Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08201-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08201-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-08201-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
9 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08201-00
Demandante: Gran Tierra Operations Colombia GMBH Sucursal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08201-00
Demandante: Gran Tierra Operations Colombia GMBH Sucursal
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Tema: Tutela contra providencia judicial. Acción popular. Requisitos
generales de procedibilidad. Subsidiariedad.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por la sociedad
Gran Tierra Operations Colombia GMBH Sucursal (en adelante Gran Tierra) contra el
Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con lo establecido en el artículo 1
del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 19 de diciembre de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Nariño por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
PRIMERA: Que se DECLARE la vulneración de los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO y el ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de Gran Tierra, los cuales
se han visto vulnerados con ocasión de las actuaciones del Tribunal Administrativo de Nariño
como resultado de inaplicación del artículo 316 del CGP y la aplicación errónea del artículo
68 del CGP.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior declaración, y para efectos de amparar
efectivamente los derechos de mi representada, se solicita al honorable Consejo de Estado
dejar sin efectos las decisiones del Tribunal Administrativo de Nariño de no aceptar el
desistimiento de la solicitud de sucesión procesal presentada el 29 de julio de 2025 por Gran
Tierra y de aplicar el fenómeno jurídico de la sucesión procesal, las cuales quedaron
contenidas en los Autos No. 3, 4 y 5 (decisión del recurso de reposición), dictados en el curso
de la audiencia de pruebas celebrada el 31 de julio de 2025 en el trámite de la Acción Popular.
TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, se solicita al honorable Consejo de Estado
ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño aceptar el desistimiento de la solicitud de
sucesión procesal presentada el 29 de julio de 2025 por Gran Tierra dentro de la Acción
Popular y abstenerse de vincularle dentro del referido proceso.
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2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes1:
Del proceso de acción popular con radicado 52001-23-33-000-2016-00310-00
La Defensoría del Pueblo Regional Putumayo, como agente oficioso, promovió
demanda de acción popular contra la Empresa Colombiana de Petróleos S.A.
(Ecopetrol), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el
departamento del Putumayo, el municipio de Puerto Asís, la Corporación para el
Desarrollo del Sur de la Amazonía (CORPOAMAZONIA), el Consorcio Colombia
Energy, la sociedad Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S. y la Unidad
Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, en la que solicitó la protección de
derechos colectivos2.
Lo anterior con fundamento en que, a causa de atentados terroristas se produjo
derrame de petróleo3 en los afluentes hídricos de los que se abastecen los habitantes
de las comunidades de La Montañita, Aguas Blancas, Buenos Aires, La Cabañita, La
Carmelita, Los Cristales, Santa Rosa, Brasilia, Bajo Lorenzo, Villa Victoria, Bocanas,
Monserrate, Puerto Nuevo y Golondrina ubicadas en el corredor de Puerto Vega-
Teteyé, jurisdicción del municipio de Puerto Asís.
En consecuencia, solicitó, entre otras pretensiones, que se ordenara a las entidades
y empresas accionadas adelantar las medidas necesarias para la descontaminación
completa de los afluentes hídricos antes mencionados y el suministro de agua potable
a las comunidades afectadas.
Al proceso se le asignó el radicado 52001-23-33-000-2016-00310-00 y el Tribunal
Administrativo de Nariño, en auto de 1 de junio de 2016, admitió la demanda; ordenó
las notificaciones respectivas a las partes demandante y demandada4, así como al
Procurador Judicial Delegado para Asuntos Administrativos, al Personero Municipal
de Puerto Asís y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En esa misma
providencia, además de las autoridades y entidades mencionadas en la demanda
como demandadas, advirtió necesario vincular al Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y a las empresas Ecootransvías y Trans Hong Kong.
Por auto de 11 de julio de 2016, el Tribunal, como medida preventiva, entre otras
disposiciones, ordenó a Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S. (en adelante
Vetra) como representante del Consorcio Colombia Energy, que emprendiera las
actividades necesarias para la recolección y limpieza de los lugares en los que había
residuos de los derrames de petróleo que afectaron las fuentes hídricas. Además,
ordenó a Vetra y a Ecopetrol, como sociedades que ejercen la actividad petrolera, que,
1
Se mencionan solo las actuaciones que interesan al caso.
2
Entre los que se destacan: el goce de un ambiente sano; la moralidad administrativa; la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con
la preservación y restauración del medio ambiente; la seguridad y salubridad pública.
3
En los años 2013, 2014 y 2015, en varias oportunidades los conductores de carrotanques que transportaban petróleo extraído
por Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S. fueron obligados por grupos armados ilegales a abrir las válvulas de los
tanques y derramar su contenido en las fuentes hídricas del corredor Puerto Vega-Teteyé del municipio de Puerto Asís
(Putumayo).
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En esa calidad se ordenó notificar al Consorcio Colombia Energy y a la sociedad Vetra Exploración y Producción Colombia
S.A.S.
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de manera coordinada junto con el municipio de Puerto Asís, como encargado del
suministro de agua potable, ejecutaran las medidas que permitieran a las
comunidades afectadas abastecerse de agua apta para el consumo humano.
