Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08223-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-08223-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08223-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08223-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-08223-00
Accionante: SEVERO ACOSTA TARAZONA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se declara
improcedente por no cumplir con el requisito general de relevancia
constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elseñor Severo Acosta Tarazona solicitó a través de apoderada judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, trabajo, a la igualdad y dignidad humana en conexidad
con el principio de confianza legítima, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 28 de noviembre de 2025 proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho con el número de radicación 25000-23-25-000-
2010-00152-01/03.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08223-00
Accionante: Severo Acosta Tarazona
2.1. Relató que a
través de la Resolución núm. 003 de 3 de enero de 2000, fue
declarado insubsistente del cargo de carrera denominado Asesor 1020 y el cual
desempeñaba en provisionalidad en la Planta Global del Ministerio del Interior.
2.2. Refirió que, instauró la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del
derecho núm. 25000-23-25-000-2000-03294-00/01 contra la Nación – Ministerio
del Interior, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que lo
declaró insubsistente y a título de restablecimiento del derecho solicitó el pago de
los salarios y prestaciones sociales dejados de recibir, durante el tiempo de su
desvinculación.
2.3. Señaló que la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante sentencia de 21 de marzo de 2003, negó las
pretensiones de la demanda y que, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado a través de providencia de 17 de febrero de 2005 confirmó la
decisión de primera instancia.
2.4. Indicó que, presentó acción de tutela contra la anterior decisión, la cual fue
seleccionada para revisión por la Corte Constitucional y mediante sentencia T-254
de 30 de marzo de 2006, dejó sin efectos la providencia de 17 de febrero de 2005
y ordenó a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
proferir en el término de un mes, un nuevo fallo de reemplazo.
2.5. Sostuvoque, mediante auto de 13 de julio de 2006 la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado se abstuvo de dar cumplimiento a dicha
sentencia y reafirmó la decisión de 17 de febrero de 2005.
2.6. Manifestó que, como consecuencia de lo anterior, la Corte Constitucional
profirió el Auto 235 de 18 de septiembre de 2008, a través del cual dejó sin
efectos la providencia 13 de julio de 2006 y ordenó al Ministerio del Interior
motivar adecuadamente el acto de retiro, y en el caso de no hacerlo, debía
proceder al reintegro inmediato de Severo Acosta Tarazona.
2.7. Adujo que, por Resolución núm. 3187 de 5 de noviembre de 2008, el Ministerio
del Interior motivó el retiro del accionante, sin embargo, para la Corte dicha
decisión, fue considerada como aparente o insuficiente, por lo que, a través del
Auto 332 de 20 de noviembre de 2008, le ordenó el reintegro inmediato del señor
Acosta Tarazona.
2.8. Mencionó que, el Ministerio del Interior mediante Resolución núm. 2894 de 14
de septiembre de 2009 resolvió “[…] ARTÍCULO PRIMERO:- En cumplimiento del
Auto No. 332 del 20 de noviembre de 2008, proferido por la Corte Constitucional,
la Sala Sexta de Revisión, reintégrese al cargo de Asesor, código 1020, grado 07
de la planta global del Ministerio del Interior y de Justicia, al doctor SEVERO
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08223-00
Accionante: Severo Acosta Tarazona
ACOSTA TARAZONA […]”. Dicha decisión no hizo mención al reconocimiento y
pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir por el accionante
durante el tiempo de su desvinculación.
2.9. Señaló que solicitó el pago de los salarios y prestaciones sociales causadas
desde el 3 de enero de 2000 hasta el 20 de septiembre de 2009, y que el
Ministerio del Interior mediante los oficios núm. OF109-25006-DIJ-420 de 28 de
julio, OF109-31598-DIJ-0420 de 16 de septiembre y OF109-37992-GGC-0423 de
04 de noviembre de 2009, negó dicha petición.
2.10. Indicó que por lo anterior
interpuso una nueva demanda en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 25000-23-25-000-2010-
00152-00/01/02/03 contra la Nación – Ministerio del Interior, con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron el pago de las
acreencias laborales dejadas de percibir.
2.11. Afirmó que la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca mediante providencia de 29 de agosto de 2019 declaró la cosa
juzgada, decisión que fue confirmada por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante la sentencia de 12 de junio de 2025.
2.12. Comentó que interpuso la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2025-
04284-00/02 contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado con ocasión a la providencia de 12 de junio de 2025, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, trabajo en condiciones dignas, seguridad social, mínimo
vital y protección reforzada a la tercera edad.
