RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00076-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00076-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00076-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 27 de febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, presentada por el señor Jhon Jairo Meza Escorcia. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00076-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

30 de abril de 2026

Demandantes: Jhon Jairo Meza Escorcia
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00076-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00076-01
Demandante: JHON JAIRO MEZA ESCORCIA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional. Confirma decisión de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia
del 27 de febrero de 2026, por la cual la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Jhon Jairo Meza Escorcia, por medio de apoderada judicial1, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena con el fin de que
se amparen sus derechos fundamentales, al debido proceso, a la dignidad
humana, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia.

Estimó vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la
providencia del 20 de agosto de 2025, mediante la cual la autoridad judicial
confirmó la sentencia del 8 de noviembre de 2024 proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta que declaró la excepción de

1 Si bien en la caratula del expediente se registra como demandante la señora Melina Margarita

Escorcia Fernández. No obstante, de acuerdo con el poder presentado en cumplimiento del auto
del 16 de enero de 2026 [actuación 4 del aplicativo Samai], emitido por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, se determinó que el accionante era el señor Jhon Jairo
Meza Escorcia, y que este había conferido poder a la abogada para que interpusiera, en su
representación, una acción de tutela contra las decisiones judiciales adoptadas en el proceso de
reparación directa identificado con el radicado 47001-3333-004-2023-00012-00/01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Demandantes: Jhon Jairo Meza Escorcia
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00076-01

caducidad del medio de control de reparación directa con radicado 47001-3333-
004-2023-00012-00/01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

1° Amparar los derechos fundamentales de acceso efectivo a la
administración de justicia, debido proceso judicial, dignidad humana y
demás conexos.

2° Dejar sin efecto las providencias de primera y segunda instancia en la
demanda de reparación directa por falla en el servicio de la administración
en contra del Estado, Ministerio de Defensa Ejército Nacional, de radicación
Nro. 47001333300420230001201, seguido por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Santa Marta y Tribunal Administrativo del
Magdalena, por consolidarse un defecto factico por indebida valoración de
los hechos y de la prueba, una violación directa a la constitución y al Bloque
de constitucionalidad.

3° Consecuentemente de lo anterior, ordenar al Tribunal Administrativo del
Magdalena emitir sentencia aplicando el principio pro damnato o favor
victimae, cognosibilidad y teoría del daño descubierto2.

1.3. Hechos

Revisada el expediente se hallaron los siguientes supuestos fácticos que, a juicio
de la sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente
asunto.

Relató que, en el año 2001, prestó servicio como soldado voluntario en el Ejército
Nacional. Durante operaciones militares terrestres, mientras estuvo adscrito al
Batallón de Infantería José María Córdova en la ciudad de Santa Marta,
Magdalena, se produjo un enfrentamiento en el cual sufrió lesiones físicas
compatibles con pérdida auditiva. En el mismo suceso falleció un suboficial y
resultó herido un soldado voluntario.

Explicó que fue retirado del servicio activo como soldado voluntario el 1 de mayo
de 2001, sin que se le practicaran los exámenes médicos de retiro, estos fueron
solicitados ante la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, la cual negó el
requerimiento.

Indicó que, como consecuencia de lo anterior, interpuso acción de tutela3 para la
protección de los derechos fundamentales, la cual fue amparada mediante
sentencia del 20 de agosto de 2020, con radicado 08001-33-33-005-2020-00134-

2 Transcripción literal del escrito de tutela presentado, con posibles errores.
3 Radicada el 4 de agosto de 2020. Índice 1 de Samai 08001-33-33-005-2020-00134-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Demandantes: Jhon Jairo Meza Escorcia
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00076-01

00 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla.

En dicha providencia se ordenó la práctica de los exámenes médicos de retiro y
la convocatoria de la Junta Médico Laboral Militar y de Policía.

Contó que el proceso diagnóstico se inició con los exámenes realizados el 3 de
noviembre del mismo año, determinándose hipoacusia profunda neurosensorial
bilateral [con pérdida auditiva de 96.6 decibeles en el oído derecho y 93.3
decibeles en el izquierdo] y un cuadro clínico psiquiátrico de trastorno de estrés
postraumático. El 22 de diciembre de 2020, la ficha médica documentó que la
afección era compatible con hipoacusia neurosensorial bilateral profunda,
generándole una discapacidad del 95%.

