Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00043-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00043-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-00043-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
26 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00043-00
Demandante: César Mauricio Velásquez Ossa y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 26 de febrero de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00043-00
Demandante: CÉSAR MAURICIO VELÁSQUEZ OSSA Y OTRO
Demandado: SALA DE SELECCIÓN DE TUTELAS NÚMERO 9 DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
Temas: Contra el trámite de selección de una acción de tutela. Improcedencia
de la acción de tutela. Decisiones dictadas dentro de acciones de la
misma naturaleza por parte de la Corte Constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Cesar Mauricio Velásquez Ossa y
Edmundo del Castillo Restrepo contra la Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la
Corte Constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 13 de enero de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
Cesar Mauricio Velásquez Ossa y Edmundo del Castillo Restrepo pidieron la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la decisión de no
selección para revisión del expediente de tutela T-11.231.792 por parte de la Sala de
Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional el 30 de septiembre de 2025.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: se amparen los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia contenidos en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política,
respectivamente, que le asisten a mis representados.
SEGUNDA: se ordene a la Corte Constitucional en una nueva Sala de Selección a revisar el expediente
sin tener en cuenta el impedimento presentado por el magistrado HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL
LONDOÑO, pues constituyó una presión indebida.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 6 de septiembre de 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Penal, revocó la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado 56 Penal del
Circuito de Bogotá en el proceso penal con radicado 11001-60-00-102-2008-00240-00/01
y, en su lugar, condenó por el delito de concierto para delinquir a los señores Cesar
Mauricio Velásquez Ossa y Edmundo del Castillo Restrepo, al encontrar que hicieron
parte de una empresa criminal destinada a deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia y
a la excongresista Yidis Medina Padilla.
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Demandante: César Mauricio Velásquez Ossa y otro
Inconformes, los condenados impugnaron la decisión del 6 de septiembre de 2021, a
través del mecanismo de impugnación especial de garantía de la doble conformidad.
El asunto correspondió a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que en
providencia del 4 de octubre de 2024 avocó el conocimiento del asunto y declaró
fundados los impedimentos de seis de sus magistrados y un conjuez.
El 26 de noviembre de 2024, el conjuez Héctor Alfonso Carvajal Londoño manifestó estar
impedido para intervenir en el asunto, por lo que el 27 de noviembre siguiente se le aceptó
el impedimento.
Ese mismo día, la Sala de Conjueces de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, a través del veredicto CSJ SP3245-2024, confirmó la decisión impugnada.
El 2 de diciembre de 2024, por un lado, el señor Edmundo del Castillo Restrepo solicitó
la nulidad de todo lo actuado y, por otro lado, el César Mauricio Velásquez Ossa presentó
recusación contra los 8 magistrados que conformaban la sala de decisión.
Ese mismo día, la conjuez ponente del asunto rechazó la solicitud de nulidad y declaró
improcedente la recusación.
Los señores Cesar Mauricio Velásquez Ossa1 y Edmundo del Castillo Restrepo2, por
escritos separados, promovieron acciones de tutela contra la decisión que confirmó la
sentencia del 6 de septiembre de 2021, en las que alegaron diversas irregularidades
procesales en el trámite del mecanismo de garantía de la doble conformidad,
relacionadas con la conformación de la sala de decisión.
El 23 y 24 de enero de 2025, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte
Suprema de Justicia admitió las acciones de tutela. Luego, el 26 de febrero siguiente,
ordenó la acumulación de esas acciones constitucionales.
Por sentencia del 13 de marzo de 2025, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la
Corte Suprema de Justicia denegó el amparo deprecado, al estimar que la decisión
cuestionada no se encontraba afectada por errores superlativos o desprovista de todo
fundamento objetivo.
Que los tutelantes no expusieron ante el juez de la causa las presuntas irregularidades
que alegaban en la acción de tutela. Que los accionantes contaron con los espacios y
oportunidades para alegar y discutir lo que pretendían a través de esas acciones
constitucionales, pero que no se pronunciaron al respecto. Que, por lo anterior, no se
podía acceder a sus pretensiones porque se estaría convirtiendo la solicitud de amparo
en un instrumento paralelo o sustitutivo de las oportunidades procesales no ejercidas.
