Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08187-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08187-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-08187-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08187-01
Accionante: Lorena Macea Olivares y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, y
otro
Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Desaparición forzada
y ejecución extrajudicial. Caducidad. REVOCA SENTENCIA-NIEGA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 5 de febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
Los señores Lorena Mace Olivares, Arquímedes Velásquez Olivares, Luis Fernando
Velásquez Macea, Tomás Enrique Velásquez Macea, Diomedes Velásquez Macea,
Javier Velásquez Macea, Angela María Velásquez Macea y Joaquín Manuel
Velásquez Macea pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la reparación integral, al debido proceso y al acceso a la administración
judicial, los cuales consideran vulnerados por el Juzgado Octavo Administrativo de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, con las
sentencias del 6 de octubre de 2023 y 6 de agosto de 2025 proferidas,
respectivamente, en el proceso de reparación directa, al que se le asignó el número
de radicado 05001-33-33-008-2015-01022-00/02.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Los accionantes narraron que el 14 de septiembre de 2015 instauraron demanda de
reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional,
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para se le declarara administrativamente responsable por la desaparición y posterior
muerte extrajudicial del señor Álvaro Velásquez Macea, ocurrida entre el 16 y el 29
de julio de 2008, en el municipio de Remedios.
Que el 6 de octubre de 2023, el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín profirió
sentencia, en la que negó las pretensiones por la configuración del fenómeno de la
caducidad, para lo cual tuvo como fecha de inicio la suscripción de los poderes para
promover el medio de control, momento en el que estimó que tuvieron conocimiento
de la posibilidad de imputación material al Estado.
Que interpusieron recurso de apelación en contra de la anterior decisión, pero el 6
de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de
Decisión, la confirmó con fundamento en que desde febrero de 2013 sabían que la
muerte de su familiar fue reportada por miembros del Ejército Nacional como una
baja en combate, por lo que desde esa fecha podían imputar responsabilidad a la
entidad demandada.
Consideran que las autoridades judiciales efectuaron una indebida contabilización
del término de caducidad, pues no tuvieron en cuenta que se trata de un caso de
una ejecución extrajudicial que continúa en la impunidad, e incurrieron en las
siguientes causales específicas de procedibilidad de la tutela en contra de
providencias judiciales1:
i) defecto fáctico, ya que solo el 4 de diciembre de 2018, esto es, con posterioridad
inclusive a la instauración del medio de control de reparación directa, pudieron inferir
razonablemente que la desaparición y muerte del señor Álvaro Velásquez Macea
era imputable al Estado, esto es, cuando el ente investigador penal, mediante
escrito de acusación, individualizó parcialmente al personal que causó el deceso a
través de un operativo militar ficticio, por lo que no se presentó la caducidad del
medio de control;
ii) desconocimiento del precedente judicial, pues aplicó la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
rad. 61.033, a pesar del bloque de constitucionalidad establecido en el artículo 93
superior, que exige la garantía de los estándares definidos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos2, respecto a la imprescriptibilidad de las
acciones judiciales instauradas para lograr una reparación por graves violaciones
de derechos humanos, por lo que ha sido inaplicada en varias oportunidades, como
es el caso del fallo de tutela proferido por la Sección Segunda de la corporación,
rad. 2019-04842-01, y del auto del 18 de febrero de 2022.
Que para la época en que transcurrieron los hechos y en la cual se instauró la
demanda de reparación directa, la posición dominante del Consejo de Estado
consistía en que en los casos de ejecuciones extrajudiciales no podía efectuarse el
1 Si bien los accionantes no precisaron debidamente los reparos a la luz de las causales invocadas, se pueden
sintetizar de la forma expuesta.
2 Casos Órdenes Guerra vs. Chile y Familia Julien Grisonas vs. Argentina.
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mismo estudio de caducidad que en otros asuntos, pues debía garantizarse la
reparación integral, lo cual guarda concordancia con las sentencia T-352/16, C-
115/98 T-378/24, la SU-167/23 y T-044/22 de la Corte Constitucional, en las que se
amparó el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes por la
declaratoria de caducidad con base en la aplicación retroactiva de la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, y las sentencias del Consejo de Estado del 30
de abril de 2021, del 7 de julio de 2022 (rad. 11001-03-15-000-2022-02106-01), del
3 de abril de 2025 (Sección Cuarta), del 12 de febrero de 2015 (Sección Quinta, rad.
