RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00071-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00071-01

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00071-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera que declaró improcedente la acción constitucional promovida por el José Diego Roldán Hoyos contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por no superar el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00071-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00071-01
Demandante: JOSÉ DIEGO ROLDÁN HOYOS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia por
falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia del 19 de febrero de 2026, en virtud de la cual, el Consejo de Estado,
Sección Primera declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

El señor José Diego Roldán Hoyos, actuando a través de apoderado judicial2,
promovió acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital, y
la aplicación del principio de legalidad.

En criterio de la parte actora, la vulneración de sus garantías constitucionales se
materializó con la providencia del 30 de octubre de 2025, mediante la cual, la
autoridad judicial accionada revocó el proveído dictado el 30 de abril de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Dual Primera de Decisión en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 66001-23-33-
000-2017-00056-00/02, promovido por el actor contra la E.S.E. Hospital
Universitario San Jorge de Pereira.

1 Tutela radicada el 14 de enero de 2026 en línea a la que se le asignó la secuencia interna número

92.
2 Poder conferido al abogado Francisco Duque Ocampo que fue autenticado en la Notaría Sexta

del Círculo de Pereira.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Diego Roldán Hoyos
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00071-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 30 de octubre de
2025, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda
-Subsección A del Consejo de Estado, dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho.

TERCERO: ORDENAR al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda -Subsección A., que, en el término de esta
providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho promovido a nombre de mi poderdante, Teniendo
en cuenta las pruebas que se aportan al presente escrito de tutela y que fueron
aportadas a la demanda inicial de Nulidad y Restablecimiento del Derecho3.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor José Diego Roldán Hoyos promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de
Pereira, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución n° 0801 del 8 de
septiembre de 2016, mediante la cual, la entidad demandada, negó la nivelación
salarial para el cargo de médico especialista – anestesiólogo que el accionante
ocupa desde el 1° de abril de 1997.

Como consecuencia de lo anterior, pidió el reajuste de su asignación salarial,
conforme a la devengada por otros galenos, como el anestesiólogo José Ariel
Giraldo Flórez, quién ejerce el mismo cargo, pero percibe un sueldo mayor.

El proceso se asignó al Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Dual Primera de
Decisión que, mediante sentencia del 30 de abril de 2021 concedió las súplicas de
la demanda.

Como sustento explicó que la diferencia salarial entre especialistas se contempló
desde la expedición del Acuerdo 009 del 24 de junio de 2015 y la Ordenanza
departamental 014 del 2 de diciembre de 2014, en las que se dispuso que el monto
para el nivel profesional código 213 grado 015 era de $4.340.917, mientras que para
el nivel profesional código 213 grado 017 era de $4.803.447. Disparidad que se
fundamentó en que estos últimos habían adquirido el derecho a devengar una prima
técnica que luego se suprimió. Sin embargo, concluyó que, como el actor realizaba
las mismas funciones que otros anestesiólogos, pero con un salario inferior, sí se

3 Transcripción original del texto con posibles errores.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Diego Roldán Hoyos
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00071-01

afectaba su derecho a la igualdad, por lo que, en aplicación del principio de «a
trabajo igual, salario igual», declaró nulo el acto demandado y ordenó a la
demandada el pago de las diferencias en los emolumentos.

La decisión del a quo se recurrió por la E.S.E Hospital Universitario San Jorge de
Pereira, y en segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A4, en sentencia del 30 de octubre de 2025 revocó el fallo, y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Lo anterior, debido a que, a su juicio, la diferencia salarial entre lo devengado por el
actor y los otros especialistas, como el galeno José Ariel Giraldo Flórez5, se dio por
la modificación introducida mediante el Decreto 1724 de 19976 por cuanto limitó la
prima técnica -que antes devengaban todos los empleados de la E.S.E.- solo para
aquellos cargos del nivel directivo, asesor, ejecutivo, o sus equivalentes. En ese
sentido, como el demandante se vinculó en calidad médico anestesiólogo el 1° de
septiembre de 19977, pero la referida norma había entrado a regir el 4 de julio del
mismo año, no adquirió el derecho a devengar dicho emolumento. Por tanto,
concluyó que «la desigualdad en materia salarial obedeció a una causa objetiva y
razonable, determinada por una disposición reglamentaria».

El proveído anterior se notificó a las partes por correo electrónico el 2 de diciembre
de 20258.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante señaló que la providencia cuestionada incurre en los siguientes
defectos:

(i) Sustantivo: porque desconoció el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo,
los artículos 13, 29 y 53 de la Constitución Política y la Ley 1496 de 2011. Así como
también, la sentencia T-018 de la Corte Constitucional que dispone: «a trabajo igual
salario igual».