Inconformes, los tutelantes impugnaron, con fundamento en los mismos argumentos de
sus escritos de tutela.
Por providencia del 30 de abril de 2025, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia confirmó el fallo impugnado, básicamente por las mismas consideraciones del
a quo.
Las actuaciones de la acción de tutela fueron remitidas a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
El 29 de julio de 2025, la Sala Séptima de Selección de la Corte Constitucional llevó a
cabo audiencia pública donde comunicó las sentencias de tutela seleccionadas para
revisión; sin embargo, el expediente T-11.231.792, correspondiente a la acción de tutela
1 Expediente 11001-02-03-000-2025-00273-00/01
2 Expediente 11001-02-03-000-2025-00238-00/01
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promovida por los señores Cesar Mauricio Velásquez Ossa y Edmundo del Castillo
Restrepo, no fue seleccionado.
El 21 de agosto de 2025, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera de la Corte
Constitucional, en ejercicio de la potestad conferida en el artículo 33 del Decreto 2591 de
1991,en concordancia con el artículo 53 del Acuerdo 01 de 2025, insistió en la selección
del expediente T-11.231.792, al estimar que se configuraban dos criterios para su
selección, a saber, que se trataba de una acción de tutela contra providencia judicial y
que era un asunto novedoso, porque estaba relacionado con la aplicación de la figura de
la prescripción en el trámite del mecanismo de garantía de la doble conformidad.
El 30 de septiembre de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la Corte
Constitucional3 decidió no seleccionar para revisión el expediente de la acción de tutela
T-11.231.792.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora no propuso un cargo en concreto, pero alegó que, si bien el Acuerdo 01
de 2025 reconocía un margen de discrecionalidad para que los magistrados de la Corte
Constitucional decidieran sobre la selección para revisión de las acciones de tutela, esa
discrecionalidad no debía generar actuaciones arbitrarias, en desconocimiento de
principios y criterios objetivos.
Que existía mérito para la selección de su tutela, de acuerdo con la insistencia presentada
por la magistrada Meneses Mosquera. Que en el trámite de selección ocurrieron
situaciones indebidas, como la intervención del magistrado Héctor Alfonso Carvajal,
quien había participado en el trámite del mecanismo de garantía de la doble conformidad,
y presentó un impedimento para decidir sobre la selección de la tutela.
Que la acción de tutela debía ser seleccionada porque estaba relacionada con un asunto
novedoso, sobre el término de prescripción aplicable al mecanismo de impugnación
especial de garantía de la doble conformidad. Que sobre ese tema existía un vacío
normativo que estaba generando nefastas consecuencias en los procesos penales.
Dijeron que, en la audiencia pública de selección del 30 de septiembre de 2025, la
secretaria general de la Corte Constitucional informó que el magistrado Héctor Alfonso
Carvajal había presentado un impedimento para decidir sobre el expediente T-
11.231.792.
Que se advertía que el magistrado Héctor Alfonso Carvajal había presentado un
impedimento para conocer de una tutela que ni siquiera había sido seleccionada, pero
que, además, no debía conocer, porque no hacía parte de la sala de selección.
Que lo anterior se trató de una interferencia ajena al proceso, que no respetó la
confidencialidad del trámite de selección.
Señalaron que el día antes de la audiencia de selección se había hecho pública una
controversia entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional por la selección
para revisión de una acción de tutela promovida por Bernardo Moreno Villegas, quien,
según dijeron, era su superior jerárquico en los hechos por los que fueron condenados.
Que esa circunstancia era un factor externo y subjetivo que sirvió de presión en la
decisión de no selección de su acción de tutela, con lo que se afectó la imparcialidad
objetiva exigida para ese tipo de decisiones.
3 Integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Paola Andrea Meneses Mosquera, esta última declarada
impedida para pronunciarse sobre el expediente T-11.231.792 por su solicitud de insistencia.
