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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08208-01

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08208-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la decisión de negar la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme a la motivación. SEGUNDO. REVOCAR la sentencia de 19 de febrero de 2026, emitida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia invocados por los señores Jacinto de Jesús, Arcesio de Jesús, Enelvis, Rocío del Carmen, Diana del Carmen y Sandiego del Carmen Cuello Ramírez; Vanessa Patricia Montes Monroy y Zunilda Ramírez Acosta, por las razones consignadas en la parte considerativa. TERCERO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Cuarta de esta Corporación y remitir copia. QUINTO. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-08208-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-08208-011
Accionantes : Jacinto de Jesús, Arcesio de Jesús, Enelvis, Rocío del
Carmen, Diana del Carmen y Sandiego del Carmen Cuello
Ramírez; Vanessa Patricia Montes Monroy y Zunilda
Ramírez Acosta
Accionado : Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2
Vinculados : Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y Juzgado Octavo (8°)
Administrativo de Cartagena
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reparación directa por
privación injusta de la libertad
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por los accionantes contra el
fallo de 19 de febrero de 2026, emitido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta2,
que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por los actores frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo
que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

2. Los accionantes, quienes actúan a través de apoderado judicial, interpusieron el

presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de

1
Expediente digital disponible en Samai.
2
C. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08208-01
Accionante: Jacinto de Jesús Cuello Ramírez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2

Decisión 2.

3. Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos la sentencia de 13 de diciembre de

2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2
confirmó la providencia de 2 de septiembre del mismo año, en la que el Juzgado
Octavo (8°) Administrativo de Cartagena negó las pretensiones formuladas en la
demanda de reparación directa promovida contra la Nación - Rama Judicial y
Fiscalía General de la Nación (expediente 13001-33-33-008-2019-00034-01). En su
lugar, pidieron que se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva decisión en
la que se concedan las súplicas de ese asunto ordinario.

1.3 Hechos3.

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por los

accionantes se puede evidenciar que, el 22 de abril de 2016 la Fiscalía Seccional
24 de Magangué (Bolívar) le impuso medida de aseguramiento de detención
domiciliaria al señor Jacinto de Jesús Cuello Ramírez, por la presunta comisión del
delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes
o municiones; sin embargo, en audiencia realizada el día 27 de febrero de 2017, el
Juzgado Primero (1°) Penal del Circuito de Magangué precluyó la investigación en
su contra, dado que no fue posible desvirtuar la presunción de inocencia.

5. Que, al considerar que la mencionada restricción de la libertad fue injusta, el 20

de febrero de 2019 instauraron demanda de reparación directa contra la Nación –
Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación (expediente 13001-33-33-008-2019-
00034-01), con el propósito que se les declarara administrativamente responsables
de los agravios causados por la aprehensión del señor Cuello Ramírez y se
ordenara la respectiva compensación económica.

6. Del asunto ordinario conoció el Juzgado Octavo (8°) Administrativo de Cartagena

que, el 2 de septiembre de 2024 negó las súplicas, al considerar que «[l]a privación
de la libertad de la que fue objeto el señor JACINTO CUELLO RAMÍREZ no compromete la
responsabilidad del [E]stado, pues sus actos fueron determinantes para la imposición de dicha
medida».

7. Inconformes con esa decisión interpusieron recurso de apelación, desatado el 13

de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2,

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2

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Accionante: Jacinto de Jesús Cuello Ramírez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2

en el sentido de confirmarla, al estimar que «[…] en el presente asunto no se acreditó la
existencia de un daño antijuridico, [dado que] la parte demandante no sustentó probatoriamente que
la medida restrictiva de la libertad resultó irracional, ilegal, innecesaria o desproporcional. Aunado a
ello, la causal por la cual recobró la libertad el [señor Cuello Ramírez] no es de aquellas que la
sentencia SU 072 de 2018 habilitó para aplicar el régimen objetivo de responsabilidad (daño
especial)».

