Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08237-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08237-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08237-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
2 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08237-00
Demandante: Livia Elena Bernal de Ortiz
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo / Auto que
liquida el crédito / Defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto
Decisión: Negar amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud de tutela formulada por Livia Elena Bernal de Ortiz en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Livia Elena Bernal de Ortiz promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al «DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD
JURÍDICA, PRINCIPIOS DE CONFIANZA LEGITIMA, PRECLUSIÓN Y LEALTAD
PROCESAL, INESCINDIBILIDAD DE LA NORMA, DERECHOS ADQUIRIDOS,
LEGALIDAD, IGUALDAD PROCESAL» (sic), los cuales consideró vulnerados con
ocasión las providencias proferidas el 13 de diciembre de 2024 y 10 de julio de 2025
por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
respectivamente, en el expediente ejecutivo identificado con el radicado 11001-33-
35-015-2019-00080-00/01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
1 Ver ítem 2 de Samai, archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_TUTELA20250022500(.pdf) NroActua».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08237-00
Demandante: Livia Elena Bernal de Ortiz
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Caja Nacional de Previsión Social EICE2, hoy
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social3, con el fin de
lograr la reliquidación de su mesada pensional con la inclusión de todos los factores
devengados.
2.2. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial accedió a las
pretensiones de la demanda. Sentencia confirmada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D. Decisiones ejecutoriadas el 4
de septiembre de 2015.
2.3. El 9 de diciembre de 2015, solicitó ante la Ugpp el cumplimiento de las referidas
sentencias, lo cual no ocurrió, por lo que inició en su contra proceso ejecutivo con
el fin de que se «ordenara el pago de los dineros adeudados por la entidad, incluyendo
los intereses moratorios por el periodo mediante el cual se causaron efectivamente» (sic).
2.4. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial, en providencia del 3 de
noviembre de 2022 ordenó seguir adelante con la ejecución, «precisando que el
pago de los intereses se limitará al periodo comprendido entre el 04 de septiembre
y el 05 de diciembre de 2015, y desde el 09 diciembre de 2015 hasta la fecha de
pago de la sentencia» (sic). Decisión contra la cual ambas partes interpusieron
recurso de apelación.
2.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en sentencia del 3 de noviembre de 2022 confirmó la decisión del a quo y condenó
en costas a la entidad ejecutada.
2.6. Una vez presentó la liquidación del crédito, la cual fue objetada por la entidad
ejecutada, el proceso fue remitido a la oficina de apoyo para que practicara la
respectiva liquidación. El juzgado de conocimiento, en providencia del 26 de febrero
de 20244 «aprobó el crédito por los valores que dispuso el contador [$55.408.712], sin
tener en cuenta el valor que realmente se genera por el retroactivo de mesadas y mesadas
adicionales que por costumbre siempre se ha empleado en la jurisdicción Contencioso
Administrativa, para determinar el procedimiento adecuado para el cálculo de los intereses
moratorios» (sic). Decisión contra la cual interpuso recurso de apelación.
2.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en providencia del 10 de julio de 2025 confirmó la decisión del a quo.
2.8. Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales, toda vez que:
2 En adelante Cajanal EICE.
3 En adelante Ugpp.
4 Lo correcto es 13 de diciembre de 2024.
2
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Demandante: Livia Elena Bernal de Ortiz
2.8.1. El juzgado de conocimiento incurrió en error inducido, pues, «no se ciñó por
las reglas estipuladas por la jurisprudencia y la costumbre que han adoptado a lo largo de
los años los despachos judiciales de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, respecto a
procesos ejecutivos de intereses moratorios del artículo 192 del CPACA, intereses que se
generaron por el pago tardío del capital o retroactivos en cumplimiento a una sentencia
judicial, pues La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que el capital base para
liquidar los intereses moratorios del artículo 192 del CPACA es el valor histórico de la
condena o de la obligación reconocida en la sentencia, Los intereses se calculan sobre ese
capital desde el vencimiento del plazo para pagar hasta la fecha de pago efectivo. […]»
(sic).
