RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-08230-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08230-01

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08230-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de febrero de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción por no cumple el requisito de subsidiariedad. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-08230-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-08230-011
Accionante : Mario Alberto González Linares
Accionados : Tribunal Administrativo de Santander y otros2
Vinculado : Electrificadora de Santander S.A.
Acción : Tutela
Tema : Improcedencia por subsidiariedad
Decisión : Sentencia de segunda instancia

1. Procede la Sala a decidir la impugnación parcial formulada por la parte actora contra

el fallo del 19 de febrero de 2026, proferido por la Sección Primera del Consejo de
Estado, que declaró la improcedencia de la solicitud de tutela, por falta de cumplimiento
del requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el accionante; luego, revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela;
y, finalmente, determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. El señor Mario Alberto González Linares, a través de apoderado judicial, interpuso

el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida digna, trabajo, posesión
legítima, seguridad alimentaria e igualdad, que considera vulnerados por Ecopetrol
S.A., la Subestación de Policía de Yarima, el Municipio de San Vicente de Chucurí
y el Tribunal Administrativo de Santander.

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Municipio de San Vicente de Chucurí, la Subestación de Policía de Yarima y Ecopetrol S.A.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08230-01
Accionante: Mario Alberto González Linares
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

4. En consecuencia, solicitó lo siguiente:

[…] 1. Que se declare la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.
2. Que se ordene de manera inmediata a ECOPETROL y a la Policía Nacional:
o Retirar el cerco instalado el 18 de diciembre,
o Permitir el acceso inmediato del accionante al predio,
o Abstenerse de realizar cualquier acto de desalojo, intervención o cierre sin
orden judicial.
3. Que se ordene al Municipio y a ECOPETROL suspender cualquier intervención u
obra mientras no exista decisión judicial competente.
4. Que se oficie al Tribunal Administrativo de Santander para que revalúe las medidas
cautelares a la luz de los hechos nuevos. […]

Hechos3

5. El señor Mario Alberto González Linares es poseedor del predio rural denominado

«La Esmeralda», ubicado en la vereda La Lizama del municipio de San Vicente de

Chucurí (Santander), en donde reside con su familia y desarrolla actividades
agrícolas que constituyen su único medio de subsistencia.

6. En tanto el predio fue ocupado sin título y despojado materialmente por
Ecopetrol S.A., el señor González Linares instauró demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial, Municipio
de San Vicente de Chucurí, Ecopetrol S.A. y la Electrificadora de Santander S.A.
E.S.P. (ESSA), con el fin que, se declarara la responsabilidad patrimonial de las
demandadas por ocupación material, permanente y no indemnizada del predio
rural, y la nulidad absoluta de los actos registrales derivados de falsa tradición,
originados en la sentencia de adjudicación sucesoral del 11 de enero de 1974,
dictada sin intervención de los herederos legitimarios.

7. Así mismo, pidió, entre otros, que se ordenara la reparación integral del daño

antijurídico causado, y se adoptaran las siguientes medidas cautelares tendientes
a proteger los derechos patrimoniales del demandante y evitar nuevas
afectaciones derivadas del folio viciado: i) suspensión de los efectos jurídicos de
las matrículas inmobiliarias No. 320-2462, 320-0015.352, 320-0015.353 y 320-
0015.354, ii) inscripción de la demanda y, iii) ordenarle a las entidades
demandadas abstenerse de realizar cualquier acto de disposición, intervención,
ocupación, construcción, enajenación, cesión, gravamen o afectación material o
jurídica sobre el predio.

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 1.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08230-01
Accionante: Mario Alberto González Linares
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

8. El proceso, bajo el radicado No. 68001-23-33-000-2025-00707-00, fue conocido

en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander que, mediante
auto del 21 de noviembre de 2025, admitió la demanda, pero sin decretar las
medidas cautelares solicitadas. Contra esa providencia, Ecopetrol S.A. y ESSA
interpusieron recurso de reposición.

