Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00073-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00073-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00073-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, cinco (05) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00073-00
Accionante: Luz María Diaz de Yela
Accionados: Nueva EPS
Tema: Derechos a la vida, a la salud y la dignidad humana. Obligación de
proveer un cuidador o enfermero de manera permanente por parte
de la EPS. NIEGA AMPARO
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Luz María Diaz de Yela,
en nombre propio, en contra de la Nueva EPS.
ANTECEDENTES
La accionante pretende que se amparen sus derechos fundamentales a la salud, a
la vida, y a la dignidad humana, los cuales estima vulnerados por la entidad
mencionada.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que la accionante tiene 88 años de edad, y está afiliada a la Nueva EPS. Tiene
múltiples enfermedades, problemas respiratorios, hipertensión arterial, diabetes,
gastritis, hipotiroidismo, síndrome de movilidad y síndrome de fragilidad. Que está
reducida a cama y requiere atención con cuidadores de manera permanente y
especial en casa.
PRETENSIONES
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00073-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Solicita que se amparen sus derechos invocados y, en consecuencia, se ordene a
Nueva EPS a brindarle atención profesional médica en su vivienda, medicamentos,
desplazamientos internos y demás, en condiciones dignas.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue admitida el 20 de enero de 2026, se negó la medida
provisional, y se ordenó notificar a la accionada, Nueva EPS.
POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS
Nueva EPS SA, fue debidamente notificada de la acción de tutela; sin embargo,
guardó silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela cuando
se reclama el derecho a la salud y la protección especial de los adultos mayores y
III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela cuando se reclama el derecho a la salud y
la protección especial de los adultos mayores
En cuanto al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, la Corte
Constitucional en las sentencias SU 124 de 2018 y T 185 de 2024 se refirió a las
competencias de la Superintendencia Nacional de Salud que trata, el artículo 6 de
la Ley 1949 de 2019, y dejó sentado que tratándose del derecho a la salud, si el
procedimiento ante esa entidad no resulta ser idóneo y eficaz, dada la urgencia y
premura con la que se debe de emitir una orden al respecto, a efectos de evitar
que se desampare el derecho.
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• Archivo Central.
El derecho fundamental a la salud previsto en el artículo 49 de la Constitución
Política consagra que la atención en salud es un servicio público que está a cargo
del Estado, que «debe ser prestado de manera oportuna, eficiente y con calidad, de
conformidad con los principios de continuidad, integralidad e igualdad» y bajo los
principios de «eficiencia, universalidad y solidaridad».
De acuerdo con la Sentencia SU-124 de 2018, la acción de tutela es procedente
cuando: 1) existe riesgo para la vida, la salud o la integridad de las personas; 2) los
peticionarios o afectados estén en situación de vulnerabilidad, debilidad manifiesta
o sean sujetos de especial protección constitucional; 3) se configure una situación
de urgencia que haga indispensable la intervención del juez constitucional o 4) se
trate de personas que no pueden acceder a las sedes de la superintendencia ni
adelantar el procedimiento mediante Internet. Si el asunto examinado por el juez de
tutela tiene alguna de estas características, la idoneidad y eficacia prima facie del
mecanismo de defensa judicial ante la Supersalud se descarta y la tutela procede
como mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales.
Respecto a la protección especial de los adultos mayores, se ha dado un desarrollo
normativo y jurisprudencial, que reconoce la especial protección que se debe brindar
por parte del Estado, sin que se pueda limitar por razones administrativas o
financieras, garantizando bienestar y dignidad.1
Ahora, en relación con las atenciones permanentes para los pacientes en sus
viviendas, la Corte Constitucional ha hecho varios pronunciamientos sobre el tema
y ha dicho que el cuidado integral de la salud está en primer momento a cargo de
cada persona y su familia, vinculación que se da a partir del principio de solidaridad,
que se ha definido como:
«[…] el deber impuesto a quienes por vínculo familiar se encuentran
unidos por diferentes lazos de afecto y se espera que de manera
espontánea lleven a cabo actuaciones que contribuyan al apoyo,
cuidado y desarrollo de aquellos familiares que debido a su estado de
necesidad o debilidad requieran protección especial.
