Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08172-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08172-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08172-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08172-00
Demandante: Sandra Milena Blandón Bedoya
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Bonificación Judicial – prescripción / Defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa
de la Constitución Política
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Sandra Milena Blandón Bedoya en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Sandra Milena Blandón Bedoya promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica, con
ocasión de la sentencia proferida el 25 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia (Sala Transitoria de Decisión), en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho 05001333302820200027301.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. Estuvo vinculada a la Rama Judicial del 1.º de enero de 2013 al 4 de marzo de
2017, en el cargo de Oficial Mayor del Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas
Causas.
2.2. El 15 de noviembre de 2016, solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial «el pago de las diferencias salariales y prestacionales existentes teniendo en
cuenta como salario la bonificación judicial, los correspondientes intereses moratorios y/o
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Sandra Milena Blandón Bedoya
la indexación de las sumas al momento del pago efectivo», petición a la que se le dio
respuesta negativa por medio de la Resolución DESAJMER 17-6448 del 2 de agosto
de 2017, contra la que se interpuso el recurso de apelación, que se concedió con la
Resolución DESAJMER17-8122 del 28 de diciembre de 2017, sin que a la fecha de
radicación de la demanda ordinaria se resolviera.
2.3. Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, con el fin
de que se declarara la nulidad de los actos administrativos mencionados, así como
del acto ficto por falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto, además de
reconocerle la bonificación judicial con carácter salarial para efectos de la
liquidación de sus prestaciones económicas.
2.4. El Juzgado Cuatrocientos Dos Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Medellín, en sentencia del 29 de septiembre de 2023 negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que, si bien le asistía razón a la demandante en su reclamo,
operó el fenómeno prescriptivo, en tanto presentó la demanda una vez superado el
término fijado en la ley. Decisión contra la cual interpuso recurso de apelación.
2.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 25 de junio de 2025
confirmó la decisión del a quo con similares argumentos, además de especificar que
el silencio administrativo negativo no interrumpía indefinidamente el término de
prescripción con sustento en jurisprudencia del Consejo de Estado.
2.6. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa
de la Constitución Política, toda vez que aplicó erróneamente la prescripción, en
contra vía del artículo 6 del Código Procesal del Trabajo2, la jurisprudencia
constitucional3 que ordenan suspender dicho fenómeno cuando la administración
no resuelve el recurso de apelación y los principios como la prevalencia del derecho
sustancial, el acceso a la justicia, la igualdad y la primacía de la realidad.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] dejar sin efectos la sentencia proferida por esta Corporación el día 25 de junio de
2025, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
05001333302820200027301 para que, a continuación, esa misma Corporación EMITA
NUEVA SENTENCIA acorde con las normas, principios, directrices constitucionales,
jurisprudenciales y legales previamente expuestas y donde se acepte, como lo sostuvo
la Corte Constitucional en las sentencias C-792 de 2006 y C-875 de 2011, que en mi
caso el fenómeno de la prescripción permaneció suspendido. […]». (sic).
2 En adelante CPT.
3 Sentencia C‑792 de 2006 y C‑875 de 2011.
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1.2. Informes rendidos en el proceso
4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4 solicitó que se declarara su
falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto no intervino en el proceso
ordinario ni en las decisiones cuestionadas por la demandante, por lo cual carece
de interés jurídico en el asunto. Asimismo, afirmó que la tutela presentada no
cumple con la claridad y solidez argumentativa necesarias, con la que se pretendió
reabrir debates ya resueltos por la jurisdicción contenciosa, lo cual desconocería los
principios de autonomía e independencia judicial. La competente para representar
a la Rama Judicial en el asunto sería la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Medellín.
5. El Tribunal Administrativo de Antioquia5 explicó que el Consejo Superior de la
Judicatura dispuso la creación de varios juzgados transitorios, entre ellos los
Juzgados 403 y 404 Transitorios Administrativos de Medellín, y de la Sala
Transitoria de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, con vigencia del 5
de febrero al 13 de diciembre de 2024, por lo que estos despachos ya no se
encontraban en funcionamiento.
6. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín6 pidió declarar
la improcedencia de la tutela al no poder convertirse en una tercera instancia, por la
existencia de cosa juzgada y porque la decisión cuestionada no incurrió en ninguno
de los defectos que permitirían la intervención excepcional del juez constitucional.
Por su parte, afirmó que aplicó de manera correcta las normas sobre caducidad y
prescripción de acreencias laborales conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, especialmente la sentencia de unificación SUJ‑016 de 2019. Por último,
resaltó que la prescripción trienal está definida en la normativa y ha sido aplicada
de manera uniforme, por lo que no existió vulneración de derechos fundamentales
como alegó la accionante.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de
la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.º del Decreto 333 del 6 de
4 Archivo obrante en el índice 8 del Samai.
5 Archivo obrante en el índice 9 del Samai.
6 Archivo obrante en el índice 10 del Samai.
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abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
2.2. Cuestión previa – de la legitimación en la causa por pasiva
9. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
10. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente7:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental8. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”10 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».