9. El 18 de diciembre de 2025, personal de Ecopetrol S.A., acompañado por
agentes de la Subestación de Policía de Yarima, ingresó al predio y procedió a
cercarlo en su totalidad, sin contar con una orden judicial. En esa ocasión,
alegaron que, el terreno pertenecía a un colegio y que se estaban adelantando
obras de tuberías. De acuerdo con lo expuesto por el actor, dicho procedimiento
le habría impedido acceder libremente a sus cultivos, animales y herramientas de
trabajo ubicados en el predio.

10. En su escrito de tutela, el accionante alega que la actuación de Ecopetrol S.A.

y de la Subestación de Policía de Yarima constituye una vía de hecho, en tanto
desconocería la existencia de un proceso judicial en curso, el principio de juez
natural y la prohibición, derivada de la jurisprudencia constitucional, de ejecutar
desalojos o intervenciones sobre la posesión sin orden judicial previa. Aseguró
que, como consecuencia de ese proceder, ha quedado privado de su lugar de
trabajo y subsistencia, lo que afecta de manera grave, actual e inminente sus
derechos al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad alimentaria, más aún si
se tiene en cuenta su condición de campesino residente en zona rural dispersa,
sujeto de especial protección constitucional.

11. Así mismo, reprochó la conducta omisiva del Tribunal Administrativo de
Santander, porque no habría adoptado oportunamente las medidas cautelares
necesarias para suspender las actuaciones de Ecopetrol S.A. y de la Policía
Nacional sobre el predio, hasta tanto no existiera una decisión judicial en firme.

1.2. Contestaciones de la acción

12. 1.2.1. La Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.4 pidió declarar que, la acción

es improcedente, por falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en tanto
la solicitud de medidas cautelares dentro del medio de control de reparación directa
se encuentra sometida a la decisión del juez natural, a quien corresponde evaluar

4
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 12, archivo 21.
3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08230-01
Accionante: Mario Alberto González Linares
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

la presencia de los presupuestos exigidos para su decreto. Además, adujo que, no
se advierte la existencia de un perjuicio irremediable.

13. 1.2.2. El Tribunal Administrativo de Santander, Despacho 095, expuso el

trámite surtido dentro del medio de control de reparación directa. Señaló que la
demanda fue presentada el 4 de noviembre de 2025 y se admitió mediante auto del
21 de noviembre de 2025. En diciembre de 2025, Ecopetrol S.A. y ESSA
interpusieron recurso de reposición contra esa providencia, del cual se corrió
traslado por secretaría.

14. En cuanto a las medidas cautelares, precisó que, estas no fueron formuladas

con carácter urgente, contrario a lo afirmado por el accionante, de manera que
resulta procedente agotar previamente el traslado de cinco días previsto en el
artículo 233 del CPACA. Además, explicó que, en aras de garantizar el debido
proceso, se impone también resolver el recurso de reposición interpuesto por
Ecopetrol S.A. y ESSA contra el auto admisorio de la demanda. Una vez resuelto
dicho recurso, de ser el caso, se correrá traslado de las medidas cautelares y se
adoptará una decisión de fondo dentro de un término prudencial.

15. Con fundamento en lo anterior, adujo que, no se configura vulneración alguna

de los derechos fundamentales del accionante, en tanto no ha transcurrido un lapso
prolongado que permita predicar la existencia de mora judicial. Tampoco, encontró
acreditada la existencia de un perjuicio irremediable que torne indispensable la
intervención del juez constitucional, por lo que, a su juicio, la acción de tutela resulta
improcedente en virtud de su carácter subsidiario y residual, máxime, cuando el
accionante pretende introducir, a través de este mecanismo, hechos nuevos que
no fueron expuestos en la demanda de reparación directa, lo que revelaría un uso
inadecuado del amparo constitucional.

