Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08196-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Relevancia constitucional: los argumentos que cimentan la solicitud de amparo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08196-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-08196-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
13 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08196-00
Accionante: JUAN FELIPE ENRÍQUEZ GUERRERO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede
estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los argumentos que cimentan la solicitud de amparo
revelan el interés de la parte actora de reabrir el debate probatorio ya surtido en el proceso
ordinario y resuelto por el juez natural de la causa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve sobre la acción de tutela instaurada por el señor Juan Felipe
Enríquez Guerrero, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 del 20211.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 19 de diciembre de 2025, el señor Juan Felipe Enríquez Guerrero, en nombre
propio y en calidad de heredero del causante Juan Carlos Enríquez Guzmán,
presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y
primacía de la realidad sobre las formas, los cuales considera vulnerados con
ocasión de la sentencia del 9 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que revocó la sentencia del 2 de mayo de 2023, mediante
la cual, el Juzgado Tercero Administrativo de Pasto, declaró la existencia de una
relación laboral entre el señor Juan Carlos Enríquez Guzmán y el Instituto
Departamental de Salud de Nariño, deprecada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 52001-33-33-003-2019-00215-01.
Pretensiones
2. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal, con posibles errores
incluidos):
1.- TUTELAR mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y a la PRIMACÍA DE LA REALIDAD
SOBRE LAS FORMAS.
1 Que ingresó al despacho para fallo el 26 de enero de 2026.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08196-00
Accionante: Juan Felipe Enríquez Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
2.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO el 9 de mayo de 2025, dentro del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Rad. 52001-33-33-003
2019-00215-01).
3.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño que profiera una nueva
sentencia en la que valore adecuadamente el acervo probatorio, especialmente
el testimonio que acredita el cumplimiento de turnos y horarios, y aplique el
principio constitucional de primacía de la realidad.
Fundamentos de la demanda de tutela
3. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
4. El señor Juan Carlos Enríquez Guzmán se desempeñó como radioperador del
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Instituto Departamental de Salud
de Nariño, en adelante IDSN, en virtud de la suscripción sucesiva de contratos de
prestación de servicios durante los años 1994 a 2016.
5. En sede administrativa no obtuvo que la entidad reconociera la existencia de una
relación laboral encubierta, razón por la cual, el señor Juan Felipe Enríquez
Guerrero, en calidad de heredero del fallecido señor Juan Carlos Enríquez Guzmán,
ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
correspondiente.
6. A la demanda le correspondió el radicado 52001-33-33-003-2019-00215-01 y por
competencia se asignó al Juzgado Tercero Administrativo de Pasto, que accedió a
las pretensiones con sentencia del 2 de mayo de 2023.
7. La entidad impugnó la providencia, y el Tribunal Administrativo de Nariño, con
sentencia del 9 de mayo de 2025, la revocó, y en su lugar, negó las pretensiones de
la demanda, bajo el entendido de que no se probaron las órdenes directas impartidas
por la contratante y, por ende, concluyó que la relación entre las partes fue de simple
coordinación.
8. Tras señalar que la demanda cumple con los requisitos de procedibilidad para
cuestionar providencias judiciales (relevancia, subsidiariedad e inmediatez), sostuvo
que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos:
9. Fáctico. El Tribunal demandado omitió valorar el testimonio de la señora Jenifer
Narváez, dado que, mediante esa declaración se demuestra la imposición de turnos
rotativos estrictos de 6 horas, y la disponibilidad permanente del contratista, lo que,
desvirtúa su autonomía e independencia.
10. Concretamente, señaló que el Tribunal argumentó que el cumplimiento de turnos
y horarios no implicaba subordinación, conclusión que resulta contraevidente,
considerando la existencia del testimonio de la señora Narváez, quien afirmó
categóricamente que no existía autonomía para disponer del tiempo y que los turnos
eran impuestos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08196-00
Accionante: Juan Felipe Enríquez Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
11. Agregó que al exigir una prueba documental que diera cuenta de las órdenes
escritas, implica la imposición de una tarifa legal en materia probatoria, inexistente
en estos casos, en donde prima la realidad sobre las formalidades.
12. Sustantivo. El Tribunal accionado interpretó las normas legales en forma aislada
a los principios constitucionales.