11. Ahora bien, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se
declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, no vulneró
derecho fundamental alguno de la parte demandante y tampoco hay una relación
directa entre lo pretendido y las acciones que esa autoridad pueda desplegar para
su cumplimiento.
7 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
8 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
9 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
10 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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12. Al respecto, la Sala aclara que fue vinculado al figurar como demandado en el
proceso contencioso en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de
defensa y contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
13. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 12. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
14. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
15. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado 13 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
16. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jaime Córdoba Triviño.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
17. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales16.
18. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
19. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los
derechos fundamentales de Sandra Milena Blandón Bedoya con ocasión de la
sentencia del 25 de junio de 2025, en la que confirmó la declaratoria de prescripción
respecto de las acreencias laborales pretendidas, con la que incurrió,
presuntamente, en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
20. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
21. Aun cuando la parte demandante alegó la violación directa de la Constitución
Política, el estudio se efectuará desde la perspectiva del defecto sustantivo y el
desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que aquel se subsume en
estas últimas causales de procedencia específicas.
15 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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2.5.2. Del defecto sustantivo
22. En cuanto al defecto sustantivo, la Corte Constitucional ha señalado que este se
presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del marco constitucional
y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto17. En
su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen
en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial
para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta 18, para
lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y
los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social
de Derecho.
23. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
24. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales19.
2.5.3. Del desconocimiento del precedente judicial
25. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
26. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
17 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
18 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
19 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
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adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
27. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
28. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.5.4. Sobre el caso concreto
29. Sandra Milena Blandón Bedoya acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 25 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en cuanto confirmó la decisión de declarar prescriptas las acreencias
laborales pretendidas, sin que el silencio administrativo negativo pudiera interrumpir
indefinidamente dicho término extintivo.
30. Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, en tanto se aplicó
erróneamente la prescripción, en contra vía del artículo 6 del CPT y la jurisprudencia
constitucional (C‑792/06 y C‑875/11) que ordenan su suspensión cuando la
administración no resuelve el recurso de apelación.
31. Al descender al caso en concreto, se evidencia que, en la sentencia del 25 de
junio de 2025, el tribunal demandado efectúo un estudio del asunto desde la
normativa y la jurisprudencia aplicables en materia de la bonificación judicial y el
fenómeno de la prescripción, en los siguientes términos:
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«[…] La parte actora, en su recurso, sustenta la petición de no dar aplicación a la
prescripción por haberse demandando el acto ficto, apoyada en alguna jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia (sentencias SL17165-2015; SL13000-2015) y de la
Corte Constitucional (sentencia C-792 de 2006).
Sin embargo, lo dicho en tales providencias no puede ser aplicado al presente caso por
cuanto en nuestra jurisdicción se cuenta con pronunciamiento específicos para casos
idénticos al de marras, tales como el vertido en la sentencia del proceso con radicado
20001233300020140001501 (4447 – 2016), proferida el 17 de octubre de 2019 en la que
con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez, la Sección Segunda frente al
problema jurídico sobre si se afecta el término de prescripción de prestaciones sociales
cuando ha ocurrido el silencio administrativo negativo, hace notar la diferencia entre
caducidad y prescripción. Dijo la Corporación:
“Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: el silencio administrativo no interrumpe
indefinidamente la prescripción, razón por la cual, aun cuando el interesado reclama
oportunamente el reconocimiento y pago de prestaciones laborales y sociales, este
hecho solo interrumpe el fenómeno prescriptivo por una sola vez y por un y término de
reconocimiento, la parte debe acudir ante la jurisdicción antes de que finalice el término
de interrupción, so pena de que se extinga el derecho como se explica a continuación:
“Diferencias entre caducidad y prescripción
“La subsección advierte que la parte demandante confunde la prescripción con la
caducidad al indicar que la sentencia del tribunal no tuvo en cuenta las consecuencias
jurídicas del silencio administrativo negativo. En efecto, la Sala estima necesario precisar
que la caducidad y la prescripción son fenómenos jurídicos diferentes.
