Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08234-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08234-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08234-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
20 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08234-00
Accionante: Luis Fernando Toro Florez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela. Subtema 1: Carencia de objeto por hecho superado. Decisión: Se declara
improcedente el amparo.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Luis Fernando Toro Florez en
contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
I.- ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
El 19 de diciembre de 20252 el señor Luis Fernando Toro Flórez, al estimar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, por la falta de pronunciamiento sobre la solicitud
de aclaración, corrección y complementación radicada el 15 de octubre de 2025,
respecto del auto del 3 de septiembre de 2025, dentro del proceso identificado con
el radicado 44001-23-40-000-2024-00152-01.
2.- Hechos
2.1.– Dentro del trámite de la acción de tutela identificada con el radicado 44001-
23-40-000-2024-00152-01, la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de
Estado profirió auto del 3 de septiembre de 2025.
2.2.– El 15 de octubre de 2025, dentro del término legal, el señor Luis Fernando
Toro Flórez presentó solicitud de aclaración, corrección y complementación del
referido auto, con fundamento en los artículos 285, 286 y 287 del Código General
1
Obra en el certificado 07C99978E53576DA D1454141712BA278 AD87755359DF101D C1B1CE72FB239306, índice 2.
2
Obra en el certificado 0814E23AD7BABD86 D9DBF6F394F08D84 4073814085CB1EE3 24328DDEDC5DD6E3, índice 4.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08234-00
Accionante: Luis Fernando Toro Florez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
del Proceso, y formuló solicitud de control de validez, tras advertir una insuficiencia
verificable en la motivación.
2.3.– Ante la falta de pronunciamiento judicial, el accionante radicó escritos de
insistencia y advertencia expresa de incumplimiento los días 2 y 21 de noviembre
de 2025, así como los días 1, 5 y 10 de diciembre de 2025, sin que el despacho
accionado emitiera respuesta.
3.- Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora afirmó que la falta de pronunciamiento por parte de la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela
radicada bajo el número 44001-23-40-000-2024-00152-01, vulnera sus derechos
fundamentales.
4.- Pretensiones de la acción
La parte accionante textualmente solicitó:
“1. AMPARE mis derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia.
2. DECLARE que la Subsección B incurrió en mora judicial injustificada y en defecto
procedimental absoluto.
3. ORDENE a la Subsección B que, dentro de un término perentorio e improrrogable,
resuelva la solicitud de aclaración, corrección y complementación presentada el 15
de octubre de 2025, o adopte las medidas necesarias para sanear el vicio advertido.
4. ORDENE dejar constancia íntegra de dicha actuación en el sistema SAMAI.”3.
5.- Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1.– Mediante auto del 15 de enero de 20264 el ponente admitió la acción de tutela
y ordenó su notificación, en calidad de demandado, al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B.
5.2.– El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, pese a haber sido
debidamente notificado5, guardó silencio.
3
Obra en el folio 2 del certificado 07C99978E53576DA D1454141712BA278 AD87755359DF101D C1B1CE72FB239306, índice 2.
4
Obra en certificado E1BC1A28E998F010 D968A1A03E8E9FC1 EF2AFDB3000063DC A8971EB1D61CA63B, índice 7.
5
Las constancias de notificación obran en el índice 10 del expediente digital (SAMAI).
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08234-00
Accionante: Luis Fernando Toro Florez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
II.- CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por Luis
Fernando Toro Florez de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la
Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
2.- Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, para el momento de proferir la presente
decisión, la situación que dio origen a la acción de tutela ya fue superada, de tal
forma que se haya configurado una carencia actual de objeto por hecho superado,
al haberse satisfecho la pretensión de la parte accionante durante el trámite
constitucional, lo que haría innecesario emitir una orden de amparo.
3.- Carencia actual de objeto
El Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia6 reiterada, ha indicado que la
carencia actual de objeto se configura en los casos en que cualquier orden emitida
por el juez sería inane. Específicamente esta figura tiene lugar siempre que se
presente un daño consumado7, un hecho superado8 o una situación sobreviniente9.
4.- Estudio y solución del caso concreto
4.1.– El señor Luis Fernando Toro Florez indicó que, dentro del trámite de la acción
de tutela identificada con el radicado 44001-23-40-000-2024-00152-01, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió auto de 3 de
6
Se toma de la sentencia T-038 de 2019.
