Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-08231-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-08231-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-08231-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08231-01
Accionante: Julián Gutiérrez Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 5 de marzo
de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la demanda de tutela.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona la sentencia del 19 de junio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, que confirmó la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho llevado a cabo contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el
municipio de Armenia con el fin de que se reconocieran y pagaran las diferencias
derivadas de los incrementos salariales decretados para los años 2008 y 2009. Se
confirma la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la demanda
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 18 de diciembre de 2025, el señor Julián Gutiérrez Mesa, mediante apoderada
judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección a sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva, los cuales, a su juicio fueron
vulnerados con ocasión de la sentencia del 19 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado núm. 63-001-33-33-001-2024-00118-01, mediante la cual se
confirmó la decisión de primera instancia, emitida por el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Armenia que negó las pretensiones de la demanda.
2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la sentencia
1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Confirma
improcedencia por falta de relevancia constitucional / Incrementos salariales en el escalafón docente
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08231-01
Accionante: Julián Gutiérrez Mesa
Se confirma la improcedencia de la demanda
proferida el día 19 de junio de 2025, en el expediente radicado bajo número 63001-
3333-001-2024-00118-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del señor JULIAN
GUTIERREZ MESA, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el
material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular
del docente JULIAN GUTIERREZ MESA a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.
[Negrillas del texto citado].
B. Hechos
3.El señor Julián Gutiérrez Mesa es docente oficial ubicado en la categoría 3AM del
escalafón docente vigente, regulado por el Decreto 1278 de 20022.
4. El Gobierno Nacional decretó incrementos salariales diferentes para cada categoría
del escalafón docente. De tal modo, para los años 2008 y 2009 se dispuso un
incremento del 52.56% para el grado 3DM, mientras que el grado 3AM obtuvo un
aumento del 35,81%, en tanto se aplicó un incremento desigual del 16.75%.
5. El docente interpuso reclamación administrativa ante la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación municipal de Armenia con el fin de
obtener el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los
incrementos desiguales decretados para los años 2008 y 2009.
6.Tal solicitud fue respondida negando las pretensiones mediante los oficios núm.
ARM2024EE005725 del Municipio de Armenia y 2024-EE-057674 del Ministerio de
Educación Nacional.
7. El docente promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional
y el municipio de Armenia con el fin de que (i) se inaplicara el Decreto núm. 284 de 2024,
(ii) se declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron la reclamación
administrativa y (iii) se ordenara el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
causadas durante los últimos tres años anteriores a la presentación de la solicitud
administrativa.
8.Mediante sentencia del 26 de noviembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo
de Armenia desestimó las pretensiones de la demanda, al concluir que no existe un trato
desigual respecto de los incrementos porcentuales salariales aplicados a los años 2008
y 2009 toda vez que los mismos se respaldan en justificaciones objetivas y por
consecuencia no se trasgrede la normativa constitucional.
9. El demandante presentó recurso de apelación en contra de la decisión de primera
2 Presidente de la República de Colombia. Decreto 1278 de 2002. “Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente”
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Accionante: Julián Gutiérrez Mesa
Se confirma la improcedencia de la demanda
instancia, argumentando, entre otras cosas, que se desconocieron principios
constitucionales y legales establecidos al implementar los incrementos injustificados,
configurando así, un trato desigual.
10. El 19 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la sentencia
del 26 de noviembre de 2024, tras determinar que la diferencia porcentual en el aumento
de la asignación salarial para los grupos de docentes que adujo el demandante se
encontraba ajustada a derecho, ya que el Gobierno Nacional modificó la asignación
salarial conforme la Ley 4 de 1992.
C. Fundamentos de la vulneración
11. El accionante indicó que la sentencia del 19 de junio de 2025 incurrió en los defectos
sustantivo y fáctico.
12. Sobre el defecto sustantivo alegó que la providencia cuestionada desconoció el
alcance del principio de igualdad y el mandato de progresividad salarial toda vez que no
se acreditaron las justificaciones objetivas para la diferenciación salarial generando así
una discriminación arbitraria y un desconocimiento al marco normativo el cual señala
que, deben existir razones objetivas y suficientes para la diferenciación salarial entre
grados del escalafón docente.
13. Señaló que no se argumentó de manera clara y coherente la razón por la cual se le
otorgó un incremento salarial menor a pesar de que en el proceso ordinario se demostró
que el accionante pertenecía a un escalafón mayor en la jerarquía lo que supondría
entonces, una remuneración superior en función del mérito.
