparación directa debe computarse desde el día siguiente a la privación inicial
de la libertad.
C. Fundamentos de la vulneración
9. La parte actora señala que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente jurisprudencial.
10. En primer lugar, indica que se desconocieron principios y se transgredieron sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso y
la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
10.1. Expone que se aplicó el término de la caducidad de manera restrictiva y formalista,
pese a que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido que, en
asuntos en los cuales se debate la responsabilidad del Estado por la vulneración de
derechos fundamentales en un contexto de privación de la libertad, debe privilegiarse una
interpretación que garantice el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral.
11. De otro lado, hace referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado6 en la cual
se analizó el término de la caducidad en casos de daño continuado y cómo se contabiliza
4
ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser
presentada (…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…)
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
5
Expuso que se trataba de un daño continuado, que se mantuvo durante todo el tiempo que permaneció
en el centro de reclusión, de manera que el término de la caducidad no debía contarse desde el primer día
de detención, sino desde el momento en que cesaron las condiciones vulneradoras –el 2 de diciembre de
2022–.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2015, radicado 25000-
23-41-000-2014-01569-01, C.P. Stella Conto Díaz; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-08167-00
Accionante: José Aldinever Sánchez Salcedo
Se declara la improcedencia
cuando se relaciona con condiciones derivadas del hacinamiento carcelario. Así mismo,
menciona providencias en las cuales la Corte Constitucional7 se pronunció frente a la
caducidad.
11.1. Particularmente, indica que, cuando se presenta un daño de carácter continuado, la
afectación no ocurre en un solo momento, sino que se prolonga en el tiempo de manera
continua o intermitente, por lo cual el término de dos años para iniciar el proceso de
reparación directa debe computarse a partir del día siguiente en el que cesó el daño.
11.2. Expone que, la regla de caducidad en el medio de control de reparación directa no
debe aplicarse de manera absoluta y rígida, sino en atención a las particularidades del
caso y en aplicación de los principios pro damato y pro homine.
D. Trámite procesal
12. Mediante auto del 15 de enero de 20268 se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar al Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y al Tribunal
Administrativo del Tolima (accionados), así como al señor José Aldinever Sánchez
Salcedo como representante del menor Jhon Alewor Sánchez Pinto, a Brayan Daniel
Sánchez Salcedo como tercero y como representante del menor Wilson Javier Herrán
Ramírez, a Luz Marina Salcedo Cruz, a Sirley Johana Medina Salcedo, a Yury Marcela
Tovar Salcedo, a Edwar Sánchez Salcedo, a Wilson Javier Herrán Castañeda, a
Alexandra González Ramírez, a Edwin Orlando González Ramírez, a Edinson Javier
González Ramírez, a Karen Dahyana Ramírez Londoño, a Catherine González Ramírez,
a Eloísa Martínez Quiroga, al Municipio de Chaparral - Tolima, al Departamento del
Tolima; a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, como
terceros con interés.
E. Oposiciones e intervenciones
13. El Tribunal Administrativo del Tolima9 (accionado) remitió el expediente digital del
proceso de reparación directa.
sentencia del 30 de enero de 2013, radicado 25000-23-26-000-1997-05265-01, C.P. Danilo Rojas
Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de octubre de 2019,
radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, radicado 76001-23-33-000-2014-00839-01, C.P.
Stella Conto Díaz; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 8 de junio de 2016, radicado 11001-
03-15-000-2015-02405-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 9 de diciembre de 2013, radicado 50001-23-31-000-2012-00196-01, C.P.
Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.
7
Sentencia C-115 del 25 de marzo de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara; sentencia T-191 del 20 de
marzo de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.; sentencia T-342 del 29 de junio de 2016, M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, sentencia SU-241 del 20 de junio de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Índice 4 del expediente digital en Samai.
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Índice 8 del expediente digital en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-08167-00
Accionante: José Aldinever Sánchez Salcedo
Se declara la improcedencia
14. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial10 (tercero con interés) solicitó su
desvinculación de la presente demanda de tutela, pues dicha autoridad no es la llamada
a responder por las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas. No
obstante, indicó que, en virtud de la desconcentración administrativa, debía vincularse
como tercero con interés en el presente proceso de tutela a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué.
15. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué11 solicitó que se
declarara la improcedencia de la demanda de tutela, pues la parte actora pretende reabrir
el debate que se presentó en el medio de control de reparación directa.
