Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00043-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00043-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-00043-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
11 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00043-011
Accionantes : César Mauricio Velásquez Ossa y otro2
Accionado : Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la Corte
Constitucional
Vinculados : Magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia que fungieron como demandados en las
acciones de tutela con radicado 11001-02-03-000-2025-
00238-00 y 11001-02-03-000-2025-00273-00 (acumuladas)
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, no selección de tutela para
revisión de la Corte Constitucional
Decisión : Sentencia de segunda instancia
1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la parte actora contra el
fallo del 26 de febrero de 2026, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que declaró la improcedencia de la solicitud de tutela por falta de relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por los accionantes frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela
3. Los señores César Mauricio Velásquez Ossa y Edmundo del Castillo Restrepo, a
través de apoderado judicial, interpusieron el presente recurso de amparo, con el
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Edmundo del Castillo Restrepo.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00043-01
Accionantes: César Mauricio Velásquez Ossa y otro
Accionado: Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, que consideran vulnerados por la Sala de
Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional.
4. Por consiguiente, solicitaron que «[…] se ordene a la Corte Constitucional en una nueva
Sala de Selección a revisar el expediente sin tener en cuenta el impedimento presentado por el
magistrado HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO, pues constituyó una presión indebida» .
Hechos3
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por
los accionantes, se puede evidenciar que, el 16 de octubre de 2015, la Fiscalía
General de la Nación formuló imputación contra los señores César Mauricio
Velásquez Ossa y Edmundo del Castillo Restrepo, dentro del proceso penal con
radicado 11001-60-00-102-2008-00240-00/01, por los delitos de concierto para
delinquir, violación ilícita de comunicaciones, peculado por apropiación y peculado
por uso.
6. El 12 de julio de 2021, el Juzgado 56 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá los absolvió de los delitos endilgados. Inconformes, el ente
acusador, el Ministerio Público y la representación de víctimas apelaron la decisión.
Mediante sentencia del 6 de septiembre de 2021, la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la absolución y, en su lugar, condenó
a los procesados, en calidad de coautores, por el delito de concierto para delinquir,
al encontrar que hicieron parte de una empresa criminal destinada a deslegitimar a
la Corte Suprema de Justicia y a la excongresista Yidis Medina Padilla.
7. Contra el fallo condenatorio emitido por primera vez en segunda instancia, la
defensa interpuso el mecanismo de impugnación especial de garantía de la doble
conformidad. El asunto correspondió a la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, que, mediante providencia del 4 de octubre de 2024, avocó el
conocimiento del asunto y declaró fundados los impedimentos de seis de sus
magistrados y un conjuez.
8. El 26 de noviembre de 2024, el conjuez Héctor Alfonso Carvajal Londoño
manifestó estar impedido para intervenir en el asunto, en atención a que se había
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 2.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00043-01
Accionantes: César Mauricio Velásquez Ossa y otro
Accionado: Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional
desempeñado como apoderado judicial del señor Gustavo Petro Urrego,
mencionado en el expediente como una de las presuntas víctimas de los hechos
juzgados. El impedimento fue aceptado al día siguiente.
9. El 27 de noviembre de 2024, la Sala de Conjueces de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, mediante el veredicto CSJ SP3245-2024, confirmó
la sentencia condenatoria. Los conjueces Juan David Riveros Barragán y José
Ignacio Lombana Sierra salvaron conjuntamente su voto al estimar que la acción
penal había prescrito, en tanto consideraron que al mecanismo de impugnación
especial no le era aplicable el término supletorio del artículo 189 de la Ley 906 de
2004 (propio del recurso extraordinario de casación), sino el término del artículo 83
del Código de Procedimiento Penal.
10. Los actores promovieron acciones de tutela, por separado, contra el fallo del 27
de noviembre de 2024, en las que alegaron diversas irregularidades procesales en
el trámite del mecanismo de garantía de la doble conformidad. El 23 y 24 de enero
de 2025, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia
admitió las acciones constitucionales y, el 26 de febrero siguiente, ordenó su
acumulación.
11. Mediante sentencia del 13 de marzo de 2025, esa Sala negó el amparo solicitado
al estimar que la decisión cuestionada no estaba viciada o desprovista de
fundamentos, y que los tutelantes no expusieron ante el juez de la causa las
irregularidades que alegaban en sede constitucional. Impugnado el fallo, fue
confirmado por la Sala de Casación Laboral de esa misma corporación, mediante
providencia del 30 de abril de 2025, por las mismas consideraciones del a quo.
