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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08238-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08238-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR el fallo de 5 de febrero de 2026 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-08238-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08238-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Eligio Antonio Acosta Socarrás.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección C y otros.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08238-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se revoca el fallo
impugnado que negó el amparo. Improcedencia por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
5 de febrero de 2026 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Eligio Antonio Acosta Socarrás en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con
el fin de que se declarara la nulidad de los oficios núm. GS-2023-002946
del 24 de enero de 2023 y núm. GS-2023-015811 del 24 de marzo de
2023, que negaron el reconocimiento y pago de la bonificación por
permanencia.

1.2. El Juzgado Sesenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia de 7 de mayo de 2025 negó las pretensiones de la

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demanda, al considerar que el demandante no era beneficiario de la
bonificación por permanencia por no cumplir con el requisito para ser
acreedor a la asignación de retiro a solicitud propia el cual era llevar 25
años de servicio contados a partir del ingreso al escalafón lo cual ocurrió
el 8 de marzo de 2005.

1.3. Contra la decisión anterior la parte accionante presentó recurso de
apelación.

1.4. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante sentencia de 5 de noviembre de 2025,
confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que al 19 de
enero de 2023, fecha en la cual el demandante peticionó el
reconocimiento de la bonificación por permanencia, no cumplía con los
requisitos de asignación de retiro y, por ende, resultó insatisfecha una de
las condiciones para tener derecho a esta prestación la cual era acreditar
25 años de servicio conforme lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto
4433 de 2004, teniendo en cuenta que su ingreso a la institución policial
ocurrió el 8 de marzo de 2005.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
sustantivo toda vez que aplicó el Decreto 4433 de 2004 que le era menos
favorable y no los Decretos 1212 y 1213 de 1990 los cuales todavía se
encontraban vigentes en la fecha en la cual ingresó en 2004 y establecía
régimen de retiro voluntario de 20 años de servicio.

Agregó que el tribunal accionado desconoció que la Ley 80 de 1995 había
previsto que el ingreso al nivel ejecutivo no podía desmejorar la situación de
quienes provenían de la carrera anterior, suboficiales y agentes, en la medida
en que garantizaba que los vinculados a dicho nivel no perderían los beneficios
ya adquiridos ni se les impondrían condiciones más gravosas.

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Asimismo, indicó que el numeral 3.9 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004
dispuso la creación de un régimen de transición orientado a reconocer las
expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a adquirir el
derecho de retiro, en consonancia con la protección de derechos en curso de
causación.

Señaló que la autoridad accionada no tuvo en cuenta que la sentencia de 12
de abril de 2012 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
declaró la nulidad del parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004,
razón por la cual no era posible que se le exigiera 25 años de servicio al
personal activo, en la medida en que la Ley 923 de 2004 lo prohibía conforme
al régimen de transición allí previsto.

Aseveró que se incurrió en desconocimiento del precedente contenido en las
sentencias del Consejo de Estado del año 2012 y 2018 y de fallos idénticos
como son: (i) la sentencia de 8 de julio de 2021 del Juzgado Catorce
Administrativo de Bogotá; (ii) la sentencia de 28 de noviembre de 2022 del
Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué; (iii) la sentencia de 20 de octubre
de 2025 del Juzgado Veinte Administrativo de Medellín; y (iv) la sentencia de
28 de noviembre de 2025 del Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Amparar de manera integral mis derechos fundamentales al
mínimo vital familiar, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas,
a la seguridad social, y al debido proceso (en su faceta de aplicación
de las normas favorables y respeto a la confianza legítima), los cuales
han sido vulnerados por la Policía Nacional y por la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

2. Dejar sin efecto los actos administrativos expedidos por la Policía
Nacional que negaron mis derechos, en particular los oficios No. GS-
2023-002946-DITAH del 24/01/2023 y GS-2023-015811-DITAH del
24/03/2023, por ser contrarios a la Constitución y la ley (viciados de
nulidad por violación de derechos fundamentales y de normas
superiores). Igualmente, dejar sin valor la sentencia del 5 de
noviembre de 2025 del Tribunal Adm. de Cundinamarca (Exp. 2023-

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00164-01) en cuanto confirmó esa violación, al haberse configurado una
vía de hecho.

