Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00079-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00079-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-00079-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00079-00
Accionante: BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA SAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
OCTAVA DE DECISIÓN
Tema: Tutela contra la providencia judicial – improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Octava de Decisión. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado
por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1
de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 16 de enero de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La sociedad British American Tobacco Colombia SAS, por medio de
apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Octava de Decisión. Con la solicitud, pretende que se le protejan
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
2. La vulneración de sus garantías se las adjudica a la sentencia del 29 de
octubre de 2025, proferida por el tribunal accionado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 05001-33-33-
017-2023-00098-00/01, adelantado por la entidad actora contra el departamento
de Antioquia. Mediante dicha providencia, la autoridad judicial revocó la decisión
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al
Tribunal Administrativo de Antioquia. Asimismo, se vinculó al Juzgado 17 Administrativo Oral del
Circuito de Medellín, al departamento de Antioquia y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
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de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar,
las negó.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad
de BAT, los cuales fueron vulnerados por la Sentencia de segunda instancia
proferida por la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
el 29 de octubre de 2025, mediante la cual se revocó el fallo de primera instancia
dictado por el Juzgado 17 Administrativo Oral del Circuito de Medellín y, en su
lugar, se negaron todas las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Dejar sin efectos la Sentencia objeto de amparo.
TERCERO: Ordenar al Despacho Accionado proferir un nuevo fallo ajustado a
derecho y conforme a las disposiciones consagradas en la Constitución Política.
1.2. Hechos
4. El día 22 de julio de 2021, se expidió la tornaguía de movilización y tránsito
No. 11-203134, que amparaba la movilización de mercancías hacia el
departamento de Antioquia, sujetas al impuesto al consumo de cigarrillos y
tabaco elaborado de origen extranjero, cuyo sujeto pasivo es la sociedad
accionante.
5. De conformidad con los artículos 10 del Decreto 3071 de 1997 y 134 de la
Ordenanza 41 de 2020, esto es, el Estatuto de Rentas del Departamento de
Antioquia, la tornaguía debía ser legalizada dentro de los 15 días hábiles
siguientes a su expedición, por lo que, el término para formalizarla venció el 12
de agosto de 2021.
6. El 6 de mayo de 2022, la demandante radicó la solicitud de legalización de
la tornaguía, con un retraso de 122 días hábiles, razón por la cual, la Secretaría
de Hacienda del departamento de Antioquia le impuso una multa por valor de
$42.828.000, con fundamento en el artículo 22 de la Ley 1762 de 20153.
7. Posteriormente, el 12 de julio de 2022, la parte actora sustentándose en el
artículo 610 del Decreto 1165 de 2019, presentó ante el departamento de
Antioquia escrito con radicado No. 2022010291044, en el que reconoció haber
cometido la infracción por radicar de manera extemporánea la tornaguía, y pagó
la sanción reducida al 40%, esto es $17.132.000.
8. La Secretaría de Hacienda del departamento de Antioquia expidió la
Resolución Sanción No. 2022060192221 del 12 de septiembre de 2022, a través
de la cual sancionó a la sociedad demandante por la suma de $42.828.000, de
los cuales solo debía pagar $25.696.000, al haber efectuado un pago de
$17.132.000.
3 ARTÍCULO 22. Sanción de multa por no radicar tornaguías para legalización.
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9. Contra la anterior decisión, la British American Tobacco Colombia SAS
interpuso recurso de reconsideración, el cual confirmó la sanción mediante la
Resolución No. 2022060374324 del 3 de noviembre de 2022, expedida por el
departamento de Antioquia.
10. Por lo anterior, la sociedad accionante interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Secretaría de Hacienda del departamento
de Antioquia, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones, y se
ordenara la devolución de lo pagado a título de sanción.
11. Al proceso se le asignó el radicado número 05001-33-33-017-2023-00098-
00/01 y le fue repartido al Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de
Medellín que, mediante sentencia del 13 de marzo de 2025 accedió a las
pretensiones.