De igual forma, en la misma providencia, encargó al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, a la ANH, a la ANLA, al departamento del Putumayo, a
CORPOAMAZONIA y a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres
de vigilar el cumplimiento de las órdenes impartidas.
La anterior decisión fue objeto de recursos de apelación interpuestos por Ecopetrol
S.A. y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y Vetra y el Consorcio
Colombia Energy, en el mismo escrito, interpusieron recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación.
En auto de 8 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Nariño no repuso y
concedió el recurso de apelación, en el efecto devolutivo.
La Sección Primera del Consejo de Estado, en auto de 24 de mayo de 2018,
modificó la decisión al advertir que no es competencia de Vetra ni de Ecopetrol realizar
actividades tendientes al suministro de agua potable a los habitantes del área afectada
por el derrame de petróleo. Es al municipio de Puerto Asís al que le corresponde
garantizar la prestación del servicio de agua potable con el apoyo técnico, financiero
y administrativo del departamento de Putumayo.
También, advirtió que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no es el
competente para vigilar el cumplimiento de la orden judicial dirigida a Vetra, por lo que
lo excluyó de las entidades a las que se les asignó la labor de vigilancia en la decisión
apelada.
En consecuencia, modificó la medida cautelar y preventiva y confirmó otras
disposiciones del auto apelado. Entre las disposiciones impartidas: (i) ordenó a Vetra
emprender las actividades para la recolección y limpieza de los lugares con residuos
de petróleo; y, (ii) ordenó al municipio de Puerto Asís garantizar el suministro de agua
potable a los habitantes del corredor Puerto Vega-Teteyé.
El proceso continuó su curso ante el Tribunal Administrativo de Nariño, recibidas las
contestaciones de la demanda abrió el proceso a pruebas, entre las decretadas,
solicitó al Instituto Tecnológico de Putumayo rendir dictamen pericial con el fin de
verificar la contaminación causada a las fuentes hídricas, humedales y predios de las
veredas con ocasión del derrame de crudo objeto de la acción popular.
Encontrándose pendiente la celebración de audiencia para la práctica de pruebas,
mediante memorial de 27 de enero de 2020, Vetra y Gran Tierra, por medio de sus
representantes legales, de manera conjunta solicitaron que se tuviera a esta última
como sucesora de la primera y del Consorcio Colombia Energy, como consecuencia
de la cesión de los intereses, derechos y obligaciones.
En auto de 28 de mayo de 2024, entre otras disposiciones, requirió a Vetra y al
Consorcio Colombia Energy para que aportaran: (i) copia de los documentos en los
cuales constara la cesión de los intereses, derechos y obligaciones, tanto por parte de
Vetra a favor de Southeast Investment Corporation, como del Consorcio a favor de
Gran Tierra y (ii) copia del Otrosí No. 4 al Contrato de Producción Incremental – Área
Sur[oriente] de 2 de septiembre de 2019. Y anunció que recibidos esos soportes se
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correría traslado a la parte demandante para que manifestara si aceptaba o no que
Gran Tierra sustituyera en el proceso al Consorcio y a Vetra.
La defensora pública adscrita a la Dirección Nacional de Defensoría Pública de la
Defensoría del Pueblo se opuso a la sucesión procesal y solicitó no acceder a la
sustitución procesal exclusiva solicitada por VETRA y mantener la vinculación
procesal de Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S. y de Gran Tierra
Operations Colombia GMBH Sucursal, en calidad de partes demandadas, porque de
conformidad con el artículo 68 del CGP, la cesión de una posición procesal requiere
la aceptación de la parte contraria y en el marco de una acción popular, dicha
afectación se proyecta sobre el interés colectivo, cuya defensa exige la permanencia
de todos los sujetos que hayan tenido participación en los hechos generadores del
daño.
Precisó que la cesión contractual no exime a Vetra de responder por los hechos
anteriores a la cesión, en su calidad de operador del Consorcio Colombia Energy, por
lo que no podía convertirse en un mecanismo para eludir responsabilidades derivadas
de actuaciones previas e insistió en la que la acción popular tiene como finalidad la
protección de derechos e intereses colectivos. En consecuencia, el juez debe
garantizar la eficacia del derecho sustancial y la protección adecuada de los derechos
colectivos.
En escrito de 29 de julio de 2025, el apoderado de Gran Tierra advirtió que un nuevo
análisis de la figura de sucesión procesal condujo a considerar inviable la petición
elevada en enero de 2020 porque no tenía vínculo alguno con las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las que presuntamente se vulneraron los derechos colectivos.
En consecuencia, con fundamento en el artículo 316 del CGP, pidió el desistimiento
de la solicitud de sucesión procesal. Como anexo, aportó desistimiento de la solicitud
de sucesión procesal de 25 de julio de 2025 suscrito por uno de los representantes
legales de Gran Tierra del que se lee que «[…] para la fecha de los hechos materia
de proceso Gran Tierra no fungía como operador en el marco del Contrato de
Producción Incremental Área Suroriente, lo cual solo ocurrió a partir del año 2019».