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Que el 29 de septiembre de 2025 el ministro de justicia había acusado públicamente al
magistrado Jorge Enrique Ibáñez de <<politiquero y líder de la oposición>>, lo que, a su
juicio, también incidió en la decisión de no seleccionar su acción de tutela.
Que, por lo anterior, la decisión cuestionada no podía <<considerarse fruto de un juicio
sereno, autónomo y libre de influencias externas, sino que aparece condicionada por factores
exógenos (institucionales y mediáticos) que desnaturalizan la función judicial>>.
Que se había comprometido la independencia e imparcialidad judicial, con lo que se
configuraba la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, en la medida
en que la actuación estuvo permeada por presiones ajenas al derecho y a los hechos.
Que en el asunto no estaba en juego únicamente su situación jurídica, sino una
interpretación constitucional que tenía injerencia en el estado de derecho.
Manifestaron que la no selección del expediente T-11.231.792 por las razones antes
mencionadas impidió el control de constitucionalidad sobre la condena que les fue
impuesta, que, en su criterio, se había proferido sin tener en cuenta que la acción penal
ya se encontraba prescrita.
5. Trámite procesal
Por auto del 20 de enero de 2026, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados de la Sala de
Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional, y como terceros con interés,
a los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 22 de enero de
2026.
6. Intervenciones
Un magistrado de la Corte Constitucional pidió que se declarara improcedente la
solicitud de amparo o que se denegara la protección invocada, al estimar que no existió
transgresión de las garantías fundamentales de los tutelantes.
Adujo que el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 disponía que << (…) la Corte
Constitucional designará dos de sus Magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa
y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. (…)>>. Que, por lo
anterior, no se debían motivar las decisiones adoptadas en el trámite de la eventual
revisión de los fallos de tutela y, en consecuencia, no existía razón para calificar como
arbitraria la exclusión del expediente de tutela T-11.231.792.
Que la decisión discrecional de no seleccionar para revisión dicho expediente no
vulneraba derecho fundamental alguno.
Que, en efecto, el magistrado Carvajal Londoño no hizo parte de la Sala Novena de
Selección de Tutelas de 2025 y que, por lo tanto, tal y como los propios actores lo
anotaron, no tenía ningún poder de decisión ni de participación sobre la selección. Que,
no obstante, la presentación de su impedimento no tenía la entidad suficiente para que
se cuestionara la transparencia y la imparcialidad de las actuaciones que llevó a cabo la
sala de selección y que tuviera como resultado final la exclusión del expediente T-
11.231.792.
Que la existencia de dicho impedimento tampoco tenía la potencialidad de incidir o
modificar la decisión de no selección. Que la misma sala de selección advirtió que el
impedimento presentado por el magistrado Carvajal Londoño era infundado, porque este
no integraba esa sala y, por lo tanto, no tenía la facultad de participar en esa diligencia.
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Una funcionaria de la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia solicitó que se denegaran las pretensiones de la parte actora, al considerar que
esa corporación no vulneró ni puso en peligro los derechos fundamentales reclamados
por los tutelantes.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Cesar
Mauricio Velásquez Ossa y Edmundo del Castillo Restrepo para dejar sin efectos la
decisión de no selección para revisión del expediente de tutela T-11.231.792 por parte
de la Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional el 30 de
septiembre de 2025.
La Sala anticipa que declarará improcedente en aplicación de la regla general de
improcedencia absoluta de acción de tutela contra decisiones dictadas por la Corte
Constitucional, sumado a que la solicitud de amparo porque no cumple el requisito de
relevancia constitucional.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
sentencias o actuaciones de otra acción de tutela, (ii) la relevancia constitucional y (iii) el
análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra sentencias o actuaciones de otra acción de tutela
En sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unificó el criterio en relación con
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige contra la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige contra una
actuación anterior al fallo; y (iii) cuando se efectúa en contra de una decisión posterior.