2014-00747-01), del 7 de septiembre de 2015 (Subsección B de la Sección Tercera,
rad. 47671);
Que se sustrajo de su deber de realizar una interpretación sobre el término de
caducidad del medio de control con un enfoque constitucional y a la luz de los
diversos instrumentos internacionales sobre la materia, aplicados para la época de
los hechos y la instauración de la demanda; y
iii) violación directa de la Constitución, por transgredir el artículo 93 superior y
abstenerse de aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto al literal i) del
numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
PRETENSIONES
Los accionantes se limitaron a solicitar la protección de sus derechos
fundamentales; sin embargo, se entiende que su pretensión es que se dejen sin
efectos las sentencias proferidas el 6 de octubre de 2023 y el 6 de agosto de 2025
por las autoridades judiciales accionadas y, en su lugar, se les ordene adoptar una
decisión de fondo sobre el asunto, al no encontrarse configurada la caducidad.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 15 de enero de 2026, se admitió la acción; se vinculó a la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional, como tercero con interés; y se corrió el traslado
respectivo.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, afirmó que
en la providencia discutida efectuó una exposición de los fundamentos normativos
y jurisprudenciales que sirvieron de sustento para confirmar la sentencia de primera
instancia, como el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, por lo que se trató de una decisión motivada y
ajustada a derecho, con la cual no se vulneró algún derecho fundamental.
El Juzgado Octavo Administrativo de Medellín indicó que la sentencia proferida
se basó tanto en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional sobre la caducidad del medio de control como en los supuestos
fácticos.
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POSICIÓN DEL VINCULADO
La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional adujo que los
accionantes no discuten los argumentos de la autoridad judicial, sino que se limitan
a insistir en el hecho de que el asunto debió ser catalogado como un delito de lesa
humanidad, pretendiendo desconocer la posición del Consejo de Estado sobre la
materia, consistente en que la acción penal es distinta a la contabilización de los
términos previstos en la Ley 1437 de 2011, con el fin de reabrir un debate probatorio,
a pesar de que se efectuó una exhaustiva valoración de las pruebas, por lo que la
acción carece de relevancia constitucional. En consecuencia, solicitó negar las
pretensiones.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 5 de febrero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró
improcedente la acción porque no encontró cumplido el requisito de relevancia
constitucional, en la medida que los argumentos expuestos evidencian una
inconformidad con la decisión adoptada por el juez contencioso de segunda
instancia, quien, en atención a las pruebas y en aplicación de las reglas fijadas en
la sentencia del 29 de enero de 2020, concluyó que desde el 13 de febrero de 2013
los demandantes tuvieron conocimiento de que la muerte de su familiar fue
reportada por integrantes del Ejército Nacional como una baja en combate, por lo
que a partir de esa fecha podían imputarle la responsabilidad del daño.
Que los desacuerdos planteados, más allá de sustentar los yerros alegados,
demuestran que los accionantes disienten del análisis efectuado, por lo que
pretenden utilizar este mecanismo como una instancia adicional y reabrir el debate
que ya fue definido por el juez natural de la causa, para lo cual no es procedente la
tutela.
Que, si bien los actores aludieron a varias providencias proferidas por las altas
cortes, lo cierto es que no individualizaron la regla de derecho vinculante que
estimaban aplicable a su situación ni indicaron la incidencia concreta de aquellas en
la decisión adoptada por el fallador, por lo que no se satisfizo la carga argumentativa
mínima que habilitaría un estudio de fondo.
IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que en otras oportunidades el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, ha determinado la
procedencia de asuntos similares al presente, lo que lleva a concluir que la tutela
de la referencia debe conocerse de fondo, máxime cuando se propusieron
argumentos suficientes sobre la incursión en los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial.
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Señaló que su pretensión no es reabrir el debate probatorio sobre el término de
caducidad del medio de control de reparación directa de forma infundada, sino
demostrar la vulneración de derechos fundamentales por la aplicación de dicho
término, a pesar de tratarse de una grave violación a los derechos humanos
protegidos tanto por la Constitución como por la Convención Americana de
Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Manifestó que la sentencia del 29 de enero de 2020 únicamente operaba a futuro,
por lo que no resultaba aplicable al asunto, pues la demanda se instauró en el año
2015, eso es, antes de dicha decisión, postura que es acorde con la jurisprudencia
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales3, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/054.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. (...).