8. Sobre la precedente situación, los actores aducen que la providencia objeto de

censura incurre en defecto fáctico, al dejar de lado que la investigación penal
adelantada contra el señor Jacinto Cuello Ramírez fue precluida, dado que, se
acreditó que no era el propietario ni poseedor de las armas incautadas, las cuales
se encontraban en mal estado y no tenían funcionalidad alguna, además, porque
no tuvo en cuenta los testimonios de los señores Oswaldo Rivera y David Ortega,
los cuales daban cuenta de las condiciones personales del procesado y el impacto
de la actuación estatal en su proyecto de vida y el de su familia.

9. Asimismo, en desconocimiento del precedente, comoquiera que, se apartó de

la sentencia SU-72 de 2018 de la Corte Constitucional 4, que determinó que los
asuntos relacionados con privaciones injustas de la libertad se deben examinar
conforme al régimen de responsabilidad objetivo, cuando se acredita que el
procesado no cometió el hecho punible.

1.2 Contestaciones de la acción.

10. 1.2.1 La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial5 expuso que «[…] no tiene injerencia en las decisiones judiciales adoptadas por los
jueces y magistrados, razón por la cual, el Tribunal Administrativo [d]e Bolivar, es la autoridad
llamada a responder por la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados por [los] actor[es], al ser la autoridad judicial que profirió la providencia judicial en
cuestión».

11. Que, «[…] la presente acción constitucional se presentó para revivir un debate definido y para

modificar una decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual se
encuentra debidamente ejecutoriada y hace tránsito a cosa juzgada ».

4
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
5
Índice 00011 del expediente de Samai de primera instancia.
3

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12. 1.2.2 La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cartagena6 solicitó negar el amparo deprecado, toda vez que «[l]os argumentos
utilizados por [la parte] accionante solo reiteran lo ya resuelto en el proceso ordinario y en el auto
que resolvió la reposición y, el que resolvió a su vez la apelación; lo que deja ver su inconformismo
con lo decidido y la búsqueda de apertura a una instancia adicional, desconociendo principios
constitucionales como lo es la cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia
judicial».

13. 1.2.3 El Juzgado Octavo (8°) Administrativo de Cartagena7 aportó el enlace

digital del proceso ordinario con radicado 13001-33-33-008-2019-00034-01 y adujo
que «[…] la decisión [de primera instancia] se enmarca dentro del campo de interpretación legal
que es propio del juez y no constituye vía de hecho».

14. 1.2.4 El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2 8 indicó que

«[…] actuó bajo todos los parámetros de la ley y la jurisprudencia, con sustento en las pruebas
debidamente incorporadas, supuestos facticos y jurídicos que permitieron arribar a la conclusión de
que en el proceso no se logró demostrar el daño jurídico alegado por la parte actora».

15. 1.2.5 La Fiscalía General de la Nación9 deprecó su desvinculación del presente

trámite constitucional al carecer de legitimación en la causa por pasiva, debido a
que, «[…] la actuación y/o omisión cuestionada no está directamente relacionada con e[se] ente
instructor […] [y] supera su competencia».

1.3 Providencia impugnada10.

16. Mediante sentencia de 19 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección

Cuarta declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que
no satisfizo el presupuesto de la relevancia constitucional, dado que, «[…] los
planteamientos d[e los] accionante[s] se limitan, en lo sustancial, a reiterar los argumentos fácticos
y jurídicos que ya fueron decididos por los jueces de la causa en el curso del proceso ordinario de
reparación directa. En ese sentido, la acción de tutela pretende erigirse como una instancia adicional
para reabrir el debate judicial ya concluido, propósito que resulta incompatible con su carácter
excepcional y subsidiario».

1.4 La impugnación11.

6
Índice 00013 del expediente de Samai de primera instancia.
7
Índice 00014 del expediente de Samai de primera instancia.
8
Índice 00015 del expediente de Samai de primera instancia.
9
Índice 00017 del expediente de Samai de primera instancia.
10
Índice 00020 del expediente de Samai de primera instancia.
11
Índice 00027 del expediente de Samai de primera instancia.
4

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Accionante: Jacinto de Jesús Cuello Ramírez y otros
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17. Inconforme con esa determinación, los accionantes la impugnaron, para cuyo

propósito reiteraron los argumentos expuestos en la solicitud de amparo.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

18. En virtud de los artículos 3212 del Decreto ley 2591 de 199113 y 2514 del Acuerdo

80 del 12 de marzo de 201915 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción.

19. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Legitimación en la causa por pasiva.

20. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha considerado

que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

21. La Fiscalía General de la Nación, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cartagena y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, en el escrito de intervención solicitaron su desvinculación por falta de

12
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
13
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
14
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
15
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5

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legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la actuación y/o omisión cuestionada
no está directamente relacionada con sus competencias.

22. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en

calidad de terceros con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que, se confirmará la decisión de primera instancia de negar
su solicitud.

2.4 Problema Jurídico.

23. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 13
de diciembre de 2024, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala
de Decisión 2 confirmó la providencia de 2 de septiembre del mismo año, en la que
el Juzgado Octavo (8°) Administrativo de Cartagena negó las pretensiones
formuladas en la demanda de reparación directa promovida por los tutelantes contra
la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación (expediente 13001-33-33-
008-2019-00034-01); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías
superiores al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia
invocadas en la solicitud de amparo.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

24. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 16 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado17, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos

16 Sentencia C-590 de 2005.
17 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth

García González.
6

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judiciales ordinarios.

25. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

26. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

7

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27. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de los
actores, en una indebida valoración probatoria y aplicación del precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional relacionado con la privación injusta de la
libertad, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia;
(ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta
que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 29 de octubre de 202518 y la
solicitud de amparo se presentó el 19 de diciembre siguiente, es decir, dentro de los
seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.

28. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y
desconocimiento del precedente invocadas por los demandantes.

2.5.1 Defecto fáctico.

29. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por

defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »19.

30. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra20.

2.5.2 Desconocimiento del precedente.

18
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 22 de octubre de 2025, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 24 de los mismos mes y año, conforme al artículo
205 (numeral 2) del CPACA.
19
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
20
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
8

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31. Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto
sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen
en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia21, y la segunda hace referencia a
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un
defecto sustantivo22 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe23.

2.6 Análisis del caso concreto.

32. En el asunto sub examine, los accionantes aducen que la providencia
cuestionada incurrió en defecto fáctico, al dejar de lado que la investigación penal
adelantada contra el señor Jacinto Cuello Ramírez fue precluida, dado que, se
acreditó que no era el propietario ni poseedor de las armas incautadas, las cuales
estaban desgastadas y no tenían funcionalidad alguna, además, porque no tuvo en
cuenta los testimonios de los señores Oswaldo Rivera y David Ortega, los cuales
daban cuenta de las condiciones personales del procesado y el impacto de la
actuación estatal en su proyecto de vida y el de su familia.

33. Asimismo, en desconocimiento del precedente, comoquiera que, se apartó de

la sentencia SU-72 de 2018 de la Corte Constitucional24, que determinó que los
asuntos relacionados con privaciones injustas de la libertad se deben examinar
conforme al régimen de responsabilidad objetivo, cuando se acredita que, como en
el caso del señor Cuello Ramírez, no cometió el hecho punible.

21
Sentencia T-360 de 2014: “En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se
aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que
la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
22
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
23
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08208-01
Accionante: Jacinto de Jesús Cuello Ramírez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2

34. No obstante, antes de proceder a realizar el estudio de fondo de este trámite

constitucional, debe advertirse que el artículo 9025 de la Constitución Política se
constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues es
su «cláusula general»26, toda vez que prevé los elementos que deben concurrir para
que se configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico, esto es, un perjuicio que la
persona no está en la obligación de soportar; (ii) una acción u omisión de los
servidores públicos concerniente al cumplimiento de sus funciones; y (iii) una
relación causal entre el hecho dañoso y la actuación o negligencia de aquellos.

35. En virtud de dichos presupuestos, resulta acertado afirmar que hay lugar a
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en
acatamiento de sus funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una
persona que no debe resistirlo.

