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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00086-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00086-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR improcedente la acción en relación con la transgresión del principio de congruencia y NEGAR el amparo solicitado respecto a los demás reparos, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00086-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00086-00
Accionante: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LA REINA S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera.

Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad. Registro de marca mixta. Riesgo
de confusión en el consumidor. Inexistencia de marca derivada. DECLARA
IMPROCEDENTE –NIEGA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por Industrias Alimenticias LA
REINA S.A.S. en contra del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, con ocasión de la sentencia del 5 de junio de 2025
proferida en el medio de control de nulidad, al que le fue asignado el radicado 11001-
03-24-000-2018-00054-00.

ANTECEDENTES

La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad,
a la defensa, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

La sociedad accionante narró que el 14 de marzo de 2016 solicitó ante la
Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta «LA REINA»
para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza
(rosquillas, papas, pandeyucas y besos) y dentro del término legal la sociedad
Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. presentó oposición, alegando que el

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signo solicitado era confundible con sus marcas previamente registradas «LA
REINA» y «EL REY».

Que mediante la Resolución 3291 del 2 de febrero de 2017, la Dirección de Signos
Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta
pedida, por lo cual el opositor la apeló y la superintendente delegada para la
Propiedad Industrial confirmó la decisión, a través de la Resolución 57230 del 14 de
septiembre de 2014.

Que el 26 de febrero de 2018, la Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.
instauró demanda de nulidad para controvertir las resoluciones que concedieron el
registro, por violación de los artículos 135 (literal b) y 136 (literales a y h) de la
Decisión 486 de 2000.

Que el 15 de marzo de 2021, el despacho sustanciador del Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al que le correspondió el
conocimiento del proceso ordenó suspenderlo para solicitar la interpretación
prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual profirió la
Interpretación Prejudicial 116-IP-2021, por lo cual el 6 de marzo de 2023, reanudó
el proceso y ordenó presentar los alegatos por escrito.

Que el 5 de junio de 2025, la Sección señalada declaró la nulidad de las
resoluciones 3291/2017 y 57230/217 y ordenó la cancelación del registro marcario
núm. 573657 «LA REINA», así como la publicación por parte de la Superintendencia
de Industria y Comercio de la parte resolutiva de la providencia en la Gaceta de
Propiedad Industrial, porque determinó que se configuraba la causal del literal a) del
artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Considera que la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo porque aplicó la
figura de la marca derivada y desconoció las reglas expuestas por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en el
proceso, el criterio jurisprudencial reiterado sobre la preponderancia del elemento
denominativo en marcas mixtas y los mínimos de razonabilidad y coherencia de la
interpretación judicial cuando de ella depende la restricción o supresión de un
derecho de propiedad industrial previamente consolidado.

Que en la providencia la Sección reconoció que el elemento verbal «LA REINA», el
cual constituye el elemento más determinante, conforme con la interpretación
prejudicial del Tribunal de Justicia, era idéntico entre el registro previo de la marca
(448044) y el que fue anulado (573657), y que los productos que distinguían eran
iguales (clase 30), a pesar de lo cual concluyó que no existía una marca derivada,
al haber diferencias sustanciales entre ambas, esto es, sin efectuar el examen
exigido por el estándar comunitario andino.

Indicó que la autoridad judicial desconoció el criterio jurisprudencial del Consejo de
Estado y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la preponderancia

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del elemento denominativo en marcas mixtas derivadas, establecido en la sentencia
del 11 de febrero de 2010 del primero (rad. 11001-03-24-000-2004-00376-01) y en
la Interpretación Prejudicial 116-IP-2021 rendida en el proceso; pues omitió
determinar si las variaciones eran o no sustanciales, en consideración a la
preponderancia de dicho elemento.

Adujo que la sentencia discutida adolece del defecto por «motivación insuficiente e
incongruencia», ya que la Sección incurrió en una incongruencia interna entre los
fundamentos y la decisión, consistente en reconocer expresamente que el elemento
denominativo «LA REINA» es idéntico entre ambas marcas y concluir que prevalece
el elemento nominativo del cotejo, y a la vez descartar la existencia de una marca
derivada por las diferencias gráficas entre la marca registrada en 2011 y la discutida.

Que los razonamientos judiciales efectuados implicaron una contradicción porque
llevaron a la conclusión de que el signo «LA REINA» era confundible con «EL REY»
y «LA REINA» del demandante, sin tener en cuenta que ya utilizaba la marca «LA
REINA» desde 2011 para los mismos productos, sin que la coexistencia generara
confusión desde ese momento hasta la fecha de solicitud del nuevo registro ni con
posterioridad.

