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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00100-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00100-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00100-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00100-00
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Deber de motivación del acto de retiro de empleados
nombrados en provisionalidad en cargos de carrera. Ausencia de
los defectos invocados.
Decisión: Niega amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional contra el Tribunal Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 13 de enero de 2026, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, por intermedio de apoderada judicial, presentó acción de tutela con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y «autonomía administrativa».

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la Sentencia del
19 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 73001-33-33-008-2019-00035-01, para
que, en su lugar, se ordenara a la autoridad mencionada dictar una nueva
providencia, en la que se tuviera en cuenta la Constitución Política y la
jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en materia de
insubsistencia de empleados provisionales.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, del escrito de tutela
y anexos, se observa que José Edward Álvarez Marín instauró demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución No.
319 y, adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, peticionó ordenar a
la entidad demandada a ordenar su reintegro al cargo que venía desempeñando en
esa Institución con efectos a partir del 10 de agosto de 2018, fecha en la cual se
hizo efectiva la novedad que concretó su retiro, con el reconocimiento pleno de sus
derechos laborales, honores y estímulos correspondientes al grado y cargo y,
además, se ordene la incorporación de los ascensos a que tenga derecho conforme
a su antigüedad.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00100-00
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

4. El 19 de diciembre de 2022, el Juzgado 8 Administrativo de Ibagué accedió
a las pretensiones de la demanda. Para soportar su decisión, indicó que la
Resolución No. 319 del 9 de agosto de 2018, mediante la cual se declaró la
insubsistencia del nombramiento del señor Álvarez Marín, a pesar de que se
fundamentó en la necesidad de nombrar profesionales adecuados para garantizar
el servicio, el acto cuestionado carecía de una circunstancia concreta y particular,
de hecho o derecho, atribuible directamente al demandante, pues sus
consideraciones resultan indefinidas, abstractas y genéricas, sin relación directa
con el servidor público afectado; por el contrario, señaló que la verdadera causa
pudo haber sido su participación en presuntas irregularidades en juntas médicas, lo
que podría haber llevado a una posible retaliación.

5. Adicionalmente, indicó que si las irregularidades fueran la causa, el acto
administrativo debería haberlo especificado claramente y estar precedido de una
investigación disciplinaria, pues no se observó ningún tipo de corrección previa ni
medida preventiva, lo que permitía concluir que la desvinculación fue injustificada.
Además, precisó que el acta de una reunión que discutía el manejo del personal no
podía justificar el retiro, ya que no implicaba directamente al actor; de ahí que el
retiro del demandante violó el precedente constitucional, ya que el acto
administrativo no contenía una justificación clara ni detallada.

6. La entidad demandada interpuso recurso de apelación, dado que el acto
que dispuso la desvinculación laboral obedeció a razones objetivas relacionadas
con el deterioro en su desempeño laboral, la pérdida de confianza y la protección
del interés general, sustentado en hechos que incluso motivaron denuncias penales,
disciplinarias y éticas en su contra.

7. El 19 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la
sentencia de primera instancia, al considerar que el texto del acto acusado no
contiene referencia alguna a hechos concretos ni a circunstancias particulares
atribuibles José Edward Álvarez Marín que justifiquen su retiro; por el contrario, se
limitó a invocar de manera general la necesidad del servicio y algunas falencias
institucionales, sin relacionarlas directamente con la conducta o desempeño del
servidor afectado.

8. Como fundamentos de derecho, la parte accionante afirmó que el Tribunal
Administrativo del Tolima, al expedir la Sentencia del 19 de junio de 2025, incurrió
en defecto sustantivo, puesto que equiparó el acto administrativo de insubsistencia
al de una sanción disciplinaria, que requiere una motivación más exhaustiva y la
imputación de faltas, cuando en realidad se trató de un ejercicio de discrecionalidad
administrativa en los términos del artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015, que
faculta al nominador a dar por terminado un nombramiento provisional mediante
resolución motivada, sin que exista deber de adelantar procedimiento previo ni
otorgar defensa material, al no tratarse de sanción disciplinaria. Además, señaló que
se impuso una carga de motivación que excede lo previsto por la Constitución
Política y la ley trasladando al ámbito de los actos discrecionales exigencias propias
de actos punitivos.

