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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08219-00

Fecha
16 de febrero de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08219-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Daniela Díaz Medina en contra del Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-08219-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

16 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08219-00
Accionante: Daniela Diaz Medina

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08219-00
Accionante: Daniela Diaz Medina
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado
Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad. Relevancia constitucional y
Subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Daniela Diaz Medina en contra del
Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela.

Daniela Diaz Medina, por conducto de apoderada judicial, presentó acción de tutela
en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y al principio de prevalencia del derecho
sustancial, los cuales consideró vulnerados por el Juzgado Dieciséis Administrativo
del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de
los autos proferidos el 19 de febrero y 15 de octubre de 2025, respectivamente,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado núm. 76001-33-33-016-2024-00210-00/01.

2. Hechos

2.1. Mediante Decreto 181 de 2023, el Municipio de El Cerrito nombró a Daniela
Díaz Medina en el cargo de técnico administrativo, código 367, grado 05, adscrito a
la Unidad de Rentas, Ingresos y Gestión Tributaria, con efectos a partir del 19 de
diciembre de 2023.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08219-00
Accionante: Daniela Diaz Medina

2.2. Posteriormente, mediante Decreto 074 del 22 de marzo de 2024, la
administración declaró la insubsistencia a la accionante, en el cargo que venía
desempeñando.

2.3. El 22 de julio de 2024 la interesada presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, trámite que fue admitido
conforme a las reglas aplicables al requisito de procedibilidad.

2.4. La audiencia se celebró el 12 de agosto de 2024 y fue declarada fallida,
dejándose constancia de que el término de caducidad del medio de control se
reanudaría a partir del día siguiente, bajo responsabilidad de la solicitante respecto
de sus efectos legales.

2.5. Mediante comunicación del 2 de septiembre de 2024, la Procuraduría II Judicial
Administrativa 166 remitió las constancias del trámite conciliatorio extrajudicial
administrativo, fechadas el 21 de agosto de 2024.

2.6. Con posterioridad, el 5 de septiembre de 2024, la actora presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificada
con el radicado núm. 76001-33-33-016-2024-00210-00.

2.7. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Dieciséis Administrativo Oral
del Circuito de Cali, el cual, mediante auto del 19 de febrero de 2025, rechazó la
demanda al estimar configurado el fenómeno jurídico de la caducidad.

2.8. Inconforme con la decisión adoptada, la parte accionante interpuso recurso de
apelación, el cual fue conocido y resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca mediante providencia de 15 de octubre de 2025, autoridad que confirmó en
su integridad la determinación proferida en primera instancia.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela.

3.1. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia y, como consecuencia de ello,
que se dejen sin efectos el auto del 19 de febrero de 2025, y la providencia que lo
confirmó del 15 de octubre de 2025. Asimismo, pidió que se ordene al Juzgado
Dieciséis Administrativo Oral del Circuito de Cali admitir la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada el 5 de septiembre de 2024, dentro del
proceso identificado con el radicado número 76001-33-33-016-2024-00210-00/01.

3.2. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora indicó que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en error al contabilizar el término de caducidad,
pese a que en el acta individual de reparto se dejó constancia de que la demanda
fue radicada el 5 de septiembre de 2024 ante los Juzgados Administrativos de Cali,
momento para el cual —según afirma— el término no se encontraba vencido. En su
criterio, tanto el a quo como el ad quem efectuaron un cómputo incorrecto al tomar

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Accionante: Daniela Diaz Medina

como punto de partida la notificación del decreto que declaró la insubsistencia (22
de marzo de 2024), en lugar de considerar la fecha en que la decisión produjo
efectos materiales, esto es, el 1º de abril de 2024.

3.3. En esa línea, alegó que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto
sustantivo, al realizar una interpretación restrictiva del artículo 164 del CPACA y
computar la caducidad exclusivamente desde la notificación del acto administrativo,
lo que desconoció que el propio decreto difirió su ejecución y efectos jurídicos hasta
el 1.º de abril de 2024. A su juicio, dicha interpretación desatiende la hipótesis
normativa relativa a la ejecución del acto prevista por el legislador y convierte el
término de caducidad en una limitación irrazonable y desproporcionada al acceso a
la jurisdicción.