12. Los expedientes de tutela fueron remitidos a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, bajo el radicado T-11.231.792. El 29 de julio de 2025, la Sala
Séptima de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Miguel Polo Rosero y Natalia Ángel Cabo, llevó a cabo audiencia
pública en la que comunicó las acciones de tutela seleccionadas para revisión, sin
que el expediente T-11.231.792 figurara entre ellas.
13. El 21 de agosto de 2025, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, en
ejercicio de la facultad conferida en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el
artículo 53 del Acuerdo 01 de 2025, presentó solicitud de insistencia para la
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00043-01
Accionantes: César Mauricio Velásquez Ossa y otro
Accionado: Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional
selección del expediente, al considerar que se cumplían dos criterios para su
revisión, a saber, que se trataba de una acción de tutela contra providencia judicial
y que era un asunto novedoso, en tanto no existía una disposición legal clara ni una
línea jurisprudencial uniforme sobre el término de prescripción aplicable al trámite
de la doble conformidad en materia penal.
14. El 30 de septiembre de 2025, la Sala Novena de Selección de Tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Paola
Andrea Meneses Mosquera (esta última declarada impedida para pronunciarse
sobre el expediente T-11.231.792, en virtud de su solicitud de insistencia), llevó a
cabo la audiencia pública correspondiente.
15. En el desarrollo de la diligencia, en la sección «Impedimentos presentados frente a
otros asuntos», se dejó constancia de que el magistrado Héctor Alfonso Carvajal
Londoño había presentado un impedimento «en etapa de solicitud de insistencia» frente
al expediente, con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal. La Sala de Selección declaró infundado dicho
impedimento, al advertir que el magistrado Carvajal Londoño no integraba esa Sala
y que, en todo caso, el expediente no había sido seleccionado para revisión. En la
misma sesión, la Sala Novena de Selección decidió no seleccionar para revisión el
expediente T-11.231.792.
16. En su escrito de tutela, los accionantes sostuvieron que, si bien el Acuerdo 01
de 2025 reconoce un margen de discrecionalidad para que los magistrados de la
Corte Constitucional decidan sobre la selección de las acciones de tutela, esa
facultad no puede traducirse en arbitrariedad, pues debe ejercerse conforme a los
principios y criterios objetivos, subjetivos y complementarios reglados
normativamente. A su juicio, el expediente T-11.231.792 cumplía objetivamente los
criterios de selección, tal como lo había reconocido la magistrada Meneses
Mosquera en su solicitud de insistencia, y aun así fue excluido de revisión, lo que
configuró un ejercicio arbitrario de la discrecionalidad reglada.
17. Adicionalmente, denunciaron la violación de la reserva propia de las
deliberaciones del trámite de selección, evidenciada con la intervención del
magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño quien, sin integrar la Sala Novena,
presentó un impedimento respecto de un expediente que no había sido
seleccionado ni asignado, lo que, a su parecer, evidenciaba el quebrantamiento de
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00043-01
Accionantes: César Mauricio Velásquez Ossa y otro
Accionado: Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional
la reserva propia de las deliberaciones y la existencia de un interés subjetivo previo
en la causa.
18. Como contexto, agregaron que, el día anterior a la audiencia de selección, se
había hecho pública una controversia entre la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia y la Corte Constitucional con ocasión de la selección para revisión de la
acción de tutela promovida por el señor Bernardo Moreno Villegas, y que, en esa
misma fecha, el entonces ministro de Justicia se refirió públicamente al magistrado
Jorge Enrique Ibáñez Najar como «politiquero» y «líder de la oposición», circunstancias
que, en su criterio, configuraron factores externos de presión institucional y
mediática que comprometieron la independencia e imparcialidad de la Sala
accionada.
1.2. Contestaciones de la acción
19. 1.2.1. La Corte Constitucional4 pidió declarar improcedente la solicitud de
amparo o, en subsidio, negar la protección invocada. Adujo que, conforme al
artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, la selección de tutelas para revisión no
requiere motivación expresa, por lo que no existe razón para calificar como
arbitraria la exclusión del expediente T-11.231.792. Agregó que, si bien el
magistrado Carvajal Londoño no hizo parte de la Sala Novena, la presentación de
su impedimento no tenía la entidad suficiente para cuestionar la transparencia e
imparcialidad del trámite, pues la propia Sala lo declaró infundado y, en todo caso,
no tenía la potencialidad de incidir o modificar la decisión de no selección.