13. Verbigracia, aceptó la existencia de una relación de coordinación, omitiendo que,
según la Corte Constitucional (C-614 de 2009), las entidades del Estado no pueden
celebrar contratos de prestación de servicios para la atención de las funciones
permanentes y misionales.
14. En el caso concreto, la labor del radioperador de Urgencias es permanente y
misional, al concluir lo contrario se desconoce el principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades (Art. 53 Superior).
15. Asimismo, reprochó que la autoridad judicial accionada inaplicó la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 (Rad. 1317-2016), según la cual, la
coordinación puede anular la autonomía del trabajador, caso en el cual, transmuta a
una relación de subordinación.
16. Aseguró que las funciones desempeñadas por el contratista, cumplen los tres
criterios desarrollados por la Corte Constitucional en la sentencia C-614 de 2009: (i)
criterio funcional, son labores del giro ordinario de los negocios; (ii) criterio de
igualdad, son labores que deben ser prestadas por personal de planta; y (iii) criterio
temporal, la necesidad del servicio es indefinida y permanente.
Trámite impartido
17. Mediante auto de 14 de enero de 2026 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo
de Nariño, como autoridad accionada y, como tercero con interés, se vinculó al
Instituto Departamental de Salud de Nariño.
18. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.
Intervenciones
19. El Tribunal Administrativo de Nariño solicitó que se declare la improcedencia
de la tutela, o en su defecto, se niegue el amparo, dado que no concurre ninguna de
las causales o defectos, que, a juicio de la Corte Constitucional, hacen viable el
amparo.
20. Pese a que invoca los defectos fáctico y sustantivo, lo cierto es que la
inconformidad de la parte actora se centra en la supuesta omisión en la valoración
del testimonio de la señora Jenifer Narváez, quien manifestó que el padre del
demandante cumplía un horario de trabajo, circunstancia que, en su entender,
permitiría tener por acreditada la relación subordinada.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08196-00
Accionante: Juan Felipe Enríquez Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
21. No obstante, precisó que el Tribunal sí valoró el medio de prueba referido, de
forma integral con los demás medios de prueba aportados al plenario, y concluyó
que las labores asignadas consistentes en el mantenimiento de equipos exigen
conocimientos técnicos específicos y, por lo tanto, podían ser contratados bajo la
modalidad de prestación de servicios.
22. Aunado a ello, adujo que no se demostró la continuidad del vínculo, dado que
durante los periodos de contratación, el señor Juan Carlos Enríquez Guzmán ejecutó
diversas actividades y objetos contractuales, además, se advirtieron discrepancias
entre lo consignado en los contratos y lo registrado en las respectivas constancias.
23. Tampoco se acreditó el criterio de igualdad, toda vez que no se encontró que en
la planta de la entidad existiera personal que desarrollara las mismas funciones o
similares a las ejecutadas por el contratista, incluso así lo confirmó la testigo.
24. Sumado a lo anterior, la declaración de la testigo que da cuenta del cumplimiento
de determinados turnos para la ejecución de las labores contratadas, por sí sola no
implica la subordinación; y lo cierto es que, frente a las labores relacionadas con el
mantenimiento de equipos, no se encontró que el contratista recibiera órdenes
permanentes, y respecto a las labores de radio operador la testigo no fue precisa en
su declaración, de modo tal que no se desvirtuó la autonomía e independencia del
contratista.
25. Lo anterior, a fin de indicar que el Tribunal accionado sí valoró el testimonio de
la señora Jenifer Narváez, sin embargo, el alcance otorgado a dicho medio probatorio
no fue favorable a los intereses del libelista y por ello, presenta el desacuerdo
manifestado en la demanda. No obstante, esa discrepancia no es suficiente para que
se configure el defecto fáctico alegado.
26. El Juzgado Tercero Administrativo de Pasto intervino para señalar que las
actuaciones surtidas por ese despacho en la primera instancia del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 52001-33-33-003-2019-00215-00, se
surtieron conforme a derecho.
27. El director (e) del Instituto Departamental de Salud de Nariño señaló que
carece de competencia para atender las pretensiones de la acción de amparo, por
ende, solicitó que se desvincule a la entidad que representa porque carece de
legitimidad en la causa por pasiva.
28. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que la tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, dado que el accionante cuenta con el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, para obtener la aplicación de la sentencia de
unificación que invoca. Tampoco satisface el requisito de inmediatez, toda vez que
la providencia objeto de reproche se profirió el 9 de mayo de 2025, y por
consiguiente, transcurrieron más de ocho meses desde entonces y hasta que se
interpuso la acción de tutela.
29. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
ocasión.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08196-00
Accionante: Juan Felipe Enríquez Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
CONSIDERACIONES
Competencia
30. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
Problema Jurídico y metodología de la decisión
31. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, en especial los de
inmediatez y subsidiariedad cuyo incumplimiento alega la autoridad vinculada,
Instituto Departamental de Salud de Nariño. A este punto deberá examinar si la
acción de tutela contra la providencia judicial objeto de reproche se interpuso en un
término razonable, si la parte actora contaba con algún mecanismo ordinario para
obtener el amparo solicitado.
32. En orden a determinar si la tutela satisface el requisito de relevancia
constitucional, la Sala verificará si los argumentos que fundamentan la solicitud de
amparo tienen la trascendencia constitucional exigida para censurar providencias
judiciales.
33. En caso de encontrar superados los requisitos generales de procedibilidad, se
debe examinar si la decisión censurada, proferida por la autoridad judicial accionada,
incurrió en violación de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y primacía de la realidad sobre las formalidades.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
34. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20052, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
35. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe
verificar3; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-
Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de
2 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
3 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08196-00
Accionante: Juan Felipe Enríquez Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
tutela4, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional5 o el Consejo de Estado6, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP7; (iii) que se cumpla
con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo
razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos
que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la
posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con
el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los
medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación
de un perjuicio irremediable8 o los medios de defensa judicial existentes no sean
idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente
relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango
constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una
irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial
cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión
hubiese sido sustancialmente distinto.
Análisis de la Sala
Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
36. Legitimación en la causa. El señor Juan Felipe Enríquez Guerrero se encuentra
legitimado para interponer la acción de tutela, toda vez que es el titular de los
derechos fundamentales que considera vulnerados, en su condición de demandante
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 52001-33-33-
003-2019-00215-01, en el que actuó en calidad de heredero del señor Juan Carlos
Enríquez Guzmán. Allí se adoptó la decisión cuestionada.
37. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo de Nariño fue la autoridad judicial que profirió la sentencia
de segunda instancia a la que se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales del accionante.
38. El Instituto Departamental de Salud de Nariño se vinculó como tercero con
interés, dado que fue la entidad demandada en el proceso ordinario donde se emitió
la providencia censurada, por consiguiente, no es la autoridad a quien se le endilga
la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados9.
4 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
5 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
6 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
8 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
9 En palabras de la Corte Constitucional «La legitimación por activa se refiere a la capacidad
de los sujetos procesales para formular acciones de tutela en defensa de los derechos
fundamentales que presuntamente han sido vulnerados o se encuentran bajo amenaza.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08196-00
Accionante: Juan Felipe Enríquez Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
39. Inmediatez. Se cumple con este requisito, toda vez que la sentencia objeto de
censura fue proferida el 9 de mayo de 2025 y notificada el 26 de septiembre de 2025,
mientras que la tutela se instauró el 19 de diciembre siguiente, es decir, dentro de un
término razonable.
40. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo de
decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra acción de
la misma naturaleza10. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de
inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad11, ni de sentencias
interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la
Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de
dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y
abstracto».
41. Subsidiariedad. De conformidad con el tercer inciso del artículo 86 de la
Constitución12 y con el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 13, la
acción de tutela tiene un carácter subsidiario, motivo por el cual resulta improcedente
ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, salvo que estos no sean
eficaces o idóneos, o que sea necesario evitar la concreción de un perjuicio
irremediable.
42. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e
idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada
en el artículo 86 de la Constitución Política”, dispone que el amparo puede ser ejercido en todo
momento y lugar por cualquier persona que estime vulnerados o amenazados sus derechos
fundamentales, quien a su vez podrá actuar por sí misma o por intermedio de representante».
Sentencia T-353 de 2018.
10 En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la
acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la
sentencia de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de
la cosa juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior]
a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o
vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí
procede, (…). Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si
se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite
del incidente de desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional».
11 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022,
SU 114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.