El 31 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Nariño, por conducto del
magistrado ponente, celebró audiencia de pruebas. En esa diligencia, antes de recibir
testimonios y referirse a algunas pruebas decretadas, resolvió sobre la solicitud
conjunta de sucesión procesal y el desistimiento de esa solicitud, presentado
posteriormente.
Por auto No. 3, negó el desistimiento presentado por Gran Tierra en relación con dicha
sucesión. El Tribunal precisó que «si bien es cierto que el artículo 316 del CGP
autoriza el desistimiento de ciertos actos procesales que hayan promovido las partes,
lo cierto es que la solicitud de sucesión procesal del 27 de enero de 2020 se presentó
de manera conjunta, esto es, se encuentra suscrita por el representante legal de Vetra
Exploración y Producción Colombia S.A, y por la misma sociedad en representación
del Consorcio Colombia Energy (partes demandadas en la acción popular), junto con
el representante legal de GRAN TIERRA OPERATIONS COLOMBIA GMBH
SUCURSAL. No obstante, a este trámite solamente acude GRAN TIERRA a
manifestar su desistimiento, sin manifestación alguna al respecto por parte de Vetra y
del Consorcio Colombia Energy», por esa razón no estudió de fondo.
En la misma audiencia, por auto No. 4, procedió a resolver la solicitud inicial dirigida a
que se reconociera la sucesión procesal, con fundamento en lo cual, aceptó a Gran
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Tierra como sucesor procesal de Vetra y del Consorcio Colombia Energy. El despacho
encontró que, como consecuencia de las transacciones comerciales, todos los que
conformaron inicialmente el Consorcio Colombia Energy [quien suscribió el Contrato
de Producción Incremental Suroriente con Ecopetrol] cedieron sus derechos, intereses
y obligaciones a favor de Gran Tierra, en virtud de lo cual asumió todas las
obligaciones derivadas del contrato de Producción Incremental Suroccidente. En la
misma providencia, precisó que Vetra y el Consorcio Colombia Energy debían seguir
actuando en el proceso en defensa de sus intereses. Los autos Nos. 3 y 4 quedaron
notificados en estrado.
Gran Tierra interpuso recurso de reposición contra ambas providencias. Advirtió que
el desistimiento de un acto procesal es un derecho individual que en su caso debía
permitírsele sin contar con el consentimiento de Vetra y no podía forzársele a participar
como demandada en un proceso en el que se discute la vulneración de derechos
colectivos por hechos ocurridos antes de la cesión de derechos y obligaciones, esto
es entre 2013 y 2015. Los negocios privados no pueden trascender en esa acción
popular. No puede endilgarse responsabilidad por esos hechos, razón por la que la
sucesión procesal es improcedente.
El Tribunal Administrativo de Nariño en el curso de la misma audiencia corrió traslado
a las otras partes. La Defensoría del Pueblo pidió no reponer porque la participación
de Gran Tierra del 100 % en el Contrato de Producción Incremental Suroccidente y
que esa sociedad ha presentado los informes de las gestiones adelantadas en
cumplimiento de la medida cautelar decretada. Vetra y el Consorcio Colombia Energy
indicaron que se acogían a lo decidido por el despacho y pidieron aclarar si Vetra
continuaba o no actuando como parte en el proceso.
El magistrado conductor de la audiencia, en esa diligencia resolvió no reponer las
decisiones. Consideró que la manifestación inicial de enero de 2020 se presentó en
forma conjunta y se ratificó al aportar los documentos requeridos en el auto de 28 de
mayo de 2024. Como sustento legal acudió al artículo 68 del CGP y precisó que Vetra
y Gran Tierra estaban llamados a seguir con su intervención como extremo pasivo del
proceso.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:
Aseguró que la solicitud de tutela superó los requisitos generales de procedibilidad.
En relación con los requisitos específicos, advirtió que el Tribunal Administrativo de
Nariño incurrió en defectos procedimental absoluto y sustancial en las
providencias de 31 de julio de 2025, por las que negó el desistimiento a la sucesión
procesal pedida en el proceso de acción popular con radicado 52001-23-33-000-2016-
00310-00 y aceptó su vinculación al proceso bajo esa figura.
Explicó que en enero de 2020 acudió, sin apoderado, ante el referido tribunal para que
se le tuviera como sucesor procesal de Vetra y el Consorcio Colombia Energy. Sin
embargo, transcurridos 5 años sin pronunciamiento alguno, realizó un nuevo análisis
jurídico de la figura de sucesión procesal en las acciones populares y encontró que
por la época de los hechos que causaron la presunta vulneración de derechos
colectivos no era procedente su intervención, por lo que en julio de 2025 desistió de
la solicitud de 2020.
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A pesar de que el desistimiento se presentó con anterioridad, observó que las
providencias atacadas desconocieron lo dispuesto en el artículo 316 del Código
General del Proceso (CGP) y dieron una interpretación descontextualizada, irracional
y arbitraria al artículo 68 ib frente a las condiciones pactadas entre Vetra y Gran Tierra.
