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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00059-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00059-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el accionante respecto sus derechos fundamentales, de conformidad por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de Educación Nacional. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00059-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00059-00
Accionante: Freddy García Ramírez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por el señor
Freddy García Ramírez, contra la sentencia proferida el 18 de junio de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

SÍNTESIS1

El accionante cuestiona la sentencia del 18 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual se confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. La Sala negará el amparo solicitado por el accionante por cuanto la providencia
judicial cuestionada no incurrió en los defectos alegados.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 14 de enero de 2026, Freddy García Ramírez presentó, mediante apoderada,
una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad, los cuales, a su juicio, fueron vulnerados por la sentencia proferida el 18 de
junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 05001-33-33-033-
2021-00115-00/01, por medio de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda presentadas en el proceso ordinario.

2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia
proferida el día 18 de junio de 2025, en el expediente identificado con radicado No. 05001-
33-33-033-2021-00115-01, transgredió los derechos fundamentales DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,
CONFIANZA LEGÍTIMA, IGUALDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA del señor FREDDY
GARCIA RAMIREZ, por desconocimiento del precedente jurisprudencial consolidado por
el Honorable Consejo de Estado en materia de la aplicación del régimen pensional del

1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Niega Amparo / Régimen pensional
de los docentes vinculados al servicio público educativo oficial

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00059-00
Accionante: Freddy García Ramírez
Niega el amparo

personal docente oficial.

Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y, se profiera una nueva con fundamento en la normatividad
aplicable al caso de la parte actora, esto es, Ley 33 de 1985, en los términos
solicitados en la demanda y, atendiendo al precedente jurisprudencial del Máximo
Órgano de lo Contencioso Administrativo.

B. Hechos

3. El señor Freddy García Ramírez estuvo vinculado al servicio de la Policía Nacional
desde el año 1987 hasta 1993 y posteriormente, se vinculó como docente en
provisionalidad desde el año 2004 hasta el 2005 y el 16 de febrero de 2006 fue vinculado
como docente oficial al servicio del municipio de Medellín.

4.El 18 de septiembre de 2020, solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación
ante el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, sin embargo, fue denegada a través de la configuración de un acto ficto.

5. El señor Freddy García Ramírez presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de obtener
la nulidad del acto administrativo ficto, y a título de restablecimiento, el reconocimiento
y pago de su pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de
19852.

6.Mediante sentencia del 31 de marzo de 2025, el Juzgado 33 Administrativo de
Medellín negó las pretensiones de la demanda, tras concluir que al demandante no le
aplicaba el régimen establecido en la Ley 33 de 1985. Lo anterior, por cuanto:

(…) el Despacho encuentra que el demandante para el 1º de abril de 1994, fecha de entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, acreditaba una edad de 28 años, ya que nació el 05 de
junio de 1965, es decir que no tenía los 40 años exigidos para tener derecho al régimen de
transición. Tampoco acredita el tiempo de servicios requerido con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir que tampoco se acreditó el cumplimiento de los
15 años que exige la norma para estar en el régimen de transición. (…)

su vinculación como docente oficial fue posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 y no cumplía con los requisitos para estar en régimen de transición de la Ley 100 de
1993, por lo tanto, no es posible que se le aplique el régimen anterior que pretende, esto es
la Ley 33 de 1985 para efectos del reconocimiento de la pensión que solicita, pues de acuerdo
a lo verificado en el expediente, el régimen a aplicarle sería el de la Ley 100 de 1993 en su
integridad.

7. El demandante presentó recurso de apelación en el cual, entre otros, adujo que no le
era aplicable el régimen pensional de prima media previsto en las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, sino, por el contrario, debido a que se vinculó como servidor público desde

2 Congreso de Colombia. Ley 33 de 1985. “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las
prestaciones sociales para el Sector Público.”

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Accionante: Freddy García Ramírez
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1987, le resultaba aplicable el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

8.El 18 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sentencia
del Juzgado 33 Administrativo de Medellín, por cuanto concluyó que “al señor Freddy
García Ramírez no le es aplicable el régimen pensional anterior a la vigencia de la Ley 812 de
2013, ya que su vinculación al servicio oficial docente se dio con posterioridad al 27 de junio de
2003, por lo que su situación se rige por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, bajo las cuales
tampoco acreditó el cumplimiento de los requisitos para el momento en que realizó la
reclamación ante la administración”.