14.Adujo que la sentencia cuestionada contraviene el marco normativo que rige la
materia, en particular, el literal j, del artículo 2°, de la Ley 4 de 19923, el artículo 20 del
Decreto 1278 de 20024 y la Ley 1278 de 2002.
15. Respecto el defecto fáctico adujo que la autoridad judicial accionada realizó una
indebida valoración probatoria frente a la discusión planteada, debido a que no se
acreditaron las razones objetivas necesarias para justificar los incrementos salariales,
por el contrario, se validó la diferencia sin fundamento probatorio alguno.
16. Agregó que en el proceso ordinario no se ofreció ninguna explicación objetiva ni
razonable en relación con el trato inequitativo que se otorgó, por lo cual se reprocha la
falta de justificación técnica y legal que se exige en estos casos, ya que, si bien pueden
existir diferencias en los aumentos salariales, tal decisión debe sustentarse en criterios
objetivos.
3 Congreso de Colombia. Ley 4 de 1992. “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que
debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las
prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”
4 Decreto 1278 de 2002. “Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente”.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08231-01
Accionante: Julián Gutiérrez Mesa
Se confirma la improcedencia de la demanda
D. Trámite procesal
17. Mediante auto del 20 de enero de 20265, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Quindío, y
en calidad de terceros con interés, al Juzgado Primero Administrativo de Armenia, al
Ministerio de Educación Nacional, y a la Alcaldía del municipio de Armenia.
18. Además, se requirió al Juzgado Primero Administrativo de Armenia para que
remitiera copia del expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho núm. 63-001-33-33-001- 2024-00118-00.
E. Oposiciones e intervenciones
19. El Tribunal Administrativo del Quindío6 (accionado) compartió el expediente digital
núm. 63-001-33-33-001-2024-00118-00. Además, alegó que el accionante reiteró los
argumentos utilizados en el proceso ordinario, pretendiendo así, un mecanismo
adicional para obtener un fallo y no la protección de derechos fundamentales.
20. El Ministerio de Educación Nacional7 (tercero con interés) solicitó que se declarara
la improcedencia de la acción de tutela y se desvinculara a la entidad por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Lo anterior, debido a que la discusión presentada
se circunscribe a un debate que carece de relevancia constitucional, además, expuso
que no tenía injerencia en la sentencia que se cuestiona. Por otro lado, resalta también
la falta de acreditación por parte del accionante de un perjuicio irremediable.
21.El Juzgado Primero Administrativo de Armenia8 allegó copia del expediente digital
núm. 63-001-33-33-001- 2024-00118-00, sobre lo demás, guardó silencio.
22.La Alcaldía del municipio de Armenia fue debidamente notificada9, sin embargo,
guardó silencio.
F. Fallo impugnado
23. Mediante sentencia del 5 de marzo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por falta del requisito de relevancia
constitucional.
24. Determinó que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Quindío fue
razonable y no merece ningún reproche desde el punto de vista constitucional, por lo
cual, los argumentos expuestos por el accionante corresponden a su inconformidad
frente la interpretación realizada por el juez natural del asunto.
25. Indicó que en sede de apelación del proceso ordinario el accionante expuso
argumentos idénticos a los que presentó en el escrito de tutela, lo que evidencia que su
intención es convertir el mecanismo constitucional en una instancia adicional del
5 Índice 5 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
6 Índice 9 y 10 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
7 Índice 11 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
8 Índice 14 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
9 Índice 8 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08231-01
Accionante: Julián Gutiérrez Mesa
Se confirma la improcedencia de la demanda
proceso ordinario, desconociendo la naturaleza subsidiaria y residual del mecanismo
constitucional.
G. Impugnación
26. Mediante escrito allegado el 13 de marzo de 202610, el accionante impugnó la
sentencia proferida el 5 de marzo de 2026, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
por medio del cual solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, y en su
lugar, se ampararan los derechos fundamentales invocados.
27. Alegó que la conclusión a la que arribó el a quo no resulta acertada, debido a que
se desconoció el alcance del principio de igualdad y el mandato de progresividad salarial
generando así una discriminación arbitraria y un desconocimiento al precedente
constitucional, el cual señala que deben existir razones objetivas y suficientes para la
diferenciación salarial entre grados del escalafón docente.
28. Insistió en que se avaló un trato diferenciado donde el debate se centró en la
diferencia natural entre grados y no en la irregularidad de los incrementos, lo cual
desnaturalizó los principios de progresividad, mérito y equidad retributiva que orientan
la carrera docente.
