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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00090-01

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00090-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de febrero de 2026 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en esta sentencia. SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite a la Fiduagraria y a Colpensiones. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00090-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00090-01
Accionante: FABIOLA GARCÍA DE LÓPEZ
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la
acción por no superar los requisitos de inmediatez y
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 20 de febrero de
2026 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191,de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 16 de enero de 20262, la autoridad judicial que asumió el
conocimiento del asunto en primera instancia admitió la acción constitucional y,
mediante providencia del 23 de abril de 2026 concedió el recurso.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Fabiola García de López, actuando en nombre propio, interpuso acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el Tribunal
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2
Índice 4, Samai. Al respecto, se notificaron como accionados al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B; el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E; el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá y el Juzgado Treinta y
Siete Administrativo del Circuito de Bogotá. Asimismo, se vinculó al Patrimonio Autónomo –
Contrato de Fiducia Mercantil # OP-0020-2007 del 7 de noviembre de 2007 para el pago de las
contingencias pensionales a cargo del Banco Cafetero liquidado, administrado por
FIDUAGRARIA S. A.; al Patrimonio Autónomo – Contrato de Fiducia Mercantil # 3-1-19293
(3100472) para el pago de los remanentes a cargo del Banco Cafetero liquidado, administrado
por FIDUPREVISORA S. A.; a la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones; y a la
Nación colombiana – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura.

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Accionante: Fabiola García de López
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-01

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el Juzgado
26 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Juzgado 37 Administrativo del
Circuito de Bogotá. Con la solicitud de amparo pretende el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la vida digna y de acceso a la
administración de justicia, y que sea le proteja por ser mujer de la tercera edad,
cabeza de familia.

2. Le atribuyó la transgresión de las anteriores garantías constitucionales a
distintas decisiones judiciales proferidas por los despachos accionados, las
cuales han impedido que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
que presentó contra la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia el 15 de octubre de 2014 sea conocida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

3. En concreto, la parte tutelante solicitó que «el estudio en primera instancia
se le asigne a la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
tal como lo ordena el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, teniendo en cuenta que
la demanda fue presentada el 29 de enero de 2021, un año antes de entrar a
regir las nuevas competencias de los Jueces Administrativos, de los Tribunales
Administrativos y del Consejo de Estado» y que, «se respete el imperio de la ley
contenido en los artículos 137 inciso segundo, 137 y 167 de la Ley 1437 de 2011
que permite la acumulación de pretensiones, para que su demanda sea
estudiada por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca».

4. Las providencias que cuestiona, cuyas correspondientes decisiones se
mencionarán concretamente en los hechos, son las siguientes:

(i) Del proceso de radicado núm. 11001-33-35-026-2021-00020-00/1, los
autos del 16 de marzo, 25 de mayo y 22 de noviembre de 2021, 2 de
octubre y 23 de noviembre de 2023, y del 28 de marzo de 2025.
(ii) Del proceso de radicado núm. 11001-33-36-037-2025-00392-00, el
auto del 16 de diciembre de 2025.

1.2. Hechos

5. Fabiola García de López presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia dictada el 15 de
octubre de 2014 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
(expediente nro. 48642)3. En esta oportunidad, también pidió que se declarara la
responsabilidad administrativa, extracontractual y patrimonial de la Rama Judicial
a título de falla en el servicio, y se dispusiera que las pensiones de sobrevivientes
y de vejez a las que afirma tener derecho eran compatibles, junto con el pago de

3
En dicha decisión que atacó se aplicó la figura de la compartibilidad pensional entre la mesada
reconocida como pensión de sobrevivientes por el Banco Cafetero, tras la muerte de Javier López
Correa, y la pensión de vejez que le fue concedida por el Instituto de Seguros Sociales (ISS).

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$1.113.575.198.66 por concepto de daño emergente, lucro cesante y perjuicios
morales.

6. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado 26 Administrativo del
Circuito de Bogotá, Sección Segunda, bajo el radicado 11001-33-35-026-2021-
00020-00, autoridad que, mediante auto del 16 de marzo de 2021, rechazó la
demanda frente a la pretensión de nulidad de la sentencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia, declaró su falta de competencia frente a las demás
pretensiones y ordenó remitir el expediente a la Sección Tercera de los Juzgados
Administrativos de Bogotá, al considerar que no se estaba dilucidando un asunto
de carácter laboral, sino que las pretensiones elevadas por la parte actora eran
propias de una reparación directa.

