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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08168-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08168-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela respecto del reproche por la presunta omisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en resolver la solicitud de nulidad de 12 de abril de 2021, por no cumplir con el requisito de la inmediatez. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08168-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

26 de marzo de 2026

Demandante: Saúl Mesa García
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08168-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08168-00
Demandante: SAÚL MESA GARCÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela de fondo. Incumplimiento del requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 20191
de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Saúl Mesa García, a través de apoderado judicial, presentó acción de
tutela2, contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como «a la
defensa y contradicción».

Las mencionadas garantías las estimó vulneradas ante la omisión de la autoridad
judicial accionada en resolver la solicitud de nulidad que propuso el 12 de abril de
2021, contra el auto de 7 de abril de ese mismo año3, en el trámite de la acción
popular identificada bajo el radicado 76001-33-31-004-2003-03707-00. Así mismo,
reprochó la negativa de la autoridad judicial de complementar la práctica de una
prueba pericial que fue decretada en el trámite de ese proceso judicial.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

1. Declarar la vulneración de los derechos fundamentales de mis poderdantes al
debido proceso (art. 29 C.P.), defensa y contradicción, igualdad ante la ley (art.
13 C.P.) y acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), así como la
afectación de los principios constitucionales de juez natural, celeridad, eficacia,
eficiencia, lealtad procesal y duración razonable del proceso, por las razones
expuestas en esta acción.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Mediante escrito radicado el 17 de diciembre de 2025, a través del aplicativo web de recepción de

tutelas y habeas corpus en línea, y remitido al día siguiente a la Secretaría General del Consejo de
Estado.
3 Que negó la complementación de un dictamen pericial.

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Demandante: Saúl Mesa García
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08168-00

2. Reconocer que el operador judicial de segunda instancia perdió competencia
para continuar con el trámite, al exceder los términos legales sin justificación y omitir
resolver el incidente de nulidad oportunamente planteado, en contravía de lo
dispuesto en el artículo 121 del CGP, el artículo 2° del CGP, el artículo 68 de la
Ley 472 de 1998, y la jurisprudencia constitucional, en especial la Sentencia T-334
de 2020 (M.P. Diana Fajardo Rivera) y la Sentencia C-443 de 2019.

3. Declarar la nulidad sobreviniente de todas las actuaciones procesales
adelantadas por el magistrado de segunda instancia a partir del momento en que
se presentó el incidente de nulidad, por haberse dictado providencias sin
competencia y sin resolver el mecanismo procesal idóneo para subsanar
irregularidades sustanciales.

4. Ordenar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados,
disponiendo que:

o Se retrotraiga la actuación al estado en que se encontraba antes de la omisión,
para que se resuelva de fondo y de manera motivada el incidente de nulidad.

o Se garantice la práctica del complemento de la prueba pericial decretada en
primera instancia, conforme a lo previsto en el artículo 327 del CGP, por el juez
competente.

o Se asegure el ejercicio pleno del derecho de defensa y contradicción, en
condiciones de igualdad de armas.

5. Prevenir nuevas vulneraciones, ordenando a la autoridad judicial observar
estrictamente los principios de duración razonable del proceso, prevalencia del
derecho sustancial y respeto por los términos legales, conforme a la
jurisprudencia constitucional y legal aplicable.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

1.3.1. Acción popular 76001-33-31-004-2003-03707-00

El señor Saúl Mesa García y otros presentaron una demanda en ejercicio del
medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo (en adelante
acción popular), contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora
Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), para obtener el
reconocimiento y pago de los perjuicios causados «con ocasión del cobro en
exceso de las comisiones por concepto de administración, por los dineros que
como aporte obligatorio habían consignado los actores en sus cuentas
respectivas».

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cali, autoridad que mediante auto de 3 de mayo de 2004
decretó a solicitud de la parte actora una prueba pericial consistente en que un
profesional designado absolviera un cuestionario planteado en la demanda. Luego
de presentado el informe, a través de autos de 17 de abril y 3 de mayo de 2006 se
ordenó a la perito designada que complementara su dictamen.

