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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00068-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00068-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo formulada por Seguros Generales Suramericana S.A. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00068-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00068-00
Accionante: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Mora judicial. Niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 29 de enero de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Seguros Generales Suramericana S.A. (en adelante Suramericana),
actuando por conducto de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Le atribuyó la transgresión de sus garantías constitucionales a la presunta
mora judicial en la que ha incurrido la autoridad judicial accionada para resolver
sus solicitudes de terminación del proceso ejecutivo de radicado 25000-23-26-
000-2002-00954-00/1, por pago total de la obligación.

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 11 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó a la autoridad judicial
accionada. Asimismo, se dispuso la vinculación de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo
de Estado, Agrícola de Seguros S.A., el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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Accionante: Seguros Generales Suramericana S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00068-00

3. En concreto, la parte tutelante solicitó lo siguiente:

Que se tutelen los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y debido proceso de mi representada, ordenándole al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo se pronuncie de fondo sobre la TERMINACION
DEL PROCESO POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN.

En subsidio de lo anterior y en el evento que la conversión del título no se haya
perfeccionado, solicito se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
adelante las acciones que sean necesarias para que se perfeccione la conversión
del título dentro de las 48 horas siguientes al fallo y que una vez se haya
perfeccionado la conversión se resuelva sobre la terminación del proceso dentro
de un término adicional de 48 horas.

1.2. Hechos

4. La parte actora manifestó que la Comisión Nacional de Televisión (que fue
sucedida procesalmente por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones) adelantó un proceso ejecutivo contra Producciones Punch y
Compañía Agrícola de Seguros S.A. (sucedidas procesalmente por
Suramericana), el cual se identificó con el radicado 25000-23-26-000-2002-
00954-01.

5. El 15 de junio de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, profirió sentencia de primera instancia en la que
declaró parcialmente probada la «excepción de dación en pago» propuesta por
la Compañía Agrícola de Seguros S.A. y ordenó seguir adelante con la ejecución.

6. Suramericana aportó «liquidación del crédito y consignación del depósito
judicial», la cual realizó el 16 de abril de 2021, con solicitud de terminación del
proceso por pago total de la obligación.

7. La Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la anterior decisión
mediante sentencia del 2 de julio de 2021 y regresó el expediente al tribunal de
origen.

8. No obstante, hasta el 11 de julio de 2023 —dos años después de
consignado el título— el tribunal accionado advirtió que el depósito judicial nro.
400100008010825, el cual realizó con el fin de culminar con lo adeudado en el
marco del referido proceso ejecutivo, se consignó a órdenes del tribunal, «pero
para otro proceso que cursó entre las mismas partes».

9. Por auto del 23 de octubre de 2023, el tribunal negó la solicitud de entrega
de los dineros depositados por Suramericana a la ejecutante y advirtió que se
debía hacer «la conversión y/o modificación» del depósito judicial, lo cual le
correspondía a un magistrado de la Sección Tercera, Subsección B, en el sentido
de que indicara que los dineros que fueron consignados a órdenes del expediente

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Accionante: Seguros Generales Suramericana S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
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25000-23-26-000-2001-00310-01, se pusieran a disposición del proceso 25000-
23-26-000-2002-00954-01.

10. El 28 de febrero de 2024, el tribunal profirió un nuevo auto en el que ordenó
a la Secretaría de la Sección Tercera de dicho cuerpo colegiado que certificara
si realizó la conversión del referido depósito judicial, con la advertencia de que,
en caso de no haberlo hecho, contaba con tres días para realizarlo.

11. El 13 de marzo de 2024, la Secretaría de la Sección Tercera rindió informe
en el que aludió que «la conversión ordenada se encuentra a disposición para
firmas autorizadas de Presidencia y Secretaría de esta Sección; […] documento
que se ha reimpreso para actualizar su fecha para llevar a cabo la transacción».

12. Informó que el proceso ingresó nuevamente al despacho el 15 de marzo
de 2024 y hasta el 4 de abril de 2025 el tribunal expidió una providencia en la que
indicó que las solicitudes de terminación del proceso se encontraban «en trámite
para resolverlas», lo cual se haría en otra oportunidad.