2.8.2. El tribunal demandado incurrió en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, pues, pese a que en el recurso de apelación se advirtió del error en que
incurrió el juez de instancia, obvió remitir el proceso a su liquidador de apoyo para
que verificara la inconformidad manifestada «respecto a los errores de la liquidación
hallados por esta parte», por lo que, «[e]l despacho de segunda instancia sencillamente
se limitó a señalar que no era dable la liquidación de esta parte, por el capital tomado, que
debía ser el contenido hasta la fecha de ejecutoria y luego liquidar un nuevo capital, cuando
se señaló que; el capital base para liquidar los intereses moratorios del artículo 192 del
CPACA es el valor histórico de la condena o de la obligación reconocida en la sentencia
HASTA SU FECHA EFECTIVA DE PAGO, NO REALIZANDO DE NINGUNA MANERA UNA
DIVISIÓN DE PERIODOS, APLICANDO UN DIFERENTE CAPITAL, pues si bien en el
ordena seguir adelante se dijo que había cesación de intereses, solo era por unos días
respecto a la radicación de unos días tardíos de la solicitud de cumplimiento a fallo, […]»
(sic).
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. AMPARAR el derecho al DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD JURÍDICA,
PRINCIPIOS DE CONFIANZA LEGITIMA, PRECLUSIÓN Y LEALTAD PROCESAL,
INESCINDIBILIDAD DE LA NORMA, DERECHOS ADQUIRIDOS, LEGALIDAD,
IGUALDAD PROCESAL de la señora LIVIA ELENA BERNAL DE ORTIZ.
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN “D”, a que se remita el proceso a su liquidador de apoyo
para que se estudie los extremos expuestos tanto en el recurso de apelación como en
esta acción constitucional, y se verifique la situación aquí planteada.
3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí
tutelados. […]». (sic)
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Demandante: Livia Elena Bernal de Ortiz
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá5
informó que los fundamentos de hecho y de derecho de la liquidación del crédito
proferida por ese despacho se encontraban contenidos en el auto del 13 de
diciembre de 2024, el cual fue confirmado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en providencia del 10 de julio de
2025.
5. La Ugpp6 solicitó que se declarara improcedente la tutela, ya que no podía
ser utilizada como una instancia adicional para lograr la revisión de las decisiones
adoptadas por los jueces naturales de la causa, y más, cuando no se evidenció la
vulneración de derecho fundamental alguno. Circunstancia esta última, por la que
también requirió su desvinculación del asunto.
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D guardó silencio.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestiones previas: iii)
procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema
jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.º del Decreto 333
del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Delimitación del asunto a decidir
9. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestionan las decisiones
proferidas por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, se
5 Ver ítem 15 de Samai. Archivo denominado
«12RECIBEPRUEBAS_Memorial_Respuestatutela20250(.pdf) NroActua 15».
6 Ver ítem 17 de Samai. Archivo denominado
«19RECIBEMEMORIAL_RESPUESTAAVOCOTUTELA(.pdf) NroActua 17».
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Demandante: Livia Elena Bernal de Ortiz
observa que, si bien los argumentos que sustentaron las pretensiones se dirigieron
de manera independiente respecto de una y otra, no se puede desconocer que el
supuesto “error inducido” que se le atribuyó al juez de instancia, pudo ser alegado
en sede de apelación ante el superior.
10. Por lo anterior, y en atención a que, respecto de la providencia del 13 de
diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el recurso
de apelación interpuesto en contra de aquel a través de auto del 10 de julio de 2025,
el reclamo constitucional será analizado únicamente respecto de esta última, por
ser la que finalizó el proceso ejecutivo bajo análisis.
2.2.1 Cuestión previa - legitimación en la causa por pasiva
11. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre,
la protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
12. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente7:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental8. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
7 Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
8 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
9 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.
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Demandante: Livia Elena Bernal de Ortiz
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”10 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».
13. Ahora bien, la Ugpp solicitó que se les desvinculara del asunto, toda vez que,
no vulneraron derecho fundamental alguno de la parte demandante y tampoco hay
una relación directa entre lo pretendido y las acciones que puedan desplegar para
su cumplimiento.
14. Al respecto, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue en
calidad de tercera con interés, al figurar como ejecutada en el proceso ejecutivo en
cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción, razón
por la cual se negará su solicitud.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
15. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 12. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
16. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
10 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Demandante: Livia Elena Bernal de Ortiz
17. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado13 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
18. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
19. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos15, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales16.
20. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
21. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneró los derechos fundamentales de Livia Elena Bernal de Ortiz, con ocasión de
la providencia del 10 de julio de 2025, mediante la cual confirmó la decisión del a
quo de liquidar su crédito por un valor inferior al por él liquidado, con la que incurrió,
presuntamente, en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto?
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Livia Elena Bernal de Ortiz
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
22. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud
de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo
actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
23. En este punto, se precisa que, si bien la demandante invocó la configuración
de los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto y error inducido, lo cierto
es que la motivación expuesta frente a este último obedeció a que el Juzgado
Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá desestimó la liquidación del
crédito que allegó, con fundamento en aquel efectuado por la oficina de apoyo,
respecto del cual evidenció su total desacuerdo.
24. En ese sentido, la Sala recuerda que el defecto por error inducido, «se
configura cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un fraude por parte de terceros y ello lo
condujo a la toma de una decisión que afectó derechos fundamentales», es decir, en «este
defecto la actuación del funcionario accionado no es lo que ocasiona la vulneración de
derechos fundamentales. Por el contrario, la autoridad judicial es inducida al error por
conductas, hechos o fallas atribuibles a otros órganos del Estado»17.
25. Dicho lo anterior, la Sala se abstendrá de analizar el defecto aludido por la
demandante, pues, es claro, que la motivación expuesta al respecto nada tiene que
ver con fraude por parte de terceros o conductas, hechos o fallas atribuibles a otros
órganos del Estado.
2.4.2. Del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
26. El defecto procedimental fue definido por la Corte Constitucional desde la
sentencia T-231 de 1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial.
Desde entonces, fue entendido como aquél en el que el juez ordinario adelanta el
asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso de una etapa del
trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.
27. A partir de la sentencia T-1306 de 200118, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un
exceso ritual manifiesto19, producto de una indebida preferencia por las formas
procesales en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la
17 Corte Constitucional, sentencia T-753 de 2011. Ver entre otras, T-145 de 2014 y T-031 de 2016.
18 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las sentencias T-974 de 2003, T-973
de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
19 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos
bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto
para la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
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prevalencia del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones
judiciales, en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos
fundamentales20.
28. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya
alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad
de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y,
que lesione bienes ius fundamentales21.
2.4.5. Sobre el caso concreto
29. Livia Elena Bernal de Ortiz acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la providencia proferida el 10 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en cuanto confirmó la liquidación
del crédito efectuada en primera instancia con fundamento en aquella realizada por
la oficina de apoyo.
30. Lo anterior, al considerar que el tribunal demandado incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto al omitir, previo a decidir el recurso de
apelación, la remisión del asunto al liquidador de apoyo para que verificara la
inconformidad que manifestó respecto de los errores advertidos en la decisión de
instancia.
31. En este punto, se recuerda las disposiciones del artículo 446 del CGP, en el
cual se establece el trámite correspondiente para la liquidación de un crédito, así:
Artículo 446. Liquidación del crédito y las costas. Para la liquidación del crédito y las
costas, se observarán las siguientes reglas:
1. Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia
que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al
ejecutado cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con
especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación,
y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo
20 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya
una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material
[…]”.
21 Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial
consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.
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con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la
sustenten, si fueren necesarios.
2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma prevista en el
artículo 110, por el término de tres (3) días, dentro del cual sólo podrá formular
objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite deberá acompañar, so pena
de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que
le atribuye a la liquidación objetada.
3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que
solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva.
El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate de
bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación.
4. De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación en los
casos previstos en la ley, para lo cual se tomará como base la liquidación que esté en
firme.
Parágrafo. El Consejo Superior de la Judicatura implementará los mecanismos
necesarios para apoyar a los jueces en lo relacionado con la liquidación de créditos.