20. 1.2.2. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 5 solicitó
negar la acción constitucional, al considerar que esa corporación no vulneró ni puso
en peligro los derechos fundamentales reclamados.
1.3. Providencia impugnada6
21. Mediante sentencia del 26 de febrero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela. En primer lugar, expuso que la
solicitud de amparo se encontraba dentro de la regla general de improcedencia
4
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 10, archivo 16.
5
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 8, archivo 12.
6
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 14.
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00043-01
Accionantes: César Mauricio Velásquez Ossa y otro
Accionado: Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional
absoluta de la acción de tutela contra decisiones dictadas por la Corte
Constitucional.
22. En segundo lugar, consideró que la acción de tutela no satisfacía el requisito de
relevancia constitucional, por cuanto los demandantes no cumplieron con la carga
argumentativa de explicar por qué la discusión planteada trascendía sus
inconformidades con la decisión de no selección. A su juicio, el simple alegato de
la vulneración de los derechos fundamentales no es suficiente, en la medida en que
se requería evidenciar la existencia de una afectación desproporcionada.
23. Finalmente, precisó que el trámite de eventual revisión constituye un
procedimiento independiente cuya finalidad es desarrollar la aplicación y el
contenido de las disposiciones de la Constitución Política, y que de la decisión de
no selección no se podía predicar la transgresión de garantías fundamentales,
conforme a lo expuesto por la propia Corte Constitucional en el auto A-027 del 30
de junio de 1998 y reiterado en la sentencia C-1716 de 2000.
24. La consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello aclaró su voto, pues, no debió
impartirse la orden de enviar el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dado que la acción se interpuso precisamente contra la decisión
de no seleccionar para revisión el expediente T-11.231.792.
1.4. La impugnación7
25. Inconformes con esa determinación, los tutelantes impugnaron el fallo de primera
instancia. Como argumento central, sostuvieron que el a quo partió de una premisa
equivocada al asumir que la acción de tutela se dirigía contra una providencia
judicial, cuando, en realidad, la vulneración alegada no se origina en la decisión de
no selección, sino en una serie de actuaciones irregulares ocurridas en el trámite
previo a esa decisión, que afectaron sus derechos fundamentales.
26. Bajo esa premisa, cuestionaron la aplicación de las reglas fijadas en las
sentencias SU-627 de 2015 y SU-116 de 2018, en cuanto se refieren,
respectivamente, a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
sentencias o actuaciones adelantadas dentro de un trámite de tutela, y a la regla
de improcedencia absoluta frente a las sentencias proferidas por la Sala Plena o
7
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 31.
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00043-01
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Accionado: Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional
por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional. Sostuvieron que ninguna de
esas hipótesis se configura en el caso sub examine, pues lo cuestionado son
«trámites administrativos» que tuvieron lugar previo a la decisión de no selección y, al
no haber hecho parte de un proceso decidido por la Corte, los accionantes no
estaban habilitados para promover el incidente de nulidad.
27. Adicionalmente, censuraron la afirmación según la cual del trámite de selección
no podría predicarse la vulneración de derechos fundamentales, pues, en su
criterio, ello equivaldría a reconocer una facultad omnipotente en cabeza de la Corte
Constitucional, no susceptible de cuestionamiento. Frente al requisito de relevancia
constitucional, sostuvieron que el a quo llegó a esa conclusión a partir de la misma
premisa errada, pues, dicha exigencia no resulta aplicable cuando la vulneración
no se concretó a través de una sentencia u otra decisión judicial. Finalmente,
reiteraron que la arbitrariedad de la Sala accionada radicó en descartar una
insistencia que advertía el cumplimiento de dos criterios objetivos de selección, y
se evidenció la violación de la reserva con el «impedimento anticipado e infundado» del
magistrado Carvajal Londoño quien, sin formar parte de la Sala Novena, tuvo
conocimiento del trámite y del expediente.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
28. En virtud de los artículos 328 del Decreto Ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201911 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2. La acción
29. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de
la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
11
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00043-01
Accionantes: César Mauricio Velásquez Ossa y otro
Accionado: Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3. Cuestión previa
30. Previo a fijar el problema jurídico a abordar, conviene precisar la naturaleza de
la providencia censurada por los actores. Los accionantes insisten en que su
solicitud de amparo no se dirige «contra sentencias o actuaciones adelantadas al interior del
trámite de la acción de tutela», sino que contra «trámites administrativos» dentro del trámite
de selección de expedientes ante la Corte Constitucional. No obstante, lo cierto es
que la decisión cuestionada (el auto del 30 de septiembre de 2025, mediante el cual
la Sala de Selección de Tutelas Número 9 resolvió no seleccionar para revisión el
expediente T-11.231.792) constituye una providencia adoptada por la Corte en
ejercicio del mecanismo de revisión eventual, prevista en los artículos 86 y 241.9
de la Constitución Política y reglamentada por el artículo 33 del Decreto 2591 de
1991. Por lo tanto, la Sala aclara que, se trata de una tutela dirigida a atacar una
providencia judicial.