13. Finalmente, puso de presente que el proceso se encuentra al despacho
desde el 16 de mayo de 2025 pendiente de que se resuelva la solicitud de
terminación del proceso que fue presentada hace más de cuatro años, y que no
se tiene certeza sobre la conversión del título, pese a que radicó el 21 de abril,
16 de junio y 24 de septiembre de 2025 solicitudes de impulso procesal.

1.3 Sustento de la vulneración

14. La accionante afirmó que se vulneraron sus derechos fundamentales
desde abril de 2021, momento en el que presentó solicitud de terminación del
proceso por pago total de la obligación, la cual continúa sin ser resuelta.

15. Además, cuestionó que hasta julio de 2023 le hayan informado que el
depósito judicial que constituyó para satisfacer la obligación estaba a expensas
de un proceso distinto.

16. Finalmente, reiteró las mismas etapas procesales relacionadas en los
hechos, transcribió los artículos 2 y 120 del Código General del Proceso y copió
apartes de lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia sobre la mora judicial.

1.4. Intervenciones

17. La Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado informó que
el proceso del cual se alega la presunta mora judicial fue devuelto al tribunal
demandado desde el 16 de noviembre de 2021.

18. La Secretaría de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca envió los enlaces de Samai y de one drive
del expediente.

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19. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
solicitó que se le desvincule del proceso y de cualquier orden que se dé, porque
carece de legitimación en la causa por pasiva.

20. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca sostuvo que ha actuado de forma continua y conforme a las
exigencias del CPACA, por lo que solicitó que se nieguen las pretensiones ante
la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales. Al respecto, refirió las
siguientes etapas procesales:

• El 15 de julio de 2009 profirió sentencia de primera instancia.
• El 2 de julio de 2021 se profirió sentencia de segunda instancia por la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
• El 22 de septiembre de 2021, la Sección Tercera del Consejo de Estado
aprobó la liquidación de la condena en costas.
• Desde el 3 de agosto de 2021 (y en otras oportunidades) Suramericana
solicitó la terminación del proceso por pago total de la obligación.
• Por auto del 11 de julio de 2023 puso de presente que los datos que
reposaban en el título judicial que aportó Suramericana para satisfacer la
obligación contenía el radicado de otro proceso.
• Mediante auto del 23 de octubre de 2023 negó la solicitud de que se
entregaran los dineros del depósito judicial aportado por Suramericana a
la parte ejecutante.
• En providencia del 24 de febrero de 2024, luego de la solicitud del 30 de
octubre de 2023, ordenó a su Secretaría que certificara si realizó la
conversión del título judicial para que quedara a expensas del proceso
2002-00954-01.
• En memorial del 12 de marzo de 2024 la Secretaría indicó que el trámite
de conversión se encontraba en «actualización de las firmas y huellas con
las que se maneja la cuenta judicial de la Sección Tercera».
• Mediante auto del 4 de febrero de 2026 requirió a la Secretaría para que
certificara la conversión del título y realizara la liquidación de la condena
en costas.

II. CONSIDERACIONES

21. La Sala negará el amparo solicitado por la parte actora. Para el efecto, se
analizarán los siguientes aspectos: i) el cumplimiento de los requisitos generales
de la acción de tutela, y ii) la no configuración de la mora judicial injustificada.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela

22. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es

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un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto
2591 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la
causa por activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la
subsidiariedad. El cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una
condición para que el juez de tutela pueda emitir una decisión de fondo3.

23. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:

24. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra, que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

25. Suramericana está legitimada en la causa por activa, ya que conformó la
parte demandada dentro del proceso ejecutivo en relación con el cual alega la
presunta mora judicial.

26. Por otra parte, se evidencia que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B está legitimado en la causa por
pasiva, por ser la autoridad judicial que ha conocido del referido proceso.

27. Finalmente, se negará la solicitud de desvinculación propuesta por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones porque fue
traído al proceso como tercero con interés por haber sucedido procesalmente a
la parte demandante del proceso ejecutivo del cual se alega la mora judicial
injustificada que se estudiará más adelante.

28. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que presuntamente vulnera o amenaza el
derecho fundamental4.