2.13. Refirió que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante providencia de tutela de 11 de agosto de 2025 amparó los derechos
fundamentales “[…] al debido proceso y acceso real y efectivo a la administración
de justicia […]” y ordenó a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado emitir una sentencia de reemplazo “[…] en la que, se tengan en cuenta los
argumentos expuestos, en particular la inexistencia de la cosa juzgada en el
proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00152-03 […]”, decisión que fue
confirmada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado por
fallo de 3 de diciembre de 2025.
2.14. Informó que, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en cumplimiento a lo ordenado en la providencia de 11 de agosto de 2025,
procedió a dictar sentencia de reemplazo el 28 de noviembre de 2025 a través de
la cual negó las pretensiones de la demanda.
2.15. Sostuvo que la anterior providencia vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo, a la igualdad y
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08223-00
Accionante: Severo Acosta Tarazona
dignidad humana en conexidad con el principio de confianza legítima, por haber
incurrido presuntamente en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial.
2.16. Alegó que el fallo de reemplazo cuestionado “[…] omitió por completo la carga
argumentativa reforzada exigida para apartarse de un precedente constitucional
obligatorio. No explicó de manera razonada, suficiente y explícita las razones del
apartamiento, ni acreditó la existencia de diferencias fácticas, normativas o
constitucionales relevantes que lo justificaran […]”.
2.17. Expuso que el juez contencioso desconoció las sentencias de unificación SU-
917 de 2010 y SU-556 de 2014, en las cuales la Corte Constitucional estableció
reglas vinculantes a los servidores públicos nombrados en provisionalidad y
desvinculados mediante actos administrativos inmotivados.
2.18. Indicó que lo anterior significa que para el caso en concreto “[…] no se está
ante un simple desacuerdo interpretativo ni frente a una discusión de legalidad
ordinaria, sino ante una ruptura directa del orden constitucional y del sistema de
precedentes, que habilita la intervención excepcional del juez de tutela, conforme
a las reglas fijadas, entre otras, en las sentencias SU-1219 de 2001, SU-1184 de
2001, SU-556 de 2014, SU-424 de 2016 y SU-631 de 2017 […]”.
2.19. Refirió
que en las sentencias SU-053 y SU-054 de 2015 “[…] la Corte se
pronunció sobre varias acciones de tutela instauradas contra providencias
judiciales mediante las cuales no se anularon los actos administrativos que
retiraron del servicio a servidores públicos, sin motivación. Todos los accionantes
buscaron la protección de sus derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la estabilidad laboral […]”.
2.20. Concluyó que el fallo de reemplazo incurre en un defecto sustantivo autónomo
por: “[…] • desconocer un precedente constitucional obligatorio; • omitir la carga
argumentativa reforzada para apartarse de él; • negar injustificadamente los
efectos económicos de una ilegalidad constitucionalmente declarada; y • vulnerar
los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la
dignidad humana del accionante, sujeto de especial protección constitucional por
su edad […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, “con prevalencia del derecho sustancial
(Art. 229C.N.); el principio de confianza legítima (Art. 83C.N. y 209C.N.) a
través del respecto (sic) a los PRECEDENTES CONSTITUCIONALES; el
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08223-00
Accionante: Severo Acosta Tarazona
principio de igualdad de oportunidades en la aplicación de la ley (Art.13 y
53C.N.), el derecho al trabajo, dignidad humada (sic), entre otros que incurrió
el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de noviembre de 2025, proferida
por Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado por
desconocimiento del precedente constitucional.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 28 de Noviembre de
2025 proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de
Estado, por desconocer el precedente constitucional para estos casos de
reintegro ilegal para funciones en provisionalidad que ejercer funciones en
carrera.
TERCERO. ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
“A”, que dentro del término legal que se le conceda, profiera una nueva
sentencia dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el señor Severo Acosta Tarazona, observando
estrictamente los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales
aplicables al caso, en especial a los precedentes judiciales obligatorios
fijados por la Corte Constitucional en las sentencias SU-917 de 2010 y la
regla indemnizatoria prevista en la SU-556 de 2014 para los funcionarios
nombrados en provisionalidad que ejercen funciones en carrera.
CUARTO: Disponer las demás medidas necesarias para restablecer
integralmente los derechos del accionante, incluida la evaluación
sustancial del restablecimiento del derecho laboral y prestacional dejado de
reconocer como consecuencia de la omisión judicial de la sentencia de
REEMPLAZO […]”. [Negrilla original del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 15 de enero de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros con
interés directo en el resultado del proceso Nación - Ministerio del Interior y a la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó
negar las pretensiones de la acción de amparo, en razón a que lo que el
accionante pretende es que se le reconozca una indemnización que “[…] a juicio
de esta Subsección, se reitera, no tiene amparo en una norma jurídica […]”.