3.4. Igualmente, afirmó que se configuró un defecto fáctico, por cuanto las
autoridades judiciales omitieron valorar una prueba determinante —el Decreto 084
del 22 de marzo de 2024— mediante el cual se modificó la fecha de ejecutoria
material de la insubsistencia, para establecer que que sus efectos se producirían
únicamente a partir del 1º de abril de 2024. La falta de valoración de dicho
documento habría conducido a una conclusión errónea sobre el vencimiento del
término.

3.5. Finalmente, sostuvo que se configuró desconocimiento del precedente
constitucional obligatorio, en particular del principio pro actione en materia de
interpretación de términos procesales, lo cual —en su criterio— constituye causal
autónoma de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

4. Trámite de tutela e intervenciones.

4.1. Mediante auto del 15 de enero de 20261 se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó la vinculación como tercero con interés del Municipio de El Cerrito-Valle del
Cauca.

Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se allegaron los siguientes informes:

4.2. El Juzgado Noveno Administrativo Oral de Valledupar2 remitió el expediente
digital solicitado; no obstante, guardó silencio frente a los hechos que dieron origen
a la presente acción constitucional.

4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca3 advirtió el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, en la medida en que la acción de tutela no puede
emplearse como una tercera instancia destinada a replantear debates jurídicos que

1 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. A9BCA9F0C0B80806 D64573E0F2A8FF06
0CE0B5847E09EA70 35E19862B7F49886.
2 Índice 00008 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 294E080D3B2282FA 7DA52C38BBF9D139

B35286CF8BA31B04 63F5FBE72B0173B8.
3 Índice 00009 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 412EF2C36228F3F7 0852506D94811498

35FAED5878A6FE6C F580718516F50CB7.

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Accionante: Daniela Diaz Medina

el interesado omitió proponer ante el juez natural en la oportunidad procesal
correspondiente, conforme al principio de preclusión.

Precisó que los argumentos que actualmente sustentan la solicitud de amparo
constituyen planteamientos que no fueron introducidos en la jurisdicción ordinaria
mediante el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio No. 215
del 19 de febrero de 2025, proferido por el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral
del Circuito de Cali, por medio del cual se rechazó la demanda. En consecuencia,
al no acreditarse los requisitos específicos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, concluyó que la acción resulta improcedente.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación.

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de
Daniela Díaz Medina, dado que actuó como demandante en el trámite del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado bajo el radicado núm.
76001-33-33-016-2024-00210-00/01; en consecuencia, es el titular del derecho que
afirma fue vulnerado.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en razón a que actuaron como jueces en el trámite del proceso referido, y
fue su actuación a la que el actor atribuyó la vulneración de la garantía constitucional
invocada.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de

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Accionante: Daniela Diaz Medina

fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20054 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela5 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 6.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”7.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

4 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
6 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes
o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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Accionante: Daniela Diaz Medina

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”8.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que

8 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Accionante: Daniela Diaz Medina

ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto9.

4.2. Subsidiariedad.

Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia
de la acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho
presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 10.

Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin
de: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta
el proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial11.

La Corte Constitucional12 ha sostenido que es deber de la parte accionante
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le
otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de
interferir en las competencias de las distintas autoridades judiciales.

5. Caso concreto

A partir de lo expuesto por la accionante y del estudio de las actuaciones
adelantadas en el trámite del proceso ordinario, en específico la correspondiente a
la segunda instancia, etapa en la que se dio fin al proceso y que refirió como
trasgresora de su garantía fundamental al debido proceso, la Sala advierte que la
solicitud de amparo no supera los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad, por las razones que pasan a explicarse:

9 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
10“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
11 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
12 Sentencia C-590 de 2005.