C. Fundamentos de la vulneración

9. El accionante alega que la sentencia del 18 de junio de 2025 vulneró sus derechos
fundamentales y transgredió el principio de seguridad jurídica y legitima confianza, al
incurrir en un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

10. Sobre el desconocimiento del precedente, indicó que la autoridad judicial accionada
realizó una interpretación contraria a la jurisprudencia establecida por el Consejo de
Estado, particularmente, respecto los criterios establecidos en la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 20193, la cual dispuso como único
requisito para la aplicación del régimen prestacional previsto en la Ley 33 de 1985 o la
Ley 71 de 1988, que el docente estuviese vinculado al servicio educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, independiente a la
modalidad de vinculación del docente, bien sea mediante contrato laboral, contrato de
prestación de servicios o a través de una relación legal y reglamentaria.

11. También resaltó la providencia que resolvió una acción de tutela el 5 de diciembre
de 20244, mediante la cual se ampararon los derechos de la accionante, al acreditarse
los mismos defectos que se alegan en el presente trámite, por cuanto se desconoció el
precedente judicial fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, y en su lugar,
se impuso una carga adicional a la demandante en aras de demostrar la calidad de
docente y su vinculación previa a la Ley 812 de 2003.

12. En ese sentido, el accionante señaló que la providencia cuestionada desconoció el
precedente judicial y vulneró su derecho a la igualdad, ya que, en casos análogos, se
ha reconocido la pensión de jubilación, sin que la modalidad de vinculación haya
constituido un obstáculo para conceder el beneficio pensional.

13. Resaltó que desempeñó labores en la Policía Nacional desde 1987, razón por la
cual enfatizó que fue servidor público con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, por lo cual es evidente el derecho que le asiste al reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación reconocida en la Ley 33 de 1985, en concordancia con la
postura consolidada por el Consejo de Estado.

14.Asimismo, manifestó que es razonable acumular el tiempo de servicio en la Policía
Nacional al tiempo laborado como educador oficial, pues independientemente de la
modalidad de vinculación, la naturaleza de sus actividades es equiparable a las

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 25 de abril de 2019. Rad núm. 68001-
23-33-000-2015-00569-01 (0935-17) SUJ-014-CE-S2-19.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 5 de diciembre de 2024. Rad núm. 11001-
03-15-000-2024-05558-00.

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Accionante: Freddy García Ramírez
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funciones de un docente oficial.

15. Respecto el defecto sustantivo, señaló que le era aplicable el régimen pensional
contemplado en la Ley 33 de 1985, contrario a lo que estimó el Tribunal Administrativo
de Antioquia que indicó que la norma a la cual debía someterse era la Ley 100 de 1993
y la Ley 797 de 2003, pues tal como lo ha reiterado la jurisprudencia argumentó que:

(…) la naturaleza y calidad de docente oficial no se desvirtúa ni se determina por el tipo de
vinculación al Estado (contractual o legal y reglamentaria). Aquella condición se fundamenta
en la actividad o funciones realmente desarrolladas desde la perspectiva propia del cargo
o servicio prestado, el cual en todo caso fue el de educadora de planteles públicos de un
ente territorial y, por tal motivo se tiene en cuenta la fecha de ingreso al ejercicio de la labor
docente – sin entrar a revisar la naturaleza de la vinculación -, para determinar el régimen
pensional aplicable al caso.

D. Trámite procesal

16. Mediante auto del 16 de enero de 20265, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia y, en calidad de terceros con
interés, al Juzgado 33 Administrativo de Medellín y a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, para que rindieran
un informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

17. El Juzgado 33 Administrativo de Medellín6 indicó que el debate presentado es un
asunto de mera legalidad el cual carece de relevancia constitucional. Adujo que si bien
el accionante manifestó que se desconoció la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-
2019 del 25 de abril de 2019, dicha providencia regula los factores de liquidación de la
pensión docente de acuerdo con los regímenes pensionales aplicables, por lo que
realmente, regula otra discusión, y en todo caso, el accionante no acreditó su vinculación
al servicio público docente antes de la Ley 812 de 2003, razón por la cual no se
desconoció ningún precedente judicial.

18. Por otro lado, respecto el desconocimiento de la sentencia del 5 de diciembre de
2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, indicó que trata de un
supuesto fáctico distinto, ya que allí se estudia la vinculación al servicio docente oficial
mediante contratos de prestación de servicios antes de la Ley 812 de 2003. Razón por
la cual concluyó que no se incurrió en los defectos alegados.

19. El Tribunal Administrativo de Antioquia7 solicitó que se declarara la improcedencia
de la acción de tutela, o en su defecto, se denegara el amparo, por cuanto la providencia
judicial cuestionada no incurre en los defectos alegados por el accionante y se presenta
por mera inconformidad con la decisión adoptada y no porque se hubiesen vulnerado
sus derechos fundamentales.

