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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00006-01

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00006-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 26 de febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Blanca Flor Tirado Sierra, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00006-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00006-01
Demandante: Blanca Flor Tirado Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / diferencias salariales en el escalafón docente / Defecto
sustantivo y fáctico.
Decisión: Confirma negar amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Blanca Flor Tirado Sierra, en contra
de la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia y declaró la improcedencia.

1. Antecedentes
1.1. La solicitud

1. Blanca Flor Tirado Sierra promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, con
ocasión de la sentencia proferida el 19 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Quindío, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 63001333300120240024801.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

2.1. Es docente oficial ubicada en la categoría 1D del escalafón docente, conforme
el régimen establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002.

2.2. Mediante escritos radicados en la Secretaría de Educación del departamento del

1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00006-01
Demandante: Blanca Flor Tirado Sierra

Quindío y en el Ministerio de Educación Nacional solicitó el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales derivadas de los incrementos desiguales e injustificados
decretados para los años 2008, 2009 y 2011, en el cual se favoreció a docentes de
la categoría 1A en detrimento de quienes como ella se encontraban en el escalafón
1D.

2.3. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los Oficios
QUI2024EE000721 y 2024-EE-062051, negaron su requerimiento.

2.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Secretaría de Educación del departamento del
Quindío y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que i) se
inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024 de ajuste salarial anual, ii) se dejaran
sin efecto los referidos actos administrativos y, en su lugar, iii) se ordenara pagar a
su favor la diferencia salarial de los incrementos porcentuales diferenciados
establecidos por el gobierno nacional durante el año 2008, 2009 y 2011, conforme
el valor reconocido para los docentes pertenecientes al escalafón 1A, dado que el
aplicado al nivel 1D, al que pertenece, fue inferior. Asimismo, pidió el respectivo
ajuste de sus prestaciones sociales.

2.5. El Juzgado Primero Administrativo de Armenia, en sentencia del 13 de diciembre
de 2024 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el porcentaje
reconocido por el Gobierno nacional a los docentes ubicados en el escalafón 1A se
justificó en los niveles académicos y demás criterios de preparación y méritos que
tenían esos educadores, lo cual no era similar a las condiciones de la demandante.
Decisión contra la cual interpuso recurso de apelación.

2.6. El Tribunal Administrativo del Quindío, en sentencia del 19 de junio de 2025
confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia con similares argumentos.

2.7. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en varias irregularidades, a saber:

2.7.1. Defecto sustantivo porque no efectuó una interpretación adecuada de los
postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se
apartó de los lineamientos constitucionales y legales que reglamentaban la materia.

2.7.2. Se desconoció de manera arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución
Política, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, en tanto justificó un trato
desigual en los incrementos salariales de los docentes de las categorías 1A y 1D,
que se realizó en el año 2008, cuando la diferencia carecía de sustento objetivo y
produjo una afectación permanente en la base salarial de los docentes de la
categoría 1D.

2.7.3. Para el tribunal las diferencias en los incrementos salariales del año 2008 entre
las categorías 1A (14,11%) y 1D (5.78%) respondían a criterios objetivos y
razonables previstos en la normatividad, tales como la formación académica, la
experiencia y la ubicación en el escalafón docente; sin embargo, no tuvo en cuenta

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00006-01
Demandante: Blanca Flor Tirado Sierra

los principios de igualdad y progresividad que regulan los aspectos salariales.

2.7.4. Se desconoció el precedente constitucional contenido en la sentencia C-1064
de 2001 de la Corte Constitucional, en el cual se establece que los tratos
diferenciados en materia salarial se deben soportar en una justificación objetiva y
suficiente, por lo que la igualdad en el trabajo no se reduce a la igualdad matemática
ni permite incrementos que generen brechas irrazonables sin fundamento técnico o
normativo.

2.7.5. Defecto fáctico porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la
existencia de motivos válidos que justificaran de decisión de la administración de
otorgar distintos porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el
escalafón 1D y 1A.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la sentencia
proferida el día 19 de junio de 2025, en el expediente radicado bajo número 63001-3333-
001-2024-00248-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD de la señora BLANCA FLOR TIRADO
SIERRA, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia
emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio
obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular de la docente
BLANCA FLOR TIRADO SIERRA a la luz de los argumentos planteados en la demanda
ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Ministerio de Educación2 pidió que se declarara improcedente la solicitud de
tutela, por cuanto versaba sobre una discusión de carácter económico y legal, y no
constitucional. Además, requirió su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva.

5. La secretaria de Educación del departamento del Quindío3 solicitó que se
declarara la improcedencia de la solicitud de tutela por no cumplirse el requisito de
relevancia constitucional, al considerar que se estaba utilizando como una tercera
instancia.