5.2. El Ministerio de Interior solicitó declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva, dada la inexistencia de vulneración de derechos por parte de esa carta
ministerial, como quiera que, en el marco de sus competencias definidas en la Ley
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08223-00
Accionante: Severo Acosta Tarazona
y reglamentos que la desarrollan, no ha adelantado actuación alguna u omitido un
deber que ponga en riesgo los derechos fundamentales solicitados por el
accionante.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Ministerio del Interior.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
7
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006 , señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08223-00
Accionante: Severo Acosta Tarazona
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
9. Teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior fue parte demandada dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la sentencia objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala considera
que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción
constitucional.
10. Por lo anterior, se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Y, si ello es
así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, por haber incurrido en un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
12. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08223-00
Accionante: Severo Acosta Tarazona
14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en
dichos parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08223-00
Accionante: Severo Acosta Tarazona
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
20. Elseñor Severo Acosta Tarazona solicitó a través de apoderada judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, trabajo, a la igualdad y dignidad humana en conexidad
con el principio de confianza legítima, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 28 de noviembre de 2025 proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el número de radicación 25000-23-25-000-
2010-00152-01/03.
21. Precisado lo anterior, se estudiará el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial,
el requisito de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.
23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08223-00
Accionante: Severo Acosta Tarazona
24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].
25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los
deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08223-00
Accionante: Severo Acosta Tarazona
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y
explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los
derechos fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del
texto].
26. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202318.
27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales19.
28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio el accionante alega que la Subsección A de la Sección Segunda del
18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08223-00
Accionante: Severo Acosta Tarazona
Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, trabajo, a la igualdad y dignidad humana en
conexidad con el principio de confianza legítima, por haber incurrido,
presuntamente, en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial.
29. Alegó que el fallo de reemplazo cuestionado “[…] omitió por completo la carga
argumentativa reforzada exigida para apartarse de un precedente constitucional
obligatorio. No explicó de manera razonada, suficiente y explícita las razones del
apartamiento, ni acreditó la existencia de diferencias fácticas, normativas o
constitucionales relevantes que lo justificaran […]”.
30. Expuso que el juez contencioso desconoció las sentencias de unificación SU-
917 de 2010 y SU-556 de 2014, en las cuales la Corte Constitucional estableció
reglas vinculantes a los servidores públicos nombrados en provisionalidad y
desvinculados mediante actos administrativos inmotivados.
31. Indicó que lo anterior significa que para el caso en concreto “[…] no se está
ante un simple desacuerdo interpretativo ni frente a una discusión de legalidad
ordinaria, sino ante una ruptura directa del orden constitucional y del sistema de
precedentes, que habilita la intervención excepcional del juez de tutela, conforme
a las reglas fijadas, entre otras, en las sentencias SU-1219 de 2001, SU-1184 de
2001, SU-556 de 2014, SU-424 de 2016 y SU-631 de 2017 […]”.
32. Refirióque en las sentencias SU-053 y SU-054 de 2015 “[…] la Corte se
pronunció sobre varias acciones de tutela instauradas contra providencias
judiciales mediante las cuales no se anularon los actos administrativos que
retiraron del servicio a servidores públicos, sin motivación. Todos los accionantes
buscaron la protección de sus derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la estabilidad laboral […]”.
33. Concluyó que el fallo de reemplazo incurre en un defecto sustantivo autónomo
por: “[…] • desconocer un precedente constitucional obligatorio; • omitir la carga
argumentativa reforzada para apartarse de él; • negar injustificadamente los
efectos económicos de una ilegalidad constitucionalmente declarada; y • vulnerar
los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la
dignidad humana del accionante, sujeto de especial protección constitucional por
su edad […]”.
34. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08223-00
Accionante: Severo Acosta Tarazona
35. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
36. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, trabajo, a la igualdad y dignidad humana en
conexidad con el principio de confianza legítima, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial,
sino que el motivo que fundamenta su inconformidad se sustenta en que la
decisión controvertida fue desfavorable a sus intereses.
37. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
la providencia cuestionada:
“[…] 60. En conclusión, no es cierto que la fuente del reconocimiento
reclamado sea la sentencia de tutela mencionada y, además, ni en el
concepto de violación ni en el recurso de alzada, se advierte norma jurídica
alguna que, habiéndose acusado como violada, sirva de fuente para acceder
al reconocimiento del derecho del actor a ser indemnizado con el pago de
salarios y prestaciones sociales que reclama, atendiendo las circunstancias
particulares del caso.