3. Ordenar a la Policía Nacional (Dirección de Talento Humano o quien
corresponda) que, dentro del término perentorio fijado por su despacho,
reconozca y pague a mi favor la Bonificación por Permanencia
prevista en el art. 138 de la Ley 2179 de 2021, equivalente al 35% de mi
asignación básica mensual en el grado de Intendente, desde el 1º de
enero de 2023. Esto incluye el pago de todas las mensualidades
causadas desde esa fecha hasta septiembre del año 2024, puesto que,
a partir del mes de octubre del año 2024, se me debe cancelar el 30%
por haber ascendido al grado de Intendente Jefe pagándose hasta la
actualidad, con las indexaciones correspondientes y la continuación de
su pago en lo sucesivo mientras me mantenga en servicio activo.

4. Ordenar a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
(CASUR) que emita el acto administrativo reconociendo mi derecho a la
Asignación de Retiro (pensión) por Voluntad Propia, teniendo por
cumplido el requisito temporal con 20 años de servicio computados
al 19 de enero de 2023, conforme a la Ley 923 de 2004 (régimen
transitorio). Esta asignación de retiro deberá quedar registrada en
mi historia laboral como derecho adquirido, para que pueda hacerla
efectiva cuando decida retirarme. En caso de que opte por mi retiro
inmediato, se ordene a CASUR liquidar y pagar la asignación de
retiro conforme al porcentaje que me corresponda (50% del sueldo
base por 20 años, más incrementos del 4% por año adicional, según
D.1212/90 art.144), contabilizando todos mis tiempos de servicio
(incluyendo 1 año de formación y 1,8 años de militar, ya reconocidos
en mis hojas de vida).

5. Como garantía de no repetición, ordenar a la Policía Nacional que
se abstenga de tomar represalias o medidas disciplinarias en mi contra
por el hecho de haber ejercido mis derechos mediante esta acción de
tutela. En particular, dado que mencioné mi condición de disminución
psicofísica (tengo una calificación médica) y la respuesta de la institución
aludió a esa causal, se advierta a la entidad que no puede forzar mi retiro
por esa vía como retaliación. Cualquier retiro o trámite deberá obedecer
exclusivamente a mis decisiones o a causas legales objetivas distintas a
este litigio, so pena de desacato.

6. Notificar esta decisión a las entidades accionadas y vinculadas, y en
caso de incumplimiento, imponer las sanciones de desacato previstas en
el Decreto 2591 de 1991.

7. Costas: No solicito condena en costas ni perjuicios adicionales en
sede de tutela (estos se ventilan en la jurisdicción contenciosa). Sin
embargo, solicito se oficie copia de esta decisión y del expediente a la
Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, para lo de su
competencia disciplinaria frente a los funcionarios que ignoraron
ostensible y reiteradamente la ley y la jurisprudencia, causando la
vulneración de mis derechos […]”.

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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 14 de enero de 2026, se admitió la presente acción de
tutela en contra de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional y se vinculó al Juzgado Sesenta y Siete
Administrativo del Circuito de Bogotá, en calidad de tercero con interés en el
resultado del proceso.

2. El 5 de febrero de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado profirió sentencia de primera instancia negando las pretensiones de
amparo.

3. Mediante auto de 3 de marzo de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. El Juzgado Sesenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá rindió
informe en el que realizó una breve descripción de las actuaciones surtidas,
señalando que el proceso se adelantó en garantía del debido proceso, con la
debida valoración probatoria y la normativa aplicable, sin que se haya
configurado vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por
la parte accionante.