16. 1.2.3. El comandante de la Subestación de Policía de Yarima6 solicitó
desestimar las pretensiones de la acción, al no acreditarse actuación u omisión
violatoria de derechos fundamentales atribuible a esa unidad. Precisó, finalmente,
que en el presente asunto existe un proceso de reparación directa en curso ante el
Tribunal Administrativo de Santander, lo que le impone «el deber jurídico de abstenerse
de intervenir materialmente».

5
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 14, archivo 32.
6
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 18, archivo 40.
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08230-01
Accionante: Mario Alberto González Linares
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

17. 1.2.4. Ecopetrol S.A.7 solicitó que se declare la temeridad de la acción y la

configuración de la cosa juzgada constitucional. Al respecto, expuso que, el señor
González Linares promovió, con anterioridad, una primera acción de tutela por los
mismos hechos (radicado No. 68081-33-33-002-2025-00074-00), la cual fue
declarada improcedente por falta de subsidiariedad, mediante sentencia del 17 de
junio de 2025 del Juzgado Segundo (2°) Administrativo de Barrancabermeja,
confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 24 de julio
de 2025, por contar con otros mecanismos judiciales y administrativos idóneos, y
no haber acreditado un perjuicio irremediable. Advirtió, en ese sentido, la identidad
de partes, causa y objeto entre ambas acciones.

18. Solicitó que, en caso de no acceder a su anterior petición, se declare la
improcedencia de la acción por falta de subsidiariedad. Explicó que, ya se está
empleando el medio de control de reparación directa, en el marco del que se
solicitaron las medidas cautelares, sin que a la fecha el juez natural se haya
pronunciado definitivamente. Por lo tanto, la tutela pretende que el juez
constitucional reemplace al juez contencioso en esa decisión, lo que supone una
intromisión inaceptable en la órbita de su competencia.

19. En cuanto al fondo del asunto, aseguró que, la actuación desplegada el 19 de

diciembre de 2025 no se llevó a cabo sobre «La Esmeralda», sino sobre el predio con
folio de matrícula No. 320-23862, de propiedad del municipio de Barrancabermeja,
donde Ecopetrol S.A. tiene infraestructura. Ahí se adelantó una visita de verificación
de perturbación, en el marco de la que se registró la construcción de una vivienda
familiar, a una distancia inferior a 3,5 metros de la línea de transferencia y sin
licencia urbanística, hallazgo que se catalogó como «perturbación a la infraestructura de
Ecopetrol». Sin embargo, no se adelantó ningún desalojo o diligencia de restitución.

20. 1.2.5. El Municipio de San Vicente de Chucurí guardó silencio, pese a que fue

debidamente notificado del presente proceso.

1.3. Providencia impugnada8

21. Mediante sentencia del 19 de febrero de 2026, la Sección Primera del Consejo

de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, por no cumplir con el

7
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 20, archivo 44.
8
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 32.
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08230-01
Accionante: Mario Alberto González Linares
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

requisito general de subsidiariedad. Como fundamento de esa decisión, advirtió que
las inconformidades planteadas por el actor recaen en que las autoridades
accionadas tomaron posesión, cercaron y desalojaron el predio de su propiedad,
mientras que el Tribunal no ha tomado las medidas necesarias, dentro del proceso
de reparación directa, tendientes a que se suspendan dichas actuaciones. Así,
encontró que esas diferencias ya habían sido puestas en conocimiento del juez
ordinario que está tramitando el proceso contencioso iniciado con demanda del 7
de noviembre de 2025.