2 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado
«21RECIBEPRUEBAS_Memorial_20250717300Contestac(.pdf) NroActua 13»
3 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «16_MemorialWeb_Respuesta-
ontestaciondetute(.pdf) NroActua 12»c

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00006-01
Demandante: Blanca Flor Tirado Sierra

6. El Tribunal Administrativo del Quindío4 requirió que se declarara improcedente
la solicitud de tutela, por cuanto versaba sobre una discusión de carácter económico
y legal, y no constitucional. Asimismo, se indicó que no existieron irregularidades
procesales en la decisión adoptada, ya que esta se ajustó a la Ley y a la
jurisprudencia, y todas las pruebas aportadas fueron debidamente analizadas e
interpretadas conforme al ordenamiento jurídico.

7. El Juzgado Primero Administrativo de Armenia y los demás terceros
interesados guardaron silencio.

1.3. Sentencia de primera5

8. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 26 de
febrero de 2026 declaró improcedente la solicitud de tutela, al considerar que no se
acreditó relevancia constitucional pues la solicitud de amparo no puede usarse
como tercera instancia. Así estableció que el demandante pretendía reabrir
discusiones resueltas por el juez natural. Además, que no se demostró la
transgresión de los derechos fundamentales invocados en la providencia
cuestionada. Por su parte negó la solicitud de desvinculación del Ministerio de
Educación.

1.4. Escrito de impugnación6

9. La parte demandante presentó escrito de impugnación contra la sentencia
proferida en primera instancia, al considerar que la solicitud de tutela sí tiene
relevancia constitucional, pues la decisión del tribunal afectó los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, al haber sido sustentada con una
motivación insuficiente y meramente aparente. Además, se alegó la existencia de
un defecto sustantivo derivado de una interpretación irrazonable de la ley y del
desconocimiento del principio constitucional de igualdad, ya que, de haberse
realizado un control judicial estricto, se habría evidenciado un trato salarial injusto y
desigual.

2. Consideraciones

10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) problema jurídico; iii)
procedencia de la tutela y marco jurídico aplicable; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20007 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20198, esta Sala es

4 Ver índice 16 y 17 de Samai.
5 Ver índice 23 de Samai.
6 Ver índice 27 de Samai.
7 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
8 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00006-01
Demandante: Blanca Flor Tirado Sierra

competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

12. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema10. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

13. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

11
14. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer
la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional.
En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra
decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

15. Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-

2009- 01328-01, M.P. María Elizabeth García González
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.

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Demandante: Blanca Flor Tirado Sierra

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

16. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos13, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales14.

17. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema Jurídico

18. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo del Quindío vulneró los
derechos fundamentales de Blanca Flor Tirado Sierra con ocasión de la sentencia
del 19 de junio de 2025, mediante la cual confirmó la negativa a sus pretensiones
de reajuste salarial de acuerdo con su escalafón docente, con la que incurrió,
presuntamente, en defecto sustantivo y fáctico?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

19. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado
por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar
consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.

20. Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad
de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que
invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

21. En este punto, se precisa que, si bien la demandante alegó la configuración de
los defectos fáctico y sustantivo, así como de violación directa de la Constitución
Política y desconocimiento del precedente constitucional contenido en la sentencia
C-1064 de 2001, lo cierto es que la motivación expuesta respecto de estos últimos
se subsume en los inicialmente mencionados, por lo que el estudio se dirigirá
únicamente en cuanto a aquellos.

13 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo

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2.4.2. Del defecto sustantivo

22. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto15. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta16, para lo cual precisó
que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores,
principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

23. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.

24. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales 17.

2.4.3. Del defecto fáctico

25. En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que se le atribuye a la
sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional18, tiene
una dimensión negativa y otra positiva.

26. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»19, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»20. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»21.

15 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
16 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
17 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
18 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell
20 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
21 Sentencia T-538 de 1994.

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27. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.4.4. Sobre el caso concreto

28. Blanca Flor Tirado Sierra acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 19 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Quindío con la
que confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda al considerar
que el porcentaje reconocido por el Gobierno nacional a los docentes ubicados en
el escalafón 1A se justificó en los niveles académicos y demás criterios de
preparación y méritos que tenían esos educadores.

29. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió defectos sustantivo y
fáctico. El primero de los mencionados, por cuanto no realizó una interpretación
adecuada de los postulados normativos que regulan el régimen salarial de los
docentes, en tanto se apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen
la materia, especialmente los principios de igualdad y progresividad.