Posteriormente, se realizaron algunos requerimientos a la entidad demandada y al
distrito de Santiago de Cali para que suministraran unos documentos y el 26 de
agosto de 2011 se adelantó una inspección judicial a las instalaciones del Instituto
de Seguros Sociales.
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En ese sentido, el a quo tuvo por complementada la prueba y, en consecuencia,
dispuso el cierre de la etapa probatoria. Sin embargo, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca a través de providencia de 23 de abril de 2015 declaró la
nulidad de todo lo actuado a partir de la decisión que dio traslado a las partes
respecto de la aclaración del dictamen, puesto que consideró que los documentos
requeridos por la perito no habían sido aportados, es decir que, el dictamen no
había sido complementado en debida forma.

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali mediante
proveído de 7 de julio de 2015 concluyó que era imposible practicar el dictamen
pericial, por lo cual declaró vencido el término probatorio y corrió traslado para
alegatos de conclusión.

A continuación, el proceso ingresó en segunda instancia al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, corporación que mediante auto de 14 de marzo de 2016
nuevamente declaró la nulidad de todo lo actuado desde el proveído de 7 de julio
de 2015 y reiteró su orden de no cerrar la etapa probatoria sin que se hubiera
complementado el dictamen pericial.

Por autos de 21 de abril y 16 de junio de 2016, el Juzgado Cuarto Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cali requirió a Colpensiones para que presentara un
informe y resolvió un incidente de nulidad propuesto por la parte actora,
respectivamente.

Luego, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decidió nuevamente declarar
la nulidad de todo lo actuado mediante proveído de 19 de abril de 2017, bajo los
mismos argumentos esgrimidos en las decisiones de 23 de abril y 7 de julio de
2015.

Por auto de 14 de junio de 2017, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cali requirió a Colpensiones. Enseguida, en auto de 3 de mayo
de 2018 concluyó que la documentación pretendida por la perito no existía y que
por tanto era imposible que se allegara. Así mismo, designó a la Universidad
Nacional de Colombia para que realizara la prueba peticionada por la parte actora,
pero esta entidad advirtió que no contaba con expertos disponibles para ello, por
lo que a través de providencia de 15 de febrero de 2019 dio por cerrado el periodo
probatorio y corrió traslado para presentar alegatos de conclusión.

Esta decisión fue recurrida y apelada por la parte actora. Por auto de 25 de junio
de 2019 el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
rechazó por improcedente el recurso de reposición y concedió el de apelación. Por
su parte, a través de providencia de 4 de octubre de 2019 el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca resolvió desfavorablemente el recurso de
apelación.

El 18 de septiembre de 2019 el a quo dictó sentencia de primera instancia por
medio de la cual negó las súplicas de la demanda. Ello, al considerar que el valor
a pagar como aporte obligatorio era el establecido en el artículo 20 de la Ley 100
de 1993 y que no se advertía que los demandantes hayan efectuado pagos
adicionales a los dispuestos en esa norma.

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Esta decisión fue apelada y el conocimiento de la segunda instancia le
correspondió a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, autoridad judicial que por auto de 3 de marzo de 2020 admitió el
recurso y corrió traslado para alegar de conclusión. Contra esta decisión la parte
demandada interpuso un recurso de reposición.

El 5 de marzo de 2021, el apoderado de los demandantes presentó un memorial
en el que pidió lo siguiente:

SOLICITO A TRAVÉS DE ESTA PETICIÓN DE PARTE, SE DECLARE LA
PERDIDA DE LA COMPETENCIA POR PARTE DEL OPERADOR JUDICIAL QUE
LA AGENCIA Y LA NULIDAD SOBREVINIENTE SOBRE TODOS LOS ACTOS
PROCESALES A PARTIR DE EL MOMENTO DE ESTE PET[I]UM EN RAZÓN A
NO HABERSE OBSERVADO LOS TÉRMINOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 121
DEL CGP, PARA ADELANTAR EL RECURSO DE APELACIÓN QUE CONOCE EL
DESPACHO, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO EN ESTE MEMORIAL4.

El 9 de marzo del mismo año, el abogado de los demandantes radicó otro escrito
con el que se pronunció sobre el recurso de reposición presentado por la parte
demandada contra el auto de 3 de marzo de 2020 y, adicionalmente, pidió que se
complementara la prueba pericial decretada en primera instancia.

Estas peticiones fueron resueltas a través de auto de 7 de abril de 2021, en el que
se dispuso negar «las solicitudes de complementación del dictamen pericial y
pérdida automática de competencia, elevadas por la parte actora».