12 De conformidad con ese inciso, la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable».
13 Según dicho numeral, la acción de tutela no procederá «[c]uando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08196-00
Accionante: Juan Felipe Enríquez Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
43. La jurisprudencia de la Corte Constitucional14 ha sido reiterada y pacífica en lo
que atañe al requisito de subsidiariedad, y ha precisado que «la acción de tutela es
una vía a la que solamente puede acudirse cuando (i) el afectado no cuenta con otro
medio de defensa judicial; (ii) cuando, pese a que ese mecanismo existe, no es
idóneo o eficaz en las circunstancias del caso concreto; o (iii) cuando se utiliza como
recurso transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Por lo tanto, no es un medio
alternativo, adicional, complementario o facultativo respecto de las demás acciones
judiciales ordinarias, sino un procedimiento urgente e inmediato para la protección
de los derechos fundamentales (…)».
44. En el caso concreto, este requisito también está acreditado, pues se agotaron
todos los recursos procedentes en el proceso ordinario.
45. En efecto, la Sala descarta la procedencia del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, dado que, si bien entre los argumentos que cimentan
la solicitud de amparo se invocó el presunto el desconocimiento de una sentencia de
unificación, dicho alegato secunda el principal, que consiste en el reproche a la
valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial accionada, toda vez que,
para el accionante se acreditó el elemento de subordinación conforme a la
jurisprudencia, mientras que para el Tribunal demandado no se desvirtuó la
independencia y autonomía del contratista.
46. Relevancia constitucional. El cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que
se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de
amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este
instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el
legislador.
47. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
48. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance
de un derecho fundamental.
49. Para la Subsección la tutela de la referencia deviene improcedente porque no
supera el requisito de relevancia constitucional, en tanto que, tiene la clara y marcada
14 Ver sentencia T-108 de 2024.
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Accionante: Juan Felipe Enríquez Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
intención de revivir la controversia planteada en el proceso de nulidad y
restablecimiento con radicado 52001-33-33-003-2019-00215-01.
50. A todas luces, el señor Enríquez Guerrero pretende revivir el debate probatorio
suscitado en el proceso de origen, toda vez que los argumentos esgrimidos en la
demanda no evidencian la vulneración de una garantía fundamental, sino más bien
su inconformidad con la valoración de los medios de prueba allegados al expediente,
en especial el testimonio de la señora Jenifer Narváez.
51. El accionante insiste en que la autoridad judicial incurrió en el defecto fáctico, por
realizar una valoración contraevidente de la declaración en cita; sin embargo, la Sala
no encuentra que las razones manifestadas por el accionante sean suficientes para
respaldar su afirmación, dado que, el razonamiento realizado por la Corporación
accionada no se observa caprichoso ni arbitrario y el solo hecho de que el interesado
no comparta la tesis acogida en la sentencia censurada, no la invalida.
52. En el transcurso de la providencia censurada, el Tribunal accionado se refirió a
los elementos que configuran la relación laboral: (i) prestación personal del servicio;
(ii) contraprestación del servicio; y (iii) subordinación, se estructura una relación
laboral entre las partes, independientemente de la suscripción de contratos de
prestación de servicios.
53. Asimismo, hizo referencia a la línea jurisprudencial en la materia, para lo cual,
trajo a colación la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, en la que
se indicaron criterios y pautas fundamentales para entender los eventos en que se
desnaturaliza el contrato de prestación de servicios y emerge la relación laboral,
partiendo del análisis de los estudios previos y del objeto del contrato, a fin de
determinar la temporalidad del servicio contratado, que debe pactarse por el término
estrictamente indispensable, a la luz del artículo 32 de la Ley 80 de 1993
54. En ese orden, luego de relacionar las pruebas obrantes en el plenario, concluyó
(transcripción textual, con posibles errores incluidos):
“Pasa la Sala a analizar los elementos del contrato realidad, así:
Prestación personal del servicio
Según se desprende de la relación de contratos ya citada, el objeto de los
mismos era la prestación de los servicios del padre del demandante, así:
• Mantenimiento correctivo e instalación de radios de comunicación.
• Técnico en radio de comunicación.
• Auxiliar de comunicaciones - Radio operador.
Algunos de los servicios antes enumerados fueron prestados en el Centro
Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE del Instituto Departamental de
Salud de Nariño47. En consecuencia, se acreditó el requisito.