61.Analizado lo anterior, se advierte que el apelante en el recurso de alzada
sostiene que existió una presunta violación al debido proceso administrativo
en cuanto se le negó la posibilidad de controvertir el acto acusado bajo el
argumento de la improcedencia de los recursos de reposición, apelación y
queja y que se da una vulneración a su derecho de tutela judicial efectiva, al
negarse cumplir una orden proferida por la Corte Constitucional.
62.La Sala considera que no se configura la alegada vulneración, toda vez
que, frente a la reclamación presentada, el actor obtuvo una respuesta de
fondo, aunque desfavorable, en la que se le indicó de manera expresa que la
Corte Constitucional nunca ordenó el reconocimiento y el pago de los salarios
y prestaciones dejados de percibir. Contra dicha decisión, el demandante
interpuso recurso de reposición el que fue resuelto mediante Oficio OFI09-
31598 DIJ 0420 de 16 de septiembre de 2009 y en todo caso se le explicó
que ante la primera decisión no procedían recursos.
63.Valga aclarar que conforme al artículo 50 del Decreto 01 de 1984, el
primero de los recursos interpuestos no era obligatorio y, el segundo, no era
procedente en este caso, por no existir superior administrativo del jefe de la
oficina jurídica.
64.Ante ese escenario, el actor quedó habilitado para acudir a la jurisdicción
contenciosa administrativa con la finalidad de demandar la legalidad de
14
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08223-00
Accionante: Severo Acosta Tarazona
dichos actos y pretender el amparo del derecho que cree vulnerado, tal como
ocurrió en el presente asunto.
65.Respecto del argumento propuesto en el recurso de apelación interpuesto
en primera instancia, referente a que «la sentencia va en contravía del debido
proceso en la modalidad de acceso a la administración de justicia y en contra
de la tutela judicial efectiva», la Sala encuentra que con él se cuestiona dicha
decisión en cuanto declaró probada la excepción de cosa juzgada, aspecto
que como ya quedó decantado en este asunto, se entiende que no se
configuró y, por ello, se procedió a estudiar el fondo del asunto.
66.En igual sentido, tampoco le asiste razón en cuanto a la vulneración del
artículo 241 superior, puesto que ―como se ha dicho anteriormente― la
Corte Constitucional no emitió orden alguna relacionada con el pago de
salarios y prestaciones sociales, razón por la que no es cierto que se
contraríe lo dispuesto por esa alta corporación.
67.Sobre la afirmación que hace el demandante según la cual «(...) el pago de
las sumas que por todo concepto se hayan dejado de percibir como
consecuencia de la separación ilegal (...) es la esencia de esta clase de
fallos», basta decir que no es posible afirmar que existan consecuencias
jurídicas inherentes a determinada pretensión, puesto que ―tratándose de
este tipo de procesos declarativos― siempre será carga del demandante
acreditar los hechos que describe en la demanda, demostrar que el derecho
que reclama se ampara en una norma jurídica, e indicar las normas violadas y
explicar su concepto de su violación.
68.En todo caso, la supuesta consecuencia jurídica la hace derivar de la
nulidad del acto de reintegro, cuestión que, se insiste, no es objeto de debate
en este proceso, pues la anulación del acto de retiro y cumplimiento de orden
de reintegro no hacen parte de esta litis.
69.Finalmente, sobre la supuesta falta de competencia del funcionario que
expidió los actos acusados, la Subsección observa que el reproche es por
cuanto la solicitud fue dirigida al Despacho del ministro del Interior y, según el
actor, la decisión debió ser suscrita por este. Argumento que para la Sala no
configura el vicio invocado pues lo cierto es que el acto administrativo fue
proferido en respuesta a su petición por el director jurídico del Ministerio del
Interior, quien lo suscribió en razón de su cargo y funciones, por lo que se
concluye que el acto fue dado en representación de dicha entidad.
70.En consecuencia, no es procedente acceder a las pretensiones de la
demanda, puesto que el actor no demostró que el derecho que reclama esté
amparado en una norma jurídica.
71.Así, se revoca la sentencia de primera instancia por la cual se declaró
probado el fenómeno de cosa juzgada y, en su lugar, se niegan las
pretensiones de la demanda por los motivos expuestos […]”. [Subrayado
fuera del texto].
38. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta
sede constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y no se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o,
15
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08223-00
Accionante: Severo Acosta Tarazona
se hubiesen desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en
el trámite del proceso contencioso administrativo.
39. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”20. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte
Constitucional, que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede
ser “[…] utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial […]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes
cuentan con los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el
legislador para combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o
incompatibles con sus derechos […]”21.
40. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”22.
41. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por Ministerio del
Interior, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibidem
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08223-00
Accionante: Severo Acosta Tarazona
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.