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Accionante: Daniela Diaz Medina

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la señora Daniela Díaz Medina
alegó la configuración de unos defectos sustantivo y fáctico, por cuanto las
autoridades judiciales omitieron valorar una prueba determinante, esto es, el
Decreto 084 del 22 de marzo de 2024, mediante el cual se modificó la fecha de
ejecutoria material de la insubsistencia, para establecer que sus efectos se
producirían únicamente a partir del 1º de abril de 2024. Además, se realizó una
interpretación restrictiva del artículo 164 del CPACA y se computó la caducidad
exclusivamente desde la notificación del acto administrativo, en desconocimiento
que el propio decreto difirió su ejecución y efectos jurídicos hasta el 1.º de abril de
2024.

Asimismo, adujo, la configuración del desconocimiento del precedente
constitucional obligatorio, en particular del principio pro actione en materia de
interpretación de términos procesales, lo cual, en su criterio, constituye causal
autónoma de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

5.2. Ahora bien, del examen de la providencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que puso fin a la actuación ordinaria, así como
de las pruebas obrantes en el expediente, se concluye que el ad quem fundamentó
su decisión en la configuración del fenómeno de la caducidad, conforme a las
consideraciones que se exponen a continuación:

(…)

De lo anterior se concluye que la caducidad ocurre por la inactividad de quien
tiene el deber de demandar en el tiempo permitido para hacerlo, para no
perder el derecho de ejercer la acción, lo cual no genera un pronunciamiento
de fondo por parte de las autoridades judiciales. Dicha figura no admite
suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial
en derecho, de acuerdo con lo previsto en la Ley 640 de 2001; tampoco
admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por
el juez.

En cuanto al plazo para promover el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA dispone: “Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del
derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.

SUSPENSION DE LA CADUCIDAD.

El artículo 3º del Decreto 1716 del 2009 y el artículo 21 de la Ley 640 del
2001, señalan que la presentación de solicitud de conciliación extrajudicial
suspende el termino de caducidad desde su presentación hasta:
(i) Que se logre el acuerdo conciliatorio.
(ii) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640
del 2001.
(iii) Se venza el término de tres meses contados a partir de la presentación
de la solicitud.

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Accionante: Daniela Diaz Medina

El Consejo de Estado ha indicado que el único supuesto para la suspensión
del término de caducidad se presenta en el caso descrito, ni el cese de
actividades ni la vacancia judicial interrumpen el término de caducidad para
ejercer la acción, salvo que el plazo expire cuando el despacho esté cerrado,
caso en el cual el término se prorroga hasta el primer día hábil siguiente.

(…)

En este contexto, la autoridad judicial accionada concluyó que se encontraba
debidamente acreditada la configuración de la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Diaz Medina. Al respecto,
sostuvo lo siguiente:

“(…) en virtud de lo dispuesto en el literal d) del # 2 del artículo 164 del
CPACA, cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la
demanda deberá presentarse dentro del término de 4 meses, contados a
partir del día siguiente a la notificación del acto, lo cual en este asunto como
se discute la legalidad de los actos administrativos contenidos en los
decretos 74 y 84 del 22 de marzo del 2024 “mediante el cual se declara
insubsistente a un empleado público por supresión de cargo” por incurrir en
falsa motivación, el cual fue notificado el 22 de marzo del 20244 , aspecto
que lo aceptan tanto el juzgado como el recurrente, por lo que a partir del día
siguiente (23 de marzo del 2024) empezaría el cómputo de los 4 meses para
presentar la demanda, los cuales fenecieron el día 23 de julio del 2024,sobre
el cual no afecta la vacancia de semana santa, no obstante, la solicitud de
conciliación extrajudicial fue radicada el 22 de julio del 20245 , es decir,
efectivamente contaba con dos días hábiles para presentar la demanda, por
cuanto el día de la presentación de la solicitud de conciliación también se
cuenta para suspender el termino, y la constancia efectivamente fue remitida
al demandante solo hasta el 2 de septiembre del 20246 , por lo que en
realidad tenía hasta el 4 de septiembre del 2025 día hábil y la demanda fue
presentada solo hasta el 5 de septiembre del 2024, es decir, por fuera del
término legal en un día.

