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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-08218-01

Fecha
5 de junio de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-08218-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 9 de febrero de 2026, por la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de subsidiariedad, por las razones descritas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08218-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

5 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

5 de junio de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08218-01
Demandantes: Nabil Abida
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Primera - Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Confirma - subsidiariedad

Síntesis del caso: La parte actora enjuició (1) una medida de expulsión y una prohibición de
ingreso al territorio colombiano y (2) una providencia que rechazó de plano una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho por no haber agotado el requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora en contra de la Sentencia de
9 de febrero de 2026, por medio de la cual la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 19 de diciembre de 2025, Nabil Abida, en nombre propio, presentó
una acción de tutela en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, la
Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia y la Subsección A de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la
aparente violación de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y libertad de
circulación, con ocasión de la Resolución No. 20257030019356 de la Unidad
Administrativa Especial de Migración Colombia, y el Auto de 6 de noviembre
de 20253, proferido por la autoridad judicial accionada, dentro del medio

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2“Segundo: Declarar improcedente la solicitud de tutela interpuesta por el señor Nabil Abida contra el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, conforme a la parte motiva de esta providencia.”
3 Notificada por estados de 1 de diciembre de 2025.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08218-01
Demandante: Nabil Abida
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma – improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-41-000-
2025-01746-00.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“1. DECLARAR que la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Primera, Subsección “A” vulneraron los derechos
constitucionales del señor NABIL ABIDA al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva, prevalencia del derecho
sustancial, dignidad humana, igualdad y libertad de circulación.

2. TUTELAR de manera inmediata y efectiva los derechos fundamentales
anteriormente mencionados, como mecanismo de protección constitucional
frente a las actuaciones administrativas y judiciales que dieron lugar a su
vulneración.

3. ORDENAR, como medida de protección inmediata, la SUSPENSIÓN de la
ejecución de la medida de expulsión del territorio colombiano y de la
prohibición de ingreso impuesta al señor NABIL ABIDA mediante la Resolución
No. 20257030019356 del 7 de octubre de 2025, o cualquier otra decisión
administrativa que se funde en los mismos hechos y antecedentes, mientras se
adopta una decisión judicial de fondo sobre la legalidad del acto
administrativo.

4. DEJAR SIN EFECTOS el auto de 6 de noviembre de 2025 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera, Subsección “A”, mediante
el cual se rechazó de plano la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por el accionante, por vulnerar su derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia.

5. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera,
Subsección “A” que, dentro del término que fije el despacho constitucional,
admita la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho radicada bajo
el número 250002341000202501746-00, o en su defecto, profiera una nueva
decisión ajustada a los parámetros constitucionales, garantizando un
pronunciamiento de fondo.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 26 de enero de 2025, Nabil Abida fue capturado en el Aeropuerto
Internacional José María Córdova de Rionegro (Antioquia), por la Policía
Nacional, en virtud de la Circular Roja de Interpol No. A-1070510-2019,
expedida por solicitud de la República de Francia, con el fin de que
cumpliera una condena impuesta por el Tribunal de París, el 21 de junio de
2019.

5. 2) La Embajada de Francia formalizó el requerimiento mediante la
Nota Verbal No. 2025-0039544 del 29 de enero de 2025, con la cual pidió la
extradición de Nabil Abida para el cumplimiento de una pena de 5 años de

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08218-01
Demandante: Nabil Abida
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma – improcedencia
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prisión. Con base en esa solicitud, la Fiscalía General de la Nación expidió el
30 de enero de 2025 la orden de captura con fines de extradición.

6. 3) El 3 de septiembre de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia emitió el Concepto CP201-2025 dentro del radicado
68452, con un pronunciamiento desfavorable respecto de la extradición. La
Corte consideró que la pena impuesta en Francia estaba prescrita conforme
con el derecho colombiano, en particular, porque la ejecutoria de la
sentencia se fijó el 12 de julio de 2019 y la prescripción se habría cumplido el
12 de julio de 2024, esto es, antes de la solicitud de extradición y de la
captura.