La autoridad judicial no garantizó la posibilidad que tienen las partes de desistir de los
actos procesales en forma voluntaria y creó requisitos que no están en el citado
artículo 316. Ese actuar restrictivo limitó injustificadamente las garantías judiciales.
Señaló que la única consideración del tribunal para negar el desistimiento fue que la
solicitud de sucesión procesal se presentó de manera conjunta con Vetra y el
Consorcio Colombia Energy, pero que para desistir solo acudió Gran Tierra, razón por
la que no podía estudiar de fondo.
En relación con esa consideración, sostuvo que estaba plenamente facultada para
prescindir de la intervención como sucesor procesal en lo que le corresponde, sin tener
que contar con pronunciamiento o manifestación alguna de Vetra.
Además, indicó que la autoridad demandada consideró que había lugar a aplicar el
fenómeno jurídico de la sucesión procesal porque Gran Tierra era cesionario de los
derechos y obligaciones derivados del Contrato de Producción Incremental Suroriente
de los cuales era titular el denominado Consorcio Colombia Energy, cuyo operador
designado era Vetra.
Ante esa afirmación, la ahora actora precisó que el Tribunal Administrativo de Nariño
asumió erradamente que la adquisición de los derechos de exploración y producción
en el marco del citado contrato involucraba la adquisición de la cosa o derecho
litigioso, y que en el contexto de la acción popular suponía que la adquisición de tales
derechos implicaba la asunción directa de la responsabilidad derivada de la eventual
amenaza o vulneración de los derechos colectivos por hechos presentados en los
años 2013 a 2015.
Sostuvo que en el trámite de la referida acción popular el extremo demandado está
siendo responsabilizado con varias cargas con el fin de mitigar los hechos ocurridos
en los años 2013 a 2015 y que ahora se le trasladaron como consecuencia de los
autos reprochados en sede de tutela, sin tener justificación procesal ni legal.
Entonces, consideró que «se le impone a Gran Tierra la exorbitante carga de asumir
directamente un proceso judicial de la mayor complejidad en el estado en que se
encuentra, sin poder proponer nuevos argumentos de defensa, sin poder
solicitar pruebas y lo más grave, por hechos en los cuales no participó ni tuvo
injerencia.»
Resaltó que la responsabilidad no puede ni debe trasladarse vía acuerdos privados y
menos contra de la voluntad de quien no es parte, como ocurrió en este caso. En un
caso similar, la Corte Constitucional en sentencia T-646 de 2003 consideró que en
materia de acciones populares no es posible la transferencia de los derechos objeto
del litigio y que los acuerdos privados entre particulares no pueden trascender al
proceso.
Concluyó que la negativa de aceptar el desistimiento como sucesor procesal le
desconoció los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
y le impuso cargas exorbitantes al tener que asumir como parte el proceso de acción
popular en el estado actual, a pesar de no haber participado en la presunta vulneración
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de los derechos colectivos por hechos ocurridos hace muchos años, en los que aún
no era el operador del contrato.
4. Trámite procesal
En auto del 16 de enero de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la parte demandante y al Tribunal Administrativo de Nariño, en
calidad de demandado. Adicionalmente, vinculó a la Defensoría del Pueblo-Regional
Putumayo; al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; al Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional; a la Empresa Colombiana de Petróleos S.A. (Ecopetrol); a la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); a la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), al departamento de Putumayo, al municipio de Puerto Asís, a la
Corporación para el Desarrollo del Sur de la Amazonía (CORPOAMAZONIA); al
Consorcio Colombia Energy; a Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S; a la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD); a Ecootransvías;
a Trans-Hong Kong; a Transdepet y Carga Ltda y a Transporte Quintero Almeida
S.A.S. (Transquintal), en condición de terceros con interés.
En providencia de 10 de marzo de 2026, se ordenó notificar al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible del auto admisorio de la demanda al advertir que, en los oficios
de notificación enviados el 19 de enero de 2026, se notificó al Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural y no al de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Nariño solicitó desestimar las pretensiones de la
acción de tutela porque no se configuraron los requisitos de procedencia. En efecto,
aseguró que las decisiones atacadas respetaron las garantías del debido proceso y
del derecho de defensa de la parte actora dentro del proceso de acción popular (rad.
52001-23-33-000-2016-00310-00) y estuvieron debidamente motivadas en aspectos
jurídicos y fácticos, por lo que no puede predicarse una vía de hecho.
Y advirtió que cualquier debate jurídico probatorio o legal debe propiciarse al interior
del proceso ordinario y no en sede de tutela.
6. Intervención de los terceros con interés
La Defensoría del Pueblo pidió negar el amparo porque no se configuran los
requisitos generales ni las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. En este caso, las decisiones atacadas constituyen el
ejercicio legítimo de la autonomía judicial en defensa del interés público y de los
derechos colectivos vulnerados, pues es indispensable que ambas sociedades
permanezcan vinculadas al proceso de acción popular para garantizar una eventual
responsabilidad solidaria y la ejecución efectiva de las medidas que se adopten.