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Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
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mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»5
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada6.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”7. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el
juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de
una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela8»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
A esta Subsección corresponde definir si se encuentran cumplidos los requisitos
generales de procedencia, especialmente el de relevancia constitucional, que no se
encontró satisfecho en primera instancia de esta acción, pues solo en ese caso,
habría lugar al estudio de los disensos del accionante.
Al respecto, se considera que la acción sí supera dicha exigencia general, puesto
que lo pretendido por la parte actora es lograr la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la reparación integral, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados con las sentencias
del 6 de octubre de 2023 y 6 de agosto de 2025 proferidas por las autoridades
judiciales accionadas, por la incursión en los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, mas
no plantear un asunto de mera legalidad, desconocer la autonomía e independencia
judicial del juez natural de la causa o convertir esta acción en una instancia adicional
al proceso ordinario.
5
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6
Sentencia SU-074 de 2022.
7
Sentencia SU-074 de 2022.
8
Sentencia SU-072 de 2018.
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En efecto, los solicitantes del amparo procuran demostrar la incursión en algunas
de las causales específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la
procedencia de la tutela cuando se discuten providencias judiciales, las cuales
sustentaron de forma que resultan comprensibles sus desacuerdos respecto a la
providencia controvertida en esta sede y que podrían tener eventualmente una
incidencia en la decisión adoptada.
En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia, se
observa que i) la acción se presentó con inmediatez, en la medida que la sentencia
de segunda instancia discutida en esta sede fue notificada mediante mensaje de
datos enviado el 11 de agosto de 2025 y esta acción fue instaurada el 17 de
diciembre de ese año; ii) se agotaron los mecanismos de defensa judicial; iii) se está
invocando una irregularidad procesal que podría tener un efecto decisivo; iv) se
identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
estimados como transgredidos; y v) no se trata de una sentencia de tutela.
En consecuencia, se procederá al análisis de los reparos expuestos por los
accionantes respecto a la sentencia del 6 de agosto de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, por ser la que puso
fin al litigio.
En dicha providencia, la autoridad judicial determinó que debía aplicarse la
sentencia del 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado (rad. 61.033), en la que se unificó la jurisprudencia sobre la caducidad del
medio de control de reparación directa, y, en esa medida, se definió que esta
iniciaría desde el momento en que los interesados tuvieron la posibilidad de saber
que el Estado participó en los hechos y que le era imputable el daño.
En esa medida, observó que los demandantes tuvieron conocimiento de la muerte
del señor Álvaro Velásquez Macea desde el año 2010, acorde con el Informe de
Campo del 1 de marzo de 2013 elaborado por la Policía Judicial dentro de la
investigación con SPOA núm. 05001 6000206200883259 adelantada por la Fiscalía
126 Seccional de Medellín por el delito de homicidio, y supieron sobre la
participación de la entidad demandada en los hechos desde el 11 de febrero de
2013, por lo que tenían hasta el 12 de febrero de 2015 para instaurar la demanda,
pero la radicaron el 14 de septiembre del mismo año.
En relación con la fecha en que los demandantes tuvieron conocimiento de la
intervención de la entidad demandada en los hechos, precisó que si bien se
desconocía la fecha exacta en que ello ocurrió, resultaba más garantista a sus
intereses efectuar el cómputo desde que confirieron poder a los abogados para
incoar el medio de control en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional, esto es, el 11 de febrero de 2013.
Además, la Sala se pronunció sobre el argumento del extremo activo consistente en
que para el momento de la formulación de la demanda, la jurisprudencia sostenía
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que no operaba la caducidad en delitos de desaparición forzada, en el sentido de
indicar que los precedentes judiciales de las altas cortes tenían efectos inmediatos
y eran de obligatorio acatamiento para todos los operadores jurídicos y las partes
procesales, por lo que en el asunto resultaba aplicable la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Efectuado el anterior recuento de los argumentos de la autoridad judicial, se observa
que el reparo principal de los aquí accionantes consiste en la aplicación de la
sentencia del 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado para resolver el caso, a pesar de que, de un lado, no se había expedido para
la fecha en que se instauró la demanda y, de otro, no es acorde a los estándares
convencionales.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la autoridad judicial debía aplicar la
posición vigente al momento de dictar la sentencia en el asunto bajo examen, esto
es, la decisión del 29 de enero de 2020, por ser la que regía la situación analizada
y debido a su aplicación inmediata, en tanto no se modularon sus efectos.