7
Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que el juez no puede emitir una orden
al respecto, con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se consume el peligro. Sobre el asunto, consultar la sentencia SU-225 de
2013 dictada por la Corte Constitucional. M.P. Alexei Julio Estrada.
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Tiene cabida entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo. Se apercibe cuando, como consecuencia del obrar de la
accionada, cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Se configura si se realizó la conducta pedida (acción u
abstención) y, por tanto, terminó la afectación, por lo que resulta inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger
derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado. Sobre los casos en que cesó la vulneración de derechos fundamentales
ver las sentencias de la Corte Constitucional T-970 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-669 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado), entre otras.
En lo relacionado con la terminación de la afectación, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece: “[s]i, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
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Se evidencia en aquellos casos en que, sin que haya una actuación previa de la accionada, la protección solicitada no se hace relevante, ya
sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía o porque la nueva situación no da lugar a conceder el derecho. La Corte
empezó a diferenciar, a través de su jurisprudencia, una tercera modalidad de carencia actual de objeto, cuando acaece un hecho posterior a
la demanda. Por ejemplo, las sentencias T-988 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-585 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto), T-200 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada), T-481 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos), entre otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08234-00
Accionante: Luis Fernando Toro Florez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
septiembre de 2025 y que el 15 de octubre de 2025, dentro del término legal,
presentó solicitud de aclaración, corrección y complementación de dicha
providencia, con fundamento en los artículos 285, 286 y 287 del Código General del
Proceso, así como solicitud de control de validez. Asimismo, señaló que, ante la
ausencia de pronunciamiento, radicó escritos de insistencia los días 2 y 21 de
noviembre y 1, 5 y 10 de diciembre de 2025, sin que se produjera respuesta.
4.2.– De acuerdo con la información registrada en el Sistema de Gestión Judicial
SAMAI, dentro del expediente identificado con el radicado No. 44001-23-40-000-
2024-00152-01—en el cual se cuestiona la presunta mora judicial— constan las
siguientes actuaciones procesales:
• Mediante auto del 3 de septiembre de 2025 10, se resolvió la solicitud de
nulidad.
• Mediante auto del 16 de enero de 202611, la autoridad judicial rechazó por
improcedente la solicitud de aclaración, complementación y control de
validez del auto que negó la nulidad.
• El 23 de enero de 202512 se surtió la notificación de la providencia que
rechazó por improcedente la solicitud.
4.3.– Así las cosas, la Sala constata la configuración de la carencia actual de objeto
por hecho superado, en la medida en que la solicitud de amparo tenía como finalidad
obtener un pronunciamiento sobre la petición de aclaración, complementación y
control de validez del auto que negó la nulidad. En efecto, lo que se pretendía era
la emisión de dicho pronunciamiento, lo cual ocurrió antes de la intervención del
juez constitucional.
4.4.– De este modo, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda
de tutela no surtiría ningún efecto, pues lo pretendido se resolvió antes de emitirse
la decisión de primera instancia13.
Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 201914, la Corte Constitucional reiteró
que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen
a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde
su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y
expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto
de hecho que motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el
10
Índice 39 dentro del expediente identificado con el radicado No. 44001-23-40-000-2024-00152-01.
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Índice 70 dentro del expediente identificado con el radicado No. 44001-23-40-000-2024-00152-01.
12
Índice 73 dentro del expediente identificado con el radicado No. 44001-23-40-000-2024-00152-01.
13
Corte Constitucional, sentencias T-229 de 2023, SU-522 de 2019, T-205A de 2018, T-261 de 2017, T-481 de 2016, T-321 de 2016 y T-200
de 2013, entre otras. El hecho superado ocurre cuando “la amenaza o vulneración del derecho fundamental ha sido superada o resuelta de
alguna forma después, o incluso antes, de que el accionante acude a la acción de tutela” (T-229 de 2023). En consecuencia, no tiene sentido
un pronunciamiento por parte del juez constitucional, en la medida que “la posible orden que impartiría el juez caería en el vacío” (SU-522 de
2019).
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M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08234-00
Accionante: Luis Fernando Toro Florez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
juez constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción consagrado
en el artículo 86 de la Constitución Política.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III.- RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclara voto
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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