Señaló que interpuso el medio de control de reparación directa4 conta la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, tramitado bajo el radicado
47001-3333-004-2023-00012-00, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, que mediante fallo del
8 de noviembre de 2024 declaró probada la excepción de caducidad del medio
de control y, en consecuencia, denegó las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, indicó que el señor Jhon Jairo Meza Escorcia era soldado
voluntario, por lo que aplicaba el régimen de falla del servicio; sin embargo,
advirtió que no podía pronunciarse sobre la responsabilidad de la Nación, ya que
el plazo de dos años para presentar la demanda venció en marzo de 2003, al
haberse producido el hecho dañoso en marzo de 2001.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
al considerar improcedente la declaratoria de caducidad del medio de control.
Fundamentó su inconformidad en que las circunstancias del daño alegado se
enmarcaban dentro de la teoría del daño descubierto y del principio de
cognoscibilidad, desarrollados por la Corte Constitucional.

Indicó que el Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 20 de
agosto de 2025, confirmó la providencia de primera instancia al considerar que
habían transcurrido más de veinte años entre el hecho alegado en 2001 y la
demanda presentada en 2023.

Desestimó la teoría del daño descubierto, al señalar que el actor conocía su
estado de salud desde el retiro y que el dictamen médico de 2020 solo fue una
confirmación técnica. Concluyó que, aun si el plazo se contara desde noviembre

4 Radicada el 24 de enero de 2023 y asignada por reparto el 26 del mimo mes y año, índice 2 de

Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Demandantes: Jhon Jairo Meza Escorcia
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00076-01

de 2020, la demanda de abril de 20235 seguía siendo extemporánea, y destacó
la ausencia de pruebas que acreditaran la explosión alegada.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora sostuvo que sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, a la dignidad humana, a la
seguridad social y a la reparación integral fueron vulnerados por el
desconocimiento de las condiciones particulares del exmilitar, quien era
analfabeto y estaba protegido por el Derecho Internacional Humanitario. Alegó
que las autoridades omitieron aplicar el principio pro damnato o favor victimae y
la teoría de la cognoscibilidad del daño descubierto, las cuales imponían la
flexibilización del término de caducidad, dado que el diagnóstico de la pérdida
auditiva se produjo mucho tiempo después de los hechos.

Consideró que el tribunal incurrió en los siguientes defectos jurídicos:

• Defecto fáctico porque los jueces no valoraron de manera adecuada la
prueba indiciaria sobre el daño sufrido en combate y excluyeron el análisis
de los estudios médicos que demostraban la pérdida auditiva del
accionante.

• Defecto sustantivo porque las autoridades omitieron aplicar la excepción
de inconstitucionalidad, la cual habría permitido inaplicar las normas de
caducidad para garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral.

• Violación directa de la Constitución6 porque las sentencias desconocieron
de manera flagrante los postulados constitucionales, el bloque de
constitucionalidad derivado de los Convenios de Ginebra y el precedente
vertical fijado por las altas cortes en relación con la flexibilización de los
términos de caducidad en casos de afectaciones a la salud durante el
conflicto armado.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Mediante auto del 28 de enero del 2026, el magistrado ponente de la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó
notificar a la parte accionada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

5 La solicitud de conciliación extraprocesal fue presentada ante la Procuraduría en Asuntos
Administrativos Regional Magdalena el 4 de octubre de 2022 y la demanda de reparación directa
fue presentada el 26 de abril de 2023.
El tribunal efectuó el cómputo de la caducidad de la siguiente forma: (i) 1 de mayo de 2001 (retiro
del servicio), venciendo el plazo el 2 de mayo de 2003 y, (ii) Suspensión del término por
conciliación: 4 de octubre de 2022 a 4 de enero de 2023.
6 La parte actora citó las siguientes: Sentencia SU-659 de 2015, Artículos 4, 9, 93, 228, 229 y 230

de la Constitución Política.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Demandantes: Jhon Jairo Meza Escorcia
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00076-01

Asimismo, ordenó vincular a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del medio de
control de reparación directa con radicado 47001-3333-004-2023-00012-00/01,
en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Ministerio de Defensa Nacional

El apoderado del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional7 presentó dos
argumentos principales.

Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, al sostener que el Ejército
Nacional no vulneró los derechos fundamentales del accionante Jhon Jairo Meza
Escorcia, tales como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia
y la dignidad humana.

Precisó que las presuntas irregularidades dentro del proceso de reparación
directa fueron atribuidas por el propio demandante al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Santa Marta y al Tribunal Administrativo del
Magdalena, y no a la institución militar que él representaba.

Adicionó que la acción de tutela tenía un carácter subsidiario y residual, y que el
accionante no demostró ni acreditó los defectos específicos [orgánicos,
procedimentales, fácticos o sustantivos] exigidos de manera excepcional para
que procediera contra providencias judiciales.

Finalmente, solicitó que se negaran las pretensiones del accionante respecto de
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y requirió la
desvinculación total de su representada de dicha acción de tutela.

1.6.2. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta

La señora Melina Cerón Ramírez, en su calidad de Secretaria del Juzgado Cuarto
Administrativo Oral de Santa Marta allegó8 se limitó a remitir el link del expediente
de radicado 11001-03-15-000-2026-00076-00.

1.6.3. Las demás vinculadas a pesar de haber sido notificadas en debida forma
no se pronunciaron.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 27 de febrero de 2026, la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por carecer

7 Índice 16 y 17 de Samai.
8 Índice 15 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Demandantes: Jhon Jairo Meza Escorcia
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00076-01

de relevancia constitucional.

La corporación determinó que los alegatos del accionante carecían de relevancia
constitucional, puesto que su propósito exclusivo consistía en reabrir un debate
probatorio ya discutido y resuelto por los jueces naturales en dos instancias.

Explicó que el término de caducidad iniciaba cuando la víctima tenía
conocimiento del daño, circunstancia que en este caso coincidió con los hechos
lesivos ocurridos en el año 2001.

Aclaró que el conocimiento del daño no debía confundirse con el conocimiento
de su magnitud ni con la fecha en que las juntas de calificación médica emitieron
sus diagnósticos. Finalmente, concluyó que no existían fundamentos para aplicar
la excepción de inconstitucionalidad ni para flexibilizar la regla de caducidad,
dado que el accionante no aportó razones válidas ni un precedente aplicable a
su caso.

1.8. Impugnación

Mediante escrito allegado el 16 de marzo de 20269 la parte actora impugnó la
anterior decisión. Alegó que el Tribunal Administrativo del Magdalena erró al
confirmar la caducidad del derecho de acción, al fundamentar su decisión en el
transcurso de veinte años desde el evento lesivo.

Expuso que en el año 2001 sufrió afectaciones derivadas de la onda expansiva
de una mina antipersonal. Sin embargo, las autoridades militares omitieron
elaborar el informe administrativo por lesiones y convocar la respectiva junta
médica de retiro.

Indicó que se encontraba en condición de analfabetismo, lo cual constituyó un
impedimento material y objetivo para ejercer oportunamente su derecho de
acción.

Declaró que solo tuvo conocimiento certero del daño [una hipoacusia
neurosensorial bilateral profunda] el 3 de noviembre de 2020, cuando se le
practicaron exámenes médicos ordenados por un fallo de tutela anterior. Por lo
tanto, argumentó que el conteo de la caducidad debía iniciar en 2020 y no en
2001.

Además, reprochó que las autoridades médico laborales calificaron su pérdida de
capacidad en un 0.0%, ignorando los resultados de los exámenes que sugerían
un estado de invalidez equivalente al 95%.

Alegó la existencia de dos defectos : (i) defecto fáctico, puesto que el tribunal

9 Índice 31 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Demandantes: Jhon Jairo Meza Escorcia
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00076-01

valoró de manera insuficiente y desacreditó el material probatorio,
particularmente los exámenes médicos practicados el 3 de noviembre de 2020 y
la condición de analfabetismo del exmilitar, y (ii) defecto sustantivo, por la
aplicación rígida del artículo 164 del CPACA sin atender el precedente
jurisprudencial que ordena flexibilizar la caducidad en casos de indefensión y
negligencia institucional [citando la Sentencia T‑459 de 2025 de la Corte
Constitucional. Dicho precedente establecía que, de manera excepcional, era
posible suspender o flexibilizar la regla de caducidad cuando existían
circunstancias objetivas que impedían acudir oportunamente a la jurisdicción.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591
de 199110, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de 201911,, de
la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

2.2.1. La sala advierte que la parte actora adjudica tanto al Tribunal Administrativo
del Magdalena como al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Santa Marta, la vulneración de sus garantías constitucionales con ocasión de: (i)
la sentencia del 8 de noviembre de 2024, mediante la cual se declaró la excepción
de caducidad y negó las pretensiones de la demanda; y (ii) el proveído del 20 de
agosto de 2025, que decidió confirmar la anterior.