En ese entendido, la decisión adoptada por la autoridad judicial atendió a la posición
jurisprudencial actual tanto de esta corporación como del máximo tribunal de la
jurisdicción constitucional, según la cual el término de caducidad del medio de
control de reparación directa de que trata el literal i) del numeral 2 del artículo 164
de la Ley 1437 de 2011 es aplicable a todos los casos en que se pretenda la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, incluidos aquellos que
versen sobre delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, siempre y cuando no
existan situaciones que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción,
pues en ese caso el plazo comienza desde que se superan.
Debe resaltarse que la Corte Constitucional ha sostenido que la exigencia del
término de caducidad en procesos de reparación directa cuando se trata de daños
originados en delitos de lesa humanidad es acorde con los mandatos
constitucionales y convencionales y no implica una afectación del derecho al acceso
a la justicia de las víctimas9. En ese entendido, con independencia de la clase de
delito, lo cierto es que había lugar a analizar si el medio de control se instauró
cuando ya había fenecido el plazo para ello.
Sobre este aspecto, debe aclararse que si bien la parte actora aludió a las
sentencias T-352/16 y C-115/98 de la Corte Constitucional, para soportar su
posición de que debía flexibilizarse el término de caducidad en atención a sus
circunstancias y condiciones particulares, lo cierto es que esas decisiones judiciales
se profirieron antes de que se unificara la jurisprudencia sobre la materia y, como
se vio, ello no resulta procedente.
Ahora bien, en cuanto a las demás sentencias proferidas por esa alta corte, se
advierte que las decisiones de amparo obedecieron a situaciones particulares de la
valoración probatoria de cada caso y a la falta de oportunidad para pronunciarse
9 Ver, entre otras: sentencias SU-312 de 2020 y SU-439 de 2024.
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sobre el cambio jurisprudencial, circunstancias que no se presentan en el asunto
que ahora es objeto de análisis; además, en ninguna de ellas se concluyó que no
resultaba aplicable la regla de unificación fijada el 29 de enero de 2020, que es lo
pretendido por los accionantes a través de esta acción, sino, de hecho, todo lo
contrario, esto es, que la aplicación de esa decisión era inmediata.
Aunque los solicitantes del amparo también aludieron a pronunciamientos del
Consejo de Estado, la mayoría fueron adoptados en sede de tutela, otros no fueron
debidamente identificados y algunos fueron proferidos con anterioridad a la
sentencia de unificación, lo que impide encontrar demostrado un precedente de
obligatorio acatamiento para los jueces de inferior jerarquía que haya sido
inobservado por la Sala aquí accionada.
De otra parte, se precisa que, si bien los actores afirmaron que solo con
posterioridad a la instauración del medio de control de reparación directa pudieron
inferir razonablemente que la desaparición y muerte del señor Álvaro Velásquez
Macea era imputable al Estado, esto es, cuando el ente investigador, mediante
escrito de acusación, individualizó parcialmente a las personas que participaron en
los hechos, lo cierto es que no resulta de recibo dicho argumento, pues para efectos
de la contabilización de caducidad del medio de control de reparación directa no se
requiere la identificación plena de los agentes estatales que intervinieron en el
hecho, sino el conocimiento sobre la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial al Estado, aspecto que fue verificado en la sentencia discutida a través
de esta acción.
Por último, se observa que la autoridad judicial accionada no transgredió el artículo
93 constitucional ni incurrió en una violación directa de la Constitución, al no aplicar
la excepción de inconstitucionalidad respecto al literal i) del numeral 2 del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, pues fundamentó su decisión en la postura actual del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en su condición de guardiana de la
Constitución, y dentro del marco de los principios de autonomía e independencia
judicial.
En suma, lo que se observa es un desacuerdo de la parte actora por la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión,
debido a que no fue favorable a sus intereses, pero no se encuentra acreditada la
configuración de alguno de los defectos invocados por los solicitantes del amparo.
En consecuencia, se revocará la sentencia del 5 de febrero de 2026 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la
acción y, en su lugar, se negará el amparo pedido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 8 18 7- 0 1
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia del 5 de febrero de 2026 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción y,
en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.
Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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