Los miembros de la familia son los primeros llamados a prestar la
asistencia requerida a sus familiares más cercanos, pues es el entorno
social y afectivo idóneo en el cual encuentra el cuidado y el auxilio
necesario”2.»
Análisis del caso concreto
La señora Luz María Diaz de Yela considera que la Nueva EPS le transgrede sus
derechos fundamentales a la vida, a la salud y la dignidad humana. Solicita que se
ordene a Nueva EPS brindarle atención profesional médica en su vivienda,
1 Sentencia T-406 de 2024 y artículo 11 Ley 1751 de 2015
2 Sentencia C-451 de 2016
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medicamentos, desplazamientos internos y demás condiciones dignas.
En el escrito de tutela se insertó la historia clínica de la accionante donde se
establece que tiene una dependencia severa, recibe visitas médicas domiciliarias,
hace parte del programa crónico y cuidado domiciliario, y según valoración por
trabajo social, las necesidades que presenta están siendo suplidas por su red de
apoyo.
En tal sentido, ha dicho la Corte que el Estado entra como respondiente subsidiario
ante la imposibilidad de que miembros del hogar puedan ejercer el cuidado, sin
embargo, se deben acreditar dos circunstancias: 1) que exista certeza médica sobre
la necesidad del paciente de recibir el servicio de cuidador y, 2) que sea
materialmente imposible para la familia del paciente asumir su cuidado 3. Para
acreditar la imposibilidad material, es necesario demostrar que:
I. Los miembros del grupo familiar no están en capacidad física de prestarle al
paciente el apoyo requerido.
II. Por falta de aptitud debido a la edad o a una enfermedad o porque deben asumir
otras obligaciones básicas, como proveer los recursos económicos necesarios
para su subsistencia y la de su familia.
III. Es imposible brindar un entrenamiento o capacitación adecuada a los miembros
del grupo familiar encargados del cuidado del paciente.
IV. la familia carece de los recursos económicos necesarios para contratar el
servicio de cuidador. 4
En la Resolución 1885 del 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social define
al cuidador como «aquel que brinda apoyo en el cuidado de otra persona que sufre
una enfermedad grave, congénita, accidental o como consecuencia de su avanzada
edad, que depende totalmente de un tercero». Mientras que el servicio de
enfermería ha sido definido en la Sentencia SU-508 de 2020, como «la modalidad
de prestación de servicios de salud extrahospitalaria, que busca brindar una
solución a los problemas de salud en el domicilio o residencia y que cuenta con el
apoyo de profesionales, técnicos o auxiliares del área de la salud y la participación
de la familia»; este servicio se enfoca en garantizar las condiciones necesarias para
la atención médica especializada de un paciente.
En el caso en estudio, la accionante no es clara sobre los servicios de atención que
necesita, ni ha explicado las condiciones materiales que imposibilitan a su familia
para brindarle los cuidados necesarios.
De igual modo, no existe en el expediente prueba alguna de que haya elevado
solicitud ante la EPS en el sentido indicado y que esta le hubiera sido negada. En
3 Sentencia T-353 de 2023
4 Sentencia T-150 de 2024
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este sentido, tampoco resulta aplicable la presunción de veracidad del artículo 20
del Decreto 2591, por la falta de respuesta de la EPS.
Por el contrario, de la historia clínica, se establece que la paciente recibe visitas
médicas domiciliares, hace parte del programa crónico domiciliario, que cuenta con
una buena red de apoyo familiar, y que se brindan explicaciones y asesorías a sus
cuidadores sobre los manejos requeridos.
De ello se concluye que no se encuentra acreditada la vulneración de los derechos
fundamentales a la señora Luz María Diaz de Yela por parte de Nueva EPS S.A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: NEGAR la acción de tutela interpuesta por la señora Luz María Diaz de
Yela, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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