No obstante, esta sección se limitará a analizar la providencia proferida el 20 de
agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, comoquiera que
fue la que puso fin a la discusión debatida dentro del proceso con radicado 47001-
3333-004-2023-00012-01.

2.2.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional solicitó en su escrito
de intervención la desvinculación del trámite del asunto, sin que ello hubiese sido
resuelto por el a quo.

Lo anterior, debido a la falta de legitimación en la causa por pasiva, al sostener
que el Ejército Nacional no vulneró los derechos fundamentales del accionante.

No obstante, la sala advierte que negará tal requerimiento, dado que la entidad
fue vinculada en calidad de tercero con posible interés en las resultas del

10 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.
11 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Demandantes: Jhon Jairo Meza Escorcia
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00076-01

proceso. Ello por cuanto es la parte accionada dentro del proceso dentro del cual
se profirió la sentencia reprochada, circunstancia que hace necesaria su
comparecencia para garantizar el derecho de defensa y contradicción, en
atención a que puede verse afectada por la decisión que se adopte en este
asunto.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo adoptado en primera instancia. Para ello, se analizará si el Tribunal
Administrativo del Magdalena vulneró los derechos fundamentales invocados por
la parte actora con ocasión de la decisión proferida el 20 de agosto de 2025, que
confirmó la sentencia del 8 de noviembre de 2024 dictada por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, mediante la cual se declaró
la caducidad del medio de control de reparación directa.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201212, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

12 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Demandantes: Jhon Jairo Meza Escorcia
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00076-01

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela13; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

13 El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 5

de junio de 2025, expediente 76001-23-33-000-2025-00141-01, MP. Omar Joaquín Barreto
Suárez. En esta decisión se recordó que excepcionalmente procede la tutela contra sentencias
de la misma naturaleza, ello con fundamento en la sentencia SU-627 de 2015, en la cual, la Corte
Constitucional consideró: «4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la
acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela
anteriores o posteriores a la sentencia. // 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de
tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella. // 4.6.2.
Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. //
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la
Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la
Corte Constitucional. // 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o
tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y
cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».
[Negrilla con subrayado de la Sala].
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Demandantes: Jhon Jairo Meza Escorcia
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00076-01

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Del requisito de relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para
determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis
de la Sala)

La sala en sentencia del 29 de septiembre de 202214, modificó la postura que
tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional
debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
y acogidos por esta corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la vulneración de
aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Demandantes: Jhon Jairo Meza Escorcia
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00076-01

la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede
convertirse en una tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental
producto de una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce
este mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre15.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.6. Caso concreto

La parte accionante estimó que la decisión adoptada por el tribunal el 20 de
agosto de 2025 vulneró sus derechos al debido proceso, a la dignidad humana,
a la seguridad social y de acceso a la justicia.

Señaló que la vulneración se produjo por la omisión del operador judicial al no
aplicar criterios jurisprudenciales relevantes, entre ellos la teoría del daño
descubierto, la cognoscibilidad y el principio pro damnato o favor victimae,
orientado a garantizar el resarcimiento integral del perjuicio sufrido por la víctima.

Sostuvo que las providencias judiciales vulneraron sus derechos fundamentales
al incurrir en tres yerros: (i) un defecto fáctico por la indebida valoración de la
prueba, (ii) un defecto sustantivo por la inaplicación de la excepción de
inconstitucionalidad, y (iii) una violación directa a la Constitución Política por
desconocer el precedente de las altas cortes en casos de víctimas del conflicto
armado.

El a quo constitucional determinó que el tutelante buscaba emplear el mecanismo
constitucional como una instancia adicional para reabrir un debate probatorio y
legal previamente definido por los jueces ordinarios.

Desestimó los supuestos defectos fáctico y sustantivo alegados, reiterando la
jurisprudencia según la cual el término de caducidad debía contarse desde el
momento en que se conoció el hecho dañoso y no desde la calificación médica
de sus secuelas.