12. Al respecto, manifestó que de conformidad con la jurisprudencia aplicable
al caso, la conducta sancionable de que trata el artículo 22 de la Ley 1762 de
2015, corresponde a la omisión de la radicación de las tornaguías, más no su
presentación extemporánea, motivo por el cual la conducta de la demandante era
atípica y no había lugar a la sanción.
13. Inconforme con la decisión, la parte demandada presentó recurso de
apelación. Precisó que el legislador estableció un límite temporal para el
cumplimiento de dicha obligación, precisamente para evitar que su
incumplimiento obstaculice el control administrativo, aportando herramientas
sancionatorias a través de la Ley 1762 de 2015 y el Decreto 1165 de 2019.
14. Afirmó que la tornaguía no podía ser entendida como un documento
meramente informativo que puede ser legalizado en cualquier tiempo, toda vez
que la sanción descrita en el artículo 22 de la Ley 1762 de 2015 no se
materializaría alguna vez, y haría inoficioso adelantar el proceso sancionatorio
que terminaría en cualquier tiempo, en el que el responsable decida presentarla.
15. Por último, sostuvo que de una interpretación sistemática de las normas
aplicables al caso se puede concluir que su presentación extemporánea sí es un
hecho sancionable.
16. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 29 de octubre de
2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones. Para fundamentar su decisión sostuvo que la sanción del artículo
22 de la Ley 1762 de 2015 no contempla únicamente la no radicación de las
tornaguías sino también hacerlo extemporáneamente, teniendo en cuenta el
componente temporal que permite la remisión al artículo 10 del Decreto 3071 de
19974 para complementar el tipo descrito en la ley, sin que ello afecte su núcleo
esencial, vulnere el debido proceso, ni los principios de legalidad y tipicidad.
4 Artículo 10. Término para la legalización. Toda tornaguía deberá ser legalizada dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha de su expedición. […].
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17. Indicó que la sanción se impone por día transcurrido en que no se radique
para su legalización, en ese sentido, los 122 días transcurridos configuraron la
conducta objeto de reproche. Admitir lo contrario desconoce el plazo máximo
establecido para ello, deja sin efecto la sanción, y se aparta del fin teleológico de
la norma de evitar la evasión fiscal y el contrabando.
18. Finalmente, señaló que tanto la expedición como la legalización oportuna
de las tornaguías son esenciales para controlar el tributo, asegurar su recaudo
efectivo y facilitar la labor de fiscalización de los entes territoriales, por lo que, su
omisión o cumplimiento tardío afecta las finanzas departamentales permitiendo
la circulación de mercancías sin el pago del impuesto correspondiente,
vulnerando así el bien jurídico tutelado.
1.3. Sustento de la vulneración
19. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada, al proferir
la sentencia del 29 de octubre de 2025 y revocar la sentencia de primera
instancia, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad,
al configurarse un defecto por desconocimiento del precedente vertical y un
defecto fáctico.
20. En ese sentido, señaló que se desconoció de forma abierta el
precedente vertical fijado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en
sentencia del 11 de octubre de 2024, en el que se habían establecido reglas
claras, vinculantes sobre la interpretación y aplicación de la sanción prevista en
el artículo 22 de la Ley 1762 de 2015, por la radicación extemporánea de las
tornaguías, apartándose de él sin ofrecer justificación suficiente, incumpliendo la
carga argumentativa exigible para ello.
21. De otra parte, alegó un defecto fáctico, porque no valoró de manera
integral y coherente las pruebas que reposaban al interior del expediente, en
especial el oficio de allanamiento y su comprobante de pago, los cuales
demostraban que el procedimiento administrativo se encontraba viciado y dejaba
sin sustento la sanción impuesta, mecanismo procesal que de haberse tramitado
conforme a la ley habría conducido a la terminación del proceso.
1.4. Intervenciones
22. El Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín
hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior del proceso
ordinario sin hacer un pronunciamiento sobre el fondo del debate.
23. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión
señaló que no se configuró ninguno de los defectos excepcionales que sustentan
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
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24. Resaltó que la decisión no desconoció el precedente vertical, sino que se
ajustó a la interpretación dominante actualmente del Consejo de Estado, además,
que explicó de manera transparente las razones del cambio de criterio frente a
decisiones anteriores, garantizó una motivación reforzada, fundada en normas
vigentes, jurisprudencia reciente y relevante, por lo que, solicitó su denegación.
25. Por otra parte, el departamento de Antioquia señaló que la acción de
tutela pretende constituir una tercera instancia al proceso ordinario, toda vez que
no existe un defecto fáctico, ni tiene relevancia constitucional, motivo por el cual,
solicitó se declare la improcedencia de la acción, se confirme la sentencia
recusada, y subsidiariamente en caso de acceder, se absuelva a la entidad de
cualquier cargo.
II. CONSIDERACIONES
26. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por la parte accionante. En ese sentido, esta Sección explicará las razones por
las cuales en el asunto objeto de estudio no se supera el requisito general de
relevancia constitucional.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela
contra providencias judiciales
27. El Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún
defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
28. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
7 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
8 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
5
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o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
29. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
30. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
31. La Sala advierte que la sociedad British American Tobacco SAS está
legitimada en la causa por activa, porque conformó la parte demandante al
interior del medio de control en el que se dictó la providencia que se cuestiona
mediante esta vía. A su vez, el Tribunal Administrativo Antioquia, Sala Octava de
Decisión, también está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la
decisión objeto de estudio el presente trámite constitucional.
32. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional9, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
33. Como se expuso previamente, la parte accionante reprocha la sentencia
proferida el 29 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual revocó la decisión de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó.
34. Consideró que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente
vertical fijado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 11
de octubre de 2024, en el que, a su juicio, se habían establecido reglas claras,
vinculantes sobre la interpretación y aplicación de la sanción prevista en el
artículo 22 de la Ley 1762 de 2015 por la radicación extemporánea de las
tornaguías.
35. Frente a este punto, se advierte que la controversia planteada por la parte
9 Sentencia SU-215 de 2022.
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accionante se limitó a una discrepancia interpretativa de naturaleza estrictamente
legal, propia del ámbito ordinario de competencia del juez contencioso
administrativo. En ese sentido, para la Sala no se satisface el presupuesto antes
estudiado, comoquiera que el debate gira en torno a una mera inconformidad de
la sociedad actora con la decisión del tribunal accionado en lo que concierne a la
interpretación y alcance del artículo 22 de la Ley 1762 de 2015.
36. En efecto, aunque la acción de tutela interpuesta por British American
Tobacco Colombia SAS hace referencia a la vulneración de sus derechos al
debido proceso y a la igualdad, lo cierto es que la solicitud de amparo está
construida sobre lo que la demandante considera es una mejor interpretación de
una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se
acoja su lectura con respecto a la sanción de que trata el artículo 22 de la Ley
1762 de 2015.
37. Sobre el particular, la revisión de la tutela da cuenta de que, para la parte
actora, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, debió
fallar conforme al criterio contenido en la sentencia del 11 de octubre de 2024,
en la que, a su juicio, se establecieron reglas claras, vinculantes sobre la
interpretación y aplicación de la sanción prevista en el artículo 22 de la Ley 1762
de 2015 por la no radicación de las tornaguías, y no por su radicación
extemporánea. A su juicio, ello configuró un desconocimiento del precedente, en
tanto la autoridad judicial accionada se aparató de una decisión de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado «sin ofrecer justificación suficiente, incumpliendo
la carga argumentativa» exigible para ello.
38. Para la Sala, lo argumentado por el tutelante es un simple inconformismo
con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia que resultó
desfavorable a sus intereses. En esa medida, la acción tiene por objeto reabrir el
debate zanjado de manera previa por el juez natural de la causa.
39. Ciertamente, revisadas las consideraciones de la sentencia acusada, se
advierte que, en relación con los reparos expuestos por el actor, la autoridad
judicial dio cuenta de la existencia del fallo que la parte actora estima
desconocido, y, luego, expuso las razones por las cuales consideraba necesario
replantear la interpretación del artículo 22 de la Ley 1762 de 2015.