Empero, con escrito de 12 de abril de 2021, el apoderado de los demandantes
interpuso un «INCIDENTE DE NULIDAD, de conformidad a los artículo 132, 133,
numeral 5°, 134, 135 y 136, del CGP, en CONTRA DEL AUTO
INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA DE FECHA 7 DE ABRIL DE
2021»5. Luego, el 13 de abril de 2021 radicó un recurso de súplica contra la misma
providencia de 7 de abril de 2021.

Mediante proveído de 24 de junio de 2022, la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió el recurso de súplica en el
sentido de confirmar lo dispuesto en el auto de 7 de abril de 2021, bajo las
siguientes consideraciones:

Bajo esta óptica, la Sala comparte las apreciaciones efectuadas por el Despacho
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que tiene a cargo el conocimiento
del proceso en segunda instancia, dado que no podía seguirse insistiendo en la
consecución de una prueba que, de acuerdo con lo argumentado por el Fondo
Pensional accionado, es inexistente.

Por consiguiente, si bien no se complementó la prueba técnica, no se puede
advertir que fue por causa atribuible a COLPENSIONES como lo alega la parte
actora, pues como quedó visto, ésta cumplió con aportar al plenario la
documentación sobre la historia laboral y de cotizaciones de los accionantes que le
exige la Ley frente a los afiliados al régimen de prima media con prestación
definida; así como también, informó sobre las deducciones efectuadas a los
afiliados y la distribución que de las mismas se hace con destino, entre otros, a los
gastos de administración.

4 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
5 Transcripción literal del texto original con posibles errores.

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Obsérvese además que, en desarrollo del trámite en primera instancia, como quedó
detallado en precedencia, se logró el recaudo de diferentes elementos de juicio que,
junto con los medios probatorios aportados en la demanda y su contestación, la
prueba técnica que se practicó y el análisis de la normatividad y jurisprudencia
sobre el tema, constituían elementos con los que se podía emitir un
pronunciamiento de fondo. De manera que, la Sala no acoge los argumentos de la
súplica en cuanto que no se contaban con los soportes que permitieran llevar al
correcto discernimiento del operador judicial de primera instancia.

Finalmente, el 17 de julio de 2023 la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia en segundo grado en el sentido
de confirmar la decisión de 18 de septiembre de 2019, al no encontrar acreditado
el cobro indebido de la comisión de administración pretendida por los
demandantes y mucho menos los perjuicios alegados.

1.3.2. Acción de tutela 11001-03-15-000-2020-01415-00/01

El 13 de abril de 2020, el señor Mesa García radicó una acción de tutela contra el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por la expedición de los siguientes autos en el
trámite de la acción popular: (i) 15 de febrero de 2019, que dio por cerrado el
periodo probatorio y corrió traslado para presentar alegatos de conclusión; (ii) 25
de junio de 2019, que rechazó por improcedente el recurso de reposición y
concedió el de apelación contra la decisión de 15 de febrero de 2019, y (iii) 4 de
octubre de 2019, que lo confirmó la primera providencia.

En sentencia de 3 de septiembre de 2020, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado6 rechazó por improcedente la solicitud de tutela, al concluir
que hasta ese momento procesal el actor aún contaba con el trámite de la
segunda instancia de la acción popular para solicitar la práctica de la prueba
complementaria del dictamen pericial «y en el evento en que no se produjere esto,
queda abierta la posibilidad legal para adelantar acción de tutela en aras de
obtener la protección pretendida». Dicha decisión fue confirmada el 22 de octubre
de 2020 por la Sección Primera del Consejo de Estado7, bajo las mismas
consideraciones.

1.3.3. Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-02009-00/01

El 27 de abril de 20218, el señor Saúl Mesa García presentó otra acción de tutela
contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, con el fin de que el juez constitucional «DECLARE LA PÉRDIDA DE LA
COMPETENCIA POR PARTE DEL OPERADOR JUDICIAL DE SEGUNDA
INSTANCIA […] CONSIGNAD[A] EN EL AUTO INTERLOCUTORIO DE
SEGUNDA INSTANCIA DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021» para tramitar la
acción de grupo identificada con el radicado 76001-33-31-004-2003-03707-00.