7. 4) El 4 de septiembre de 2025, el vicefiscal general de la Nación, a
través de una resolución, canceló la orden de captura con fines de
extradición y ordenó la libertad inmediata de Nabil Abida. Esa decisión se
adoptó como consecuencia del concepto desfavorable de la Corte
Suprema, y la DIJIN-Interpol certificó que no existían requerimientos judiciales
vigentes distintos de la ya cancelada orden de captura.

8. 5) El 11 de septiembre de 2025, Nabil Abida presentó ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores una solicitud de reconocimiento de la condición de
refugiado. En el formulario y en su relato, indicó que ingresó a Colombia
desde Cúcuta y que buscaba protección internacional por temor de
persecución y riesgo para su vida e integridad.

9. 6) Mediante la Resolución No. 20257030019356 de 7 de octubre de
2025, expedida por la Dirección Regional Andina de Migración Colombia,
Nabil Abida fue expulsado del territorio colombiano y se le prohibió ingresar
por 10 años. La autoridad sostuvo que él representaba un peligro para la
seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad social, y que existía en
su contra un requerimiento por parte de autoridades francesas, también
había una alerta activa de Interpol y su permanencia en el territorio era
irregular. En dicho acto se advirtió que contra la decisión no procedían
recursos.

10. 7) El 28 de octubre de 2025, Nabil Abida presentó una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación - Ministerio
de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia, en la que solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución
No. 20257030019356 de 2025 proferida por Migración Colombia y, a título de
restablecimiento del derecho, que el demandante conservara su derecho
de permanecer legalmente en Colombia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08218-01
Demandante: Nabil Abida
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma – improcedencia
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11. 8) El asunto fue conocido por la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, mediante Auto de 6 de
noviembre de 2025, rechazó de plano la demanda. Esa decisión se
fundamentó en la falta de acreditación del requisito de procedibilidad de
la conciliación extrajudicial, conforme con lo dispuesto en el artículo 92 de
la Ley 2220 de 2022.

12. 9) El 1 de diciembre de 2025, Nabil Abida presentó una solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación en
virtud de la exigencia del tribunal. La Procuraduría 3 Judicial II para Asuntos
Administrativos, mediante auto del 17 de diciembre de 2025, declaró que el
asunto no era susceptible de conciliación, por tratarse de una controversia
relacionada con la legalidad de un acto administrativo particular que no
tenía un contenido económico conciliable.

13. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que
Migración Colombia expidió la Resolución No. 20257030019356 de 2025 con
falsa motivación, desviación de poder, falta de proporcionalidad y
desconocimiento del debido proceso, porque se apoyó en antecedentes
penales y migratorios que ya no estaban vigentes pues la Corte Suprema
había negado la extradición por prescripción de la pena y la Fiscalía había
cancelado la orden de captura.

14. Adicional a ello, cuestionó que esa autoridad dispuso su expulsión
pese a que previamente había iniciado un procedimiento formal para el
reconocimiento de su condición de refugiado, lo cual consideró que
imponía un deber de mayor protección que impedía que se adoptaran
medidas como la expulsión y la prohibición de ingresar al país.

15. Además, el tutelante sostuvo que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneró su derecho de acceso a la administración de justicia
al rechazar su demanda con fundamento en la exigencia de un requisito de
conciliación que, según la Procuraduría, no era procedente.

1.2. Sentencia de primera instancia4 e impugnación

16. Mediante Sentencia de 9 de febrero de 2026, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción
de tutela por no haberse acreditado el requisito de subsidiariedad. La
autoridad judicial hizo referencia a que el medio de control idóneo para

4 Mediante Auto de 19 de enero de 2026, el despacho de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dispuso: (1) admitir la acción de tutela interpuesta por
Nabil Abida; (2) tener como accionados a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia;
y (3) negar la medida provisional solicitada consistente en la suspensión de la Resolución núm. 20257030019356 del
7 de octubre de 2025 de la Dirección Regional Andina de Migración Colombia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08218-01
Demandante: Nabil Abida
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma – improcedencia
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controvertir la Resolución No. 20257030019356 de 2025, era la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, la cual en efecto fue presentada,
motivo por el que le correspondía al juez natural de ese asunto pronunciarse
respecto del acto administrativo que pretendió someterse al examen de
tutela.