Asimismo, refirió que no le era aplicable el Decreto 1724 de 1997 porque este entró
a regir el 4 de julio de 1997 mientras que su vinculación en calidad de médico
anestesiólogo a la entidad hospitalaria fue el 1° de abril de 1996.

4 Providencia suscrita por los Magistrados, Jorge Iván Duque Gutiérrez, Luis Eduardo Mesa Nieves

y Juan Camilo Morales Trujillo.
5 Frente a este especialista, el ad quem analizó que, su vinculación a la E.S.E. se llevó a cabo en el

año 1990, por tanto, le fue reconocida la prima técnica como factor salarial.
6 «Por el cual se modificó el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado» y

se dispuso que, dicha prestación solo se asignaría a quiénes se estuvieran nombrados en los cargos
de los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o sus equivalentes, en los diferentes órganos y ramas del
poder público.
7 Señaló que obraba en el plenario la Resolución 2283 de 1997 en la que se acreditó que el señor

José Diego Roldán Hoyos fue desigado como médico anestesiólogo de la E.S.E Hospital
Universitario San Jorge de Pereira el 1° de septiembre de 1997, misma fecha en la que tomó
posesión del cargo, tal como obra en el acta 969.
8 Índice 018 de Samai del proceso 66001233300020170005602

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Diego Roldán Hoyos
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00071-01

(ii) Fáctico: en tanto «observa que, de manera errada, desconocieron las pruebas
aportadas durante el debate procesal». Tales como, los certificados laborales,
salariales expedidos por la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en
los que se demostró que los médicos especialistas que tenían su misma
especialidad y ejercían las mismas funciones devengaban salarios distintos.

Además, señaló que, del contenido de la Resolución n° 0222 del 19 de marzo de
2014 y de certificados laborales, se desprende que su vinculación a la E.S.E. fue el
01 de abril de 1996, es decir, antes de que entrara a regir el Decreto 1724 de 1997,
por tanto, no le era aplicable la modificación que este introdujo.

(iii) Violación directa de la Constitución Política por trasgredir sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la dignidad humana, al mínimo
vital.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 19 de enero de 2026, el Magistrado ponente del Consejo de Estado,
Sección Primera, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación a la parte
accionante9, y como accionados, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A10.

Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés en el resultado del
proceso al Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Dual Primera de Decisión11
[a quo], y a la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira12 [extremo pasivo].

Finalmente reconoció personería al abogado Francisco Javier Duque Ocampo, para
representar los intereses del actor dentro del presente trámite constitucional.

1.6. Intervenciones

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A13 y el Tribunal
Administrativo de Risaralda – Sala Dual Primera de Decisión14 remitieron el vínculo
de acceso al expediente ordinario, sin hacer ningún pronunciamiento respecto de lo
pretendido en el presente mecanismo constitucional.

Por su parte, la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, a pesar de haber
sido notificado en debida forma del presente asunto, guardó silencio.

9 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: juansanty012@yahoo.es.
10 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: notifjduque@consejodeestado.gov.co;
dperezc@consejodeestado.gov.co; notifjmoralest@consejodeestado.gov.co;
dgavirias@consejodeestado.gov.co; notiflmesa@consejodeestado.gov.co;
ces2secr@consejodeestado.gov.co.
11 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: stadmper@cendoj.ramajudicial.gov.co;

sgtadminrsd@notificacionesrj.gov.co; sg02tadminrsd@notificacionesrj.gov.co.
12 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: siau@husj.gov.co y
notificaciones.judiciales@husj.gov.co.
13 Índice 008 de Samai.
14 Índice 009 de Samai.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Diego Roldán Hoyos
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00071-01

1.7. Sentencia de primera instancia15

El Consejo de Estado, Sección Primera dictó sentencia el 19 de febrero de 2026 en
la que declaró improcedente la acción por no superar el requisito de relevancia
constitucional comoquiera que la parte tutelante pretende usar esta acción para
reabrir el debate que ya se resolvió en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en tanto sus inconformidades se dirigen a controvertir
la decisión del ad quem.

Explicó que, aunque la autoridad judicial accionada indicó que la diferencia salarial
alegada por el accionante obedecía a una causa objetiva y razonable, derivada del
reconocimiento de la prima técnica y de la fecha de vinculación a la E.S.E. Hospital
Universitario San Jorge de Pereira, el actor pretende usar esta acción como un
mecanismo adicional para controvertir la valoración probatoria y el juicio jurídico del
juez natural de la causa.