16. La Fiscalía General de la Nación12 (tercero con interés) solicitó su desvinculación de
la demanda de tutela y que se declarara la improcedencia de la misma. En primer lugar,
afirmó que no incurrió en omisión alguna que transgrediera los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
16.1. Expuso que, en todo caso, la demanda de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, pues la parte actora pretende utilizar la demanda de tutela para
reabrir el debate legal, frente a la caducidad del medio de control de reparación directa.
17. El Ministerio de Defensa Nacional13 (tercero con interés) afirmó que la demanda de
tutela es improcedente, en tanto no se evidenció un perjuicio irremediable o una amenaza
inminente e injustificada que amerite la procedencia de la demanda de tutela.
18. El Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué14 (accionado) expuso
que, en el auto proferido el 24 de julio de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del
Tolima se resolvieron los mismos argumentos planteados por la parte actora en la
demanda de tutela. En ese sentido, indicó que la tutela no es una tercera instancia o una
herramienta para modificar decisiones judiciales que han hecho tránsito a cosa juzgada.
19. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios15 (tercero con interés) solicitó su
desvinculación de la demanda de tutela, por cuanto dicha autoridad no es la competente
para dejar sin efectos las providencias cuestionadas por la parte actora.
20. El Ministerio de Justicia y del Derecho16 (tercero con interés) indicó que la demanda
de tutela resultaba improcedente, por cuanto el mecanismo constitucional no puede ser
utilizado para reabrir el debate zanjado ante el juez natural. Además, indicó que esa
entidad no tiene legitimación en la causa por pasiva, pues no intervino en la emisión de
las providencias cuestionadas.
10
Índice 9 del expediente digital en Samai.
11
Índice 10 del expediente digital en Samai.
12
Índice 11 del expediente digital en Samai.
13
Índice 12 del expediente digital en Samai.
14
Índice 13 del expediente digital en Samai.
15
Índice 14 del expediente digital en Samai.
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Índice 15 del expediente digital en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-08167-00
Accionante: José Aldinever Sánchez Salcedo
Se declara la improcedencia
21. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario17 (tercero con interés) afirmó que a
esa autoridad no le corresponde atender las pretensiones de la demanda de tutela, por
lo cual carece de legitimación en la causa por pasiva.
22. Los señores José Aldinever Sánchez Salcedo –como representante del menor Jhon
Alewor Sánchez Pinto–, Brayan Daniel Sánchez Salcedo –en nombre propio y como
representante del menor Wilson Javier Herrán Ramírez–, Luz Marina Salcedo Cruz, Sirley
Johana Medina Salcedo, Yury Marcela Tovar Salcedo, Edwar Sánchez Salcedo, Wilson
Javier Herrán Castañeda, Alexandra González Ramírez, Edwin Orlando González
Ramírez, Edinson Javier González Ramírez, Karen Dahyana Ramírez Londoño,
Catherine González Ramírez, Eloísa Martínez Quiroga; el Municipio de Chaparral
(Tolima); el Departamento del Tolima, pese a estar debidamente notificados, guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
23. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Reglamento del Consejo
de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
G. Solicitud de desvinculación
24. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación del
presente proceso de tutela. Además, expone que, debía vincularse como tercero con
interés en el presente proceso de tutela a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué, en virtud de la desconcentración administrativa. No obstante, la Sala
negará tal solicitud, en tanto fue vinculada en calidad de tercero con interés, pues obró
como demandada en el medio de control de reparación directa.
25. Igualmente, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el Ministerio de
Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, solicitaron que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, su
desvinculación de la demanda de tutela. Sin embargo, se advierte que esas entidades
también obraron como demandadas en el medio de control de reparación directa, en el
que se profirieron las providencias aquí cuestionadas.
H. Sentido de la decisión
26. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional. En ese sentido y por razones metodológicas, en
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Índice 16 del expediente digital en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-08167-00
Accionante: José Aldinever Sánchez Salcedo
Se declara la improcedencia
esta providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de
procedencia18.
I. El requisito de relevancia constitucional
27. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales19. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión
cuestionada20, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.
28. En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones21.
29. En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
(i) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental.
(ii) La controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
18
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
19
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
20
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021,
M.P. Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
21
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto
Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-08167-00
Accionante: José Aldinever Sánchez Salcedo
Se declara la improcedencia
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
(iii) Se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.
Entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías
superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se
debe justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental.
(iv) El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.
30. Para la Corte Constitucional22, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
31. De conformidad con la anterior, la Corte Constitucional ha insistido en que la
intervención del juez constitucional sólo está justificada cuando “(…) la providencia
judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos
fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía
en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional23”.