20. Manifestó que el accionante pretende usar el mecanismo constitucional como una

5
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6
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7
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Accionante: Freddy García Ramírez
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instancia adicional para debatir un asunto que ya fue resuelto, en ejercicio de la
autonomía judicial y de acuerdo con los presupuestos fácticos y jurídicos del proceso
ordinario, por parte del juez natural. Además, reiteró los argumentos expuestos en la
sentencia cuestionada, en la cual se acreditó que el accionante ingresó como docente
oficial con posterioridad al 27 de junio de 2003, razón por la cual su situación pensional
se define por las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Así, indicó que la providencia quedó
suficientemente motivada, sin que se evidencie los defectos alegados por el accionante.

21. El Ministerio de Educación Nacional8 solicitó que se declarara la improcedencia de
la demanda, de acuerdo con el principio de autonomía judicial y atendiendo a la
naturaleza excepcional y subsidiaria de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

22. Adujo que el descontento del accionante respecto la decisión que negó las
pretensiones de su demanda, no puede ser la base para reabrir un debate concluido,
en aras de que la jurisdicción constitucional actúe en reemplazo del juez natural.
Además, indicó que la discusión presentada carece de relevancia constitucional por ser
una controversia de naturaleza económica, pues es un litigio que involucra intereses
privados.

23. También señaló que el Ministerio no tiene competencia para pronunciarse sobre las
pretensiones alegadas por el accionante, razón por la cual solicitó que se desvinculara
a la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva.

24.El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio fue debidamente notificado9, sin
embargo, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

25. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por el señor Freddy García Ramírez
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y
en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Cuestión previa

26. La Sala negará la solicitud de desvinculación de la presente acción judicial formulada
por el Ministerio de Educación Nacional, debido a que fue vinculada en calidad de tercero
con interés, por cuanto fue sujeto procesal y estuvo vinculada en el proceso de nulidad y
restablecimiento en derecho objeto de la presente demanda de tutela.

8
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H. Providencia objeto de análisis

27. El accionante cuestionó la sentencia proferida el 18 de junio 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, razón por la cual será la providencia que se analizará en el
presente trámite.

I. Sentido de la decisión

28. La Sala negará el amparo invocado por el accionante respecto sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, por
cuanto no se evidenció que la providencia judicial cuestionada hubiera incurrido en los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.

J. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

29. La presente acción de tutela cumplió con los requisitos generales de procedencia10,
en particular, el accionante, i) superó la carga argumentativa requerida para sustentar el
requisito de relevancia constitucional, pues la discusión que presenta trasciende la mera
legalidad y plantea argumentos suficientemente fundamentados en aras de alegar la
vulneración de sus garantías iusfundamentales; ii) se constató que no existe otro
mecanismo judicial ordinario que permita al accionante alegar lo que pretende en el
presente trámite y iii) la demanda de tutela fue presentada en un término razonable - el
14 de enero de 2026 -, ya que fue dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de
la providencia judicial proferida el 18 de junio de 2025.

K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

30. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

En el asunto sub iudice, el accionante cuestiona la sentencia proferida el 18 de junio de
2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia porque, a su juicio, considera que
incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente. A continuación, la
Sala describirá las características y elementos del defecto alegado, con el propósito de
determinar el objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos
fundamentales.

31. Respecto del defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica

10
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha
establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado
todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00059-00
Accionante: Freddy García Ramírez
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una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es,
u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica.

32. El desconocimiento del precedente11 se funda debido a la inaplicación de las
decisiones emitidas por la Corte Constitucional, ya que en el marco del control abstracto
de constitucionalidad o de revisión de tutelas, las sentencias hacen tránsito a cosa
juzgada y, por tanto, tienen fuerza vinculante.

33. Lo anterior, en virtud del principio de supremacía constitucional y la jerarquía del
sistema de fuentes formales de derecho, ya que hay una aplicación preferente de las
disposiciones que emanan de la Carta Política y de los contenidos normativos en los
cuales se reconoce la jurisprudencia constitucional, en ejercicio de su interpretación de
la Constitución.

L. El caso concreto

34. La Sala negará el amparo solicitado por el accionante, por cuanto se evidenció que
no se configuró ni el defecto sustantivo ni el fáctico, como lo alega el accionante. En
todo caso, el estudio de los reparos presentados se hará de manera conjunta a partir
del desconocimiento del precedente, toda vez que los dos defectos alegados se
encuentran intrínsicamente relacionados.