La referida providencia notificó a las partes e intervinientes el 27 de febrero de
202616 mediante correo electrónico.

1.8. Impugnación17

El apoderado de la parte accionante solicitó que se revoque el proveído de primera
instancia y, en su lugar, se amparen las garantías invocadas, porque el a quo
constitucional omitió dar «valor probatorio a todas las pruebas aportadas al proceso
inicial», tales como, la certificación fechada el 14 de mayo de 2014 en la que se
establece que la vinculación del actor como médico especialista fue el 1 de abril de
1996 y lo consignado en la Resolución 0222 del 19 de marzo de 2014 en la que se
estableció que el accionante ingresó a laborar en la entidad asistencial como
empleado público el 1° de enero de 1997.

Concluyó indicando que si desde el 1° de abril de 1996 se vinculó a la entidad, no
le era aplicable el Decreto 1724 del 4 de julio de 1997.

1.9. Actuaciones en segunda instancia

1.9.1. Impedimentos

En escritos del 16 y 20 de abril de 2026, los consejeros Gloria María Gómez
Montoya y Omar Joaquín Barreto Suárez manifestaron impedimento para conocer
del presente asunto invocando el numeral 5° del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, comoquiera que sostienen una relación de amistad entrañable
con los magistrados Jorge Iván Duque Gutiérrez y Juan Camilo Morales Trujillo,

15 Índice 012 de Samai.
16 Índice 015 de Samai.
17 Índice 016 de Samai. La sentencia se notificó el 27 de febrero de 2026 a través de correo
electrónico y el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el día 3 de marzo de 2026, por lo
que fue oportuna su interposición. El recurso se concedió en auto del 11 de marzo de 2026.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Diego Roldán Hoyos
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00071-01

respectivamente, quienes suscribieron la providencia enjuiciada al interior de la
presente acción de tutela.

Sin embargo, mediante providencia del 30 de abril de 2026 los demás integrantes
de la Sección Quinta de esta Corporación y los conjueces Diego Andrés González
Medina y Jesús Vall de Ruten Ruíz, declararon infundados los impedimentos.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la impugnación formulada por la
parte accionante, conforme con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el
numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 201918. Lo
anterior por cuando la presente acción se dirige contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 19
de febrero de 2026 dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, a efectos
de lo anterior, se deben resolver los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, vulneró las
garantías invocadas por la parte accionante al proferir la sentencia del 30 de
octubre de 2025 dentro del medio de control nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 66001-23-33-000-2017-00056-00/02?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 19
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma

18 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Diego Roldán Hoyos
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00071-01

Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 20 y declaró su
procedencia.21

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1 Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202222 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

20 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
21 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
22 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Diego Roldán Hoyos
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00071-01

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal23 (Énfasis de la
Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico24; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional25.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal26”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales27”.

23 Sentencia SU-573 de 2019.
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-103 de 2022.
26 Sentencia SU-103 de 2022.
27 Sentencia SU-128 de 2021.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Diego Roldán Hoyos
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00071-01

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto28, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal29.
(Resaltado de la Sala)

2.5. Caso Concreto

La parte actora cuestiona la providencia dictada el 30 de octubre de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que revocó el proveído de
primer grado del 30 de abril de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Dual Primera de Decisión que había concedido parcialmente las
súplicas del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado 66001-23-33-000-2017-00056-00/02, para en su lugar, negarlas.

El a quo constitucional declaró improcedente el amparo porque concluyó que no
superaba el requisito de relevancia constitucional comoquiera que el accionante
pretendía reabrir el debate ya finalizado por el juez natural de la causa, dado que
los argumentos denotan una mera inconformidad con la valoración probatoria y el
análisis jurídico efectuado por el ad quem del proceso ordinario. Por lo que
consideró que pretende usar este mecanismo constitucional como una instancia
adicional.

Con todo y ello, la parte actora impugnó la decisión anterior y solicitó que se revoque
la decisión de primera instancia. Iteró que la sentencia cuestionada incurre en el
yerro fáctico porque no valoró las pruebas que demostraban que su vinculación al
Hospital de Pereira ocurrió antes de la expedición del Decreto 1724 de 1997, por lo
que no le era aplicable.