30. El segundo, al pasar por alto que al interior del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la
existencia de motivos válidos que justificaran de decisión de la administración de
otorgar distintos porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el
escalafón 1A y 1D.

31. Al descender al caso en concreto, se evidencia que el Tribunal Administrativo de
Quindío al analizar las pretensiones de la demandante efectúo un estudio del
asunto desde lo preceptuado en el Decreto Ley 1278 de 2002, ya que en este se
establece el Estatuto de Profesionalización Docente, en cuyo contenido se regula
el acceso, permanencia, nombramientos y ascensos dentro de la carrera docente
oficial.

32. Más adelante, señaló el valor del aumento salarial que se realizó a los docentes
ubicados en los grados 1A y 1D, conforme los decretos expedidos por el gobierno
nacional entre los años 2008 y 2009, así como el respectivo porcentaje de aumento
salarial, para concluir:

«[…] Ciertamente se constata que contrario a los sostenido por el apelante, en la
sentencia de primera instancia se efectuó un análisis completo e integral sobre la
afirmada vulneración del derecho a la igualdad, en cuanto a la justificación de la
administración en cabeza del Ministerio de Educación Nacional para la fijación de los
incrementos salariales de los docentes del escalafón 1D para los años 2008 Decretos
Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008- y 2009 -efectuado mediante los Decretos
Nacionales nro. 702 y 1238 de 2009-, los cuales fueron inferiores a aquellos reconocidos
a los docentes del escalafón 1A, a quienes les fue aumentado su salario en un porcentaje
mayor.

Lo afirmado encuentra sustento en que, en la sentencia apelada, luego de un análisis

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Demandante: Blanca Flor Tirado Sierra

amplio del régimen especial del escalafón docente regulado en la Decreto 2277 de 1979
y el Estatuto de Profesionalización Docente que desarrolló esa materia en el Decreto
1278 de 2002, aplicable a partir del 19 de julio de ese año, y la sentencia C-078 del 15
de febrero 2012 de la Corte constitucional, en la que se analizó la inconstitucionalidad
propuesta mediante demanda del numeral 2 del artículo 36 del Decreto Ley 1278 de
2002, “Por el cual se expide el Estatuto de profesionalización Docente, concluyó que, los
criterios apropiables a cada grupo hacen admisible la diferenciación salarial, de
conformidad con el Decreto 624 del 2008, que corresponde al que primero se pretende
inaplicar.

Señaló que el Gobierno Nacional tiene la competencia para establecer el régimen salarial
y prestacional de los servidores públicos, incluidos, los docentes oficiales, los cuales
pueden ser diferenciados, siempre y cuando se respeten los principios de progresividad,
proporcionalidad y razonabilidad; así mismo, las diferencias en los porcentajes de
reajuste de los salarios busca tanto para favorecer a quienes menos devengaban dentro
del escalafón, cerrando una brecha salarial que resultaba injustificada y lesiva para
quienes estaban en el escalafón, buscando además robustecer el sistema educativo,
motivando el ingreso de docentes de las más altas calidades e incentivando su formación
permanente.

Sobre el test de igualdad, citó la sentencia del 17 de julio de 2020, radicación 2013-
01320-01 (4988-15) de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y
argumentó que no puede equipararse un nivel salarial con otro, pudiendo darse un trato
diferenciado, con base en los criterios previstos en la misma normatividad tendiente a
estimular la profesionalización y excelencia de quienes hacen parte del magisterio, de
modo tal que en los casos examinados, no se desconoce el derecho a la igualdad, en
razón a que un docente ubicado en determinado grado de escalafón, tiene unas
condiciones de experiencia y formación distintas a las de un docente que se encuentre
situado en otra, siendo congruente la diferencia salarial de acuerdo a su nivel de
escalafón, en tanto las variables de la escala salarial se encuentra justificada por el
Legislador en criterios como la formación profesional y experiencia del docente,
significando con ello que las asignaciones salariales no se erigen caprichosas, ni
arbitrarias y por ende, no desconocen los derechos laborales de los docentes entre uno
y otro grado, resaltando que en los aumentos decretados en los años 2008, 2009 y 2011,
se respetó el mínimo que la jurisprudencia ha considerado como básico para mantener
el poder adquisitivo de los funcionarios y empleados públicos, esto es, el porcentaje de
pérdida del poder adquisitivo o inflación y, de allí en se tuvieron en cuenta los factores
de formación, capacitación, y experiencia para aumentar los salarios de los docentes,
que a su vez sirvieron como parámetro para los subsiguientes aumentos salariales.