Finalmente, señalar que si bien para la Semana Santa del 2024 el periodo
fue del 23 hasta el 31 de marzo y se retomarán labores el lunes 1º de abril,
como se expuso, el Consejo de Estado ha indicado que el único supuesto
para la suspensión del término de caducidad se presenta en el caso de la
presentación de la conciliación extrajudicial, por ello, ni el cese de actividades
ni la vacancia judicial interrumpen el término de caducidad para ejercer la
acción, salvo que el plazo expire cuando el despacho esté cerrado, caso en
el cual el término se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. La Sala
tampoco observa, que en dicho año haya algún motivo especial de
suspensión de términos judiciales y el argumento sobre decreto 806 del 2020
el cual se expidió en el marco de la pandemia por el Covid-19 con el objetivo
de que se implementara el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones rige en las actuaciones judiciales, no administrativas.

(…)

Finalmente, se debe señalar que el argumento sobre decreto 806 del 2020
el cual se expidió en el marco de la pandemia por el Covid-19 con el objetivo
de que se implementara el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones rige en las actuaciones judiciales para agilizar el trámite de
los procesos ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral,
familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08219-00
Accionante: Daniela Diaz Medina

constitucional y disciplinaria, por lo que, en realidad, el término para
contabilizar la caducidad es el del literal d del artículo 164 de la Ley 1437 de
2011, es decir que los 4 meses para presentar la demanda se cuentan a
partir del día siguiente al de comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo.

(…)”

En conclusión, el tribunal accionado sostuvo que la demanda dirigida a controvertir
la legalidad de los Decretos 74 y 84 del 22 de marzo de 2024 fue presentada por
fuera del término de caducidad previsto en la Ley 1437 de 2011, el cual comenzó a
contarse desde el 23 de marzo de 2024 y solo se suspendió con la radicación de la
solicitud de conciliación extrajudicial el 22 de julio de 2024. Reanudado el cómputo,
el plazo vencía el 4 de septiembre de 2024, mientras que la demanda fue instaurada
el 5 de septiembre siguiente. En tal sentido, ni la vacancia judicial ni la invocación
del Decreto 806 de 2020 constituyen causales de suspensión del término, por lo que
se configura la caducidad de la acción y, en consecuencia, las decisiones judiciales
cuestionadas se ajustan al ordenamiento jurídico.

5.3. En ese orden de ideas, los elementos señalados en precedencia le permiten a
la Sala inferir, con claridad, que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la
decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos
y fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales
de la parte actora durante el desarrollo del proceso ordinario.

En punto de esto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa
y explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración13.

5.4. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer
su interpretación normativa sobre las consideraciones expuestas por la autoridad
enjuiciada, así como su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con
el debate surtido en el trámite del proceso primigenio, sin que haya demostrado la
violación de los derechos fundamentales para el que pidió su protección.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por
la parte accionante está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que reitera

13 Sentencia SU215 de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08219-00
Accionante: Daniela Diaz Medina

argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco del proceso
ordinario, sin esbozar las razones concretas por las cuales los derechos
fundamentales invocados fueron vulnerados con la providencia atacada, lo que
escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se
sustenta en el principio de autonomía judicial.

5.5. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada14, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario15.

5.6. Ahora bien, en relación con el cargo según el cual las autoridades judiciales
omitieron valorar el Decreto 084 del 22 de marzo de 2024, mediante el cual se
modificó la fecha de ejecutoria material de la insubsistencia y se dispuso que sus
efectos se produjeran a partir del 1º de abril de 2024, la Sala advierte que dicho
reproche no supera el requisito de subsidiariedad propio de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Ello, por cuanto el argumento no fue oportunamente
planteado dentro del proceso ordinario, en particular en el recurso de apelación
interpuesto contra el auto que rechazó la demanda.

En ese orden, esta Subsección denota que el accionante no utilizó el medio judicial
que tenía a su disposición para garantizar la protección de sus derechos
fundamentales y, en concreto, poner de presente sus reparos para que el juez de
segunda instancia del proceso ordinario los resolviera. De modo que los argumentos
planteados en la solicitud de tutela buscan suplir una oportunidad procesal que no
fue aprovechada por la parte demandante, situación que impide al juzgador
constitucional resolver de fondo el asunto, en la medida que invadiría el ámbito de
competencia del juez de la causa, y desconocería el escenario jurídico en el que se
podían, en principio, discutir aquellas reclamaciones iusfundamentales.