7. La accionante presentó recursos de reposición y apelación contra la
anterior decisión. Consideró que la remisión del expediente transgredía las reglas
de competencia dispuestas en la Ley 2080 de 2021, las cuales solo se aplicaban
respecto de demandas presentadas después de 1 año de la publicación de la ley
referida, y que el asunto debía enviarse al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de conformidad con el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA).

8. Por auto del 25 de mayo de 2021 el Juzgado 26 Administrativo del Circuito
de Bogotá decidió no reponer la providencia anterior y conceder la apelación,
recurso resuelto en proveído del 22 de octubre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E. El ad quem
revocó el numeral 1. º del auto apelado, en relación con la solicitud de nulidad de
la sentencia del 15 de octubre de 2014 y, en lo demás, rechazó por improcedente
el recurso y confirmó la remisión del proceso a la Sección Tercera de los
Juzgados Administrativos de Bogotá.

9. El 28 de octubre de 2021, la accionante pidió la nulidad del auto de 22 de
octubre de 2021, momento en el que insistió que la competencia para avocar el
asunto recaía en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, teniendo en cuenta
los artículos 152 del CPACA y 86 de la Ley 2080 de 2021. Además, indicó que
podía presentar su demanda en cualquier tiempo porque sus pretensiones se
relacionaban con el reconocimiento de prestaciones periódicas, por lo que no
operaba la caducidad.

10. La solicitud fue negada por el Tribunal el 30 de septiembre de 2022, con
fundamento en que la presunta nulidad no se encausaba en ninguna de las
causales previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso.
Adicionalmente, sostuvo que la finalidad de la actora era reabrir una controversia
ya definida para que se determinara que la competencia de su proceso recaía en
dicho cuerpo colegiado.

11. Contra la anterior decisión la demandante presentó recurso de apelación,
el cual le fue rechazado por improcedente por el Tribunal el 2 de octubre de 2023,

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providencia frente a la que presentó reposición y, en subsidio, queja. En auto del
23 de noviembre de 2023, el ad quem no repuso su decisión de rechazar la
apelación contra el auto que resolvió la nulidad y trasladó el expediente al
Consejo de Estado para que se tramitara la queja.

12. En auto del 28 de marzo de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado estimó bien negado el recurso de apelación contra la
providencia del 2 de octubre de 2023 y dispuso la devolución del expediente al
Tribunal.

13. El 8 de agosto de 2025 el Tribunal regresó el expediente al Juzgado 26
Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante auto del
23 de septiembre de 2025 remitió el proceso a la Sección Tercera de los
Juzgados Administrativos de Bogotá.

14. El 4 de noviembre de 2025, se asignó el asunto al Juzgado 37
Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, bajo el radicado 11001-
33-36-037-2025-00392-00, el cual dictó auto del 16 de diciembre de 2025, en el
que requirió a la señora García de López para que, previo a admitir la demanda,
allegara las pruebas allí expuestas, los poderes y la constancia de ejecutoria de
la sentencia del 15 de octubre de 2014.

1.3. Sustento de la vulneración

15. La parte accionante manifestó que tiene 89 años, por lo que es sujeto de
especial protección e insistió en que tiene derecho a recibir «la pensión vitalicia
de jubilación oficial que el Banco Cafetero, empresa industrial y comercial del
Estado, mediante la resolución #213 del 26 de mayo de 1.983, le reconoció a mi
esposo Javier López Correa (q.e.p.d.), compatible con la pensión de
sobrevivientes que me reconoció el ISS mediante la resolución #002436 del 27
de agosto de 2.002».

16. Como fundamento de lo anterior, se limitó a referir los Decretos 1650 de
1977 y 2148 de 1992, el artículo transitorio 20 de la Constitución Política, la Ley
100 de 1993, en sus artículos 20, 32 literal b, 25, 52, 90 y 283, y en el precedente
del «Consejo de Estado iniciando en las sentencias del 24 de marzo de 1983, y
del 3 de abril de 1995, con ponencia del Consejero doctor Álbaro Lecompte Luna,
en la #8516 del 6 de noviembre de 1997 con ponencia del Consejero doctor Javier
Díaz Bueno, entre otras».

17. Precisó que, teniendo en cuenta la fecha de presentación de la demanda,
esto es, el 25 de enero de 2022, el asunto le correspondía por competencia al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con la Ley 2080 de 2021.

18. Frente al auto del 16 de diciembre de 2025 indicó que, con la presentación
de la demanda aportó todos los documentos. Sin embargo, dio cumplimiento a lo
que dispuso el Juzgado 37 Administrativo del Circuito de Bogotá, e insistió en

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que a su asunto no se le podían aplicar las reglas de la caducidad porque se
trataba del reconocimiento de prestaciones periódicas.