6 Magistrados Gabriel Valbuena Hernández, William Hernández Gómez y Rafael Francisco Suárez

Vargas.
7 Magistrados Nubia Margoth Peña Garzón, Oswaldo Giraldo López, Hernando Sánchez Sánchez y

Roberto Augusto Serrato Valdés.
8 Mientras estaba en trámite la segunda instancia de la acción popular presentada por el actor, ante

el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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El expediente fue asignado a la Sección Quinta del Consejo de Estado9, que en
sentencia de 20 de mayo de 2021 declaró improcedente el mecanismo de amparo,
al indicar que, al encontrarse en trámite el proceso reprochado por el tutelante, el
juez de tutela estaba impedido para adoptar decisiones paralelas a las de la
autoridad que conocía del caso.

Así mismo, estableció que la decisión adoptada por el tribunal mediante auto de 7
de abril de 2021, en el que se dispuso negar «las solicitudes de complementación
del dictamen pericial y pérdida automática de competencia, elevadas por la parte
actora» estaba sustentada en las normas que le eran aplicables «y en una
justificación más que v[á]lida para soportar el incumplimiento del plazo para
proferir sentencia de segundo grado».

Mediante sentencia de 30 de julio de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado10 resolvió la impugnación presentada por la parte actora.
Allí indicó que era necesario negar el amparo pretendido en relación con el auto
de 7 de abril de 2021, puesto que la autoridad judicial accionada no había
incurrido en los defectos procedimental y orgánico invocados. Además, declaró la
improcedencia de la acción en relación con el defecto fáctico, por no cumplir con el
requisito de la relevancia constitucional.

1.3.4. Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00065-00/01

El 11 de enero de 202311, el señor Mesa García presentó una acción de tutela
contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por la expedición del auto de 24 de junio de 202212, dictado en el trámite
de la mencionada acción popular. En esa oportunidad, pretendió la revocatoria del
citado proveído para que, en consecuencia, se ordenara «LA PRÁCTICA DEL
COMPLEMENTO DE LA PRUEBA PERICIAL».

El proceso correspondió en primera instancia a la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado13 que, mediante sentencia de 24 de abril de 2023,
negó la acción de tutela respecto del defecto procedimental y declaró la
improcedente del mecanismo de amparo en cuanto a los defectos sustantivo y
violación directa de la Constitución.

Esta decisión fue impugnada y el trámite de la segunda instancia correspondió a la
Sección Quinta del Consejo de Estado14; autoridad judicial que a través de fallo de
13 de julio de 2023 confirmó lo dispuesto en primera instancia, al destacar lo
siguiente:

9 Suscrita por los consejeros Rocío Araújo Oñate, Luis Alberto Álvarez Parra, Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez y Carlos Enrique Moreno Rubio.
10 Magistrados Jaime Enrique Rodríguez Navas, Guillermo Sánchez Luque y Nicolás Yepes

Corrales.
11 Mientras estaba en trámite de segunda instancia la acción popular presentada por el actor, ante

el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
12 Por medio del cual la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

resolvió el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 7 de abril de 2021, que negó la solicitud
de complementar la prueba pericial decretada en primera instancia.
13 Providencia suscrita por los magistrados Fredy Ibarra Martínez, Alberto Montaña Plata y Martín

Bermúdez Muñoz.
14 Magistrados Luis Alberto Álvarez Parra, Rocío Araújo Oñate, Carlos Enrique Moreno Rubio y

Pedro Pablo Vanegas Gil.
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De esta manera, como el actor en su escrito de impugnación no expuso las razones
de desacuerdo respecto del fallo de primera instancia, resulta claro para la Sala que
no cumplió con la carga mínima argumentativa que le correspondía, y por tal razón,
no es posible entrar a realizar un estudio oficioso de la presente acción de tutela,
así como tampoco de la decisión del a quo que impugnó.