PRETENSIONES

Solicita que se deje sin efectos la sentencia del 5 de junio de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, y se
ordene a esa autoridad judicial dictar una decisión de reemplazo, en la que subsane
los defectos en que incurrió.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 21 de enero de 2026, se admitió la demanda, se vinculó a la Superintendencia
de Industria y Comercio y a la sociedad Fabrica de Especias y Productos El Rey
S.A., como terceros con interés; y se corrió el traslado respectivo.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, expuso que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, respecto
a los argumentos relacionadas con la falta de motivación suficiente y el principio de
congruencia, pues para ese efecto puede promover el recurso extraordinario de
revisión bajo la causal 5 prevista en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, ni con
la exigencia de la relevancia constitucional, frente a los demás desacuerdos, debido
a que se fundamentaron en apreciaciones subjetivas, con el fin de que se acoja el
criterio jurídico que le es favorable, a pesar de que la decisión cuestionada se
justificó debidamente, por lo cual está amparada por los principios de independencia
y autonomía judicial. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción o,
en subsidio, negar el amparo.

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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. afirmó que la acción no cumple
con los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional porque fue instaurada
superados los seis meses establecidos por la jurisprudencia, sin que existiera una
justificación razonable sobre los motivos por los cuales no se acudió oportunamente,
y debido a que los reparos de la accionante radican en el hecho de que la autoridad
judicial no acogió sus argumentos, pero no demostró que la decisión haya sido
transgresora de sus derechos fundamentales.

Indicó que aún en gracia de discusión habría que concluirse que la providencia
cuestionada no adolece de arbitrariedad, contradicción ni falta de motivación, sino
que, por el contrario, la Sección accionada expuso de manera clara y suficiente las
razones que lo condujeron a concluir que el signo «LA REINA» identificado con el
Certificado 573657 no constituía una marca derivada del signo previamente
registrado en el año 2011, apoyándose en los pronunciamientos del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, y que la marca discutida era confundible con la
marca de la que es titular, por lo cual solicitó negar el amparo pretendido.

La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que los actos
administrativos que expidió atendieron a la Decisión 486 de 2000, al marco
procedimental aplicable y a la doctrina y jurisprudencia comunitaria, por lo cual pidió
acceder a las pretensiones.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

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Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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Análisis del caso concreto

A esta Subsección corresponde verificar si se superan los requisitos generales de
procedencia que habilitan el estudio de la sentencia controvertida, pues solo en el
evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.

Al respecto, se encuentra que i) el asunto a resolver tiene relevancia constitucional,
en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida
se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección por la
incursión en los defectos alegados por la accionante; ii) la acción se presentó con
inmediatez, pues la sentencia discutida fue notificada mediante mensaje de datos
enviado el 3 de julio de 2025 y esta acción fue instaurada el 2 de enero de ese año,
por la página web dispuesta para ese efecto; iii) se identificaron claramente los
hechos generadores de la vulneración y los derechos estimados como
transgredidos; y iv) no se trata de una sentencia de tutela.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el requisito de subsidiariedad en relación con
el desacuerdo consistente en que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, transgredió la congruencia interna de la sentencia
entre el análisis de si la marca en discusión era derivada registrada en el año 2011,
y el estudio entre la primera y la marca del demandante.

Lo anterior, por cuanto para ese efecto la sociedad accionante cuenta con el recurso
extraordinario de revisión, con fundamento en la causal contenida en el numeral 5
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, consistente en la existencia de una nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-026/21, luego de referirse a las
causales del recurso extraordinario de revisión, la finalidad de este y las
irregularidades que apunta a corregir, expresó que ello erige, en materia
contencioso-administrativa, al mencionado recurso en un medio de defensa idóneo
y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo
judicial que se encuentra ejecutoriado. Al respecto, señaló:

«(…) De hecho la jurisprudencia constitucional ha reconocido la
innegable semejanza entre la acción de tutela y el recurso de revisión
cuando se busca proteger este derecho: “A través de ese medio [recurso
extraordinario especial de revisión] se plantearía la controversia sobre el
debido proceso en términos idénticos a los que constituyen el
presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que un
pronunciamiento del juez constitucional dejaría sin oficio al juez
competente. Los dos procesos, el extraordinario especial de revisión y
el de tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y resulta
claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos
judiciales concurrentes (…)»

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De tal manera, ante la existencia de otro medio judicial para reclamar la protección
de los derechos que se invocan como conculcados por la transgresión del principio
de congruencia, la acción de tutela resulta improcedente por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad en cuanto a la transgresión del principio de congruencia,
con mayor razón cuando no está demostrada la probable configuración de un
perjuicio irremediable.