“Generalidades de la caducidad
“Esta Corporación ha sostenido que la caducidad se refiere al término que posee el
interesado para interponer las acciones que tenga a su alcance con el fin de buscar la
protección de sus derechos, es decir, se predica del ejercicio del derecho de acción; su
finalidad es precisamente racionalizar ese ejercicio, lo que impone al interesado la
obligación de emplearla oportunamente, so pena de que las situaciones adquieran
firmeza y que se extinga la jurisdicción del juez de lo contencioso administrativo para
estudiarlas. Lo anterior se justifica en la necesidad de obtener seguridad jurídica
“…
“Ahora, esta Subsección ha entendido como regla general que las reclamaciones de
naturaleza laboral, tratándose de solicitudes de acreencias periódicas, no están sujetas
al término de caducidad de cuatro meses previsto para el ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando quien pretenda su pago
tenga vigente el vínculo laboral con la entidad que pretende demandar, pues finalizada
la relación laboral, ya no reviste la connotación de periodicidad del pago y, en esa
medida, su exigibilidad vía judicial está sometida al término preclusivo de cuatro meses
que trae el artículo 164 del CPACA
“Así las cosas, podrá hablarse de prestación periódica cuando quien pretende el pago
de acreencias tenga un vínculo laboral vigente con la entidad de la cual solicita dicha
acreencia.
“Por otra parte, en el caso del silencio administrativo no es predicable la caducidad por
cuanto fue creado por la ley con el objeto de permitir al interesado adquirir un derecho
por vía judicial en el evento de que la administración no se pronuncie expresamente
sobre la petición de reconocimiento efectuada oportunamente.
“Generalidades de la prescripción
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08172-00
Demandante: Sandra Milena Blandón Bedoya
“La prescripción es definida por la jurisprudencia como la acción o efecto de <[…] adquirir
un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el transcurso
del tiempo en las condiciones previstas por la ley ‘o en otra acepción’ como concluir o
extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso del tiempo […]>. Dicho
fenómeno hace alusión directa a la pretensión, esto es, al derecho, y constituye el
término particular para adquirirlo o extinguirlo.
“Es decir, es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se
extingue con el solo transcurso del tiempo, de acuerdo con las condiciones descritas en
las disposiciones que para cada situación se dicten, bien sea en materia adquisitiva o
extintiva.
“…
“Así entonces, es dable inferir que: i) la prescripción se predica del ejercicio del derecho,
el cual puede adquirirse o extinguirse con el paso del tiempo; ii) es renunciable una vez
ocurrida, así lo señala el artículo 2514 del Código Civil: <[…] La prescripción puede ser
renunciada expresa o tácitamente; pero sólo (sic) después de cumplida. […]> y iii) puede
ser objeto de suspensión frente a algunas personas dentro de ciertas circunstancias. Así,
el artículo 2530 del Código Civil indica que se suspende a favor de los incapaces y en
general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría. En efecto, la aludida norma
determina que no se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre
en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad
subsista.
“…
“El silencio administrativo negativo no interrumpe indefinidamente el término de
prescripción
“Tal como se indicó, la parte demandante apeló la sentencia de primera instancia al
considerar que el a quo no tuvo en cuenta las consecuencias jurídicas del silencio
administrativo negativo, de lo que se puede inferir que, por tratarse de actos presuntos
que pueden ser demandados en cualquier tiempo no había lugar al rechazo de las
pretensiones por prescripción.
“En ese sentido, la subsección debe precisar que si bien la ley permite que ante el
silencio de la administración no opere la caducidad, es decir, que no se limite la
posibilidad de acudir ante el juez en un término perentorio para obtener su
pronunciamiento sobre la existencia o no de un derecho en cabeza del interesado, dicha
situación no se puede traducir en la inoperancia de la prescripción, esto es, que el
derecho que reclama se pierda por la inactividad del administrado en el transcurso del
tiempo.
“…
“De acuerdo con lo anterior, se reitera que la caducidad y la prescripción son dos
fenómenos jurídicos distintos, y que el hecho de que no exista un término de caducidad
cuando se ha configurado el silencio administrativo no significa que la prescripción se
interrumpa indefinidamente hasta obtener respuesta efectiva por parte de la
administración.
“…”
Por manera pues que no le asiste razón a la parte actora en su dicho acerca del efecto
suspensivo de la prescripción a consecuencia del silencio administrativo, y por lo tanto
el cargo formulado en el recurso de apelación no tiene vocación de prosperidad, lo que
genera que la sentencia recurrida sea confirmada. […]». (sic)
32. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en la
que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos por la demandante, debe precisarse que, más allá de concretar las
razones por las cuales se configura el defecto sustantivo o alguna interpretación
irrazonable, lo que se evidencia es su desacuerdo con las consideraciones
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Demandante: Sandra Milena Blandón Bedoya
efectuadas por el juez de la causa, con lo cual pretende que se realice un nuevo
estudio acerca de la prescripción de sus derechos que no procede en sede de tutela.