2.4. Problema Jurídico
31. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la
providencia del 30 de septiembre de 2025, mediante la que la Sala Novena de
Selección de Tutelas de la Corte Constitucional, excluyó de revisión el expediente
T-11.231.792 y, en caso afirmativo, si se vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia invocados por los
actores.
2.5. La acción de tutela contra providencias judiciales
32. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional12 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado13, es posible acudir
12
Sentencia C-590 de 2005.
13
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00043-01
Accionantes: César Mauricio Velásquez Ossa y otro
Accionado: Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
33. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
34. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00043-01
Accionantes: César Mauricio Velásquez Ossa y otro
Accionado: Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
35. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración
de los derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad material, debido
proceso, acceso a la justicia y protección especial de las víctimas del conflicto
armado y personas en condición de discapacidad, con ocasión de la posible
configuración de los defectos sustantivo, fáctico, de desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución; (ii) contra la decisión
objeto de censura no procede recurso alguno, pues se trata de una sentencia de
segunda instancia que se encuentra en firme; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que, la providencia atacada
quedó ejecutoriada el 13 de agosto de 202514 y la solicitud de amparo se radicó el
2 de diciembre15 siguiente, es decir, dentro de los seis meses; y (v) la decisión
acusada no obedece a un fallo de tutela.
36. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y fáctico
invocadas por los accionante. Bajo el primer defecto se estudiará también el
alegado desconocimiento del precedente, por referirse aquel a decisiones del
Consejo de Estado, no pudiendo ser tratado como una causal autónoma. La Sala
descarta estudiar el defecto alegado como violación directa de la Constitución, en
tanto, los accionantes no expusieron de forma suficiente el precedente
constitucional que imponía interpretar de otra forma las disposiciones legales en
14
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 5 de agosto de 2025, motivo por el cual
aquella se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 8 de agosto (el 7 fue festivo), conforme al artículo 205 (numeral
2) del CPACA. Notificación visible en el expediente electrónico del proceso 05001-23-33-000-2019-03006-01, índice 24.
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Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 3.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00043-01
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comento, y no cumplió con la carga argumentativa suficiente para dar cuenta del
principio de interpretación conforme con la Constitución.
2.6. Caso concreto
37. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) contrario a lo señalado por
la primera instancia, el asunto planteado sí comporta relevancia constitucional, en
la medida en que recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los
tutelantes; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii)
se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de los aludidos
derechos; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, por cuanto la providencia
atacada quedó ejecutoriada el 30 de septiembre de 2025 y la solicitud de amparo
se presentó el 19 de diciembre del mismo año, es decir, dentro de los 6 meses; y
(v) la providencia acusada no obedece a una de tutela.
38. En el asunto sub examine la inconformidad de los accionantes consiste en que,
la Sala de Selección de Tutelas No. 9 de la Corte Constitucional decidió no
seleccionar para su revisión el expediente T-11.231.792, pese a que existía mérito
para ello, teniendo en cuenta que la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera
insistió en su selección. Esto, a su juicio, se configura en una vulneración de sus
derechos fundamentales, sin especificar a través de qué causal específica de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial, en los siguientes términos:
C[o]mo se mencionó anteriormente, el suscrito comprende plenamente que los
Magistrados que conforman la sala de selección de tutela tienen la discrecionalidad
de seleccionar o no las acciones constitucionales que, a su juicio, deben ser
revisadas. Sin embargo, se debe resaltar que dicha discrecionalidad EN NINGÚN
MOMENTO PUEDE SER ENTENDIDA COMO ARBITRARIEDAD, como sucedió en
el caso en concreto.