En tales condiciones, admitir el estudio de fondo del cargo implicaría sustituir la
competencia del juez de la causa y desnaturalizar el rol del juez constitucional, lo
cual resulta inadmisible. Por consiguiente, ante la ausencia de justificación sobre la

14 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
15 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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Accionante: Daniela Diaz Medina

ineficacia de los medios judiciales ordinarios y la falta de acreditación de un perjuicio
irremediable que habilite la intervención excepcional del juez de tutela, la solicitud
de amparo deviene improcedente.

5.7. No obstante lo anterior, la Sala estima necesario efectuar una precisión frente
a los cargos presentados por la parte accionante, de cara a al argumento
relacionado con el envío de la constancia de conciliación extrajudicial fallida. En
efecto, la Ley 2220 de 2022, en su artículo 56, dispone que: “La presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial en derecho suspende el término de
prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se suscriba el acta de
conciliación, se expidan las constancias establecidas en la presente ley o hasta que
se venza el término de tres (3) meses, o la prórroga a que se refiere el artículo 60
de esta ley, lo que ocurra primero”.

De conformidad con dicha disposición, y en atención a la constancia expedida por
la Procuraduría 166 Judicial II para asuntos administrativos, el término se reanudó
el 22 de agosto de 2024, esto es, al día siguiente de la fecha allí consignada,
circunstancia que resulta concordante con el cómputo analizado por la autoridad
judicial accionada.

5.8. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente citado en la solicitud
de amparo presentada, la Sala precisa que el precedente se constituye en un pilar
del Estado de Derecho, pues busca asegurar la coherencia en la aplicación del
ordenamiento jurídico, a través de las decisiones judiciales que sean
razonablemente previsibles. Por su alcance, se constituye en una herramienta de
protección de los principios de la confianza legítima y la buena fe al momento de
resolver un caso sometido a su jurisdicción.

Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que
existen dos clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero,
comprende “aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el
mismo operador judicial”; mientras que el segundo, “se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para
la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios
judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos
en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas,
son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los
operadores judiciales inferiores”16.

Sumado a lo anterior, el extremo activo no desarrolló un análisis metodológico y
comparativo que permitiera establecer la identidad jurídica entre el fallo, así como
la inaplicación de alguna regla de unificación y la decisión aquí cuestionada.

16 Ibidem.

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Accionante: Daniela Diaz Medina

El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino
también la exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los
casos analizados, con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó
injustificadamente de la jurisprudencia aplicable. En virtud de lo anterior, la Sala no
advirtió una carga argumentativa suficiente que sustentara el cargo formulado, lo
que imposibilita su análisis de fondo en la presente decisión.

5.9. En ese contexto, la Sala advierte que Daniela Díaz Medina pretende imponer
su propia interpretación normativa frente a las consideraciones de las autoridades
accionadas y reiterar su inconformidad con la decisión adoptada, prolongando el
debate propio del proceso ordinario.

5.10. A partir de ello, es importante precisar que la inconformidad con lo decidido en
la providencia no habilita al juez constitucional a estudiar los cargos y pruebas que
la autoridad judicial contra la que se dirige la acción consideró o no al resolver el
asunto. En este sentido, compete al interesado demostrar, según los requisitos
enunciados por la jurisprudencia constitucional, que la actuación de aquella en el
proceso ordinario fue consecuencia de una afectación al debido proceso, situación
que en este caso no se configura.

5.11. La Sala recuerda que este mecanismo fue concebido con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se encuentra su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

Por último, es de indicar que el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de
validez y no de corrección de la decisión cuestionada17, lo que se opone a que use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del
proceso ordinario18.

Así las cosas, la Sala de la Subsección advierte que la pretensión de la actora está
encaminada a realizar un nuevo estudio de lo que ya fue resuelto por el juez natural
de la causa, lo que conlleva a declarar la improcedencia de la presente acción de
tutela, al no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y de
subsidiariedad.

17 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
18 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08219-00
Accionante: Daniela Diaz Medina

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Daniela Díaz Medina en contra del Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de
Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
ECG

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