17. Respecto del Auto de 6 de noviembre de 2025, proferido por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante el cual se rechazó de plano la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho presentada, indicó que, de
conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, la decisión era susceptible del recurso de
apelación; sin embargo, este no fue presentado, motivo por el que la parte
actora contaba con un mecanismo judicial que no fue agotado y, en esa
medida, la acción de tutela se tornaba en improcedente.

18. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora presentó
impugnación, en la que sostuvo que el estudio del requisito de
subsidiariedad no podía agotarse en una simple constatación de la
existencia de un recurso, sino que se debía valorar si ese mecanismo
resultaba adecuado para prevenir una afectación grave e inminente de
derechos fundamentales; sin embargo, esa valoración no fue realizada sino
que se acudió a la declaratoria de improcedencia por falta de
subsidiariedad de manera puramente formal.

19. Indicó que esa omisión impidió que se examinara si la acción de tutela
debía operar como mecanismo transitorio de protección frente a la posible
configuración de un perjuicio irremediable consistente en que, al
encontrarse vigente la medida de expulsión del territorio colombiano, esta
podía ejecutarse en cualquier momento.

20. Agregó que la improcedencia no podía fundarse en un medio de
defensa judicial que ya no era jurídicamente ejercitable, en atención a que
el estudio debía realizarse en función de la disponibilidad real y actual de los
medios de defensa judicial, y no sobre la base de mecanismos que
hipotéticamente podían ejercerse en el pasado.

21. También cuestionó que la interpretación realizada en primera
instancia transformaba el requisito de subsidiariedad en una sanción
procesal absoluta por la no presentación de un recurso, cuando la acción
de tutela no fue concebida como un mecanismo para sancionar una
eventual negligencia de las partes, sino como un instrumento de protección
efectiva de derechos fundamentales.

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Demandante: Nabil Abida
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma – improcedencia
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido. 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

22. Pese a que a través de la acción de tutela se había cuestionado la
Resolución No. 20257030019356 de 2025 de Migración Colombia, y en la
sentencia de primer grado se indicó que era el juez de lo contencioso
administrativo, a través del medio del control de nulidad y restablecimiento
del derecho, a quien le correspondía emitir un pronunciamiento sobre ese
acto administrativo, ese aspecto no fue objeto de impugnación, motivo por
el que la Sala no realizará ningún pronunciamiento sobre ese reparo en la
medida en que no fue cuestionado por la parte demandante.

23. En esa medida, le corresponde a la Sala verificar si la presente acción
de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad respecto del Auto
proferido el 6 de noviembre de 2025 por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En caso afirmativo,
deberá determinar, luego de verificar los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si con el
rechazo de la demanda presentada por Nabil Abida fueron vulnerados sus
derechos fundamentales.

24. Como consecuencia de lo anterior, se confirmará, modificará o
revocará la decisión de primer grado.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

25. La Sala confirmará la decisión impugnada, mediante la cual se
declaró la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito
de subsidiariedad, por las siguientes razones:

26. Para estudiar el requisito en comento, debe aclararse que lo
pretendido por la parte actora fue que se dejara sin efectos la providencia
que rechazó de plano la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 25000-23-41-000-2025-01746-00, por no haber agotado el
requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.

27. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el
numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 19915, que desarrolló el artículo

5 “Artículo 6. causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”

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Demandante: Nabil Abida
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma – improcedencia
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866 constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

28. La Corte Constitucional7 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos, pues, de no ser así, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.