36. Ahora bien, el artículo 6527 de la Ley 270 de 199628 establece tres (3) hechos

generadores de responsabilidad patrimonial del Estado provenientes de cuestiones
judiciales, a saber: (i) error judicial, (ii) privación injusta de la libertad y (iii)
defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia.

37. Por su parte, en el artículo 68 de la referida ley se consignó que, « [q]uien haya sido

privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios »; no

obstante, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-037 de 199629, analizó su
constitucionalidad y manifestó que, en los casos de privación injusta de la libertad,
no era dable la reparación automática de los perjuicios, sino que el juez debía
examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si
existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido.

38. Posteriormente, la Corte Constitucional dictó la sentencia SU-072 de 201830, a

través de la cual precisó que ningún cuerpo normativo estableció un régimen de
responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, por

25
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de
la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste».
26
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
27
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por
el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad».
28
«Estatutaria de la administración de justicia».
29
M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
30
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas, exps: T-
6.304.188 y T-6.390.556.
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lo que al operador judicial le corresponde determinar si la privación fue apropiada,
razonable y proporcionada31.

39. A su vez, mediante sentencia del 15 de agosto de 2018 32, la Sala Plena de la

Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio frente a este tipo de casos;
sin embargo, dicha providencia quedó sin efectos por vía de tutela33, por lo que el 6
de agosto de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo 34, este último
que, si bien no se adoptó como determinación de unificación, recogió de manera
enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia, en la que se sostuvo
que en los casos de privación injusta de la libertad debía examinarse la actuación
que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, sin que resultara
viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos.

40. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura,

concluyó:

El caso en concreto quedó demostrado que la FGN solicitó la preclusión de la
investigación con sustento en la causal 5 del artículo 332 del C.P.P, es decir, ausencia
de intervención del imputado en el hecho investigado.

Con sustento en lo expuesto el Juez de conocimiento ordenó el levantamiento de
cualquier medida cautelar personal o real que afectare al señor Jacinto de Jesús Cuello,
por la presunta comisión del delito de Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego
o Municiones, e Igualmente se ordenó el archivo definitivo de la actuación y por
consiguiente la extinción de la acción penal35.

Es menester señalar que, la causal invocada para proferir sentencia de preclusión como
es la causal 5 del artículo 332 del C.P.P, no se encuentra comprendida entre las dos
causales que señala la sentencia SU072 de 2018 para aplicar el régimen objetivo, las
cuales son inexistencia del hecho y atipicidad de la conducta, los cuales responden a
los numerales 3 y 4 del artículo 332 del CPP, respectivamente. Por lo que no es dable
aplicar el régimen objetivo (daño especial) en el presente asunto, pues de conformidad
a la jurisprudencia en cita este solo resulta aplicable para los dos eventos concretos.

[…]

[…] la Sala encuentra acreditado que el demandante, Jacinto de Jesús Cuello Ramírez,
fue capturado en la diligencia de allanamiento y registro practicado a la finca San judas
II ubicada en Magangue Bolívar, el día 26 de abril de 2016, por la presunta comisión del
delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o
municiones. Dicha diligencia derivó de un informe de inteligencia de la SIJIN, la cual
solicitó a la Fiscalía la diligencia de allanamiento y registro realizada.

31
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de julio de 2023, expediente 25000-23-26-000-2010-
00642-01 (58.473), M. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 15 de
agosto de 2018, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 46.947.
33
Mediante fallo de tutela dictado el 18 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación,
exp: 2019-00169-01 (AC).
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de agosto de 2020,
C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 46.947.
35
Expediente digital, “01PrimeraInstancia” carpeta “00CdAudienciaPreclusion” archivo.
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Como no obran las diligencias relacionadas con la imposición de la medida de
aseguramiento, acudimos a la intervención del fiscal en la audiencia de preclusión, de
ese documento se extrae que, como sustento del allanamiento, registro y posterior
captura, obró el informe de inteligencia de la SIJIN así como las armas incautadas y la
experticia a ellas practicadas, las cuales sirvieron como fundamento a la imputación del
delito endilgado y la imposición de la medida de aseguramiento.

[…]

Ahora, el artículo 365 que consagra el delito que fue imputado al hoy demandante
establece una pena privativa de la libertad de 9 a 12 años […].