32. Al respecto, en auto del 20 de marzo de 202422, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B refirió:
36. Ahora, el artículo 446 ibidem prevé que, ejecutoriado el auto que ordene seguir
adelante con la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva las excepciones
siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podrá
presentar la liquidación del crédito, con especificación del capital y de los intereses
causados hasta la fecha de su presentación, «de acuerdo con lo dispuesto en el
mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios». El
trámite que se imparte en esta etapa procesal es el siguiente:
36.1. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma prevista
en el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, por el término de 3 días, dentro del cual
solo podrá formular objeciones relativas al estado de la cuenta, para cuyo trámite deberá
acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los
errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada.
36.2. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto
que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta
respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el
remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de
apelación.
37. La doctrina ha señalado que, la liquidación del crédito es «un acto procesal que
tiene por objeto, una vez exista plena certeza sobre el contenido de la obligación y su
exigibilidad, la de concretar el valor económico de la obligación, es decir, determinar
en concreto cuál es la suma que debe pagarse, con la inclusión específica de los
intereses que se adeuden y las actuaciones aplicables. De la misma forma, la
22 CP Juan Enrique Bedoya Escobar. Expediente 25000-23-42-000-2017-01978-03 (0507-2024).
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liquidación, debe reconocer cualquier pago que se haya efectuado después de[l] [...]
respectivo mandamiento de pago»[16]23.
38. Lo anterior, por cuanto la orden de seguir adelante con la ejecución es concluyente,
en tanto «queda agotada la defensa del ejecutado y lo que queda por resolver, es
únicamente la satisfacción definitiva y completa del crédito cobrado judicialmente. De
ahí que las acciones que debe desplegar la justicia a partir de la ejecutoria de la orden
de seguir adelante con la ejecución, estarán entonces encaminadas exclusivamente a
obtener el pago a favor del acreedor»[17]24. Igualmente, la Sección Tercera de esta
corporación ha señalado que la liquidación del crédito «es la operación mediante la cual el
interesado presenta el balance de la deuda en los términos ordenados por el mandamiento de
pago»[18]25.
33. Como se observa, el trámite para adelantar la liquidación del crédito en el
proceso ejecutivo, contrario al decir de la demandante, no impone la obligación el
juez de enviar el asunto a revisión por parte del contador u oficina de apoyo, previo
a decidir, diferente es, que de considerarlo lo pueda hacer, es decir, cuenta con la
facultad para ello sin que sea una instancia procesal que se deba surtir.
34. Así, el hecho que el tribunal demandado no haya remitido el proceso ejecutivo
bajo estudio a la oficina de apoyo, previo a decidir, de ninguna manera configura el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto endilgado.
35. Ahora, en cuanto a la inconformidad de la demandante con la liquidación del
crédito cuestionada, se advierte que su decir carece de fundamento, tal como se
puede observar de las actuaciones adelantadas al respecto en el proceso ejecutivo
objeto de litis, una vez presentada la liquidación de su parte, objetada por la
ejecutada y revisada por la oficina de apoyo, así:
35.1. En providencia del 13 de diciembre de 2024, el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito Judicial, luego de valorar las diferentes liquidaciones,
resolvió aprobar la efectuada por la oficina de apoyo. Ello, con fundamento en los
siguientes argumentos:
«[…] -Liquidación de la parte actora: Del análisis de la liquidación del actor se observa
que en la misma se indica que la entidad le adeuda $127,576,355,52 por intereses
moratorios (después de los pagos ya efectuados por capital, indexación e intereses). Sin
embargo, esa liquidación (obrante a folio 28 del archivo 79) no puede ser tenida en
cuenta, pues parte de la base que el capital causado por la suma de $140.881.970 fue
el mismo desde mayo de 2015, sin tener en consideración que, en realidad, una cosa es
el capital causado hasta la ejecutoria de la sentencia, y otro el capital causado con
posterioridad, y hasta el momento de inclusión en nómina en agosto de 2022.
23 Rodríguez Tamayo, Mauricio Fernando. Acción Ejecutiva Ante la Jurisdicción Administrativa, 5ª
Edición, 2016, pág. 622. También se puede consultar el auto proferido por esta Sección el 18 de
mayo de 2017, radicación 15001-23-33-000-2013-00870-02.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 31 de julio de 2019, radicación: 25000-23-42-000
2015-06054-02(0626-19).
25 Sección Tercera, Subsección B, auto del 10 de marzo de 2020, radicación 08001-23-33-000 2015-
00690-01 (64781).