Frente a los demás defectos se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad,
por lo cual se procederá al estudio de fondo de los defectos invocados en el escrito
de tutela.

En la sentencia objeto de esta acción, la autoridad judicial realizó el cotejo de la
marca «LA REINA» concedida a INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LA REINA S.A.S.
(tercero con interés en dicho proceso) y las marcas nominativas y mixtas
previamente registradas «LA REINA» y «EL REY», cuya titular era la demandante,
teniendo en cuenta que prevalecía el elemento nominativo, al ser el que tenía mayor
influencia, impacto y recordación en los consumidores, de conformidad con las
reglas fijadas en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso por el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina.

En esa medida, evidenció que entre la marca cuestionada y la marca «EL REY» no
existía identidad, pues se presentaban diferencias ortográficas, fonéticas e
ideológicas, lo que permitía al consumidor distinguir los productos en el mercado y
su origen empresarial, sin riesgo de confusión, por lo que no se cumplía el primer
supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Sin embargo, al
efectuar la comparación entre las marcas «LA REINA» y la «LA REINA» advirtió
que sí había dicha identidad, por lo cual existía riesgo de confusión directa o
asociación conceptual entre las marcas cotejadas, y se cumplía con ese primer
supuesto.

Por lo anterior, la Sección procedió a analizar si se presentaba el segundo supuesto
consistente en la conexidad de los productos que se pretendían identificar con cada
uno de los signos; al respecto, observó que el tercero con interés solicitó el signo
«LA REINA» para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza, esto es, rosquillas, papas, pandeyucas y besos, y a su vez
que la parte demandante lo pidió para identificar productos de la misma Clase,
puntualmente miel, jarabes de melaza, mostaza, salsas (condimentos) y especias,
sumado a que los productos de las marcas enfrentadas eran vendidos en los
mismos establecimientos de comercio y se promocionaban por iguales medios
publicitarios, lo que podría generar en los consumidores la idea de que provenían
del mismo empresario; lo que no fue desvirtuado en el proceso.

Por último, analizó el argumento de Industrias Alimenticias LA REINA S.A.S.
consistente en que la marca mixta «LA REINA» solo era una marca derivada del
registro marcario concedido en el año 2011, por lo que debían garantizarse sus

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derechos adquiridos, pero lo descartó, debido a que, si bien ambas tenían el mismo
aspecto nominativo, el elemento gráfico era distinto, lo que demostraba que existían
diferencias sustanciales entre estas, por lo que no se trataba de una marca
derivada.

Efectuado el anterior recuento de los razonamientos de la autoridad judicial
accionada en esta sede, esta Subsección no observa que en la sentencia discutida
se haya desconocido la preponderancia del elemento denominativo, al efectuar el
cotejo entre las marcas en controversia de la parte demandante y del tercero con
interés (hoy accionante), lo que le permitió concluir que existía una identidad entre
ambas que podía generar confusión en el consumidor, por lo que se presentaba la
causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión
486 de 2000.

Debe aclararse que el análisis de la Sección accionada en esta sede respecto a la
existencia de la marca derivada se basó en los criterios doctrinarios del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, especialmente, en la Interpretación Prejudicial,
consistentes en que para definir si un signo solicitado a registro constituía o no una
variación de las marcas antes inscritas, debía verificarse que la nueva solicitud
comprendiera «a la misma marca con variaciones no sustanciales».

En ese orden de ideas, el estudio efectuado por el juez natural de la causa se
circunscribió a examinar si existían diferencias sustanciales entre la marca
previamente registrada y la discutida para establecer si existía una marca derivada,
las cuales encontró demostradas respecto al elemento gráfico; análisis que debe
resaltarse, difiere del realizado para comparar el registro de dos signos como marca,
con el fin de determinar si se presenta una causal de irregistrabilidad.

Lo expuesto permite evidenciar que no le asiste razón a la sociedad accionante, al
afirmar que existió un desconocimiento del carácter preponderante del elemento
denominativo de la marca mixta, conforme con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, los criterios doctrinarios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y
la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso.

En cambio, lo que se observa es que el accionante confundió el estudio que debe
efectuarse para efectos de verificar la causal de irregistrabilidad alegada del
correspondiente a la existencia de una marca derivada, lo cual no habilita la
intervención del juez constitucional, ante la ausencia del defecto sustantivo
endilgado.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción en relación con la
transgresión del principio de congruencia y se negará el amparo solicitado respecto
a los demás reparos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en

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nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR improcedente la acción en relación con la transgresión del
principio de congruencia y NEGAR el amparo solicitado respecto a los demás
reparos, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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