J. Requisitos específicos de procedibilidad de los reparos contra la providencia
judicial invocados en la demanda de tutela
32. En el caso objeto de estudio la parte actora presentó una demanda en ejercicio de la
acción de tutela contra los autos proferidos el 12 de noviembre de 2024 y el 24 de julio
de 2025, por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima, respectivamente. En primer lugar, la Sala precisa que centrará
su análisis en el auto del 24 de julio de 2025, por ser el que puso fin al proceso de
reparación directa.
33. Por otro lado, la parte actora afirma que esa decisión vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por cuanto en
su concepto, incurrió en violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente jurisprudencial. A continuación, la Sala describirá las características y
22
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
23
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-08167-00
Accionante: José Aldinever Sánchez Salcedo
Se declara la improcedencia
elementos de esos defectos, con el propósito de determinar el objeto de la litis y examinar
a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.
34. En la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional determinó que la violación
directa de la Constitución es un requisito específico y autónomo que habilita la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Al respecto, la jurisprudencia
constitucional lo ha definido como el defecto que se estructura cuando la autoridad judicial
se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en el artículo 4 de la
Constitución Política24.
34.1. En ese orden, este defecto se puede configurar en los siguientes supuestos: (i) la
autoridad judicial deja de aplicar una norma constitucional que resulta aplicable al caso
concreto y (ii) la autoridad judicial aplica una norma legal al margen de los postulados
constitucionales.
35. De otro lado, sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Corte
Constitucional ha determinado que constituye precedente una sentencia previa relevante
para la solución de un nuevo caso. En cuanto a su influencia en resolver nuevos casos,
ha establecido que “como los supuestos de hecho similares deben recibir un tratamiento
jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión
posterior”.
36. Sumado a lo anterior, ha sostenido que “los precedentes judiciales proyectan un
valor vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de los
principios de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a seguirlos, o a
justificar adecuadamente la decisión de apartarse de ellos”.
K. El caso concreto
37. La Sala evidencia que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en tanto tiene como propósito reabrir el debate concluido en el proceso de
reparación directa, sin que se advierta una actuación arbitraria o ilegítima por parte de la
autoridad judicial accionada.
38. Se observa que los argumentos presentados por el accionante fueron expuestos ante
la autoridad judicial competente en el recurso de apelación interpuesto contra el auto
proferido el 12 de noviembre de 2024 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué.
39. Particularmente, en el recurso de apelación, el actor señaló:
(…) el caso objeto de estudio presentó un daño continuado o de carácter sucesivo, por
ello no debe tenerse en cuenta el momento de la detención de los directos afectados
en la Estación de Policía de Chaparral (Tol.), por cuanto el daño se prolongó durante
todos los meses que el detenido estuvo recluido en dicha estación, ocasionando
perjuicios en el tiempo. En efecto, desde su captura hasta el día en el que fue removido
de la Estación de Policía, padeció perjuicios a causa del hacinamiento carcelario (…)
24
Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018 y SU-037 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-08167-00
Accionante: José Aldinever Sánchez Salcedo
Se declara la improcedencia
No puede considerarse para efectos del fenómeno de la caducidad del medio de control de
la referencia la fecha de detención del privado de la libertad, por cuanto se estará dejando
por fuera de la órbita procesal el último día en el que este estuvo detenido en la Estación de
Policía de Chaparral (Tol.), día en el que cesaron los perjuicios por causa del hacinamiento.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que es contrario a la sana lógica concluir que desde
el primer día de la privación de la libertad los detenidos entiendan y vivencien en su compleja
integridad ese estado de hacinamiento, puesto que la vulneración de derechos humanos y
fundamentales se van conculcando de manera paulatina en el tiempo, verbi gratia, su acceso
al debido proceso o a la administración de justicia, el trato digno, la posibilidad de descontar
tiempo de detención ya por trabajo ya por estudio (sic), derecho a visitas conyugales,
aspectos que son físicamente imposibles de determinar desde el mismo primer día (…)
En conclusión, solo logró ser visible mucho tiempo después del día en que las personas
fueran detenidas en el centro de detención transitoria, prolongándose durante toda su
detención, es decir, que el hecho o la omisión administrativa se extendió en el tiempo y
con ello el daño solo fue perceptible con el transcurso del tiempo; por lo tanto, el
término de caducidad no debe contabilizarse desde el primer día de detención, tal
como lo afirma el operador jurídico. (negrillas fuera de texto)
40. Adicionalmente, la parte actora hizo referencia a sentencias del Consejo de Estado,
del Tribunal Administrativo del Tolima y de la Corte Constitucional, respecto de la
caducidad en los casos donde existe un daño continuado25.