Consideró que la actuación del Tribunal Administrativo de Nariño se ajustó al marco
constitucional y legal, sin que pueda predicarse vulneración alguna de derechos
fundamentales por la sola discrepancia con la interpretación de los artículos 68 y 316
del CGP. No es posible pretender que la tutela funcione como una tercera instancia
destinada a sustituir el criterio del juez natural por el de la parte interesada.
En efecto, advirtió que las decisiones se motivaron debidamente, pues explicaron las
razones por las que se consideró improcedente el desistimiento de la sucesión
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procesal, sin que pueda predicarse la interpretación de las normas aplicables como
irrazonable y arbitrario. Sostuvo que el artículo 316 del CGP no consagra un derecho
absoluto e irrestricto al desistimiento de los actos procesales, que obligue al juez a
acoger de manera automática la voluntad unilateral de una de las partes, menos si se
trata de un litigio de alto impacto social y ambiental en el que resulte comprometida la
estructura del proceso y frustrada la finalidad preventiva, restaurativa y de no
repetición a la comunidad afectada.
En ese entendido, sostuvo que el desistimiento pretendido por la sociedad actora no
tenía como finalidad la protección de un derecho fundamental, sino evitar su
vinculación procesal y la eventual eficacia de las órdenes que pudieran adoptarse en
favor de los derechos colectivos.
ECOPETROL S.A. solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque en la
demanda no se infiere acción u omisión de su parte que vulnere alguno de los
derechos invocados. En ese entendido, consideró que debe ser desvinculada del
presente trámite por inexistencia absoluta de legitimación por pasiva.
No obstante, estimó pertinente informar lo siguiente:
• Que con el Consorcio Colombia Energy suscribió el Contrato de Producción
Incremental Área Suroriente -CPI Suroriente- (en adelante el CPI Suroriente),
aprobado por el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 13131 del 24
de junio de 2002.
Ese consorcio estaba conformado por las sociedades Petrotesting Colombia S.A.,
OAO NK Rosneft [que cambiaron su razón social posteriormente por Vetra Exploración
y Producción Colombia S.A.S. y Southeast Investment Corporation, respectivamente]
y Holsan Chemicals Limitada.
• Que la sociedad Holsan Chemicals Limitada cedió el 100% de sus intereses, derechos
y obligaciones en el CPI Suroriente a favor de la sociedad Holsan Oil S.A., que más
adelante, cambió su razón social por la de Ross Energy S.A. y cedió a favor de Vetra
Exploración y Producción Colombia S.A.S. y Southeast Investment Corporation su
interés de participación en el CPI.
Ante esa cesión, el 16 de julio de 2018 se suscribió el otrosí No. 3 del CPI Suroriente
en el cual se modificó lo correspondiente al interés de participación y las sociedades
que integraban el Consorcio Colombia Energy, así: Vetra 37.9353% y Southeast
62.0646%.
• En 2019, Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S. le informó sobre la cesión
de intereses, derechos y obligaciones de Southeast Investment Corporation en el
Consorcio Colombia Energy, por lo que tenía el 100% participación del consorcio.
• En ese mismo año Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S. informó sobre la
cesión de intereses, derechos y obligaciones que ostentaba en el CPI Suroriente a
favor de Gran Tierra Operations Colombia GMBH Sucursal (antes Gran Tierra
Colombia Inc. Sucursal).
Frente a esa última cesión, se suscribió el Otrosí No. 4 del 2 de septiembre de 2019,
por medio del cual se modificó lo concerniente a la parte asociada, quien a partir de
ese momento y para todos los efectos legales y contractuales, sería Gran Tierra
Colombia Inc. Sucursal, quien además ejercería las calidades de operador bajo los
términos y condiciones establecidos en el mismo.
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En consecuencia, actualmente es Gran Tierra Colombia Inc. Sucursal quien tiene la
calidad de asociada y operador en el marco del CPI Suroriente suscrito con Ecopetrol
S.A.
El departamento de Putumayo solicitó la desvinculación de la presente acción
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, si se tiene en cuenta
que en la demanda de tutela no se advirtió una acción ni omisión de este ente territorial
que haya vulnerado alguno de los derechos fundamentales invocados por la sociedad
actora.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) advirtió la falta de
legitimación en la causa por pasiva al no observarse actuación u omisión de su parte
con la que se hubiera vulnerado algún derecho fundamental de Gran Tierra. Además,
no tiene injerencia alguna ni es responsable de las actuaciones procesales ni de las
decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Nariño en la acción popular
con radicado 52001-23-33-000-2016-00310-00.
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía
(CORPOAMAZONIA) solicitó la desvinculación del proceso constitucional ante la falta
de legitimación en la causa por pasiva. El presente caso se dirige contra una
providencia judicial dictada en el proceso 52001-23-33-000-2016-00310-00, por lo que
debe quedar excluida de toda responsabilidad esta corporación.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) solicitó la
desvinculación del trámite procesal, por configurarse la falta de legitimación en la
causa por pasiva. Sostuvo que la vulneración de los derechos fundamentales
invocados se predica en un trámite judicial que no está dentro de las funciones y
competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico a esta Unidad.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural advirtió que en el auto admisorio de
la acción de tutela no se le vinculó ni se le hizo requerimiento alguno, por lo que debe
ser desvinculado de este trámite. Aunado a que del escrito de tutela no se evidenció
alusión alguna a ese ministerio, razón suficiente para sostener que carece de
legitimación en la causa por pasiva para responder por las pretensiones formuladas
por la actora.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible también advirtió que se
configura la falta de legitimación en la causa por pasiva por no ser la autoridad pública
que debe responder por la acción u omisión que, según el escrito de tutela, generó la
presunta vulneración de los derechos fundamentales de la actora.