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De esta manera, es claro que el capital que se causó hasta la ejecutoria de la sentencia,
posteriormente fue aumentando mensualmente hasta agosto del año 2022, pero mal
puede la parte actora calcular los intereses desde mayo de 2015, con un capital de
$140.881.970 (como se observa a folio 28 del archivo 79), pues este capital no se había
causado todavía a esa fecha – año 2015 (pues a dicho monto llegó tan solo hasta el año
2022), y por lo tanto los intereses contenidos en su liquidación, exceden los valores
realmente adeudados.
-Liquidación de la entidad: Ahora bien, la liquidación aportada por la accionada, y que
reposa a folio 6 del archivo 82, incurrió en el error opuesto, pues se observa que los
intereses de $110.515.372 ya pagados, se calcularon únicamente sobre un capital de
$67,616,029,06 causado hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia sin tener en cuenta
que, ante la falta de inclusión en nómina de la prestación, dicho capital fue aumentando
mensualmente hasta el mes de mayo de 2022.
En efecto, como se aprecia a folio 24 del archivo 79, así como en la resolución ADP3847
de 2023 (fl. 18 del archivo 82) la entidad solo liquidó intereses con el capital causado a
la ejecutoria de la sentencia (septiembre de 2015), pero no incluyó los intereses sobre el
capital causado hasta la inclusión en nómina, que ocurrió mucho después en el año
2022.
Por ello, los intereses debían calcularse incluyendo también los valores por concepto de
capital que mes a mes iban incrementando el monto adeudado. Razón por la cual, la
suma de $110.515.372 calculada y pagada por concepto de intereses moratorios cubren
de manera parcial el valor adeudado, por lo que no es procedente aprobar dicha
liquidación.
-Liquidación de la oficina de apoyo: Finalmente, el despacho procedió a analizar la
liquidación del crédito elaborada por la oficina de apoyo de los juzgados administrativos
encontrando que, a diferencia de las dos anteriores liquidaciones, en esta última si se
incluyeron las sumas variables causadas mensualmente (que fue lo omitido tanto por la
parte actora como por la ejecutada en sus liquidaciones), arrojando un saldo pendiente
por pagar, que asciende a la suma de $55.408.712,14.
Además, la liquidación elaborada por el grupo de apoyo de los juzgados administrativos,
tuvo en cuenta los pagos parciales efectuados por la entidad en el transcurso del proceso
ejecutivo, particularmente $140.881.970,87 por concepto de retroactivo de mesadas
pensionales pagadas en agosto de 2022, indexación por valor de $7.544.082,93, y
descuentos por aportes a salud por un monto de $13.724.600,00 conforme a cupón de
pago No. 32989, así como los intereses moratorios por $110.515.372,26 pagados con
orden de pago No. 446604022. […]». (sic)
35.2. Contra la anterior decisión, el ejecutante interpuso recurso de apelación al
considerar que se erró al «[…] liquid[arse] los intereses moratorios separando y/o
dividiendo el periodo con un capital diferente, cuando lo cierto es que el pago efectuado por
la entidad por concepto de mesadas ordinarias y adicionales fue por la suma de
$140.881.970,87, siendo este el capital correcto con el que debe liquidar los intereses
moratorios desde el día siguiente de la ejecutoria de la demanda (04/09/2015) hasta la
inclusión en nómina (31/08/2022) […]» (sic).
35.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, en auto del 10 de julio de 2025 confirmó la decisión del a quo, al considerar:
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«[…] Conforme a los argumentos planteados en la apelación y como quiera que no se
discute el valor del IBL o las diferencias pensionales adeudadas, el despacho procede a
establecer el calculo de los intereses moratorios, así como los periodos de causación
con el fin de dilucidar si le asiste o no la razón al apoderado de la parte ejecutante. En la
sentencia base de ejecución de la forma en que debía darse cumplimiento a la sentencia
dispuso:
QUINTO. - A la sentencia se le dará cumplimiento dentro del término señalado en el
artículo 192 del C.P.A.C.A., y los valores que resultaren a deberse deberán
actualizarse en la forma dispuesta en el artículo 187 del mismo estatuto y en los
términos señalados en la parte motiva.