40. En particular, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de
Decisión, indicó que, conforme a la sentencia del 11 de octubre de 2024, podría
entenderse que la norma en cuestión solo sanciona la no radicación de las
tornaguías, y no su presentación extemporánea. Sin embargo, la autoridad
demandada inmediatamente explicó que la disposición sí tiene un elemento
temporal, en tanto la sanción por multa se calcula a partir de los días transcurridos
cuando no se radiquen las tornaguías.
41. Así, para el tribunal, la aplicación de la norma implica, entonces, «acudir
al término establecido en el artículo 10 del Decreto 3071 de 1997, que prevé que
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“…Toda tornaguía deberá ser legalizada dentro de los quince (15) días siguientes
a la fecha de su expedición…” y “…Cuando se trate de tornaguías de tránsito el
término máximo para la legalización será de diez (10) días.”, sin que con ello se
esté afectando el núcleo esencial del tipo descrito en la ley».
42. Así mismo, la autoridad judicial accionada citó jurisprudencia de la misma
Sección Cuarta de esta Corporación que avaló la remisión al Decreto 3071 de
1997, a efectos de «iniciar el conteo de los días de aplicación de la sanción»
prevista en el artículo 22 de la Ley 1762 de 201510. De allí que, en su criterio, no
pudiese sostenerse que el hecho sancionable se limitara únicamente al supuesto
de no presentación de las tornaguías, «sin que pueda acudirse al plazo
establecido en el artículo 10 del Decreto 3071 de 1997», pues tal interpretación
«desnaturalizaría el contenido de la norma, por cuanto impide hacer el conteo de
los días transcurridos indispensables para determinar la multa allí prevista».
43. Es más, para el tribunal, de aceptar tal hermenéutica, se «vaciaría de
contenido la sanción, al permitir que la tornaguía pudiera presentarse en
cualquier momento sin generar efecto sancionatorio alguno». Esto, a su vez,
obstaculizaría la finalidad de la norma: «evitar la evasión tributaria en materia de
consumo y combatir el contrabando». Lo anterior, en tanto:
las tornaguías son mecanismos esenciales para controlar la entrada, salida y
movilización de productos gravados con este tributo, asegurar su recaudo
efectivo y facilitar la labor de fiscalización de los entes territoriales. Su omisión o
cumplimiento tardío permite la circulación de mercancías sin el pago del impuesto
correspondiente, afectando las finanzas departamentales y, por ende, reduciendo
los recursos destinados a sectores sociales como la salud y el deporte.
Aunado a ello, el Tribunal Administrativo de Antioquia también se refirió a la
posición que dicha autoridad había sostenido en otro caso anterior, en el que la
legalización de la tornaguía ocurrió un día después de la fecha límite. En esa
oportunidad, dicha sala de decisión acogió la tesis del Consejo de Estado
expuesta en la sentencia del 11 de octubre de 2024 sobre la atipicidad de la
conducta. Sin embargo, inmediatamente, manifestó las razones por las cuales
era necesario ajustar su posición al respecto:
No obstante, el análisis del presente caso conduce a la Sala a replantear la
posición anterior ya referenciada, a partir del análisis expuesto líneas atrás, en
tanto, luego de hacer una nueva revisión normativa y jurisprudencial del asunto,
se arriba a la conclusión de que el hecho sancionable descrito en el artículo 22
de la Ley 1762 de 2015 si contiene un aspecto temporal que permite la remisión
10 «En ese contexto, como el artículo 22 de la Ley 1762 de 2015 no dispuso un plazo para radicar
las tornaguías para su legalización, con base en el cual se pudiera aplicar la sanción por no
legalizarlas, era necesario remitirse al reglamento del Gobierno Nacional, que definió dicho
término en el Decreto 3071 de 1997, compilado por el Decreto 1626 de 201612 (…)” (resaltos por
fuera del texto original)». Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta. Sentencia del veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). Radicado N° 54001-
23-33-000-2023-00015-01 (28209). M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
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al artículo 10 del Decreto 3071 de 1997 para complementar el tipo descrito en la
ley, sin que ello afecte su núcleo esencial, por lo que el tiempo en que no fue
radicada la tornaguía para su legalización, en este caso, los 122 días
transcurridos, configura la conducta objeto de reproche.