1.3.5. Revisión eventual 76001-33-31-004-2003-03707-01

El 9 de diciembre de 2024 llegó a esta corporación la solicitud de revisión eventual
radicada por el apoderado de los actores contra la sentencia de 17 de julio de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

El proceso correspondió a la Sección Segunda del Consejo de Estado que, a
través de providencia de 20 de febrero de 2025, resolvió no seleccionar para
revisión la sentencia reprochada al destacar que la solicitud elevada por el actor
no se fundamentaba en alguna de las causales establecidas en el artículo 273 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Así mismo, explicó que lo planteado por el demandante no era «la existencia de
una contradicción o divergencia interpretativa sobre el alcance de la ley aplicada
entre tribunales», sino una inconformidad por los mismos argumentos planteados
en el proceso ordinario «esto es, la discusión sobre el porcentaje de comisión que
se aplica a los aportes obligatorios».

En cuanto a la petición de unificación de jurisprudencia, advirtió que esta también
implicaba un desacuerdo con lo decidido por el juez de segunda instancia en
relación con la negativa de complementar la prueba pericial, lo cual no cumplía
con la finalidad de la unificación.

Por último, mediante proveído de 5 de junio de 2025 la Sección Segunda del
Consejo de Estado dispuso no acceder a la solicitud de insistencia elevada por la
parte actora para que se seleccionara en revisión la sentencia del 17 de julio de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte tutelante consideró que la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales (i) al no
resolver el incidente de nulidad que propuso el 12 de abril de 2021, (ii) al aplicar
indebidamente el marco normativo en el trámite de la acción popular, y (ii) al negar
la práctica de la prueba pericial decretada. A su juicio, estas actuaciones
configuraron los defectos procedimental absoluto, orgánico, fáctico, decisión
sin motivación y violación directa de la Constitución.

En primer lugar, señaló que se cumplen con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, puesto que el
asunto reviste una evidente relevancia constitucional, ante la violación de los
derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.

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De otro lado, afirmó que ya se agotaron todos los mecanismos ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial disponibles, por lo que la acción de tutela es el
único medio eficaz con el que cuenta para evitar la configuración del perjuicio
irremediable que se presenta, que consiste en la imposibilidad de ejercer sus
derechos de defensa y contradicción.

Sobre la inmediatez concluyó que esta también se acredita, comoquiera que la
vulneración de sus garantías es actual y continua, dado que esta «no solo se
originó con la negativa a practicar el complemento del dictamen pericial y la
omisión de resolver el incidente de nulidad, sino que se consolidó con la última
actuación judicial: la decisión del Consejo de Estado sobre la solicitud de
insistencia del recurso de revisión contra el fallo de segunda instancia, notificada
al suscrito apoderado el 17 de junio de 2025».

Sobre la identificación de los actos que a su juicio son violatorios de sus derechos,
reiteró que el «hecho central que origina la presente acción es la omisión del
magistrado de segunda instancia de resolver el incidente de nulidad
oportunamente planteado, y la posterior emisión de una providencia definitiva sin
haber corregido las irregularidades sustanciales denunciadas».

Sobre el defecto procedimental absoluto precisó que este se configuró puesto que
la solicitud de nulidad que promovió contra el auto de 7 de abril de 2021 no fue
resuelta de manera expresa, integra ni congruente, dado que desconoce el deber
judicial de pronunciarse sobre todas las solicitudes que se presenten ante la
autoridad correspondiente.

Indicó que esta omisión implicó que no se corrigieran irregularidades sustanciales
y que se le dejara en un estado de indefensión, dado que no se pudo practicar el
complemento de la prueba pericial decretada por el a quo, la cual era esencial
para esclarecer el objeto del litigio.

Además, alegó que esa actuación contradice lo dispuesto en la sentencia de 3 de
septiembre de 2020 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que «indicó expresamente que la parte actora contaba con un medio
procesal idóneo en segunda instancia para solicitar la práctica del complemento
pericial, lo que refuerza la gravedad de la omisión».

En cuanto al defecto orgánico explicó que la autoridad judicial incurrió en este
yerro al exceder los términos legales sin resolver la petición de 12 de abril de 2021
y continuar con el proceso, lo cual configuró una nulidad sobreviniente al dictar
decisiones sin competencia, conforme al artículo 121 de Código General del
Proceso.

En relación con el defecto fáctico expuso que su configuración se dio por la
negativa en practicar el complemento de la prueba pericial decretada, pues se
dejó al juez de la causa sin el apoyo probatorio necesario para dictar su fallo.

Puso de presente que el defecto de decisión sin motivación está acreditado,
comoquiera que la «providencia impugnada carece de motivación suficiente
respecto del incidente de nulidad, pues simplemente lo ignoró».