22. Agregó que, luego de revisar las actuaciones registradas en el aplicativo de

consulta SAMAI, advirtió que dicho proceso se encuentra en curso, en tanto el
Tribunal aún no ha dictado fallo de primera instancia. En la medida en que lo
solicitado en la acción de tutela coincide con lo pretendido en el proceso ordinario,
concluyó que la intervención del juez constitucional se encuentra vedada y que mal
haría en suplantar las competencias atribuidas al juez de conocimiento. En lo
relativo a las pretensiones dirigidas a que se impartieran órdenes a la Policía
Nacional y a Ecopetrol S.A., se abstuvo de emitir pronunciamiento, por encontrar
que tales requerimientos están siendo ventilados dentro del proceso de reparación
directa. Finalmente, no advirtió la configuración de un perjuicio irremediable que
hiciera procedente el amparo como mecanismo transitorio.

1.4. La impugnación9

23. Inconforme con la decisión de primera instancia, el accionante presentó recurso

de impugnación, en el que solicitó revocar en su integridad el fallo de tutela del 19
de febrero de 2026 que declaró la improcedencia del amparo y, en su lugar,
concederlo como mecanismo transitorio.

24. Para sustentar su recurso, señaló que, la sentencia impugnada no contiene un

análisis material del perjuicio irremediable y de la afectación a su mínimo vital, sino
que concluyó, sin un examen suficiente, que no se acreditó la inminencia o
gravedad del daño. Sostuvo que, por el contrario, se encuentra demostrado que
Ecopetrol S.A. cercó el predio, de manera que es evidente que bloquear el acceso
a la parcela donde se cultivan alimentos de subsistencia genera un perjuicio
irremediable.

9
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 17.
6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08230-01
Accionante: Mario Alberto González Linares
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

25. Sin embargo, «[e]l propio Tribunal Administrativo de Santander, en su informe (Oficio núm.

004 CAF), confesó que no se pronunciará sobre las medidas cautelares hasta tanto no agote el
trámite de resolver los recursos de reposición interpuestos por Ecopetrol y ESSA contra el auto
admisorio. Mientras la jurisdicción contenciosa se toma semanas o meses en desatar debates
puramente rituales y de saneamiento (traslados, reposiciones, caducidad), el accionante sigue sin
poder ingresar a sus cultivos». Así, encuentra que el Consejo de Estado está permitiendo

que «una empresa ejerza autotutela material, bloqueando tierras agrícolas, mientras impone a la
víctima vulnerable la carga de soportar el bloqueo durante el prolongado tiempo que dura un trámite
de medidas cautelares en la jurisdicción administrativa».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

26. En virtud de los artículos 3210 del Decreto Ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo

80 del 12 de marzo de 201913 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2. La acción

27. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3. Cuestión previa

28. En relación con lo informado por Ecopetrol S.A., en el sentido que el actor
promovió otra acción de tutela por hechos similares a los aquí planteados, la Sala,

10
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de
la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
13
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08230-01
Accionante: Mario Alberto González Linares
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

en ejercicio de su labor oficiosa, revisó el escrito de tutela radicado bajo el núm.
68081-33-33-002-2025-00074-00 y constató que no se trata de una acción idéntica
a la presente. En efecto, dicho mecanismo se dirigió contra Ecopetrol S.A., la
Electrificadora de Santander S.A. y la Alcaldía de Barrancabermeja, y tuvo por
objeto impedir su desalojo del predio «La Esmeralda» y ordenar la intervención de la
Unidad de Restitución de Tierras, mientras que en este asunto el amparo se
promueve contra el Tribunal Administrativo de Santander, el Municipio de San
Vicente de Chucurí, la Subestación de Policía de Yarima y Ecopetrol S.A., por la
presunta omisión en el decreto de medidas cautelares en el proceso de reparación
directa, y el cercamiento del predio.

2.4. Problema Jurídico

29. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el
cercamiento del predio rural «La Esmeralda» llevado a cabo por Ecopetrol S.A., con
el acompañamiento de la Subestación de Policía de Yarima, el 18 de diciembre de
2025, así como la omisión del Tribunal Administrativo de Santander en
pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas dentro del medio de control
de reparación directa con radicado No. 68001-23-33-000-2025-00707-00; y, en
caso afirmativo, si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso,
mínimo vital, vida digna, trabajo, seguridad alimentaria, igualdad y posesión
invocados en la solicitud de amparo.