De la remuneración:
El elemento de la remuneración se acreditó con la copia de los contratos de
prestación de servicios allegados al plenario y ya reseñados en la sección
previa, en los cuales se incluyó un valor económico como contraprestación
del servicio prestado, circunstancia que permite suponer que dicho monto fue
cancelado al padre del demandante.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08196-00
Accionante: Juan Felipe Enríquez Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
De la subordinación:
Para establecer si se acreditó este requisito, corresponde analizar de manera
integral las pruebas obrantes en el proceso, a la luz de los criterios expuestos
por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, así:
Criterio funcional:
Según se desprende de la revisión de los contratos suscritos entre el padre
del demandante y el demandado, las funciones asignadas al señor Juan
Carlos Enríquez Guzmán (Q.E.P.D.) estaban relacionadas con lo siguiente:
• Mantenimiento correctivo e instalación de radios de comunicación.
• Técnico en radio de comunicación.
• Auxiliar de comunicaciones - Radio operador.
Labores que ejecutó a favor de la entidad y que guardan íntima relación con
el ejercicio ordinario de las funciones que legal y constitucionalmente compete
a esta entidad en materia de salud. Es así que, en los contratos, se anota que
la entidad realiza diversas actividades de apoyo a la red de comunicaciones.
Por consiguiente, para la Sala este criterio está acreditado.
Criterio de excepcionalidad:
En cuanto a las labores de mantenimiento de equipos, entiende la Sala que
por su mismo carácter se trata de una actividad que requiere conocimientos
especializados, por consiguiente, no se cumple el criterio.
En lo que concierne a las labores como radio operador y auxiliar de
comunicaciones, la Sala advierte que en los contratos se consignó que la
contratación obedecía a la ausencia de personal de planta designado para
desarrollar esa labor. La ausencia de personal de planta que ejerciera la labor
de radio operador es confirmado por la testigo.
Por lo anterior, a juicio de esta Corporación, el criterio bajo análisis no está
acreditado.
Criterio de continuidad:
Acerca de este criterio, se pronunciará la Sala con mayor detenimiento en el
cuadro que se incluye enseguida. Sin embargo, se advierte desde ya que la
contratación no siempre fue continua o por lo menos no se acreditó lo
contrario. De igual forma, en algunos períodos el señor Enríquez laboró como
radio operador de manera exclusiva, en otros lapsos además desempeñó
labores de mantenimiento y en otros períodos fue contratado como apoyo en
el CRUE. La situación descrita permitiría establecer que no hubo continuidad,
puesto que, la contratación tuvo diferentes objetos.
Si bien en la demanda, se afirma que en calidad de radio operador el señor
Enríquez cumplía funciones de mantenimiento, para la Sala por su propia
connotación, se trata de actividades diferentes, tal es así que en algunos
contratos se las distingue. En todo caso, la prueba documental y testimonial
no es útil en aras de establecer si durante todo el lapso contractual, la labor
fue la misma.
Por otro lado, no sobra agregar que respecto a varios períodos existe
discrepancia entre lo consignado en los contratos y lo registrado en las
constancias adosadas al plenario, así:
04/11/1994 - 04/05/1995
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08196-00
Accionante: Juan Felipe Enríquez Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
02/05/1995 - 31/12/1995
01/01/1996 - 31/03/1996
01/08/1997 - 31/12/1997
01/01/1998 - 30/03/1998
01/06/2000 - 31/07/20005
Criterio de igualdad:
Para la Sala este criterio no está probado, porque la prueba documental
evidencia que la contratación se justificó en la insuficiencia del personal de
planta para suplir las labores asignadas al señor Enríquez. Aunado a esto, no
se aportó ningún medio de prueba que dé cuenta de la existencia de
radioperadores de planta que cumplieran iguales o similares funciones a las
desempeñadas por el señor Enríquez Guzmán (Q.E.P.D.) y la testigo informó
que no existía cargo de planta con las mismas funciones.
Criterio de la temporalidad o habitualidad:
Ya se advirtió que la contratación en algunos lapsos no fue continua, incluso
para el año 2010 no obra contrato en el período comprendido entre el 1º al 15
de julio de 2010.