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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

9. Asimismo, sostuvo que la providencia cuestionada desconoció
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en la que han
sostenido que el retiro en provisionalidad procede por discrecionalidad del
nominador, siempre que exista una motivación suficiente relacionada con las
necesidades del servicio. Concretamente, mencionó las sentencias T-1240 de 2008,
SU-917 de 2010 y SU-446 de 2011 la Corte Constitucional, y la Sentencia del 21 de
junio de 2018, Rad. 05001-23-33-000-2011-00225-01, del Consejo de Estado.

10. Finalmente, manifestó que la decisión objeto de reproche incurrió en defecto
fáctico, debido a que la autoridad accionada no realizó una valoración objetiva y
completa de las pruebas obrantes en el expediente, comoquiera que no valoró
elementos probatorios esenciales que sustentaban la conveniencia institucional del
acto de insubsistencia del funcionario provisional José Edward Álvarez Marín, lo
cual afecta la validez del pronunciamiento judicial y la correcta aplicación del
derecho, ya que se detectaron graves irregularidades en 49 actas de juntas médico-
laborales del Tolima que comprometían la validez de los actos administrativos de
incapacidades y pensiones.

11. Por tanto, estimó que dicha providencia impugnada, vulneró de manera
directa: La autonomía administrativa de la Policía Nacional, La naturaleza
discrecional del acto de insubsistencia y la eficacia institucional y el principio de
separación de poderes.

Intervenciones1

12. José Edward Álvarez Marín indicó que la acción de tutela no cumple con el
requisito de inmediatez, puesto que la providencia cuestionada fue proferida el 19
de junio de 2025 y la acción de tutela se admitió el 16 de enero de 2026, es decir, 7
meses después del plazo previsto por la jurisprudencia como razonable.

13. Sin perjuicio de lo anterior, afirmó que no se configuraron los defectos
fáctico y sustantivo invocados, comoquiera que lo pretendido por la Policía Nacional
es que el Consejo de Estado ignore que el retiro de un empleado provisional, si bien
es discrecional, no es absoluto. Añadió que la Sentencia SU-917 de 2010 de la
Corte Constitucional exige que la motivación sea clara y se ajuste a la realidad; sin
embargo, la entidad motivó el retiro en unas irregularidades que el Tribunal de Ética
Médica y el mismo Grupo de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Defensa
Nacional, calificaron como inexistentes, por lo que el acto administrativo nació
viciado por falsa motivación.

14. En esos términos, solicitó «denegar por improcedente» la acción de la
referencia; declarar que no se estructuró ninguna de las causales específicas de
procedibilidad; y mantener la firmeza de la decisión atacada, que ordenó su
reintegró y pago de las acreencias laborales.

1
El 16 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y vinculó al Juzgado
8 Administrativo de Ibagué y a José Edward Álvarez Marín.

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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

15. El Juzgado 8 Administrativo de Ibagué solo remitió la copia digital del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, sin plantear algún argumento
frente a los hechos expuestos en el escrito de tutela.

16. El Tribunal Administrativo del Tolima no rindió el informe solicitado, a pesar
de que fue debidamente notificado del auto admisorio de la acción de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

18. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal
Administrativo del Tolima adoptó su decisión conforme a la jurisprudencia y
normativa aplicable, frente al deber de motivación en los actos de retiro de
empleados nombrados en provisionalidad en cargos de carrera y, por tanto, incurrió,
o no, en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y fáctico.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

19. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia;
se argumentaron con suficiencia los reparos alegados y no se trata de un asunto de
mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2) se tiene acreditada la
legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que la entidad aquí accionante es la
titular de las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas y el
Tribunal Administrativo del Tolima fue la autoridad que profirió la decisión que se
cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita
a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (4) la acción
de tutela se presentó el 13 de enero de 2026, es decir, dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación de la Sentencia del 19 de junio de 2025 2; (5) no se
cuestionó una irregularidad procesal; (6) se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos
fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una providencia de igual
naturaleza.

2
La providencia fue notificada por mensaje de datos el 26 de junio de 2025.

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Análisis de la vulneración alegada: estudio de los defectos

20. La Sala negará el amparo solicitado por la parte accionante, al no haber
configurado ninguna de las causales específicas de procedibilidad invocadas, con
fundamento en las razones que a continuación se exponen:

21. La entidad accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Tolima,
al expedir la Sentencia del 19 de junio de 2025, vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, comoquiera
que la providencia cuestionada adolece de defecto sustantivo, puesto que al acto
administrativo de insubsistencia le dio el trato de una sanción disciplinaria, que
requiere una motivación más exhaustiva y la imputación de faltas, a pesar de que
se trataba de un ejercicio de discrecionalidad administrativa en los términos del
artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015.