Por tanto, verificó que, la parte actora al encontrarse en el grado 1D del escalafón, no le
es dable pretender obtener los mismos beneficios salariales, que el docente que ostente
el grado 1A o grado superior del mismo escalafón nacional docente, en lo que al salario
respecta, toda vez que, el grado del escalafón es el que los debe diferenciar, no
aplicando así el principio de a trabajo igual salario igual, al existir razones objetivas que
justifican la diferencia de trato, tesis soportada por la Corte Constitucional en la sentencia
C-973 del 2001, que analizó la inconstitucionalidad del art. 10 del Decreto 2277 de 1979.

Se precisa que este Tribunal comparte las consideraciones de la sentencia de instancia
para concluir la inexistencia de vulneración del derecho a la igualdad, en tanto la Corte
Constitucional ha expresado que el examen de validez constitucional de un trato
diferenciado entre dos sujetos o situaciones (tertium comparationis) consiste en
determinar si el criterio de diferenciación utilizado observó el principio de igualdad
(artículo 13 C.P), por ende, “Esta concepción supone que el establecimiento de algunos
tratos diversos es posible. El análisis constitucional de la situación desigual reprochada
exige la identificación de los siguientes presupuestos: i) los términos de comparación, es
decir, las personas, elementos, hechos o situaciones que efectivamente son
comparables; y, ii) respecto a los cuales se establece un trato desigual”22 . (Negrillas
fuera de texto original).

Así entonces, es claro que, como se sostuvo en el fallo recurrido, la situación reprochada

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00006-01
Demandante: Blanca Flor Tirado Sierra

como desigual, no cumple las primeras exigencias de comparación, si se verifica que, se
identifica un trato disímil, pero a sujetos distintos y en condiciones diferentes, así sean
ambos docentes profesionales, son servidores a los que se les exige distinta
cualificación, evaluación y experiencia, lo que, desde ya, supone la validez de la
existencia de tratos diversos a diferentes sujetos23. Además, el demandante pretende
equiparar el grado 1A con el grado 1D profesional docente, sin tener en cuenta que uno
y otro reciben una remuneración de asiento o de base al momento de la reglamentación
distinta; el educador profesional que ingresa al escalafón docente grado 1A tenía una
remuneración visiblemente menor al de mayor trayectoria y que ha venido ascendiendo
en los niveles salariales, razón por la cual, no son dos situaciones comparables de uno
y otro servidor.

Por tanto, la reglamentación objeto de reproche, permite identificar una base salarial
acorde con la realidad de cada servidor docente, a fin de que los aumentos salariales
que en lo sucesivo hiciese el Gobierno Nacional no permitan generar una brecha notable
entre remuneraciones de docentes, sin que se desconozca que el docente con mayor
grado y nivel seguirá percibiendo una mejor remuneración salarial. […]». (sic)

33. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en la
que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos por la demandante, debe precisarse que, más allá de concretar las
razones por las cuales se configuraría el defecto sustantivo o alguna interpretación
irrazonable, lo que se evidencia es su desacuerdo con las consideraciones
efectuadas por el juez de la causa, con lo cual pretende que se realice un nuevo
estudio de legalidad que no procede en sede de tutela.

34. Lo anterior, en la medida en que la corporación judicial demandada explicó que
los aumentos porcentuales fijados por el gobierno nacional para los años 2008 y
2009 no implicaron una desmejora de derechos adquiridos ni privó a los docentes
de una remuneración adecuada. Si bien, los incrementos salariales fueron menores
para el grado 1D y no les otorgó un porcentaje superior o equivalente a la de los
docentes del grado 1A, lo cierto es que ello obedeció a su mayor rango dentro del
escalafón. Esto demuestra que no se trató de una política regresiva ni arbitraria,
sino de una diferenciación estructurada conforme al sistema de carrera y escalafón.

35. De tal manera, para la Sala no es posible inferir la configuración de un defecto
sustantivo ni fáctico como lo plantea la parte demandante, ya que las razones y
motivos que dieron origen a la fijación discriminada del salario entre los grados 1A
y 1D tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de
2002, el cual faculta al ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los
educadores en los siguientes términos:

«[…] El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala
única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados,
de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados
en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones adicionales
para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el tamaño de la
institución educativa que dirijan […]».

36. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00006-01
Demandante: Blanca Flor Tirado Sierra

37. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
sustantivo o fáctico, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que
regulan la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado.

38. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la
medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

3. Conclusión

39. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
judicial de primera instancia que declaró la improcedencia para, en su lugar, negar el
amparo de los derechos fundamentales invocados por Blanca Flor Tirado Sierra, en
la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 26 de febrero de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales de Blanca Flor Tirado Sierra, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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