41. Los anteriores planteamientos fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del
Tolima en el auto del 24 de julio de 2025 –aquí cuestionado–, en el cual se indicó que,
de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los daños derivados del
hacinamiento carcelario no deben ser entendidos como continuados, sino como de
ejecución instantánea con efectos prolongados.
42. En ese sentido, afirmó que el daño por hacinamiento carcelario es conocido desde el
primer momento de reclusión, por cuanto las condiciones indignas son perceptibles de
forma inmediata y evidente para quien las padece; además, sostuvo no era dable afirmar
que se requiere de un conocimiento técnico o especializado para percatarse de tal
afectación, en tanto la situación de hacinamiento constituye una realidad notoria, que
impacta de manera directa y cotidiana al detenido desde el momento de su ingreso al
centro de detención.
43. Expresamente, el Tribunal indicó que acogía el enfoque jurisprudencial del Consejo
de Estado, en el siguiente sentido:
(…) a la luz de la reciente evolución jurisprudencial del Honorable consejo de Estado, es
necesario advertir que diversas Secciones y Subsecciones de esa alta Corporación han
conocido múltiples acciones de tutela formuladas en contra de providencias que declararon
la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de hacinamiento carcelario,
concluyendo en la mayoría de ellas que no se configuran defectos que ameriten la protección
25
Citó las siguientes providencias (entre otras): Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 26 de junio de 2015, radicado 25000-23-41-000-2014-01569-01; Corte Constitucional,
sentencia T-342 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 25 de agosto de 2011, radicado 19001-23-31-000-1997-08009-01, C.P.
Hernán Andrade Rincón; Tribunal Administrativo del Tolima, auto del 5 de septiembre de 2024, radicado
73001-33-33-001-2024-00124-01, M.P. Luis Eduardo Collazos Olaya.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-08167-00
Accionante: José Aldinever Sánchez Salcedo
Se declara la improcedencia
constitucional. En efecto, tales decisiones han coincidido en que los daños derivados del
hacinamiento no deben ser entendidos como continuados, sino como de ejecución
instantánea con efectos prolongados.
Este nuevo enfoque jurisprudencial ha sido sostenido de forma reiterada, uniforme y
sistemática, lo que permite entenderlo como un precedente vertical obligatorio para los jueces
de instancia, en tanto proviene de la autoridad máxima de lo contencioso administrativo. En
ese sentido, el respeto por los principios de seguridad jurídica, igualdad ante la ley y
coherencia judicial impone a esta Sala la adopción de ese criterio consolidado, aun cuando
previamente se hubiese sostenido una posición diversa (…)
44. Así las cosas, para la Sala es claro que la autoridad judicial accionada resolvió los
argumentos que sirvieron de fundamento de la presente demanda de tutela, pues el
análisis del Tribunal se centró en evaluar el fenómeno jurídico de la caducidad en los
cuales se alega una falla en el servicio como consecuencia del hacinamiento carcelario
y concluyó que el término transcurre a partir del momento en que la persona privada de
la libertad tiene conocimiento de tal situación.
45. De conformidad con lo expuesto, como lo ha establecido la Sala en casos similares26,
se evidencia que la discusión planteada por el accionante fue resuelta por el Tribunal
accionado. Cabe precisar que, si bien la autoridad judicial accionada no se pronunció
puntual y expresamente frente a todas las providencias cuyo desconocimiento se alegó
en la demanda de tutela, lo cierto es que sí fundamentó su decisión en la jurisprudencia
del Consejo de Estado aplicable al caso, a partir de la cual estableció que el actor
experimentó las condiciones de hacinamiento desde el inicio de su reclusión, de manera
que era posible fijar esa fecha como punto de partida para el cómputo del término.
46. Así las cosas, la Sala advierte que el actor pretende utilizar el mecanismo
constitucional para controvertir las decisiones adoptadas en el medio de control de
reparación directa, con el fin de que se estudie nuevamente el fenómeno jurídico de la
caducidad, asunto que fue zanjado ante el juez natural de la causa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela, por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el
Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de mayo de 2025, radicado 11001-
03-15-000-2025-02062-00, C.P. Alberto Montaña Plata; sentencia del 21 de julio de 2025, radicado 11001-
03-15-000-2025-02098-01, C.P. Fredy Ibarra Martínez; sentencia del 11 de noviembre de 2025, radicado
11001-03-15-000-2025-03050-01, C.P. Diego Enrique Franco Victoria; sentencia del 6 de octubre de 2025,
radicado 11001-03-15-000-2025-03790-01, C.P. Diego Enrique Franco Victoria.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-08167-00
Accionante: José Aldinever Sánchez Salcedo
Se declara la improcedencia
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
12
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