2.5. Subsidiariedad de la acción de tutela

30. El principio de subsidiariedad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de

la Constitución, que establece que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable». En este orden de ideas, al existir otros mecanismos

de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se
debe recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla
el constituyente buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de
defensa previstos en la correspondiente regulación común14.

14
Ver sentencia T-680 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08230-01
Accionante: Mario Alberto González Linares
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

31. Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de

buscar la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones
administrativas o judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso
específico15. Esto porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace
los mecanismos ordinarios de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia16.

32. Si no fuera así, ha manifestado la Corte Constitucional que:

[…] el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de
los derechos fundamentales, sino que se convertiría en una instancia de decisión de
conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción
de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la
función del juez de amparo17.

33. No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos

del afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no
es idóneo o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a la
inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la
eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la
procedencia excepcional de la tutela.

34. El primer evento, se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la

respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no
permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución
pronta, por lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda
excepcionalmente. El requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a
la luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización
de los derechos sobre las consideraciones de índole formal18.

35. La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso

concreto, considerando las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa

15
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de
los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
16
Corte Constitucional, sentencias T-705 de 2012 (M.P. Jorge Pretelt Chaljub) y SU-026 de 2021 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger).
17
Cfr. Sentencia T-406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08230-01
Accionante: Mario Alberto González Linares
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

que, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando
salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado19.

36. En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que,

cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un
medio judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez
constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Tal perjuicio irremediable se caracteriza:

(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en
el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se
requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción
de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el
orden social justo en toda su integridad20.

2.5. Caso concreto

37. En el asunto sub judice, la inconformidad del actor radica en las actuaciones

adelantadas por Ecopetrol S.A. y la Subestación de Policía de Yarima el 18 de
diciembre de 2025, consistentes en el cercamiento del predio rural «La Esmeralda»
sin orden judicial, así como, la omisión del Tribunal Administrativo de Santander en
pronunciarse oportunamente sobre las medidas cautelares solicitadas dentro del
medio de control de reparación directa con radicado No. 68001-23-33-000-2025-
00707-00.

38. La Sala observa que, en tanto Ecopetrol S.A. y ESSA recurrieron el auto
admisorio de la demanda, debía esperarse a que se corriera traslado de esos
recursos y, una vez agotado ese trámite, se trasladara la solicitud de medidas
cautelares. Ahora, una vez verificado el estado del proceso en comento, la Sala
encuentra que, a través de auto del 10 de marzo de 2026 (visible en el índice 25 en
SAMAI), el Tribunal resolvió los recursos en el sentido de dejar sin efectos el auto
admisorio y, en su lugar, inadmitir la demanda. La autoridad judicial expuso que la
demanda no reúne los presupuestos exigidos en los artículos 161 y siguientes del
CPACA, «ya que los hechos no son claros, se acumularon pretensiones y no se individualizaron
los actos administrativos demandados con precisión, no se allegó el requisito de procedibilidad de
la conciliación y, además, resulta imposible determinar en tales condiciones la caducidad del medio

19
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
20
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08230-01
Accionante: Mario Alberto González Linares
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

de control». Por lo tanto, la accionada resolvió concederle al demandante el término

de diez días para subsanar los defectos anotados, so pena de rechazo.

39. En consecuencia, la acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito

de subsidiariedad, en razón a que, el proceso de reparación directa promovido por
el actor se encuentra actualmente en curso ante el Tribunal, sin que haya proferido
una decisión definitiva que dirima la controversia. En el marco de dicho trámite, el
señor González Linares cuenta con los mecanismos procesales idóneos para
obtener la protección de los derechos que estima vulnerados, no solo en lo relativo
a la declaratoria de responsabilidad patrimonial y la reparación integral del daño
antijurídico que reclama, sino también respecto del decreto de las medidas
cautelares solicitadas, sobre las cuales el juez natural deberá pronunciarse una vez
agote el trámite procesal correspondiente.