19. Expuso que las decisiones cuestionadas incurrieron en los defectos
sustantivo y de violación directa de la Constitución «por no aplicar la excepción
de inconstitucionalidad respecto del numeral 4 del artículo 105 del CPACA».

20. De otro lado, insistió en que podía acumular pretensiones de nulidad y de
reparación, de tal forma que en el mismo proceso podía obtener la nulidad de la
referida sentencia de casación, la declaratoria de responsabilidad de la parte
demandada y la obtención de las dos pensiones.

1.4. Intervenciones

21. El Juzgado 26 Administrativo del Circuito de Bogotá aclaró que las
providencias que dictó fueron respetuosas de las normas y la jurisprudencia
vigente, y debidamente notificadas. Adicionó que no incurrió en vulneración de
derechos fundamentales y que no tiene actuación pendiente por surtir en relación
con la demanda interpuesta por la señora García de López.

22. Fiduagraria solicitó ser desvinculada porque carece de legitimación en la
causa por pasiva.

23. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se opuso a cualquier
pretensión relacionada con la entidad porque el objeto de la tutela es ajeno a sus
funciones.

24. Colpensiones pidió su desvinculación del trámite por carecer de
legitimación en la causa por pasiva.

25. La Fiduprevisora pidió que se declare la improcedencia de la acción, con
sustento en que lo expuesto en la tutela no se relaciona de forma alguna con sus
funciones u objeto.

26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, manifestó que no se superaba el requisito de la inmediatez
respecto de los autos del 2 de octubre de 2021, el 30 de septiembre de 2022, 2
de octubre de 2023 y 23 de noviembre de 2023, dado que la petición de amparo
se radicó el 14 de enero de 2026. En todo caso, expuso que los reproches
ventilados fueron objeto de pronunciamiento por los jueces naturales.

27. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, explicó que
solo se pronunció frente al recurso de queja interpuesto contra el auto del 30 de
septiembre de 2022, en el sentido de indicar que no era procedente la apelación
contra la providencia que negó la solicitud de nulidad. Sin embargo, no se
pronunció sobre la competencia o acumulación de pretensiones.

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1.5. Sentencia de primera instancia

28. En sentencia del 20 de febrero de 2026, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el mecanismo de amparo.
Consideró que los reparos se dirigían únicamente contra los autos del 22 de
octubre de 2021 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, y del 16 de diciembre de 2025 del Juzgado 37 Administrativo del
Circuito de Bogotá.

29. Frente a la providencia del 22 de octubre de 2021 concluyó que no se
supera el requisito de inmediatez4, plazo que consideró fenecido el 6 de abril de
2024. Al respecto, tomó como punto de partida el auto del 2 de octubre de 2023,
en el que se rechazó por improcedente la apelación contra la decisión que negó
la solicitud de nulidad.

30. Aclaró que, si bien la accionante interpuso queja, y peticiones de
aclaración y adición contra el proveído que desató el mencionado recurso, lo
cierto es que «los recursos improcedentes no tienen la virtualidad de ampliar el
plazo considerado como razonable para la interposición de la acción de tutela».

31. Con relación al auto del 16 de diciembre de 2025, consideró que no se
satisface la subsidiariedad porque el proceso se encuentra en curso, aunado a
que la demandante aportó los documentos que le fueron requeridos.

1.6. Impugnación

32. La accionante presentó escrito de impugnación en el que manifestó que la
tutela que interpuso tampoco debe verse afectada por el plazo de inmediatez,
porque las demandas administrativas en las que se cuestionan actos
administrativos que nieguen total o parcialmente prestaciones sociales no están
sujetas a caducidad, lo cual respaldó en las sentencias «T-1055 y T-1059 de
2007».

33. Sostuvo que los accionados vulneran sus derechos fundamentales porque
es una persona «de la tercera edad, con 89 años de edad, cargada con las
dolencias y enfermedades propias de la vejez».

II. CONSIDERACIONES

34. La Sala confirmará la decisión proferida el 20 de febrero de 2026 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por Fabiola García López, por
las razones que pasan a exponerse.

4
En esta decisión se revocó el numeral 1. º del auto que rechazó la pretensión dirigida a que se
anule la sentencia de casación, y se rechazó lo relacionado con la falta de competencia del
Juzgado 26 Administrativo del Circuito de Bogotá y la remisión del expediente a la Sección
Tercera de los Juzgado Administrativos de Bogotá.
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2.1. Caso concreto

2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

35. El Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún
defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

36. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

37. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

38. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

39. La Sala advierte que Fabiola García de López está legitimada en la causa
por activa, por ser la demandante de los procesos identificados con los radicados
11001-33-35-026-2021-00020-00/01 y 11001-33-36-037-2025-00392-00, en los
que se dictaron las providencias cuestionadas.