33. Al respecto, revisada la interpretación que efectuó el tribunal demandado
respecto de la figura de la prescripción, la Sala encuentra que respetó el contenido
de los artículos 41 y 102 de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 - que en
principio son los que resultan aplicables en materia de prescripción para los
empleados públicos y trabajadores oficiales ante la jurisdicción contencioso-
administrativa20-, porque aunque tuvo por acreditado que Sandra Milena Blandón
Bedoya radicó reclamación administrativa el 15 de noviembre de 2016, esta solo
interrumpía la prescripción hasta por un término igual, como lo dispone la norma,
sin embargo la demanda solo se presentó el 9 de noviembre de 2020.
34. De tal manera, consideró que la demanda era una nueva petición para efectos
del cómputo del fenómeno prescriptivo, por lo cual a partir de este momento contó
los 3 años hacia atrás, lo que le permitía concluir que estaban prescritas todas las
sumas causadas antes del 9 de noviembre de 2017.
35. En este orden, por las particularidades del caso en cuestión, se presentó una
prescripción total del derecho reclamado, porque, aunque después del 9 de
noviembre de 2017 no había prescripción, el período por el cual la demandante
reclamó fue del 1.º de enero de 2013 al 4 de marzo de 2017, además, de que, para
el 9 de noviembre de 2017, ya estaba desvinculada de la Rama Judicial.
36. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que el análisis del tribunal demandado
fue razonable porque, más allá de que los extremos tenidos en cuenta como fechas
de la interposición de la reclamación administrativa y de la demanda estaban
acreditados, sin que ameritaran discusión, la lectura que le confirió a la prescripción
es legalmente correcta y la que jurisprudencialmente ha aplicado la Sección
Segunda de esta corporación, a saber:
«[…] En ese sentido, el término de interrupción del fenómeno prescriptivo ya había
finalizado cuando se presentó la nueva reclamación, así como ocurre con la demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que
se reitera que las diferentes reclamaciones de los derechos laborales ante la autoridad
competente impiden la pérdida del derecho, pero solo por un lapso igual, es decir, hasta
por tres años hacia el futuro contados desde la presentación de la petición. […]»21
37. De lo anterior se deduce que es posible tomar como punto de partida para la
prescripción el momento de interposición de la demanda, porque los artículos 41 y
102 de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 refieren que la reclamación
20 Decreto 3135 de 1968 «“Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector
público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores
oficiales”». Igualmente, al respecto se consultó la sentencia de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 17 de octubre de 2019, exp. 20001233300020140001501 (4447-
2016).
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 17 de octubre de 2019, exp. 20001233300020140001501 (4447-2016).
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Demandante: Sandra Milena Blandón Bedoya
administrativa solo interrumpe esta figura hasta por un término de tres años. De tal
forma, en casos de contornos similares, en los que, entre el momento en el que se
radicó la reclamación administrativa y la demanda se superó dicho término, lo que
se debe hacer es contabilizarlo hacia atrás a partir de la presentación del escrito de
demanda.
38. En este orden, aunque para la parte demandante sus derechos fundamentales
se lesionaron, en la medida en que perdió la posibilidad de acceder a su
reconocimiento en sede judicial, lo cierto es que el Tribunal Administrativo de
Antioquia dio aplicación a las disposiciones que rigen la prescripción, entendida
como «el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue
con el solo transcurso del tiempo de acuerdo a las condiciones descritas en las normas que
para cada situación se dicten bien»22.
39. De modo que, aunque la Corte Constitucional sostiene que los derechos
laborales son irrenunciables e imprescriptibles, en el caso particular la prescripción
operó sobre todo lo reclamado porque, tal como lo señaló el juzgado en primera
instancia, y lo ratificó el tribunal demandado, «la fecha que se debe tener en cuenta es
la de la presentación de la demanda, es decir, 9 de noviembre de 2020; así las cosas,
tendríamos que las sumas causadas con anterioridad al 9 de noviembre de 2017 estarían
prescritas. Ahora, teniendo en cuenta que la demandante estuvo vinculada hasta el 5 de
marzo de 2017, encuentra el Despacho que el restablecimiento del derecho no puede
hacerse efectivo por cuanto ocurrió el fenómeno de la prescripción en forma absoluta» (sic).
40. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
41. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
sustantivo, ni en desconocimiento del precedente judicial, debido a que fue proferida
de conformidad con las normas que regulan la materia y aquella se apoyó en el
material probatorio aportado al medio de control cuestionado.
42. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
43. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
22Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 23 de septiembre de 2010, exp. 47001-23-31-000-2003-00376-01(1201-08).
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Demandante: Sandra Milena Blandón Bedoya
los derechos fundamentales de Sandra Milena Blandón Bedoya, en la solicitud de
tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Sandra Milena
Blandón Bedoya, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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