Aceptar un razonamiento contrario, daría lugar a que el supuesto que sanciona
el precepto normativo nunca se agotaría, situación que desconocería el fin
teleológico de la norma, el cual se encuentra dirigido a que una vez se expidan
las tornaguías estas se radiquen ante la autoridad competente para su
legalización, en aras de controlar la entrada, salida y movilización de productos
gravados con este tributo, actuación que, desde luego, debe hacerse dentro de
un extremo temporal que permita garantizar que se cumplan las obligaciones
tributarias derivadas de los productos movilizados y que el impuesto sea
efectivamente percibido por el ente territorial en cuya jurisdicción se consumen
dichos productos.
44. Acorde con lo expuesto, resulta evidente que lo pretendido por la actora,
es imponer su criterio, el cual estima más acertado, sobre el del operador judicial,
el cual no fue favorable a sus pretensiones. Sin embargo, la Constitución
garantiza que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en
sus decisiones, circunstancia por la que, en principio, no es procedente
cuestionarlas vía acción de tutela.
45. En este orden, se hace menester señalar que el juez natural de la causa
se enfrenta a múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación
y aplicación de normas a un caso en específico11, y no le corresponde al juez
constitucional señalar cuál de tales posibilidades es la «correcta»12, puesto que,
ello vulneraría la independencia y autonomía con la que cuenta el funcionario que
conoce el trámite ordinario.
46. En línea con lo analizado, se advierte que, en el presente asunto, al
tratarse de una tutela contra providencia judicial, se exige con mayor énfasis que
los reparos planteados ejecuten una exposición que sin lugar a duda demuestre
de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la
inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial. Sin
embargo, la tutelante se limitó a cuestionar la interpretación que el tribunal
accionado le dio a las normas que regulan la materia, sin que la controversia
planteada gire en torno al amparo de un derecho o garantía de rango
fundamental.
47. De otra parte, la sociedad actora también sostuvo que el tribunal
demandado incurrió en un defecto fáctico al no valorar el oficio de allanamiento
y su comprobante de pago en sede administrativa, lo cual habría conducido a la
11 Sentencia T-192 de 2015.
12 «La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial». Sentencia SU-215 de 2022.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00079-00
terminación del proceso. Para la Sala, este argumento revela la evidente finalidad
del accionante de reabrir el debate ordinario y constituir una tercera instancia. Lo
anterior, debido a que los argumentos planteados en la acción de tutela son una
reiteración de los argumentos presentados al interior del proceso ordinario.
48. Esto debido a que, tanto en aquel como en la acción de tutela, insistió en
que la sanción era por no registrar las tornaguías, no por hacerlo de manera
extemporánea, y en ese sentido no era sujeto pasivo de la referida sanción, y
que, en todo caso, en sede administrativa se había allanado y había pagado el
porcentaje correspondiente, lo que daba lugar a la terminación del proceso.
49. De todo lo anteriormente expuesto se observa que lo que realmente los
cargos del actor reflejan una inconformidad con la interpretación y aplicación
efectuada por el tribunal del artículo 22 de la Ley 1762 de 2015.
50. En consecuencia, la Sala concluye que la discusión planteada en el
presente mecanismo con relación a los defectos de desconocimiento del
precedente judicial y fáctico, no supera el presupuesto de relevancia
constitucional, pues como se indicó, el actor pretende que el juez de tutela realice
un nuevo estudio de los planteamientos ya examinados en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado en segunda instancia ante
la autoridad judicial accionada, pretendiendo que se adopte una decisión
diferente a la ya adoptada por el juez natural.
51. Por lo demás, se recuerda que la competencia de este juez se restringe a
la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de
carácter legal y/o económico, o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales de la causa. Por ende, la Sala
declarará la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción de tutela
presentada por British American Tobacco Colombia SAS el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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