29. Suramericana cumplió debidamente con esta carga, pues a la fecha de la
interposición de la solicitud de amparo persiste la situación respecto de la cual
deriva la presunta mora judicial, que consiste en la falta de resolución de su
solicitud de terminación del proceso ejecutivo con radicado 25000-23-26-000-
2002-00954-00/1.

30. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el

3
Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021.
4
Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.

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carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales5: i) como mecanismo
de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial idóneo6 y eficaz7 y, ii) como mecanismo de protección transitoria.

31. Esta Sección considera que se cumplió con dicho presupuesto, dado que
la parte tutelante no cuenta con otros mecanismos judiciales para cuestionar la
presunta mora judicial al interior del proceso ejecutivo con radicado 25000-23-
26-000-2002-00954-00/1

2.1.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B no incurrió en mora judicial injustificada

32. Anticipa la Sala que la autoridad judicial accionada no ha incurrido en mora
judicial dentro del proceso ejecutivo mencionado, por las razones que pasan a
explicarse.

33. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en los casos en que: «(i) se presenta un incumplimiento
de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial;
(ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la
omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial»8.

34. Ahora bien, la mora judicial puede justificarse cuando «(i) es producto de
la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso
de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el
plazo previsto en la ley»9.

35. Como se mencionó en el acápite de antecedentes, la parte actora le
endilga mora judicial injustificada al tribunal porque no ha resuelto la solicitud de
terminación del proceso ejecutivo en el que figura como demandada y que fue
presentada desde 2021.

5
Sentencia T-183 de 2024.
6
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para
producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
7
Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial
está diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
8
Ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-183 de 2024, T-420 de 2022 y SU-
179 de 2021.
9
Corte Constitucional, T-441 de 2015.

6
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36. La autoridad judicial puso de presente que desde agosto de 2021 la parte
accionada ha pedido de forma reiterada la terminación del proceso. No obstante,
relacionó las distintas providencias judiciales que ha proferido porque, pese a que
Suramericana realizó depósitos judiciales en procura de cumplir con las
obligaciones económicas que derivaron del citado proceso, uno de estos títulos
lo puso a expensas de un proceso distinto.

37. Si bien desde el 2023 Suramericana ha procurado corregir el error en el
que incurrió al transferir a otro proceso el título judicial que no se ha definido a la
fecha, lo cierto es que el tribunal ha hecho lo propio, al punto que ha ordenado
expresamente a su Secretaría que realice la conversión del título judicial para
atender la solicitud de la parte tutelante.

38. Observa la Sala que el despacho que tiene a cargo el proceso dictó auto
del 4 de febrero de 2026 en el que nuevamente requirió a la Secretaría para que
informara «si ya se realizó la conversión del depósito judicial No.
400100008010825 por valor de $3.758.196.538,00 del expediente radicado No.
250002326000 – 2001 – 00310 – 01, […], al proceso radicado 250002326000 –
2002 – 00954 – 01», y dispuso que, en caso de que no lo hubiese hecho,
procediera con ello.

39. Por su parte, se advierte que la Secretaría de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca expidió certificación del 6 de febrero de
2026, en la que informó «que el título judicial se encuentra vigente y está
asociado al expediente en referencia, en virtud del cumplimiento a la orden de
conversión que así lo dispuso».

40. Ahora bien, a la fecha, el expediente no ha ingresado nuevamente al
despacho del magistrado que tramita el asunto y se encuentra pendiente la
liquidación de costas, actuación que pese a ser ordenada por el despacho, no
pudo realizar la Secretaría porque puso de presente, mediante informe del 6 de
febrero de 2026, que en la sentencia de primera instancia no se determinó la
cuantía de las agencias en derecho.

41. De conformidad con lo anterior, para la Sala no se configura la mora
judicial injustificada que alega la parte actora. Lo anterior, en la medida en que la
autoridad judicial tutelada y su secretaría han expedido distintas providencias,
rendido informes y dado órdenes puntuales en procura de que se paguen los
depósitos judiciales que reposan en el proceso, a fin de que luego pueda
resolverse sobre la terminación del proceso, como pretende Suramericana.

42. Por esto, la Sala negará el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de Suramericana, al
no encontrar configurada la mora judicial injustificada que alegó.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo formulada por Seguros Generales
Suramericana S.A.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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