Para calcular los intereses moratorios es aplicable lo dispuesto en los artículos 192 y
195 del CPACA el cual dispone:
[…]
Conforme a la liquidación realizada por la oficina de apoyo de los juzgados
administrativos de Bogotá, no se encuentra en controversia los valores calculados por
concepto de las diferencias de mesadas indexadas hasta la fecha de la ejecutoria. En
este punto es importante resaltar que como quiera que las diferencias pensionales que
para el caso concreto se causaron con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia,
efectivamente dichas diferencias hacen parte de la obligación principal y, en
consecuencia, deben ser canceladas.
Ahora bien, respecto a la metodología que se debe efectuar para el cálculo de los
intereses moratorios conforme lo dispuesto en el articulo 192 del CPACA, se describe a
continuación:
i) El valor del capital por concepto de diferencias pensionales indexadas hasta la fecha
de la ejecutoria, se convierte en el capital base de liquidación.
ii) Las diferencias que se causen con posterioridad a la sentencia se sumaran mes a
mes al capital base de liquidación
iii) Los intereses moratorios se calcularán mes a mes sobre el capital conformado por
el capital base de liquidación mas la diferencias causada cada mes en forma
progresiva hasta la fecha de inclusión en nómina.
Aplicando la metodología anteriormente señalada se tiene que las diferencias
pensionales a la fecha de la ejecutoria fueron debidamente indexadas como lo señalo la
sentencia base de ejecución ascendiendo dicha suma a $61.913.018.67, valor del cual
se descontaron los aportes a salud sobre estas diferencias por $ 6.371.997.20, para un
total de diferencias pensionales a la fecha de ejecutoria de $ 55.541.021.47.
A estas diferencias causadas entre la fecha de prescripción a partir del mes de
septiembre de 2008 y hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia es decir el tres de
septiembre de 2015, se calculó la indexación obteniendo la suma de $ 6.976.971.46, por
ese concepto. El valor de la indexación sumado con las diferencias pensionales por $
55.541.021.47, conforman el capital base para el calculo de los intereses moratorios, es
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decir que este capital indexado a la ejecutoria de la sentencia asciende a la suma de $
62.517.992.93.
A partir del día siguiente de la ejecutoria (4-09-2015), se causan los intereses moratorios,
es decir el capital base de liquidación corresponde a $ 62.517.992.93. Al anterior capital
se le adicionaran mes a mes las diferencias causadas entre el cuatro de septiembre de
2015 hasta el mes de agosto de 2022. Es importante precisar que lo anterior no implica
reconocer intereses sobre intereses, por cuanto se calcula el valor de los intereses solo
sobre las diferencias mes a mes y el capital a la ejecutoria, más no s suman el valor de
los intereses causados a dicho capital.
En consecuencia, no es dable dar aplicación a lo solicitado por el apoderado de la parte
ejecutante, por cuanto la suma de $140.881.970.87 es el valor pagado por el total de las
diferencias pensionales. Cuando lo que corresponde es dar inicio al cálculo sobre el valor
del capital indexado a la ejecutoria de la sentencia $ 62.517.992.23 e ir adicionando mes
a mes las diferencias que se causaron con posterioridad y hasta el mes anterior a la
inclusión en nómina como se realizó en el auto apelado. […]». (sic)
36. En este punto, se evidencia que las autoridades judiciales se abstuvieron de
liquidar el crédito en los términos referidos por la ejecutante en su liquidación, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA, al considerar que, por un
lado, operó una primera liquidación de intereses respecto del capital, debidamente
indexado, generado a la fecha de ejecutoria de la sentencia, y otra proveniente del
capital aumentado mes a mes con ocasión de las mesadas causadas desde esta
última fecha a agosto de 2022. Es decir, mal podía pretenderse una liquidación de
intereses desde mayo de 2015 con fundamento en un capital parcialmente
inexistente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, pues, se insiste, diferente es
que este se aumentara con posterioridad en razón a las mesadas que se fueran
causando.
37. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, lo cual impone negar
la solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.
38. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
39. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales invocados por Livia Elena Bernal de Ortiz en la
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solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otro.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Livia Elena Bernal
de Ortiz en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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