35. El accionante afirmó que la providencia proferida el 18 de junio de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, por cuanto desconoció el
precedente judicial fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 y la sentencia de tutela del
5 de diciembre de 202412, de la Sección Cuarta de esta Corporación. En ese sentido,
alegó que le era aplicable el régimen pensional contemplado en la Ley 33 de 1985 13,
por cuanto su vinculación como servidor público se dio desde 1987 y no con
posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 200314, tal como lo estableció el Tribunal.

36. La Sala advierte que la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 201915, unificó los criterios respecto del ingreso base de liquidación en la
pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
FOMAG, por cuanto dispuso:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de
la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los

11
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
12
Rad núm. 11001-03-15-000-2024-05558-00.
13
Congreso de Colombia. Ley 33 de 1985. “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las
prestaciones sociales para el Sector Público.”. Derogada por el art. 276, Ley 1450 de 2011, salvo los arts. 20, 59, 61, 64, 65, 81 y 121.
14
Congreso de Colombia. Ley 812 de 2003. "Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario"
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 25 de abril de 2019. Rad núm. 68001-
23-33-000-2015-00569-01 (0935-17) SUJ-014-CE-S2-19.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00059-00
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enlistados en el mencionado artículo. (…)

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección
Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de
liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios.

(…)

De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes
prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. La
aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o
vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, y se deben tener en cuenta las
siguientes reglas:

a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta
son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones. (Negrillas del texto citado)

37. A su vez, en dicha sentencia la Sección Segunda del Consejo de Estado explicó los
requisitos del régimen de pensión de jubilación de los docentes del servicio público
oficial afiliados al FOMAG antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 y el régimen
pensional de prima media para los docentes afiliados al FOMAG vinculados al servicio
con posterioridad de la entrada en vigencia de la referida norma. En ese sentido
resumió:

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00059-00
Accionante: Freddy García Ramírez
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38. Por otro lado, en la sentencia de tutela del 5 de diciembre de 2024 (Rad núm. 11001-
03-15-000-2024-05558-00), la Sección Cuarta del Consejo de Estado se ocupó de
resolver la discusión planteada por una docente que se vinculó al servicio docente oficial
mediante contratos de prestación de servicios antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, por lo cual se debía determinar si la fecha de ingreso era el momento en que inició
su labor como docente del municipio de Sincelejo mediante órdenes de prestación de
servicios, en aras de saber cuál régimen le era aplicable.

39. Respecto de la providencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
así como de la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019,
se advierte que ninguna resulta aplicable al asunto debatido en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 05001-33-33-033-2021-00115-00/01. En efecto, las

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00059-00
Accionante: Freddy García Ramírez
Niega el amparo

decisiones citadas se adoptaron en el marco de controversias distintas, sustentadas en
presupuestos fácticos diferentes que no guardan identidad con el caso bajo estudio. Por
ello, no puede predicarse el desconocimiento del precedente, tampoco un defecto
sustantivo, en la medida que no existe similitud sustancial entre los supuestos
analizados en aquellas providencias y los planteados por el accionante en el presente
trámite.

40. Ahora, de acuerdo con los criterios de unificación establecidos por el Consejo de
Estado en la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, se evidenció que
el régimen de pensión de jubilación contenido en la Ley 33 de 1985 será aplicable para
aquellos docentes vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, el 27 de junio de 2003.

41. No obstante, respecto la vinculación del accionante, el Tribunal Administrativo de
Antioquia precisó:

en la certificación electrónica de tiempos laborados CETIL del Ministerio de Hacienda, se
acredita que el señor Freddy García Ramírez laboró al servicio de la Policía Nacional –
Dirección Administrativa y Financiera desde el 1° de febrero de 1987 hasta el 6 de mayo de
1993, para un total de 6 años, 3 meses y 5 días (2286 días) en calidad de empleado público,
sin que se acredite durante todo ese periodo una vinculación como docente oficial.

Asimismo, se observa en el Formato único para la expedición de certificado de historia
laboral del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que el demandante se
vinculó como docente al servicio de la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín,
hoy Distrito Especial de Medellín, mediante nombramiento en provisionalidad por medio de
Decreto 248 del 25 de febrero de 2004, con fecha de posesión del 15 de marzo de 2004
hasta el 9 de diciembre de 2005, para un total de 1 año, 8 meses y 25 días (635 días). Es
decir, ingresó a la docencia oficial con posterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de la
vigencia de la Ley 812 de 2003.

Después, se vinculó como docente en propiedad mediante el Decreto 2644 del 12 de
diciembre de 2005 con fecha de posesión del 16 de enero de 2006 acumulando hasta la
fecha de expedición de la certificación, esto es, hasta el 15 de mayo de 2020 un total de 14
años, 3 meses y 26 días (5230 días) con afiliación al FOMAG.