En consecuencia, observa la Sala que la medida de detención impuesta resultaba
procedente de conformidad a los preceptos antes citados, pues como se indicó
previamente, el delito de Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o Municiones
tiene una pena mínima de 9 años. Asimismo, en la etapa preliminar el Juez de Control
de Garantías contaba con pruebas que bien pudieron servir de sustento a la medida
impuesta al demandante Jacinto Cuello.

[…]

Ahora bien, se advierte que la imputación con base en la cual la Fiscalía solicitó la
medida fue decretada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Control de
Garantías de Magangu[é], solo exigía que se expresaran los hechos jurídicamente
relevantes y las pruebas que comprometían su situación jurídica, pues se trataba de un
acto preliminar del proceso penal, de comunicación de unos cargos, mas no de un juicio
de responsabilidad, de ahí que para este momento no se requería certeza de que se
emitiría una sentencia condenatoria.

[…]

Señala el demandante en el recurso de alzada que, el arma incautada al señor Jacinto
Cuello no tenía ninguna funcionalidad, por lo que el bien jurídico que se pretendía
proteger nunca fue puesto en peligro. Resaltó que la tenencia de artículos de colección
no se encuentra comprendida en el tipo penal del artículo 365 del C.P.

Antes de abordar el principal argumento planteado en el recurso de apelación, la Sala
se ve en la necesidad de advertir que lo planteado por el recurrente en el sentido que
las armas incautadas carecen de idoneidad para ser usadas como tal, es un asunto que
desde el derecho penal se estudia bajo el concepto de la antijuridicidad material, de
manera que siendo ello un elemento para tener la conducta como punible o no, solo
puede ser estudiado por el juez penal al interior del proceso respectivo.

[Sin embargo], advierte la Sala que, contrario a lo señalado por el apelante, si bien
algunas de las armas incautadas al señor Jacinto Cuello, estaban en pésimo estado de
conservación, lo cierto es que la experticia técnica practicada determinó que por lo
menos una de ellas estaba apta para ser utilizada, lo cual consideró la Fiscalía como
suficiente para imputar el delito establecido en el artículo 365 del C.P.

[…]

Finalmente, la preclusión de la acción penal y la posterior liberación de Cuello Ramírez
reflejan que, a lo largo del proceso, las pruebas inicialmente presentadas no fueron
suficientes para sostener una condena. Aunque, esto no necesariamente implica que la
Fiscalía se extralimitó en sus funciones en la fase inicial, sino que actuó conforme a su
deber legal y constitucional de investigar.

La Sala reitera que, para efectos de la declaratoria de responsabilidad estatal por
privación de la libertad, debía determinarse si el daño devino en antijurídico a la luz de
lo dispuesto en el artículo 90 Superior; y no simplemente por haberse acreditado la
privación de la libertad y la posterior absolución o preclusión. (Énfasis propio).

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41. De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada determinó que no había

lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado en el proceso de
reparación directa con radicado 13001-33-33-008-2019-00034-01, toda vez que, se
justificaba la medida de aseguramiento que se le impuso al señor Jacinto de Jesús
Cuello Ramírez, pues, de los elementos de convicción adosados al mencionado
expediente contencioso-administrativo, se infería que él pudo cometer el delito por
el que fue investigado, tal como las armas que le fueron incautadas con ocasión del
allanamiento realizado en su lugar de residencia y el informe de inteligencia de la
SIJIN. Además, porque el delito por el cual se le investigó tenía prevista una pena
mínima de prisión de 9 años.

42. Además, en cuanto al argumento relacionado con que las armas incautadas

estaban desgastadas y sin funcionalidad, la autoridad accionada precisó que, « […]
la experticia técnica practicada determinó que por lo menos una de ellas estaba apta para ser
utilizada, lo cual consideró la Fiscalía como suficiente para imputar el delito establecido en el artículo
365 del C.P.».