La Sala advierte que, el defecto fáctico alegado por el tutelante realmente se dirige
a cuestionar la valoración probatoria y las conclusiones a las que arribó el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de nulidad
contra el acto administrativo porque no advirtió la existencia de las causales de
nulidad alegadas por el demandante, comoquiera que, en su sentir, las diferencias
salariales entre el demandante y otros galenos de la misma especialidad se
fundamentó en razones objetivas determinadas, tales como la fecha de vinculación
a la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, y por disposición

28 Sentencia SU-573 de 2019.
29 Ibid.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Diego Roldán Hoyos
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00071-01

reglamentaria, es decir, por la modificación introducida por el Decreto 1724 del 4 de
julio de 1997.

De forma concreta, el ad quem explicó lo siguiente con respecto a lo alegado por el
actor:

«el señor José Diego Roldán Hoyos que se vinculó a la entidad el 1 de septiembre
de 1997 no tenía derecho a que se le pagara prima técnica puesto que ingresó a
laborar dos meses después de entrar en vigor el Decreto y, en cambio, el señor José
Ariel Giraldo Flórez, que ya la devengaba, tenía derecho a seguirla percibiendo
hasta su retiro del organismo o hasta que se cumplieran las condiciones para su
pérdida.

Sobre este punto es importante resaltar que, si bien en los hechos de la demanda
se menciona que el actor ingresó a laborar en abril de 1996, lo cierto es que, de
acuerdo con las pruebas, se observa que éste se vinculó, como médico especialista
anestesiólogo, a partir del 1 de septiembre de 1997.

En igual sentido, en las páginas 137 a 153 del expediente digital se observa que no
es cierto que el demandante estuviera vinculado como anestesiólogo desde abril de
1996, puesto que la relación laboral de abril del 96 se dio en calidad de médico
general a través de contrato de trabajo a término fijo hasta el 31 de diciembre del
mismo año; fecha en la cual fue nombrado en provisionalidad como médico
especialista hasta el 31 de agosto de 1997 y fue sólo hasta el 1 de septiembre del
97 que se unió a la E.S.E. como médico especialista anestesiólogo, en calidad de
empleado de carrera».

A pesar de ello, el actor, inconforme con la decisión a la que arribó el ad quem,
argumenta que sí aportó medios de prueba que el fallador podía haber tenido en
cuenta para conceder las súplicas, no obstante, el juez contencioso consideró que,
si bien en los hechos de la demanda el señor Roldán Hoyos argumentó que entró a
laborar a la E.S.E. antes de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, de las
pruebas aportadas el plenario advirtió que tal vinculación se dio a través de contrato
de trabajo a término fijo, puesto que solo ostentó un cargo de carrera desde el 1 de
septiembre de 1997, fecha en la que ya estaba vigente el mentado decreto.

Por tanto, es claro que, los planteamientos que expone el accionante ya fueron
examinados por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en la
sentencia de segundo grado, sin embargo, como el accionante disiente de la
conclusión a la que arribó el juez natural de la causa, pretende usar este mecanismo
constitucional para reabrir el debate ya zanjado en el proceso ordinario.

Por último y cabe resaltar que, el examen de la acción de tutela dirigida contra las
decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales invocados, en los términos que indicó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-353 de 2020:

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Diego Roldán Hoyos
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00071-01

[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como las altas cortes son
tribunales de cierre, es a ellas a quienes corresponde “la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico”.30

En este punto resulta pertinente recordar que, si bien la tutela puede ser procedente
para controvertir decisiones de cualquier grado, sin excluir las de las corporaciones
de cierre, también es importante resaltar que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional hace especial énfasis en la carga argumentativa que se debe tener
cuando se pretende dejar sin efectos una decisión de la Sección que la Constitución
Política31 y la Ley32 determinaron como suprema autoridad en la materia.

Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado busca mutar el amparo constitucional en una instancia adicional
y reabrir un debate ya zanjado por el juez contencioso, conforme las etapas que
para tal efecto estableció el legislador.

De esta forma, esta Sección advierte que, tal como lo indicó el a quo constitucional,
esta acción no se supera el requisito de relevancia constitucional y, en
consecuencia, se confirmará la sentencia del 19 de febrero de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

30 Corte Constitucional, sentencia SU-0125 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
31 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal

supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]»
32 Ver Ley 2430 de 2024, artículo 14 «INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo de Estado es

el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y
estará integrado por elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina
la Constitución Política, de listas de diez (10) candidatos enviados por el Consejo Superior de la
Judicatura, para cada vacante que se presente, elaboradas previa convocatoria pública adelantada
de conformidad con lo previsto en esta ley.
[…]».
El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma
Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (subrayado
fuera de texto)

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Diego Roldán Hoyos
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00071-01

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de febrero de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera que declaró improcedente la acción
constitucional promovida por el José Diego Roldán Hoyos contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, por no superar el requisito de relevancia
constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.