42. Así, resulta claro para la Sala que, si bien el accionante prestó sus servicios en la
Policía Nacional (entidad diferente al magisterio) desde 1987, el vínculo con el servicio
público educativo oficial inició el 15 de marzo de 2004, es decir, con posterioridad a la
vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la cual no le es aplicable el régimen de
pensión de jubilación que pretende.

43. Cabe aclarar que la discusión no se centra en la modalidad de vinculación del
accionante al servicio público educativo oficial. Lo que en realidad se discute es si el
accionante ingresó o se vinculó al servicio público, en calidad de docente, con
anterioridad al año 2003, circunstancia que resulta determinante para definir el régimen
jurídico aplicable y las consecuencias que de ello derivan. Razón por la cual resulta
irrelevante si el accionante se vinculó mediante un contrato de prestación de servicios,
laboral o a través de una relación legal y reglamentaria, pues es el elemento temporal
el que sustenta el problema jurídico planteado en sede de tutela.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00059-00
Accionante: Freddy García Ramírez
Niega el amparo

44. En ese sentido, la autoridad judicial accionada concluyó que las pretensiones del
demandante no tenían vocación de prosperar, por cuanto no se acreditó la vinculación
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003. La Sala considera que esa tesis
resulta acertada, debido a que, tal como se probó en el proceso ordinario y lo afirma el
propio accionante en sede de tutela, su ingreso a la Policía Nacional ocurrió en 1987 y
se prolongó hasta 1993. Así las cosas, no fue sino hasta el 15 de marzo de 2004 que
se vinculó al FOMAG, en calidad de docente.

45. Contrario a lo que afirma el accionante en su escrito de tutela - quien indica que le
asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación bajo el
régimen previsto en la Ley 33 de 1985, por haber sido servidor público desde 1987 y
considerar razonable la acumulación del tiempo laborado como docente oficial, sin
atender a la modalidad de su vinculación laboral-, lo cierto es que no acreditó haberse
incorporado al servicio público educativo oficial en calidad de docente con anterioridad
al año 2003. En efecto, antes de esa fecha no demostró haber tenido vínculo alguno
con el magisterio, circunstancia que desvirtúa los argumentos sobre los cuales sustenta
su pretensión.

46. Así las cosas, no cabe duda que los argumentos que soportaron la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en modo alguno se apartan de las
normas y precedentes invocados por el accionante. En efecto, no se dio aplicación al
régimen pensional contemplado en la Ley 33 de 1985 debido a que no se acreditaron
los requisitos dispuestos para ello16. En ese sentido, el Tribunal constató que el actor no
cumplía los presupuestos legales para acceder a la pensión bajo el régimen pretendido,
ni por edad ni por número de semanas cotizadas, circunstancia que imponía la
aplicación del régimen general previsto en la Ley 100 de 1993. Así lo precisó la autoridad
judicial accionada:

para la fecha en la cual el demandante presentó la reclamación de la pensión de jubilación,
esto es, el 18 de septiembre de 2020, tenía 55 años y había acumulado un total de 22 años,
8 meses y 2 días (8289 días) que equivalen a 1182 semanas, es decir, no colmaba el
requisito de la edad (57 años) ni la exigencia de las 1300 semanas de cotización previsto
en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003
para obtener la pensión de, por lo cual al accionante no le asiste el derecho a la pensión de
jubilación, y por el contrario, se encuentra sometido a la Ley 100 de 1993.

47. Así las cosas, la Sala encuentra que la providencia judicial cuestionada se profirió
con especial atención a las reglas fijadas por el Consejo de Estado en relación con el
régimen pensional de los docentes vinculados al servicio público educativo oficial y en
concordancia con los lineamientos constitucionales y legales establecidos respecto el
régimen de pensión de jubilación, prima media y de transición, razón por la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia no incurrió en los defectos alegados por el
accionante -sustantivo y desconocimiento del precedente judicial- y tampoco vulneró
sus derechos fundamentales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso

16
Sala Octava de Decisión, Tribunal Administrativo de Antioquia. Sentencia del 18 de junio de 2025. Radicado núm. 05001-33-33-033
2021-00115-01. “Edad: 55 años (hombres y mujeres); tiempo de servicios: 20 años; tasa de reemplazo: 75%; ingreso base de
liquidación (IBL): que comprende a) el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus de pensionado y b) los factores que
hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: “asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio”.”

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00059-00
Accionante: Freddy García Ramírez
Niega el amparo

Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el accionante respecto sus derechos
fundamentales, de conformidad por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de
Educación Nacional.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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