En la tercera hipótesis, la Corte Constitucional señaló que:
Con posterioridad a la sentencia de tutela también pueden presentarse actuaciones. Una de las
hipótesis posibles, como ya se vio, es la de que el juez niegue la impugnación del fallo de tutela, que
acaece después del fallo de primera instancia pero antes de que pueda darse el de segunda. Sin
embargo, las actuaciones más frecuentes que ocurren con posterioridad a la sentencia de única o de
segunda instancia, son las que tienen que ver con el cumplimiento de las órdenes dadas. Como este
tribunal lo precisó en la Sentencia C-367 de 2014, el mecanismo idóneo para lograr el cumplimiento de
una orden de tutela es la solicitud al juez de primera instancia de que ejerza las competencias previstas
en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991; por lo tanto, como lo advierte la Sentencia T-956 de 2010,
la acción de tutela no procede para lograr el cumplimiento de las órdenes de tutela. En el contexto de
las medidas necesarias para lograr dicho cumplimiento, es posible tramitar un incidente de desacato,
en el cual, como es obvio, se debe respetar el debido proceso. De no ser así y, por el contrario, darse
una actuación contraria al ordenamiento jurídico, respecto de la cual no existe otro medio eficaz de
defensa, de manera excepcional procede la acción de tutela. Así lo ha reconocido este tribunal en las
Sentencias T-088 de 1999, T-086 y T-553 de 2003, T-368 de 2005 y T-474 de 2011.
Para la Corte, en cualquiera de las anteriores excepciones a la regla de improcedencia
de la solicitud de amparo contra sentencias o actuaciones adelantadas en tutelas, sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedibilidad de
esa acción contra providencias judiciales.
La Corte puntualizó que, si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso
de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.
Además, en la sentencia SU-116 de 2018, el máximo tribunal Constitucional fijó una regla
general de “improcedencia absoluta” de la acción de tutela “contra las sentencias de tutela
proferidas por la Sala Plena o por las Salas de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
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contra las que procede, si se cumplen los requisitos previstos para ello, el incidente de nulidad
de las mismas, que debe promoverse ante este tribunal conforme a lo previsto en el artículo 86
A del reglamento interno de la Corporación”
En esa providencia también señaló que “admitir una nueva acción de tutela sería como instituir
un recurso adicional ante esta Corporación para la insistencia en la revisión de un proceso de
tutela ya concluido, lo que aparece contrario a las disposiciones de la Carta Política y a las normas
reglamentarias en la materia, ya que cuando se concluye el proceso de selección opera el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional”
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En lo que interesa para resolver el asunto, el segundo criterio (carga argumentativa) está
previsto para restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten derechos fundamentales.
4. Análisis del caso concreto
En el sub-lite, la Sala advierte que la parte actora adujo que la autoridad judicial
demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, por no seleccionar para revisión el expediente de la acción de
tutela T-11.231.792.
Lo primero que resalta la Sala es que los accionantes cuestionan una providencia que
decidió no seleccionar para revisión otra acción de tutela; sin embargo, la selección no
es obligatoria para la Corte Constitucional, pues se trata de la aplicación de criterios
objetivos (unificación, novedad), subjetivos (urgencia) o complementarios, sin necesidad
de motivar la selección.
Siendo así, la Sala encuentra que la acción de tutela promovida por los señores Cesar
Mauricio Velásquez Ossa y Edmundo del Castillo Restrepo se encuentra dentro de la
regla general de improcedencia absoluta de la acción de tutela, pues, como se vio,
cuestionan una decisión de no selección dictada por la Corte Constitucional.
Además, a partir de los argumentos presentados por la parte actora y conforme con lo
expuesto en el capítulo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela de la referencia
no cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto los demandantes no
cumplieron con la carga mínima de argumentación, respecto a por qué la discusión que
plantean reviste una clara, marcada e indiscutible relevancia constitucional. Aunque los
demandantes alegan que se trataba de un asunto novedoso, una supuesta irregularidad
por la formulación de un impedimento, y señalan la incidencia de factores externos en la
decisión de no selección, lo cierto es que con ello no se propone un genuino debate
constitucional.
4
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Para la Sala, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa de explicar por qué
su solicitud de amparo trasciende las inconformidades que percibe de la decisión de no
seleccionar para revisión el expediente de la acción de tutela T-11.231.792.
El simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no es suficiente para
tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto que es necesario, se
itera, que se ponga en evidencia la afectación desproporcionada de los derechos
fundamentales alegados, pues <<la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales,
supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel>>5
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala debe precisar que el trámite de eventual revisión de
acciones de tutela que realiza la Corte Constitucional constituye un procedimiento
independiente que tiene por finalidad desarrollar la aplicación y el contenido de las
disposiciones normativas de la Constitución Política, del cual no puede desprenderse la
vulneración de derechos fundamentales de las partes que integraron la acción
constitucional objeto de eventual revisión.
Al respecto, la misma Corte Constitucional en el auto A-027 del 30 de junio de 1998 6
señaló:
El artículo 86 de la Constitución consagra la revisión eventual, por esta Corte, de las decisiones
proferidas por los jueces en materia de tutela.
Se trata, a la luz del precepto superior, de un examen constitucional que recae sobre las
providencias judiciales que han resuelto en materia de amparo. La Corte, que tiene a su cargo la
guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, verifica la conformidad de esas
determinaciones con los principios y fundamentos de la Constitución Política, con el objeto de
unificar la jurisprudencia y para trazar pautas doctrinales que permitan la solución, con arreglo a
los mandatos supremos, de posteriores casos, similares a los ya vistos.
En tal sentido, los casos concretos que los jueces de tutela ya han estudiado y sobre los cuales
han proferido decisión, favorable o desfavorable a la protección pedida, no constituyen el motivo
primario de la revisión constitucional. El objetivo del análisis que emprende la Corte es el de arrojar
luz sobre el alcance y contenido sistemático de las normas fundamentales relativas a derechos de
esa misma índole, formulando las directrices de interpretación y aplicación que han de ilustrar
sucesivas decisiones judiciales. Ello, a propósito de los casos escogidos, que son paradigmas de
los cuales parte la Corte para establecer su doctrina constitucional y la jurisprudencia.
Claro está, si el caso tomado por la Corte como ejemplo para sentar su doctrina ha sido resuelto
en contravía de la Constitución, es preciso que corrija la providencia dictada y, asumiendo el papel
de juez de tutela en concreto, disponga lo necesario para ajustar la decisión a la Carta Política.
La Corte ejerce por este camino una de las más importantes formas de control de
constitucionalidad, que recae en principio sobre actos judiciales y que se proyecta, a través de la
doctrina y la jurisprudencia que trace, sobre el futuro entendimiento y aplicación de la Carta, en
procesos y actuaciones posteriores, por todos los órganos y funcionarios del Estado y por los
particulares.
Así, pues, la revisión ante la Corte no es una instancia adicional a las ya surtidas ni constituye un
momento procesal forzoso que pudiera tenerse como aplicable a todas las controversias de tutela.
Por tanto, la selección de casos singulares para revisión constitucional no es un derecho de
ninguna de las partes que han intervenido en los procesos de amparo, ni tampoco de los jueces
que acerca de ellos han resuelto.
La Corte Constitucional revisa esos fallos "eventualmente", como lo dice la Constitución, es decir,
puede no revisarlos, si no lo tiene a bien, y la decisión de no hacerlo es discrecional, de manera
que no se quebranta derecho subjetivo alguno por decidir la Corte que se abstiene de escoger un
determinado proceso con tal fin.
En esas ocasiones, el efecto jurídico de la no selección es concretamente el de la firmeza del fallo
correspondiente, bien que haya sido de primera instancia, no impugnado, o de segundo grado.
En ese orden de ideas, de la decisión de no selección de un expediente de tutela por
parte de la Corte Constitucional no puede predicarse la transgresión de garantías
fundamentales.
5 Corte Constitucional, sentencia SU - 573 de 2019.
6 Posición reiterada en la sentencia C-1716 de 2000 dictada por la Corte Constitucional.
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En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para declarar
improcedente la solicitud de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
2. Comuníquese la presente providencia al Consejo de Estado, Sección Primera.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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