2. El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela porque no vulneró derecho fundamental de
la parte actora.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 5 de febrero de 2026 negó las pretensiones de amparo y señaló
que se abstendría de emitir “[…] pronunciamiento respecto de la pretensión

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orientada a que se le ordenara a la Policía Nacional que se abstuviera de tomar
represalias o medidas disciplinarias por el hecho de haber interpuesto la
acción de tutela. Ello, por cuanto que este mecanismo constitucional de
protección de derechos fundamentales no fue concebido para formular
órdenes hipotéticas frente a eventuales actuaciones futuras, carentes de
sustento fáctico concreto, ni para interferir de manera anticipada en el ejercicio
de la potestad sancionatoria o disciplinaria de las entidades públicas […]”.

Manifestó que el tribunal accionado en la sentencia acusada explicó que, si
bien se encontraba acreditado que el hoy accionante ingresó como alumno del
nivel ejecutivo el 8 de febrero de 2004, lo cierto era que el régimen jurídico
aplicable a los estudiantes de las escuelas de formación difería del
correspondiente a quienes ingresaban formalmente al escalafón de la Policía
Nacional, precisando que los alumnos solo adquirían la calidad de miembro
activo de la institución a partir de la expedición del acto administrativo de
nombramiento, proferido por el director general de la Policía Nacional.

Concluyó que dicha interpretación era coherente con el marco normativo
aplicable. En efecto, conforme al inciso 2 del artículo 8 de la Ley 2179 de 2000,
“[…] los estudiantes en proceso de formación profesional policial no hacen
parte de la jerarquía de la Policía Nacional […]”. En consecuencia, no
adquieren la calidad de miembros activos sino hasta tanto que se expida el
correspondiente acto administrativo de nombramiento.

Señaló no se configuró el desconocimiento del precedente alegado por la parte
accionante porque “[…] con el caso 1, no existe identidad fáctica, toda vez que
no se trató de un retiro voluntario, sino de un retiro dispuesto por la Policía
Nacional. En cuanto al 2, si bien en primera instancia se accedió a las
pretensiones, lo cierto es que la decisión fue revocada en segunda instancia y
negadas las pretensiones, circunstancia que impide predicar la existencia de
una línea jurisprudencial consolidada en el sentido propuesto por el
accionante. Finalmente, respecto de los casos 3 y 4, se observa que se trata
de procesos que aún se encuentran en trámite, al estar pendientes de la
resolución del recurso de apelación, razón por la cual no constituyen

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decisiones definitivas ni precedentes obligatorios […]”.

Respecto del presunto desconocimiento de la sentencia de 12 de abril de 2012
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró la nulidad del parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004,
señaló que el contenido normativo del parágrafo anulado estaba dirigido
exclusivamente a regular la situación de los miembros activos de la fuerza
pública que, a la fecha de entrada en vigencia del referido decreto, optaban
por retirarse voluntariamente del servicio, por lo que en ese sentido la nulidad
declarada por el Consejo de Estado tuvo un ámbito de aplicación concreto y
delimitado, circunscrito a quienes ya ostentaban la calidad de miembros
activos antes de la vigencia del Decreto 4433 de 2004.

Por último, concluyó que tampoco se configuró un desconocimiento de la
sentencia de 12 de abril de 2012, toda vez que la nulidad allí declarada no
cobija la situación fáctica del accionante, quien se encuentra sometido al
régimen jurídico aplicable a los miembros que ingresaron al servicio activo con
posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos del escrito de tutela. Igualmente, manifestó que el
mismo adolece de diferentes vicios de fondo y de forma como son:

“[…] Defecto sustantivo: Aplicación de una normatividad inaplicable y
omisión de la normativa realmente pertinente, en particular por
desconocimiento de la Ley 923 de 2004 (régimen de transición) y de la
Sentencia del Consejo de Estado de 12 de abril de 2012, lo que conllevó
a negar indebidamente derechos adquiridos y configuró un exceso de
rigor legalista contrario a la favorabilidad laboral.

Desconocimiento del precedente: Desacato de la jurisprudencia
vinculante en la materia, incluida la línea sentada por la Corte
Constitucional sobre la debida protección de derechos adquiridos en
regímenes pensionales transitorios y de la cosa juzgada derivada del fallo
de nulidad del 2012 arriba mencionado que invalidó la exigencia de 25
años para quienes, como yo, estaban incorporados antes de 2005.