43. En lo que concierne a los testimonios de los señores Oswaldo Rivera y David

Ortega, los cuales daban cuenta de las condiciones personales del procesado y el
impacto de la actuación estatal en su proyecto de vida y el de su familia, si bien es
cierto que la autoridad accionada no emitió pronunciamiento al respecto, también lo
es que, para la Sala, no tienen la entidad suficiente para cambiar el sentido de la
decisión reprochada, máxime, cuando su análisis sería más viable en el evento en
que se hubiese accedido a las pretensiones y se estuviera discutiendo la tasación
de los perjuicios reconocidos, lo que no ocurrió en este caso.

44. De igual forma se observa que, contrario a lo argumentado por los accionantes,

la autoridad accionada no desconoció el criterio adoptado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-72 de 2018, distinto es que, precisamente, con
fundamento en esta, concluyeran que en materia de privación injusta de la libertad,
el juez puede escoger entre un régimen de responsabilidad estatal subjetivo u
objetivo, de acuerdo con las particularidades de cada asunto, y que, con
independencia del título de imputación utilizado, la conducta de la víctima se debe
valorar, lo cual ocurrió en su caso, puesto que, como se advirtió en precedencia, la
conducta del señor Cuello Ramírez conllevó a la imposición de la medida de
aseguramiento privativa de la libertad.

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45. Adicionalmente, en cuanto a la inconformidad referente a que la preclusión de la

investigación penal adelantada contra el señor Jacinto Cuello Ramírez era suficiente
para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, la autoridad accionada
aclaró que «[…] no se encuentra comprendida entre las dos causales que señala la sentencia
SU072 de 2018 para aplicar el régimen objetivo, las cuales son inexistencia del hecho y atipicidad
de la conducta».

46. En ese orden de ideas, se evidencia que la providencia censurada no deviene de

una interpretación caprichosa de la autoridad accionada, puesto que sus
argumentos estuvieron debidamente motivados, conforme a las pruebas que fueron
aportadas en el aludido proceso ordinario y a la jurisprudencia que se alega como
desconocida, por lo que, no se incurre en defecto fáctico ni en desconocimiento del
precedente.

47. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2

ya había resuelto con suficiente motivación los alegatos planteados por los
tutelantes en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de 2 de septiembre
de 2024, en el que el Juzgado Octavo (8°) Administrativo de Cartagena negó las
pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa promovida contra la
Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación (expediente 13001-33-33-
008-2019-00034-01), que reiteraron en esta acción de tutela (para lo cual invocaron
las causales de defecto fáctico y desconocimiento del precedente), lo que denota
que su intención, más allá de manifestar la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales, es utilizar este mecanismo constitucional como una instancia
adicional con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.

48. Por otra parte, resulta oportuno indicar que el hecho que la autoridad judicial

accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendían los
demandantes, no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en
acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la
pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos de convicción obrantes en el
expediente, así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo
haga de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció
en el asunto materia de controversia.

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49. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de

una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias
a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este
aspecto, la Corte Constitucional36 sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia,
cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.

El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de
buena fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la
valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable.

[…]

Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto,
y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto.

50. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

III. DECISIÓN

51. Por las razones señaladas, comoquiera que, para la Sala, contrario a lo indicado

en primera instancia, en este caso el análisis efectuado supera el requisito de
relevancia constitucional; sin embargo, la parte actora no acreditó que la providencia
de 13 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala
de Decisión 2, hubiere incurrido en defecto fáctico y desconocimiento del
precedente, se revocará el fallo impugnado, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia, para, en su lugar, negar el amparo deprecado.

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Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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52. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión de negar la solicitud de desvinculación de la
Fiscalía General de la Nación, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cartagena y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme
a la motivación.

SEGUNDO. REVOCAR la sentencia de 19 de febrero de 2026, emitida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia. En su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia invocados por los
señores Jacinto de Jesús, Arcesio de Jesús, Enelvis, Rocío del Carmen, Diana del
Carmen y Sandiego del Carmen Cuello Ramírez; Vanessa Patricia Montes Monroy
y Zunilda Ramírez Acosta, por las razones consignadas en la parte considerativa.

TERCERO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Cuarta de esta
Corporación y remitir copia.

QUINTO. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591
de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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