[…] Conforme con lo expuesto, se avizora en un primer momento una vulneración al
debido proceso de la acción de tutela desarrollado, por parte de la Sala No. 9 de
Selección de la Corte Constitucional, puesto que, a pesar de que se cumplían los
criterios de selección, arbitrariamente se optó por no remitirla a una sala de revisión,
impidiendo que mis representados accedieran a la administración de justicia.
[…] Aunque, como se explicó, la no selección de la tutela, cuando se cumplían los
criterios y principios de selección, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de los señores César Mauricio
Velásquez Ossa y Edmundo Del Castillo, lo cierto es que, además, se violó la reserva
legal que ampara las actuaciones de la Sala de Selección accionada.
El Magistrado Héctor Alfonso Carvajal Lodoño, que no pertenecía a la sala de
selección, conocía de las sentencias estudiadas al interior de dicha sala y de la
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00043-01
Accionantes: César Mauricio Velásquez Ossa y otro
Accionado: Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional
deliberación de éstas. Lo anterior queda demostrado a través del impedimento
anticipado e inoportuno que éste presentó.
Es fundamental resaltar que la violación de dicha reserva legal le genera una grave
preocupación, tanto al suscrito como a mis representados, ya que, una persona
interesada en el resultado del proceso, como lo es el Magistrado Carvajal Londoño,
abogado del Presidente de la República Gustavo Petro Urrego, alegada víctima en el
proceso penal 110016000102200800240, dirigente de un gobierno que se ha
dedicado a ejercer actos de intimidación contra el Magistrado Jorge Enrique Ibáñez,
haya incidido indebidamente en la decisión que de forma definitiva, cierra las puertas
de la revisión constitucional, vulnerado así las garantías invocadas en la presente
acción de tutela.
39. Frente a ello, vale la pena destacar que, la jurisprudencia constitucional16 ha sido
enfática en afirmar que la acción de tutela es un mecanismo excepcional, y las que
van dirigidas contra providencias judiciales son incluso más excepcionales. Ello se
traduce en exigencias más estrictas en favor de la estabilidad jurídica del Estado.
Sin embargo, la Corte Constitucional17 ha afirmado que, las acciones de tutela
dirigidas a cuestionar las decisiones de los jueces deben cumplir una serie de
requisitos de procedibilidad, generales y especiales, con la finalidad de destacar los
eventos extraordinarios de su aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una decisión judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si se perturban o no derechos
fundamentales.
40. Así mismo, en reciente sentencia de unificación SU-304 de 202418, la Corte
sostuvo que, tratándose de tutelas contra providencias judiciales, el examen debe
realizarse con mayor rigurosidad para poder constatar «[…] una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria […]» , lo que
implica que no se permita su uso con el propósito de reabrir debates concluidos en
el proceso ordinario.
41. De acuerdo con lo anterior, se debe entender que, en casos como este, se exige
a los accionantes una especial carga argumentativa que no se satisface con la mera
discrepancia genérica frente a la interpretación judicial, sino con la identificación
precisa de los defectos en que incurrió la decisión cuestionada y la explicación de
cómo estos inciden directamente en el resultado obtenido, carga que omitieron
cumplir los tutelantes en su escrito.
42. Lo anterior por cuanto los accionantes no enunciaron siquiera los defectos que
16
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-304 de 2024.
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00043-01
Accionantes: César Mauricio Velásquez Ossa y otro
Accionado: Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional
le atribuyen a la providencia del 30 de septiembre de 2025 proferida por la Sala de
Selección de Tutelas No. 9, y los argumentos expuestos no permiten una
confrontación concreta de las razones jurídicas o probatorias que encajen en alguna
de aquellas causales específicas.
43. En su lugar, centraron su inconformidad en presuntas irregularidades en el
trámite de selección, sin que existan fundamentos encaminados a demostrar alguna
interpretación normativa errada19, una carencia probatoria20, un exceso en la
aplicación o interpretación de un elemento procedimental21, la inobservancia de un
precedente constitucional22, la inaplicación de una norma de rango constitucional23,
que la autoridad judicial accionada careciera de competencia24 o que las partes
hubiesen inducido a un error al operador judicial25. En todo caso, las
inconformidades de los tutelantes, así expuestas, no resultan susceptibles de ser
reconducidas, por vía oficiosa, a alguna de las causales específicas de
procedibilidad antes reseñadas.