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De otro lado, destacó que es impropio que se haya conducido el debate de la
acción popular bajo el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, dado que el proceso debía regularse por la Ley 472
de 1998 que determina que a estas acciones se les debe aplicar el Código
General del Proceso. Así mismo, destacó que tal mecanismo es distinto al que se
establece en el artículo 145 del primer código en mención.

Insistió en que, pese a que la autoridad judicial reconoció las irregularidades
presentadas para la recolección de la prueba pericial, concluyó que su
complemento era imposible de obtener y decidió no practicarla, lo cual favoreció a
Colpensiones, entidad que no deseaba que se evidenciara el cobro que hacía a
sus afiliados sobre la comisión de administración sobre el 100% de su salario,
cuando lo propio era que se ordenara sobre el 12%.

1.5. Trámite procesal de la acción

Mediante auto de 28 de enero de 2026, el magistrado sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca15,
como autoridad judicial accionada.

Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley
2951 de 1991, vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso al
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali16, así como a las
demás partes, personas y/o entidades que participaron en el proceso identificado
con el radicado 76001-33-31-004-2003-03707-0517, para que, si lo consideraban
del caso, intervinieran en la presente tutela.

El 23 de febrero de 2025 el magistrado sustanciador se declaró impedido para
conocer del proceso al considerar que estaba incurso en la causal 4. ° del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal. No obstante, mediante auto de 5 de marzo
de 2026 la Sala de decisión declaró infundado el impedimento.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se recibieron las siguientes
contestaciones:

1.6.1. Las Secretarías del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali remitieron los
enlaces de consulta del proceso 76001-33-31-004-2003-03707. Así mismo,
informaron los nombres de los demandantes en el mencionado expediente.

15 Notificado a las direcciones s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co y
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co.
16 Notificado al correo adm04cali@cendoj.ramajudicial.gov.co.
17 Mediante aviso de 16 de febrero de 2026 registrado en el índice 26 de Samai. Igualmente, el

Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali explicó lo siguiente: «Por medio del
presente me permito informar que, una vez revisado el expediente, se observa que existe la
dirección electrónica tafajard@hotmail.com, correspondiente al señor TOMÁS A. FAJARDO
HERNÁNDEZ, quien actúa como apoderado judicial de la parte accionante y demás universo de
personas intervinientes». En consecuencia, el 11 de febrero de 2026, la Secretaría General del
Consejo de Estado le envió un correo a la dirección tafajard@hotmail.com.

La entidad demandada en el proceso 76001-33-31-004-2003-03707-05, esto es, Colpensiones, fue
notificada al correo notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co y la Defensoría del Valle, a las
direcciones valle@defensoria.gov.co y juridica@defensoria.gov.co.

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1.6.2. La directora de acciones constitucionales de Colpensiones solicitó la
desvinculación de la entidad que representa por falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que las pretensiones del actor están dirigidas contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Además, consideró que la acción de tutela se torna improcedente, puesto que
Colpensiones no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor, máxime
cuando no tiene una petición o trámite que esté pendiente por resolver.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Saúl Mesa García, de conformidad con lo establecido en
los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 18 de la
Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

La directora de acciones constitucionales de Colpensiones solicitó la
desvinculación de la entidad por considerar que carece de legitimación en la causa
por pasiva.

Sin embargo, la Sala negará esta solicitud, comoquiera que su vinculación en esta
instancia se hizo en calidad de tercero interesado, al haber participado en el
proceso que se reprocha a través de la presente acción constitucional.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales invocados por la parte accionante de
parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión a la omisión de
esta autoridad judicial al omitir resolver una solicitud de nulidad que se radicó el 12
de abril de 2021 en el trámite de una acción popular.

Para el efecto se estudiará: (i) las generalidades de la acción de tutela, (ii) las
generalidades de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, y (iii) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior

18 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable19.

2.5. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución20, del derecho fundamental al
debido proceso21 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter
de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia22.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la
ley […]»23.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de
llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión […]»24.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías”25, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades
judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para
que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo
cual se deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se
entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad

19 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
20 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley

indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
21 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y

administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
22 Sentencia T-006 de 1992.
23 Sentencia T-476 de 1998.
24 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.
25 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

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de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las
personas […]»26.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia27 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales
de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante,
activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través
de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la
obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]»28.