Precisó que no ha tenido injerencia alguna en los hechos narrados en la demanda ni
en la pretensión elevada por la sociedad tutelante, pues se dirigen exclusivamente
contra decisiones judiciales adoptadas por el Tribunal Administrativo de Nariño en el
trámite de una acción popular, particularmente frente a autos relacionados con la
figura de la sucesión procesal y el desistimiento de actos procesales.
En relación con la pretensión de tutela, indicó que es improcedente porque se dirige a
reabrir un debate propio de la acción popular y existen mecanismos procesales al
interior de ese proceso para discutir la cuestión, cuya inconformidad en esta
oportunidad se expresa. Corresponde al juez natural y no al de tutela definir esa
controversia.
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Las demás entidades vinculadas no se pronunciaron sobre los hechos que dieron
origen a la presente acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1° del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en
sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige
la acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza
del derecho fundamental, cuando esta resulte demostrada.
En relación con las solicitudes del departamento del Putumayo, Ecopetrol S.A., ANLA,
UNGRD, CORPOAMAZONIA y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se
aclara que fueron vinculadas al presente trámite constitucional en calidad de terceros
con interés porque actúan como parte demandada en el proceso de acción popular en
el que se dictaron las providencias cuestionadas, lo que justifica su vinculación. Por lo
tanto, se negarán las solicitudes.
Frente a la solicitud de desvinculación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
al revisar el auto admisorio de la demanda de tutela se observa que el citado ministerio
no se incluyó como parte ni tercero interesado en este trámite. Empero, al consultar
los oficios de notificación de esa providencia5, se observa que por error la Secretaría
General los envió a los correos notificacionesjudiciales@minagricultura.gov.co y
atencionalciudadano@minagricultura.gov.co que corresponden a direcciones
electrónicas de ese ministerio.
En consecuencia, se negará la solicitud, en el entendido de que el mencionado
ministerio no fue vinculado al presente trámite y que por error se le envió notificación
del auto admisorio, por lo que debe hacer caso omiso de esa notificación y de
cualquier otra que pueda llegarle relacionada con esta acción de tutela.
Problema jurídico
5
Samai, índice 7
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A la Sala le corresponde determinar si el Tribunal Administrativo de Nariño con los
autos de 31 de julio de 2025, dictados en el proceso de acción popular (rad. 52001-
23-33-000-2016-00310-00), vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia de la sociedad actora al incurrir en defectos
procedimental y sustantivo porque, a su juicio, la autoridad demandada debió aceptar
el desistimiento de la solicitud de sucesor procesal.
De acuerdo con lo anterior, la Sala deberá verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser
así, si se configura alguno de los defectos alegados.
La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque en este
caso no se cumple el requisito general de subsidiariedad.
Para resolver la controversia, la Sala abordará los siguientes temas: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) el requisito de subsidiariedad en el caso
concreto.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 6, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales7 y específicas8 de procedencia de la
acción de tutela.
Requisito de subsidiariedad9 en el caso concreto
6
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
7
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
8
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
9
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de
improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De
manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
11
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Gran Tierra ejerce la presente acción de tutela con el fin de cuestionar los autos de 31
de julio de 2025, dictados por el Tribunal Administrativo de Nariño, por los cuales: (i)
negó el desistimiento de la solicitud de sucesión procesal presentada por esa sociedad
el 29 de julio de 2025 y la aceptó como sucesor procesal de Vetra y del Consorcio
Colombia Energy en la acción popular promovida por la Defensoría del Pueblo-
Regional Putumayo (rad. 52001-23-33-000-2016-00310-00).
Según la actora esas decisiones vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia porque procede el desistimiento
de la intervención como sucesor procesal, por tratarse de un acto procesal susceptible
de desistirse, en los términos del artículo 316 del CGP y que no podía el Tribunal
demandado imponer condiciones no previstas por la norma, como que el desistimiento
fuera presentado en forma conjunta con Vetra y el Consorcio Colombia Energy.
Además, considera que con la vinculación como sucesor procesal de Vetra se le están
imponiendo cargas que no está en condiciones de asumir, en el entendido de que los
hechos que provocaron la presunta vulneración de los derechos colectivos invocados
ocurrieron entre los años 2013 y 2015, es decir antes de que se diera la cesión del
Contrato de Producción Incremental Área Suroriente -CPI Suroriente. Así que no se
le puede imponer la carga de comparecer a un proceso para responder por hechos en
los que no participó.