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Defecto sustantivo: Aplicación de una normatividad inaplicable y
omisión de la normativa realmente pertinente, en particular por
desconocimiento de la Ley 923 de 2004 (régimen de transición) y de la
Sentencia del Consejo de Estado de 12 de abril de 2012, lo que conllevó
a negar indebidamente derechos adquiridos y configuró un exceso de
rigor legalista contrario a la favorabilidad laboral.

Desconocimiento del precedente: Desacato de la jurisprudencia
vinculante en la materia, incluida la línea sentada por la Corte
Constitucional sobre la debida protección de derechos adquiridos en
regímenes pensionales transitorios y de la cosa juzgada derivada del fallo
de nulidad del 2012 arriba mencionado que invalidó la exigencia de 25
años para quienes, como yo, estaban incorporados antes de 2005.

Exceso de formalismo y falta de ponderación constitucional: La
decisión recurrida adoptó un enfoque eminentemente formal –basado en
la fecha del acto de nombramiento– sin ponderar principios
constitucionales aplicables, como la protección de expectativas
legítimas, el principio pro homine y de favorabilidad en materia laboral
y prestacional, ni la finalidad de la seguridad social como derecho
constitucional que garantiza el mínimo vital del servidor público y su
familia.

Desconocimiento de la igualdad material (fallos iguales, decisiones
disímiles): La sentencia ignoró que en casos sustancialmente
idénticos al mío –incluso de compañeros que ingresaron el mismo día a
la Escuela de Policía– distintas autoridades sí han reconocido los
derechos reclamados, generándose una grave desarmonía
jurisprudencial y una violación al derecho a la igualdad (art. 13 C.P.) y
a la seguridad jurídica de los más de 10.000 uniformados, solo en la
Policía Nacional, sin contar las Fuerzas Militares.

Motivación insuficiente e inconsistente: La providencia impugnada
adolece de falta de rigor y precisión en su argumentación, al sustentar su
ratio decidendi en fundamentos normativos erróneos e imprecisos –v.gr.
citar un inexacto “artículo 8 de la Ley 2179 de 2000 que en nada es
aplicable al suscrito”– y omitir un análisis claro sobre puntos cruciales del
debate (por ejemplo, no explica por qué un alumno no debería ser
considerado parte de la carrera a efectos prestacionales). Esta debilidad
en la motivación vulnera el estándar exigido por la Corte Constitucional
(Sent. SU-447/2011 (Sentencia C-590 de 2005) y SU-500/2008, entre
otras) sobre la debida motivación de las decisiones judiciales como
componente del debido proceso.

[…]

El Decreto Reglamentario 4433 de 2004 desarrolló la Ley 923,
reiterando los requisitos de tiempo de servicio. No obstante, el parágrafo
2° de su artículo 25 fue declarado nulo por el Consejo de Estado en 2012,
por imponer condiciones más estrictas que las permitidas por la ley
marco, vulnerando el régimen de transición y los derechos adquiridos por
el personal del Nivel Ejecutivo en servicio activo […]”.

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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias acusadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental5 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces6.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

3 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)

y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
5 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428,

Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
6 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.

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En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrieron las autoridades accionadas no devela que
el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental,
sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con las decisiones adoptadas
en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 11001-33-42-067-2023-00164-00/01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que las autoridades judiciales accionadas hayan
incurrido en una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir
de la cual se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

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Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que las autoridades accionadas aplicaron el Decreto 4433 de 2004
que le era menos favorable porque exigía 25 años de servicio para acceder al
reconocimiento de la asignación de retiro por voluntad propia y de la
bonificación por permanencia, debiendo haber aplicado los Decretos 1212 y
1213 de 1990 que exigían 20 años de servicio, circunstancia que se traduce
en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la
causa judicial.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con las decisiones adoptadas por la autoridades
accionadas como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so
pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su
naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección revocará el fallo impugnado
que negó el amparo deprecado por la parte accionante y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR el fallo de 5 de febrero de 2026 proferido por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar,
DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-08238-01

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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