2.6. Caso concreto

En el sub examine, se tiene que el actor reprochó la omisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca de resolver una solicitud de nulidad que radicó
el 12 de abril de 2021, contra el auto de 7 de abril de 2021 en el que se negó la
complementación de un dictamen pericial decretado en la pluricitada acción
popular. Es decir que, en el presente asunto el accionante está cuestionando una
omisión que ocurrió hace más de 4 años.

Frente al requisito de la inmediatez, la sala ha insistido en que la acción de
tutela debe ejercerse en un plazo razonable29, el cual debe ser ponderado por el
juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido
por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección
actual, inmediato y efectivo30.

Ahora bien, en relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-246 de 2015,
cuya tesis es acogida por este juez colegiado como criterio auxiliar, indicó que la
acción de tutela será procedente:

26 Ibídem.
27 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que

cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional.
28 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio

Palacio.
29 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de
fecha 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-
Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre
del 2015, Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
30 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
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Cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable de la actora
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual31.

En ese sentido, la Sala no observa que el señor Mesa García haya expuesto
alguna razón de importancia constitucional que justifique su retardo en impetrar
esta acción de amparo.

Por el contrario, se advierte que, con posterioridad a la radicación del escrito de 12
de abril de 2021 que hoy califica como desatendido, el accionante procedió a
ejecutar las siguientes actuaciones judiciales en las que no se evidencia una
imputación contra la autoridad judicial accionada por el descuido que censura en
esta oportunidad:

(i) 27 de abril de 2021: radicó la acción de tutela 11001-03-15-000-2021-02009-
00/01, en la que pidió la revocatoria del auto de 7 de abril de 2021.

(ii) 11 de enero de 2023: presentó la acción de tutela 11001-03-15-000-2023-
00065-00/01, a través de la cual objetó la providencia de 24 de junio de 2022 que
resolvió el recurso de súplica contra el auto de 7 de abril de 2021.

(iii) 17 de julio de 2023: interpuso solicitud de revisión eventual contra la sentencia
de 17 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Sin embargo, se itera, en esas oportunidades el señor Mesa García no recriminó
que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca haya proferido la sentencia de
segunda instancia de 17 de julio de 2023, sin que antes hubiera resuelto la
solicitud de nulidad de 12 de abril de 2021.

Por el contrario, lo que se percibe es una actitud reiterada del actor por obtener la
revocatoria de la decisión que negó definitivamente la complementación de un
dictamen pericial, al traer en este escenario una omisión que data de hace más de
4 años.

En su escrito de tutela, el accionante manifestó que el requisito de inmediatez
estaba acreditado, comoquiera que la vulneración de sus garantías es actual y
continua y que esta se consolidó con «la decisión del Consejo de Estado sobre la
solicitud de insistencia del recurso de revisión contra el fallo de segunda instancia,
notificada al suscrito apoderado el 17 de junio de 2025».

Al respecto, es importante recordar que el accionante no está recriminado las
decisiones adoptadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en el trámite
de la solicitud de revisión eventual que propuso en el 2023, sino una omisión del
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca en la acción popular, razón por la cual
no es posible contabilizar el término de la inmediatez desde el proveído de 17 de
junio de 2025.

31 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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En consecuencia, no se advierten razones de peso que justifiquen el extenso
lapso que media entre la omisión presuntamente lesiva de los derechos
fundamentales del tutelante y el ejercicio de la acción constitucional.

Cabe destacar que, de aceptarse la presentación de acciones de tutela en un
término superior al que se considera prudencial sin que se exponga una razón de
trascendencia constitucional, se atentaría en contra del derecho a la igualdad de
los demás usuarios de la administración de justicia a quienes se les ha declarado
improcedente su solicitud de amparo, por superar este lapso.

De acuerdo con lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela respecto de la presunta omisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en resolver la solicitud de nulidad de 12 de abril de 2021, comoquiera que
es claro que esta no cumple con el requisito de la inmediatez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela respecto
del reproche por la presunta omisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en resolver la solicitud de nulidad de 12 de abril de 2021, por no cumplir
con el requisito de la inmediatez.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

Ausente con permiso
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

Aclaración de voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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