Previo a empezar el análisis del caso, es necesario advertir que esta Sección ha
admitido, excepcionalmente, la procedencia de la acción de tutela contra autos
proferidos en un proceso que se encuentra en trámite10. Dicho análisis se fundamentó
en que se trataba de decisiones determinantes en el proceso, con clara potencialidad
de transgredir los derechos fundamentales de las partes11.
No obstante, en el presente caso la Sala advierte que la acción de tutela es
improcedente al no resultar pertinente la intervención del juez de tutela, ni siquiera de
manera excepcional porque el referido proceso de acción popular está en curso y la
actora tiene otro medio de defensa idóneo y eficaz para hacer valer los derechos
fundamentales que considera vulnerados.
En efecto, de la revisión del expediente en Samai12 y por sharepoint13 del proceso de
acción popular promovido por la Defensoría del Pueblo-Regional Putumayo en
defensa de los derechos colectivos de las comunidades que integran el corredor de
Puerto Vega-Teteyé, jurisdicción del municipio de Puerto Asís, se observa que, con
posterioridad a los autos de 31 de julio de 2025, objeto de inconformidad, se han
surtido las siguientes intervenciones de las partes y actuaciones judiciales del Tribunal
Administrativo de Nariño encargado del referido proceso:
• El 17 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo solicitó ampliación de las medidas
cautelares, de manera que se incluya la vereda Teteyé como beneficiaria de las
órdenes relativas al suministro inmediato y sostenido de agua potable y demás
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos
que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se
atacan en la acción de tutela.
10
En ese sentido se pronunció la Sección en las sentencias de 20 de abril de 2023, expediente 2023-00361-00, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Arguello, y; de 23 de agosto de 2018, expediente 2018-02227-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
Se reitera el criterio adoptado por la Sección en fallo de 29 de febrero de 2024, expediente 2023-01171-01, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello
12
Se consultó en Samai/Tribunal Administrativo de Nariño el proceso con radicado 52001-23-33-000-2016-00310-00.
13
A través del link compartido por el Tribunal Administrativo de Nariño en la respuesta a la presente tutela.
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medidas de protección ante la verificación de que la población no tiene acceso a agua
segura y que persisten los vertimientos de petróleo en las fuentes hídricas.
• En auto de 5 de noviembre de 2025, el Tribunal corrió traslado de la anterior solicitud.
Vetra, Gran Tierra, Ecopetrol y ANH presentaron en forma separada escritos de
oposición.
• Mediante providencia de 5 de diciembre de 2025, se negó la solicitud de ampliación
de las medidas cautelares decretadas en el proceso.
• La Institución Universitaria de Putumayo (antes Instituto Técnico del Putumayo) rindió
dictamen pericial. Ecopetrol, ANLA, Vetra, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y Gran Tierra, por separado, se pronunciaron sobre dicho dictamen y
pidieron la complementación y adición y el decreto pruebas para su contradicción. De
este se corrió el respectivo traslado entre el 7 y 13 de noviembre de 2025.
• En auto de 5 de diciembre de 2025 se negaron las solicitudes frente al dictamen
pericial y se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión. Gran Tierra de
manera separada pidió la nulidad de la anterior providencia e interpuso recurso de
reposición y, en subsidio apelación. Vetra también recurrió en reposición.
• En auto de 22 de enero de 2026, el Tribunal negó la nulidad y repuso parcialmente la
decisión en los siguientes términos:
“SEGUNDO: Ordenar a la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO –
UNIPUTUMAYO (antes INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO), que dentro
del término de veinte (20) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación,
realice la aclaración y complementación del dictamen, en lo que sea de su competencia
y de acuerdo a la capacidad institucional, dando respuesta a las solicitudes
presentadas oportunamente por los siguientes sujetos procesales:
VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S. (archivo No. 0146).
DEFENSORÍA DEL PUEBLO – parte demandante (archivo No. 0147).
ECOPETROL S.A. (archivo No. 0150).
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA (archivo No. 0158).
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (archivo No. 0160)
GRAN TIERRA OPERATIONS COLOMBIA GMBH SUCURSAL (archivo No. 0164-
0165).
En particular, se requiere a la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO –
UNIPUTUMAYO que incluya manifestación expresa frente a las declaraciones exigidas
por los numerales 4 a 9 del art. 226 del Código General del Proceso.
[…]
Por otra parte, se dispone DENEGAR las demás solicitudes presentadas por las partes
frente al dictamen pericial presentado por la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL
PUTUMAYO – UNIPUTUMAYO (antes INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL
PUTUMAYO, relativas a la citación de los peritos a audiencia, la concesión de un
término adicional para aportar dictamen de contradicción y la realización de un nuevo
dictamen, conforme se expuso en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Una vez se aporte la complementación y aclaración del dictamen pericial,
el mismo se agregará al expediente y se dispondrá correr el traslado correspondiente,
de acuerdo a la normatividad especial que regula la materia.”
• El 28 de enero de 2026, Gran Tierra interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
apelación contra el numeral primero del anterior auto que negó la nulidad.
• En auto de 20 de febrero de 2026 no se repuso ni se concedió el recurso de apelación.