15 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Demandantes: Jhon Jairo Meza Escorcia
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00076-01

Asimismo, determinó, además, que el accionante no demostró una justificación
válida para flexibilizar la norma ni para aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, limitándose a expresar inconformidad sin acreditar una
vulneración real de sus derechos fundamentales.

La parte accionante impugnó la decisión por considerar que la decisión del
Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en dos defectos: (i) fáctico, por la
insuficiente valoración de la prueba médica de 2020 que acreditó la hipoacusia
neurosensorial profunda causada por la explosión de 2001, y (ii) sustantivo, por
la aplicación rígida del artículo 164 del CPACA sin atender el precedente
jurisprudencial que ordena flexibilizar la caducidad en casos de indefensión y
negligencia institucional.

Como se estableció en líneas anteriores, para determinar si un asunto cuenta con
relevancia constitucional no basta con hacer la simple indicación de su
cumplimiento, pues como presupuesto general de la acción de tutela “…supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel…”16. De igual manera, se precisa que dicho requisito tiene tres
finalidades, a saber:

… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional17 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad18; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales19 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces20.

En virtud de lo expuesto, esta sala considera que la presente solicitud de amparo
no cumple con los presupuestos que sirven de criterio para determinar la
relevancia constitucional del asunto, como se indica a continuación.

Frente al defecto fáctico invocado, se advierte que el cargo carece de relevancia
constitucional. Del estudio de lo planteado se establece que la parte accionante
se limita a exponer su inconformidad con el arbitrio judicial del fallador de
instancia, sin aportar elementos que trasciendan la simple discrepancia
interpretativa. Así, al no acreditarse una afectación iusfundamental
desproporcionada, la tutela se torna improcedente por tratarse de un asunto de
mera legalidad.

Se observa que la parte demandante centra sus alegaciones en el término de
caducidad, sosteniendo que este debió contabilizarse a partir del examen médico

16 Sentencia SU 573 de 2019.
17 “Sentencia C-590 de 2005.”
18 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
19 “Sentencia C-590 de 2005.”
20 “Sentencia T-102 de 2006.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Demandantes: Jhon Jairo Meza Escorcia
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00076-01

realizado el 3 de noviembre de 2020, como prueba del momento en que se
conoció el daño derivado de la mina antipersonal (2001). Sin embargo, sus
argumentos constituyen una reiteración de los expuestos en el medio de control
de reparación directa, los cuales ya fueron analizados por la autoridad judicial,
aun cuando la decisión resultó desfavorable a sus intereses.

Al respecto se tiene que el tribunal indicó que :

« […] aun dejando de lado la ausencia de prueba sobre la ocurrencia del hecho
generador y asumiendo, en gracia de discusión, la veracidad de la versión del
actor, la Sala constata que tampoco está demostrado que este desconociera la
existencia del daño desde el momento mismo de su ocurrencia. Por el contrario,
los hechos relatados en la demanda y las valoraciones médicas aportadas
evidencian que el señor Mesa Escorcia fue consciente del menoscabo en su
salud desde el momento de su retiro. Así lo manifestó al referirse a las secuelas
físicas que lo han acompañado desde su experiencia militar; por lo tanto, no
puede afirmarse que el daño solo se hizo cognoscible hasta el año 2020 […]

(…)

En este sentido, considera esta Sala que el término de caducidad no puede
supeditarse a la fecha en que se emite un diagnóstico médico, cuando el afectado
ya tenía conocimiento de los hechos lesivos y de sus consecuencias desde su
ocurrencia.

En el sub lite, la demanda fue presentada en el año 2023, y la solicitud de
conciliación extrajudicial fue radicada en octubre de 2022, lo que evidencia que
entre el hecho presuntamente generador del daño en el año 2001 y el ejercicio
del medio de control transcurrieron más de 20 años, plazo ampliamente superior
al término de caducidad previsto en la ley.»

En cuanto al defecto sustantivo, el peticionario alega una aplicación
excesivamente rigurosa del artículo 164 del CPACA21. Sostiene que la autoridad
accionada omitió el precedente jurisprudencial que ordena flexibilizar el conteo
de la caducidad en escenarios de indefensión y negligencia institucional,
desconociendo así la naturaleza especial del daño sufrido.