40. La discusión planteada por el actor en sede de tutela, relativa a si Ecopetrol S.A.

ocupó o no de manera ilegítima el predio «La Esmeralda», si la cadena de tradición
registral adolece de vicios y si las actuaciones materiales del 18 de diciembre de
2025 le ocasionaron un daño antijurídico que debe ser reparado, constituye
precisamente la materia de debate del medio de control de reparación directa,
escenario en el que cuenta con todas las garantías procesales y de defensa. La
inadmisión de la demanda contenciosa reafirma que es al juez natural, y no al juez
constitucional, a quien le corresponde pronunciarse sobre la legalidad y
constitucionalidad de las actuaciones desplegadas por las entidades accionadas,
así como sobre la procedencia de las medidas cautelares deprecadas.

41. Tampoco se acreditó, en este caso, la configuración de un perjuicio irremediable

que tornara procedente el amparo como mecanismo transitorio. Si bien el actor
invoca su condición de campesino residente en zona rural dispersa y la afectación
a su mínimo vital y a la seguridad alimentaria de su núcleo familiar, lo cierto es que,
tales afirmaciones no fueron respaldadas con elementos de prueba que permitan
acreditar la inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad del daño que,
conforme a la jurisprudencia constitucional, deben concurrir para activar la
procedencia excepcional del amparo.

42. A ello se suma que el propio actor cuenta, dentro del proceso de reparación

directa, con la posibilidad de reiterar o complementar la solicitud cautelar a la luz
de los hechos sobrevinientes que motivaron la presente acción, sin que la dilación
11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08230-01
Accionante: Mario Alberto González Linares
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

en su resolución pueda atribuirse, en este momento procesal, a una mora judicial
injustificada del Tribunal.

43. De hecho, es necesario aclarar que, como lo advirtió el A-quo, no es cierto que

el Tribunal Administrativo de Santander haya incurrido en mora judicial al momento
de resolver la solicitud de medidas cautelares. El escrito de demanda ordinaria,
contentivo de dicha petición, se radicó el 7 de noviembre de 2025, mientras que la
tutela aquí estudiada fue interpuesta el 19 de diciembre de 2025, por lo que resulta
apenas razonable que la autoridad judicial accionada se encontrara adelantando el
trámite respectivo para la fecha en que se radicó el mecanismo de amparo.

44. Conviene precisar que, el mecanismo constitucional contra providencia judicial,

no se instituyó como un medio alternativo o simultáneo o una instancia
adicional para atender cuestiones que deben ser dirimidas al interior de otras
diligencias judiciales o administrativas.

45. Además, resulta oportuno señalar que, ante la naturaleza eminentemente
subsidiaria de la acción de tutela, es indispensable que quien depreca el amparo
de un derecho fundamental haya agotado todos los mecanismos de defensa judicial
que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición de la
acción.

46. En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa), es aplicable la

preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que
guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en atención a
la cual la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial»21.

47. Finalmente, destaca la Sala, que el ejercicio de la acción de tutela no habilita al

juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni interferir en
ellos, a menos que exista un perjuicio irremediable, o una evidente vulneración al
debido proceso, lo que no fue acreditado en este asunto, situación que impide
asumir que el medio ordinario de defensa resulta ineficaz para proteger los
derechos del accionante y evitar un daño inminente.

21
Artículo 86 de la Carta Política.
12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08230-01
Accionante: Mario Alberto González Linares
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

III. DECISIÓN

48. Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, el

accionante no acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad de
subsidiariedad de la acción. Por tal motivo, se confirmará la decisión de declarar la
improcedencia de la acción de tutela.

49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción
por no cumple el requisito de subsidiariedad.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.