Asimismo, no puede concluirse que las labores contratadas que se
asemejaran a la cotidianidad que conlleva el cumplimiento de un horario de
trabajo, porque como lo explicó el Consejo de Estado en la sentencia del 9 de
septiembre de 2021, entre las partes contratantes existe una coordinación de
actividades en virtud de la cual el contratista se “somete a las condiciones
necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser
el cumplimiento de un horario”.
Y es justamente sobre este punto que la Sala echa de menos que la parte
demandante probara con suficiencia que el horario de trabajo que el señor
Juan Carlos Enríquez Guzmán (Q.E.P.D.) cumplía efectivamente, le fue
impuesto y no podía ser objeto de disposición por él, máxime, cuando en la
sentencia del 9 de septiembre de 2021 el Consejo de Estado enfatizó que
“normalmente el establecimiento o imposición de una jornada de trabajo al
contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral (…)
ciertas actividades de la administración, servicios de urgencia en el sector
salud o vigilancia Y es justamente sobre este punto que la Sala echa de
menos que la parte demandante probara con suficiencia que el horario de
trabajo que el señor Juan Carlos Enríquez Guzmán (Q.E.P.D.) cumplía
efectivamente, le fue impuesto y no podía ser objeto de disposición por él,
máxime, cuando en la sentencia del 9 de septiembre de 2021 el Consejo de
Estado enfatizó que “normalmente el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral (…) ciertas actividades de la administración, servicios
de urgencia en el sector salud o vigilancia necesariamente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas”.
En el caso, considerando el objeto contractual convenido y la información
suministrada por la testigo Jenifer Lorin Narváez Yépez, la jornada de trabajo
cumplida por el señor Enríquez se hizo en la modalidad de turnos, de lo cual
se llevaba registro y control, sin que por esa sola circunstancia pueda inferirse
la existencia de una relación subordinada.
En este punto, valga destacar que los cuadros de turnos aportados no detallan
de manera precisa las horas de inicio y fin de la jornada laboral, ni tampoco
sirven para aclarar si estos turnos eran asignados o controlados por un
supervisor. Es más, ni siquiera consignan el nombre completo de quienes así
laboraban. No obstante, si en todo caso, considerando la declaración de la
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08196-00
Accionante: Juan Felipe Enríquez Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
testigo, se tiene por acreditado que el señor Enríquez trabajaba bajo ese
sistema, ese solo hecho no significa per se la existencia de una relación
laboral subordinada.
De la autonomía e independencia:
De acuerdo con los contratos aportados en consonancia con el testimonio
practicado en el curso del proceso, las labores que ejecutó el señor Enríquez
Guzmán, se dividen en dos básicamente, a saber: mantenimiento de equipos
y radio operador.
La Sala advierte que, en ninguna de estas dos labores, se probó con
suficiencia el acatamiento de órdenes. En efecto, respecto al mantenimiento
de equipos, el carácter especializado y ocasional de la labor, implica de por
sí, la ausencia de mandatos, sin que puedan interpretarse como tales, la
asignación de labores o comisiones. Respecto a las labores ejercidas como
radioperador, la testigo se pronunció de manera general, es decir, no
especificó mandatos dirigidos al señor Enríquez. Documentalmente, se
aportaron pruebas que no acreditan subordinación, sino coordinación.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que no está
probada la existencia de una relación laboral subordinada subyacente a los
contratos de prestación de servicios suscritos por las partes, principalmente,
porque no se acreditó con suficiencia el elemento de la subordinación. En todo
caso, se hacen otras precisiones enseguida: (…)”.
55. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se evidencia
es que el juez natural, al resolver la alzada, efectuó un análisis integral y razonado
de la normativa aplicable, la jurisprudencia en la materia y los medios de prueba
obrantes en el expediente, a partir del cual concluyó que no existía certeza sobre la
supuesta relación laboral originada entre el señor Juan Carlos Enríquez Guzmán y
el Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN), habida consideración de que,
si bien se demostraron dos de los elementos propios de la relación laboral: la
prestación del servicio y la remuneración, no se probó fehacientemente que las
labores se hayan ejecutado bajo completa subordinación, sino más bien de forma
coordinada como es habitual, en los casos en que la relación se rige por contratos
de prestación de servicios.