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• Mediante providencia de 2 de marzo de 2026, se corrió traslado de la complementación
y aclaración del dictamen pericial y las partes oportunamente se pronunciaron, entre
estas, Gran Tierra.
• En providencia de 24 de marzo de 2026, se corrió traslado por el término común de
cinco días para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión.
De las anteriores actuaciones se observa que Gran Tierra ha ejercido el derecho de
defensa y contradicción en el proceso de acción popular en el que se le aceptó como
sucesor procesal de Vetra y del Consorcio Colombia Energy. En efecto, como se
anunció al principio de este capítulo, dicho proceso está en curso. Actualmente está
corriendo el término para que las partes presenten sus alegaciones finales, vencida
esa oportunidad el expediente regresará al despacho sustanciador del Tribunal
Administrativo de Nariño para que profiera el fallo de primera instancia que en derecho
corresponda14.
Significa que el asunto no se ha resuelto de manera definitiva y que una vez se profiera
sentencia de primer grado, si la ahora actora no está de acuerdo con la decisión que
se adopte puede ejercer oportunamente el recurso de apelación y solicitar la práctica
de pruebas en segunda instancia si lo estima necesario en los términos del artículo 37
de la Ley 472 de 1998. Será en esa oportunidad en la que pueda advertirle al juez de
segunda instancia los argumentos de inconformidad frente al fallo de primera
instancia.
En ese orden de ideas, se advierte que no es procedente, como lo pretende la
demandante, que el juez constitucional invada la órbita de los jueces de instancia y
deje sin efectos las decisiones que negaron el desistimiento de la solicitud de sucesión
procesal y aceptaron a Gran Tierra como sucesor procesal de Vetra y del Consorcio
Colombia Energy. Para controvertir las decisiones que resolvieron sobre dicha
sucesión, la tutelante tuvo a su disposición el recurso de reposición, que en efecto
interpuso y fue debidamente resuelto por la autoridad judicial.
En ese entendido, se constata que el proceso de acción popular con radicado 52001-
23-33-000-2016-00310-00 aún se encuentra en trámite, puesto que el Tribunal
Administrativo de Nariño está adelantando la última etapa procesal en primera
instancia previa a emitir la sentencia. Así que es en ese escenario judicial en el que
Gran Tierra puede proponer los argumentos expuestos en la presente solicitud de
amparo.
Para reforzar esa consideración, esta Sección en anterior oportunidad15 resaltó que la
Corte Constitucional ha señalado que las etapas, recursos y procedimiento que
conforman un proceso, configuran el primer espacio de protección de los derechos
14
Sobre la decisión de mantener la vinculación del Consorcio Colombia Energy y Vetra Exploración y Producción Colombia
S.A.S., es preciso señalar que el Tribunal Administrativo de Nariño fundamentó su determinación en el inciso tercero del artículo
68 del Código General del Proceso, conforme al cual el adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá
intervenir como litisconsorte del anterior titular, y solo podrá sustituirlo si la parte contraria lo acepta expresamente. En el caso
concreto, la Defensoría del Pueblo (en su condición de parte accionante) se opuso a la sustitución procesal de los demandados
originales, de modo que no operó el reemplazo y el cedente permaneció como parte. Aunado a lo anterior, esa permanencia en
el extremo pasivo se refuerza por la naturaleza de la acción popular (artículo 2 de la Ley 472 de 1998), en cuyo marco el juez
debe velar por la defensa del interés colectivo, lo cual exige mantener vinculados a quienes presuntamente participaron en los
hechos generadores del daño (artículo 14 de la Ley 472 de 1998) para garantizar la protección efectiva de los derechos colectivos
y la viabilidad material de las medidas correctivas por hechos ocurridos con anterioridad a la cesión contractual.
15
Sentencia de tutela del 2 de octubre de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-03673-01, Sección Cuarta del Consejo de Estado,
CP Wilson Ramos Girón. Reiterada por la Sala en la sentencia de tutela de 16 de octubre de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-
02942-01, CP Claudia Rodríguez Velasquez.
14
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fundamentales, por ejemplo, en la sentencia SU-458 de 2010 señaló que las
controversias relacionadas con derechos fundamentales deben ser resueltas, en
principio, por la vía ordinaria y que solo en casos excepcionales se puede acudir a la
acción de tutela.
Así que al juez constitucional le está vedado inmiscuirse en los asuntos que están
pendientes de resolver por parte del juez natural. Y solo quedaría habilitado a
intervenir, de manera excepcional, ante la existencia de un perjuicio irremediable, pero
en este caso no se constata una circunstancia grave e inminente que impida que la
actora pueda esperar que se desarrolle el proceso de acción popular hasta obtener
una decisión definitiva.
Por lo considerado, se declarará improcedente la acción de tutela interpuesta por Gran
Tierra contra el Tribunal Administrativo de Nariño ante la existencia de otro medio de
defensa judicial idóneo y eficaz para la defensa de los derechos invocados
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las solicitudes formuladas por el departamento del Putumayo, Ecopetrol S.A.,
ANLA, UNGRD, CORPOAMAZONIA y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por Gran Tierra Operations
Colombia GMBH Sucursal.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
15
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