Sobre este particular, se precisa que el accionante invoca la sentencia T-459 de
2025 de la Corte Constitucional, providencia que establece la posibilidad
excepcional de flexibilizar la regla de caducidad ante circunstancias objetivas que
impiden el acceso a la administración de justicia. No obstante, esta sección
advierte que dicho planteamiento constituye un argumento nuevo que no hace
parte de la controversia inicial. En consecuencia, al tratarse de un elemento
extraño a la discusión de origen, el despacho prescinde de su análisis para

21 ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser

presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
(…) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u
omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la
fecha de su ocurrencia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Demandantes: Jhon Jairo Meza Escorcia
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00076-01

salvaguardar el principio de congruencia y el derecho al debido proceso de la
contraparte.

En relación con este punto, es claro que el juez de instancia analizó las opciones
orientadas a proteger los derechos del accionante. Cosa diferente es que el juicio
jurídico resultante no coincida con las pretensiones del actor ni favorezca su
postura, sobre el particular, se advierte que :

« Ahora bien, incluso si se aceptara —como lo alega la parte actora— que el
término de caducidad debía contarse desde el momento en que se obtuvo el
diagnóstico médico que confirmó la afectación auditiva y psiquiátrica, lo cierto es
que la demanda igualmente fue presentada de forma extemporánea. La
valoración médica fue practicada en noviembre de 2020, y si bien la presentación
de la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el término desde el 4 de
octubre de 2022 hasta el 4 de enero de 2023, la demanda fue radicada el 26 de
abril de 2023, esto es, cuando el término que pretende le sea aplicado, ya había
expirado. En ese orden, la Sala concluye que, incluso bajo una interpretación más
favorable a la parte demandante, se encuentra configurada la caducidad del
medio de control […]» [énfasis añadido]

En ese orden, se advierte que la pretensión de la parte accionante consiste en
que, en sede de tutela, se realice un nuevo juicio sobre la decisión judicial
adoptada en el proceso ordinario. Este propósito, orientado exclusivamente a
obtener un pronunciamiento favorable, resulta improcedente.

Respecto al defecto por violación directa de la Constitución y desconocimiento
del precedente en la aplicación de la caducidad, esta sección concluye que el
cargo carece de relevancia constitucional al no satisfacer la carga argumentativa
exigida.

Si bien el actor invoca pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la
flexibilización de los términos de caducidad, omite identificar decisiones con
supuestos fácticos y problemas jurídicos análogos, así como precisar la ratio
decidendi desatendida.

Al limitarse a citar apartes jurisprudenciales sin explicar su vinculatoriedad con el
caso concreto, el accionante incumple el deber de demostrar la semejanza
necesaria para configurar este defecto, lo que impide un pronunciamiento de
fondo por parte de esta Corporación.

De todas formas, se advierte que el tribunal en su argumento señaló :

« […] en aras de establecer si operó o no el fenómeno de la caducidad en el
medio de control de la referencia, es pertinente traer a colación los
pronunciamientos del máximo órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de
ocho (08) de febrero de dos mil veintiuno (2021), radicado 11001-03-15-000-
2020-05086-00, con respecto a la caducidad del medio de control de reparación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Demandantes: Jhon Jairo Meza Escorcia
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00076-01

directa con fundamento en el conocimiento del hecho dañoso estableció unas
premisas para procedencia de la caducidad […]»

En tal sentido, se reitera que la acción de tutela contra providencias judiciales no
constituye una instancia adicional para reabrir debates resueltos por la
jurisdicción competente, sino un mecanismo excepcional orientado a corregir
decisiones que comporten una vulneración evidente de derechos fundamentales;
presupuesto que no se vislumbra en esta oportunidad.

Bajo esa premisa, esta sección concluye que no se satisfacen los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 2022 para
superar el requisito de relevancia constitucional. Lo anterior, por cuanto la acción
impetrada refleja únicamente una inconformidad subjetiva con lo decidido por la
Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación.

En consecuencia, esta sala confirmará la sentencia del 27 de febrero de 2026,
por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró
improcedente la solicitud de tutela por no cumplir el requisito de procedencia de
relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 27 de febrero de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional,
presentada por el señor Jhon Jairo Meza Escorcia.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Demandantes: Jhon Jairo Meza Escorcia
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00076-01

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.