44. La revisión eventual de los fallos de tutela, prevista en los artículos 86 y 241.9 de
la Constitución Política, se encuentra definida en el artículo 33 del Decreto 2591 de
1991, así:
Artículo 33. Revisión por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional designará
dos de sus magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y según su
criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier Magistrado
de la Corte o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela
excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un
derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de
revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el
término de tres meses. (Énfasis de la Sala)
45. Sobre la facultad de revisión, la Corte Constitucional, ha señalado lo siguiente:
En este sentido, se ha explicado que la facultad de revisión, prevista en el artículo 86
de la Carta y otorgada por el Constituyente, es eventual, razón por la que no constituye
ni un derecho de las partes, ni una tercera instancia, que dé una nueva posibilidad de
atacar las determinaciones judiciales de primero y segundo grado. Sobre el alcance de
la discrecionalidad que implica la eventual revisión, esta Corporación ha señalado que:
Si la revisión que efectúa la Corte es eventual y, por tanto, puede o no tener lugar, sin
que disposición alguna la haga obligatoria, y si, además, norma legal expresa confiere
a los magistrados de la Corte que integran rotativamente la Sala de Selección una
facultad discrecional y amplia para resolver cuáles sentencias de tutela habrán de ser
19
Defecto sustantivo.
20
Defecto fáctico.
21
Defecto procedimental absoluto.
22
Desconocimiento del precedente constitucional.
23
Violación directa de la Constitución Política.
24
Defecto orgánico.
25
Error inducido.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00043-01
Accionantes: César Mauricio Velásquez Ossa y otro
Accionado: Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional
revisadas y cuáles no, resulta evidente que nadie puede intentar acción ni recurso
alguno por el hecho de que su caso haya o no sido escogido para su revisión, ni
pretender que la determinación de no seleccionar el asunto representa o implica
vulneración de los derechos fundamentales de ninguno de quienes fueron partes o
intervinientes en el respectivo proceso 26.
46. En ese sentido, los casos concretos que los jueces de tutela ya han estudiado y
sobre los cuales han proferido decisión, favorable o desfavorable a la protección
pedida, no constituyen el motivo primario de la revisión constitucional. De ahí que,
el ejercicio de esa función no implica que todas las sentencias de tutela allegadas a
la Corte ameriten un pronunciamiento. La selección, por tanto, no constituye un
derecho subjetivo de las partes ni una tercera instancia que permita controvertir las
decisiones judiciales de primera y segunda instancia.
47. Por el contrario, el objeto del análisis que emprende la Corte es el de fijar el
alcance de las normas fundamentales relativas a derechos de esa misma índole,
formulando las directrices de interpretación y aplicación que han de ilustrar las
posteriores decisiones judiciales en materia constitucional. Por tal motivo, los casos
seleccionados, son paradigmas, a efectos de que la Corte establezca su doctrina
constitucional y la jurisprudencia.
48. En ese orden de ideas, comoquiera que los accionantes no enunciaron los
defectos y tampoco los desarrollaron o acreditaron con la especificidad exigida, y se
limitaron a reiterar los planteamientos hechos por la magistrada Meneses Mosquera
en su insistencia, sin demostrar cómo ello se traduce en un yerro judicial ostensible
y determinante atribuible a la providencia atacada, no es posible estudiar el fondo
del asunto.
49. En consecuencia, se concluye que el mecanismo de amparo adolece de una
falta de carga argumentativa suficiente para acreditar la configuración de un defecto
concreto, lo que conlleva a declarar improcedente el amparo solicitado.
III. DECISIÓN
50. La Sala considera que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa
necesaria para estudiar la configuración de algún defecto específico en la
providencia censurada, motivo por el cual se confirmará el fallo de primera instancia,
26
Corte Constitucional, Auto 177A de 2019.
14
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00043-01
Accionantes: César Mauricio Velásquez Ossa y otro
Accionado: Sala de Selección de Tutelas Número 9 de la Corte Constitucional
en el sentido de declarar la improcedencia del amparo, pero por las razones aquí
expuestas.
51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción por falta de
relevancia constitucional, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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