29. En suma, reiteró los fundamentos que sustentan la supuesta configuración de los
defectos fáctico y sustantivo, tras alegar que hubo un tratamiento desigual y regresivo
que afectó de manera directa a los docentes que acreditaban mayores requisitos.
Agregó que el tratamiento desigual adquiere especial relevancia constitucional, debido
a que los incrementos porcentuales tienen un impacto estructural y permanente en la
remuneración docente.
II. CONSIDERACIONES
H. Sentido de la decisión
30. La Sala confirmará la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito
de relevancia constitucional, debido a que el debate planteado por el accionante se
circunscribe a un asunto económico y está orientado a reabrir una discusión de mera
legalidad, propia del juez natural del asunto.
31. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela11.
10 Índice 24 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
11 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08231-01
Accionante: Julián Gutiérrez Mesa
Se confirma la improcedencia de la demanda
I. El requisito de relevancia constitucional
32. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.12 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada13, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.
33. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.14
34. En la sentencia SU-215 de 202215, la Corte Constitucional estableció, entre otros16,
que la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra una providencia judicial no
debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico. En ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como una tercera
instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente legales y la solicitud
debe trascender la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales del asunto.
J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
35. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
13 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
14 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto
Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
16 La Corte Constitucional identificó los siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda de
tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional: (i) el caso debe
involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras,
el asunto debe ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o
para la determinación del alcance de un derecho fundamental, (ii) se deben plantear argumentos
suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental, entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental y (iii) el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08231-01
Accionante: Julián Gutiérrez Mesa
Se confirma la improcedencia de la demanda
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
36. En el asunto sub iudice, el accionante cuestiona la sentencia del 19 de junio de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, porque, a su juicio, considera que
incurrió en los defectos sustantivo y fáctico. A continuación, la Sala describirá las
características y elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el
objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.
37. Respecto del defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración
del material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se
configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”17.
38. Sobre el defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una
norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u
opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica.
K. El caso concreto – tesis reiterada18
39. La Sala considera que la discusión que presenta el accionante carece de relevancia
constitucional, toda vez que se limita a reiterar los argumentos expuestos en el proceso
ordinario para sustentar los defectos fáctico y sustantivo y pretender una instancia
adicional mediante la cual se adopte una determinación distinta frente al reconocimiento
y pago de las diferencias salariales decretadas para los años 2008 y 2009.
40. Si bien el accionante sustentó los defectos invocados como requisito de procedencia
de la demanda de tutela contra providencia judicial, lo cierto es que el fundamento de
tales yerros corresponde, en términos similares, a los argumentos expuestos en sede
de apelación en el proceso ordinario. En efecto, en el recurso de apelación presentado
contra la sentencia del 26 de noviembre de 2024, el demandante se refirió a los mismos
reproches que presenta en sede constitucional, en particular, respecto la vulneración de
los principios de igualdad y proporcionalidad y la falta de justificación frente a los
incrementos porcentuales diferenciados.
41.Aun así, en la presente acción constitucional reitera, en términos semejantes, los
mismos cuestionamientos, en especial al señalar lo siguiente:
El defecto fáctico se materializa porque la providencia desconoce el alcance normativo del
principio de igualdad y del mandato de progresividad, al asimilar el debate a una
comparación abstracta entre grados del escalafón, en lugar de verificar si existían razones
objetivas y constitucionalmente válidas para justificar un incremento salarial tan dispar en
un mismo año para categorías que, si bien son diferentes en requisitos, comparten la misma
fuente de regulación y están sujetas a un régimen salarial unitario establecido por la Ley 4
17 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. radicados
núm. 11001-03-15-000-2025-08198-00; 11001-03-15-000-2025-07052-01; 11001-03-15-000-2026-00234-
00; 11001-03-15-000-2026-01070-00 y 11001-03-15-000-2025-07187-00.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08231-01
Accionante: Julián Gutiérrez Mesa
Se confirma la improcedencia de la demanda
de 1992. Al asumir que cualquier trato diferenciado queda automáticamente justificado por
el diseño del escalafón docente, el Tribunal desnaturalizó el test de igualdad, omitiendo
indagar por la proporcionalidad de la medida y por la obligación del Estado de no generar
retrocesos o discriminaciones arbitrarias en materia de remuneración laboral.