29. En ese orden de ideas, en el presente caso, tal como lo señaló en su
momento el juez de tutela de primera instancia, no se configuró el
mencionado requisito (subsidiariedad) porque la parte actora (1) no agotó
el recurso de apelación y (2) porque no es posible, en este caso, acudir a la
acción de tutela como mecanismo transitorio.

30. Según el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, modificado por
el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de apelación procederá,
entre otros, contra el auto por medio del cual se rechaza la demanda o su
reforma y su trámite estará guiado por las reglas que sobre dicho mecanismo
judicial prevé la misma codificación8.

31. En ese orden, debe indicarse que dicho recurso, para el caso
concreto, no solo era idóneo sino también eficaz, pues el sustento fáctico
del asunto de la referencia está contemplado expresamente dentro de los

6 “Artículo 86—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden
para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
7 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
8 “Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la

misma instancia:
1.El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo
(…).
Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos. La interposición y decisión del recurso de apelación
contra autos se sujetará a las siguientes reglas:
1. La apelación podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda total o
parcialmente a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar el nuevo auto, si fuere
susceptible de este recurso.
2. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá. interponerse y sustentarse oralmente a continuación
de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición. De inmediato, el juez
o magistrado dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que se pronuncien, y a
continuación, resolverá si lo concede o no, de todo lo cual quedará constancia en el acta.
3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió,
dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición.
En el medio de control electoral, este término será de dos (2) días.
De la sustentación se dará traslado por secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad
de auto que así lo ordene. Los términos serán comunes si ambas partes apelaron. Este traslado no procederá
cuando se apele el auto que rechaza la demanda o niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.
Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente a despacho y el juez o magistrado ponente concederá el
recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.
4. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano.”

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Demandante: Nabil Abida
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma – improcedencia
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supuestos de hecho de la norma, pese a ello, el señor Abida apeló la
decisión aquí cuestionada.

32. Adicionalmente, si bien el demandante puso de presente que la tutela
procedía como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable consistente en la ejecución de ese acto
administrativo, lo cierto es que en este caso no se puede estar ante ello,
toda vez que el proceso finalizó en virtud del rechazo de la demanda,
motivo por el que no es posible conceder un amparo transitorio, porque
para ello se requiere que la parte actora aun tenga a su alcance el ejercicio
de la acción principal9 (para el presente asunto, medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho).

33. Contrario a lo sostenido por la parte actora, lo que se evidencia es
que lo pretendido con la acción de tutela, realmente es subsanar la
oportunidad procesal que el demandante dejó vencer por negligencia, y
que fue prevista legalmente como medio principal idóneo y eficaz para
cuestionar los aspectos que ahora se ponen de presente a través de la
acción de tutela.

34. Por lo anterior, los argumentos del impugnante no son de recibo en la
medida en que pretende que se dé por superado un requisito de
procedibilidad, con el fin de que, a través de la acción de tutela se estudien
unos reparos que no fueron expuestos en el momento oportuno a través del
recurso de apelación ante el juez de lo contencioso administrativo, lo cual
equivaldría a que el juez de tutela invada la competencia de la autoridad
judicial que por naturaleza debía pronunciarse sobre el asunto, sin que se
encuentre justificada esa intervención en el asunto.

35. En ese orden de ideas, al igual que lo declaró el juez constitucional de
primer grado, para la Sala no se configuró el mencionado requisito
(subsidiariedad) porque, la parte demandante no agotó los mecanismos
judiciales a su alcance, con el fin de ventilar ante el juez competente, los
aspectos que expuso mediante este mecanismo constitucional.

2.3. Conclusión

36. La Sala confirmará la sentencia impugnada, tras corroborar que no se
superó el requisito de subsidiariedad.

9 Ver, entre otras, las Sentencias de la Corte Constitucional T-070 de 2018, T-132 de 2018, T-394 de 2022 y T-149 de

2023.

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Demandante: Nabil Abida
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma – improcedencia
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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 9 de febrero de 2026, por la cual la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo por falta de subsidiariedad, por las
razones descritas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE

Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

10 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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