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
7
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
8
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
7
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Accionante: Fabiola García de López
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-01

40. Por su parte, se evidencia que los Juzgados 26 y 37 Administrativos del
Circuito de Bogotá, el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, están
legitimados en la causa por pasiva porque dictaron, en la respectiva oportunidad
procesal, las providencias cuestionadas.

41. La Fiduagraria y Colpensiones solicitaron ser desvinculados con
fundamento en que carecen de legitimación en la causa por pasiva. Se accederá
a desvincularlas dado que no se les endilga vulneración de los derechos
fundamentales sobre los que se invoca protección, ni conforman alguna de las
partes dentro de los procesos cuyas providencias se cuestionan, máxime si se
tiene en cuenta que, a la fecha, no ha sido admitida la demanda formulada por la
actora contra la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

42. Inmediatez. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de
tutela debe ejercerse en un plazo razonable9, el cual debe ser ponderado por el
juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido
por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección
actual, inmediato y efectivo10.

43. De acuerdo con lo anterior, esta Sección11 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud
de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.

44. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar
al fondo del debate jurídico planteado.

45. Se recuerda en este punto que la tutela se presentó por la inconformidad
de la accionante con que se haya remitido su asunto para el conocimiento de la
Sección Tercera de los Juzgados Administrativos de Bogotá, debate que
comenzó con el auto proferido el 16 de marzo de 2021 por el Juzgado 26
Administrativo del Circuito de Bogotá, y culminó con el proveído del 28 de marzo

9
Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez- Así mismo, reiterado entre otras en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad.
11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
11
Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
8
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Accionante: Fabiola García de López
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-01

de 2025, dictado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que resolvió un recurso de queja.

46. Lo anterior, porque fue con esta decisión que quedó en firme el auto del
22 de octubre de 2021 en el que el Tribunal, entre otras determinaciones,
confirmó la remisión del expediente en los mismos términos del a quo.

47. En ese sentido, los seis meses con los que contaba la actora para formular
los reparos contra el auto que finalizó la controversia relacionada con la
competencia para tramitar su demanda, concluyeron el 29 de septiembre de
2025. Dado que la acción de tutela se radicó hasta el 14 de enero de 2026, es
evidente la extemporaneidad.

48. Cabe destacar que, en esta oportunidad no se persigue el reconocimiento
de prestaciones periódicas, sino que se debaten providencias judiciales. Así, no
es de recibo el argumento expuesto en la impugnación relacionado con la
inaplicación del término de la inmediatez, con fundamento en que se discuten
prestaciones periódicas porque ese no es el objeto de la litis.

49. A lo anterior se suma que la señora García de López no puso de presente
ninguna circunstancia que le impidiera acudir en oportunidad al juez de tutela.
Por ende, se confirmará la sentencia de primer grado que declaró improcedente
la tutela respecto de los autos del 16 de marzo, 25 de mayo y 22 de noviembre
de 2021, 2 de octubre y 23 de noviembre de 2023, y del 28 de marzo de 2025,
porque no se supera el requisito de la inmediatez.

50. Ahora bien, para la Sala no resulta relevante desde el punto de vista
constitucional el reparo de la tutelante contra el auto del 16 de diciembre de 2025,
por las siguientes razones.

51. Relevancia constitucional: De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

52. Sobre el auto del 16 de diciembre de 2025, la actora se limita a indicar que
no está de acuerdo con que el Juzgado 37 Administrativo del Circuito de Bogotá
le haya requerido documentos, pero que los envió para cumplir con la petición
del despacho.

53. En línea con ello, para la Sala carece de carga argumentativa alguna tal
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reproche, en la medida en que no se encasilla dentro de ningún cargo de tutela
contra providencia judicial. Si bien la actora mencionó en la tutela los defectos
sustantivo y por violación directa de la Constitución, no los sustentó.

54. Se aclara que, en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa, especialmente cuando el debate se centra en una
inconformidad sin enfoque de derechos fundamentales.

55. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos
de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del trámite de
tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones judiciales
desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la
autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia12.

56. Por esto, la Sala confirmará la sentencia del 20 de febrero de 2026 que
declaró improcedente el mecanismo de amparo, pero por las razones esbozadas
en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de febrero de 2026 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pero por las razones
expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite a la Fiduagraria y a
Colpensiones.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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