En el sub examine, el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria respecto del
debate jurídico planteado, por cuanto no se allegó prueba alguna que demostrara la
existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa, resulta
imperativo cuestionar qué aspectos válidos y concretos incidieron para otorgar un trato tan
inequitativo, toda vez que ni el expediente ni la sentencia ofrecen explicación alguna al
respecto, lo que genera una profunda incertidumbre sobre la legitimidad y justificación de
la decisión administrativa que avaló este incremento salarial desigual, por lo que la ausencia
de sustento en tales parámetros no solo vulnera el principio de igualdad material
consagrado en el artículo 13 de la Constitución, sino que también desnaturaliza los fines
del servicio educativo y compromete la legalidad del acto administrativo cuestionado..
42. Incluso, en la impugnación presentada contra la sentencia del 5 de marzo de 2026,
la parte accionante se limita a reproducir los mismos argumentos en aras de acreditar
la configuración de los defectos sustantivo y fáctico:
Bajo este parámetro, resulta evidente que la sentencia del Tribunal incurrió en un defecto
sustantivo, porque adoptó una interpretación abiertamente irrazonable y desproporcionada
del artículo 13 de la Constitución, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002. El
fallo concluyó que los incrementos salariales diferenciados entre los grados 3AM y 3DM
respondían a la formación y experiencia propias del escalafón docente, y que, en
consecuencia, no se configuraba vulneración del principio de igualdad. Sin embargo, esta
conclusión desconoce el verdadero objeto del litigio, pues la controversia no versaba sobre
la estructura del escalafón ni sobre la diferencia natural entre grados, sino sobre la
irregularidad en los incrementos salariales aplicados en los años 2008 y 2009. Mientras en
dichos años la categoría 3DM recibió un aumento acumulado del 52,56%, la categoría 3AM
obtuvo únicamente un 35,81%, diferencia de 16,75 puntos porcentuales sin sustento
normativo, técnico ni presupuestal.
En el caso objeto de estudio, el Tribunal incurrió en un defecto fáctico porque no existió
prueba alguna que acreditara la existencia de motivos válidos que justificaran los
incrementos diferenciados de los años 2008 y 2009. Ninguno de los decretos que fijaron los
incrementos incluyó razones técnicas, presupuestales o de política pública que explicaran
la razón del salario desigual. Tampoco se allegaron estudios, informes o conceptos que
demostraran la necesidad de una medida tan disímil. La sentencia, no obstante, validó esta
diferencia basándose en inferencias genéricas sobre formación y experiencia, sin
fundamento probatorio alguno.
43. Sin embargo, tal debate ya fue debidamente analizado y resuelto por parte del
Tribunal Administrativo del Quindío mediante la sentencia del 19 de junio de 2025, tras
reiterar los argumentos del fallo en primera instancia y concluir que los docentes que se
encuentran en el escalafón 3AM y 3DM no gozan de las mismas características y deben
acreditar el cumplimiento de unos requisitos que distan entre sí, razón por la cual no son
sujetos comparables y su trato diferenciado se encuentra justificado. Además, la
asignación salarial que dispuso el Gobierno Nacional se ajustó al marco normativo
vigente, en específico a la Ley 4 de 1992 y al principio de igualdad.
44. En ese sentido, la discusión contenida en el escrito de tutela y en la impugnación
presentada corresponde a un asunto de mera legalidad en la cual el accionante expone
su inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del asunto, sin que se
demuestre que la providencia cuestionada se profirió bajo un criterio arbitrario,
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08231-01
Accionante: Julián Gutiérrez Mesa
Se confirma la improcedencia de la demanda
caprichoso u ostensiblemente ilegítimo que justifique la intervención excepcional del
juez de tutela, por el contrario, está orientada a que se realice, nuevamente, un estudio
frente a la interpretación y los elementos probatorios del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin advertir un debate de orden constitucional.
45. De tal modo, la Sala coincide con la tesis que expuso la Sección Cuarta de esta
Corporación, al concluir que el accionante pretende utilizar el mecanismo constitucional
como una instancia adicional del proceso ordinario, aun cuando la sentencia que se
controvierte se fundamentó en criterios fácticos y jurídicos razonables.
46. Por otro lado, la solicitud de amparo no cuestiona el contenido, alcance o goce de
una garantía iusfundamental, ya que el núcleo de las pretensiones se circunscribe a un
asunto de índole económico, mediante las cuales se persigue el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales dispuestas para los años 2008 y 2009, cuestión que, por sí
misma, no afecta el desarrollo y goce de los derechos fundamentales del accionante.
47. En suma, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional, por cuanto (i) corresponde a un asunto de mera legalidad que persigue
pretensiones económicas y (ii) la discusión se reduce a la reiteración de los argumentos
propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 5 de marzo de
2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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