56. La autoridad judicial accionada explicó -de cara a los criterios consolidados en la
sentencia de unificación SUJ-025 CES2-2021 de 2021-, que en el presente caso, no
se acreditó el elemento de subordinación, puesto que no existió continuidad en las
labores ejecutadas por el contratista, toda vez que, los contratos tuvieron diferentes
objetos, y aunque siempre se cumplieron funciones de mantenimiento, en los
documentos se consignan de formas distintas, y de la prueba testimonial no es
posible establecer que durante todo el lapso de contratación, las tareas hayan
guardado similitud y continuidad.
57. En el mismo orden, determinó que no se acreditó el criterio de igualdad, dado
que en la planta de personal de la entidad no se encontró un empleo que tuviera
asignadas funciones similares o idénticas a las consignadas en los contratos de
prestación de servicios; así como tampoco se demostró la habitualidad de la labor
contratada.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08196-00
Accionante: Juan Felipe Enríquez Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
58. Respecto del cumplimiento del horario, señaló que la jurisprudencia ha señalado
que ese solo hecho no acredita la subordinación, dado que el desarrollo de las tareas
contratadas dentro de un margen de tiempo puede acordarse entre las partes, como
una forma de coordinar la labor, a efectos de ejecutar el contrato en debida forma.
En este caso, el Tribunal accionado indicó que no se demostró que el horario haya
sido impuesto por la entidad contratante, y aunque la testigo Jenifer Lorin Narváez
manifestó que el señor Juan Carlos Enríquez Guzmán cumplía sus tareas bajo la
modalidad de turnos, lo cierto es que los cuadros aportados al plenario no dan cuenta
de manera precisa de las horas de inicio y fin de la jornada laboral, y tampoco aclaran
si los turnos eran asignados o controlados por un supervisor.
59. Finalmente, frente a la autonomía e independencia del contratista, destacó que
las labores realizadas por el contratista fueron de dos clases: (i) mantenimiento de
equipos; y (ii) de radio operador, y que en la ejecución de esas tareas no se demostró
el acatamiento de órdenes ni la existencia de la labor subordinada.
60. Para la Sala, los argumentos expuestos en la sentencia censurada son
razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional, el
hecho de que la parte actora no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver
a estudiar un asunto que ya fue decidido razonablemente por el juez natural de la
causa con suficiente motivación.
61. En suma, se evidencia que, la controversia planteada por el señor Juan Felipe
Enríquez Guerrero, bajo el cariz de defecto fáctico, constituye una reiteración de un
debate estrictamente probatorio, ya surtido ante el juez natural de la causa y, en
consecuencia, carece de la relevancia constitucional necesaria para ser estudiado
en esta instancia.
62. Respecto del desconocimiento del precedente alegado como sustento del
defecto sustantivo (sentencia de unificación SUJ-025 CES2-2021 de 2021), lo que
se advierte es la falta de carga argumentativa necesaria en estos casos, para discutir
la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada.
63. Recuérdese que, para determinar si una providencia judicial desconoció el
precedente, ya sea horizontal o vertical, es necesario: i) determinar la existencia de
un precedente o grupo de precedentes aplicable y distinguir las reglas de decisión
contenidas en ellos; ii) constatar que la providencia judicial cuestionada debió tener
en cuenta ese precedente o grupo de precedentes para no incurrir en un
desconocimiento del principio de igualdad; y iii) verificar si existieron razones
fundadas para apartarse del precedente.
64. En este caso, el accionante se limitó a señalar que la sentencia censurada ignoró
la providencia unificadora, en la medida en que esta aclaró que la «(…)
"coordinación" implica una autonomía del contratista para cumplir el objeto. Sin
embargo, cuando esa "coordinación" anula la autonomía del trabajador (al imponerle
turnos fijos y disponibilidad absoluta), se transmuta en subordinación».
65. Sin embargo, no fue claro en la exposición del cargo por desconocimiento del
precedente, dado que, no determinó la regla de decisión acogida en la providencia
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08196-00
Accionante: Juan Felipe Enríquez Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
invocada como precedente, y finalmente, lo dicho por la parte actora, refuerza el
descontento frente a la valoración probatoria, como se advirtió en precedencia.
66. Para la Sala, la solicitud de amparo no cumple la exigencia de relevancia
constitucional y, en consecuencia, será declarada improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Juan Felipe Enríquez Guerrero, en nombre propio y en calidad de heredero
del causante Juan Carlos Enríquez Guzmán, contra el Tribunal Administrativo de
Nariño, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito,
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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