22. Pues bien, para brindar mayor claridad al caso y resolver el anterior
desacuerdo y los relativos al desconocimiento del precedente judicial y fáctico, la
Sala considera imperioso analizar los argumentos en que se apoyó la autoridad
judicial accionada en la providencia objeto de reproche. Así, se advierte que el
Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la sentencia del Juzgado 8
Administrativo de Ibagué, mediante la cual se accedieron a las pretensiones de la
demanda formulada por José Edward Álvarez Marín, al considerar que el acto
administrativo se fundamentó en razones genéricas relativas al «buen servicio», a
la necesidad de reestructurar el proceso médico laboral y a la existencia de
supuestas falencias que, según la entidad, deben corregirse para asegurar el
cumplimiento de su misión institucional.

23. Sin embargo, en el acto no se afirmó que el señor Álvarez Marín hubiese
incurrido en errores, omisiones o conductas que hayan generado las irregularidades
identificadas por la administración; por el contrario, se limitó a invocar de manera
general la necesidad del servicio y algunas dificultades de carácter estructural, sin
relacionarlas directamente con la conducta o desempeño del servidor afectado.

24. En ese sentido, precisó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional (Sentencia SU-917 de 2010) tratándose de funcionarios nombrados
en provisionalidad, no resulta suficiente invocar de manera abstracta la necesidad
del servicio o la reorganización interna de la entidad para justificar su retiro, sino
que es indispensable que el acto exprese una motivación concreta, particularizada
y objetiva que permita evidenciar de qué manera la permanencia del servidor afecta
directamente el buen servicio.

25. Adicional a ello, expuso que en la actuación procesal quedó acreditado que
la remoción del demandante coincidió en el tiempo con la apertura de indagaciones
disciplinarias por presuntas irregularidades en la actuación de las juntas médico-
laborales en las que aquel participó. Sin embargo, esas actuaciones no produjeron
una determinación sancionatoria al momento de la expedición del acto de
insubsistencia, ni se utilizó esa circunstancia como fundamento de este.

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26. Así las cosas, consideró que no eran válidas las justificaciones esbozadas
en el proceso, con posterioridad a la expedición del acto, a través de testimonios y
documentos tendientes a acreditar unas motivaciones que no fueron expresadas en
su momento y tampoco podía admitirse la legalidad del retiro con base en un
proceso disciplinario iniciado después de consumada la desvinculación.

27. En ese orden de ideas, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del
Tolima, al exigir una motivación suficiente para el acto de insubsistencia del
nombramiento de José Edward Álvarez Marín no incurrió en defecto sustantivo, ya
que su decisión no responde a una aplicación arbitraria y caprichosa de las normas;
sino que todo lo contrario se encuentra sustentada de manera razonada en las
normas y jurisprudencia constitucional aplicable al caso.

28. Ciertamente, obsérvese que la autoridad accionada explicó que el Decreto
1083 de 2015, en su artículo 2.2.5.3.4, dispuso expresamente que los
nombramientos provisionales pueden darse por terminados mediante resolución
motivada en cualquier momento antes de su vencimiento.

29. Adicionalmente, indicó que la Corte Constitucional en la sentencia SU-917
de 2010 expuso que «sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde
la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del
cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de
sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica
atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto».

30. De manera que la autoridad accionada, al evidenciar que en el acto
administrativo demandado no hizo referencia alguna a circunstancias particulares
atribuibles al señor José Edward Álvarez Marín que justificaran su retiro, sino que
este se limitó a invocar de manera general la necesidad del servicio y algunas
falencias institucionales, sin relacionarlas directamente con la conducta o
desempeño del servidor afectado, lejos de aplicar de manera defectuosa el
contenido normativo discutido por la parte actora, procedió a interpretarlo en
consonancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a fin de verificar si el
acto administrativo cumplía con los estándares establecidos en dicha
jurisprudencia.

31. Ahora, es importante precisar que el Tribunal no desnaturalizó el acto
demandado y mucho menos confundió el acto de insubsistencia con un acto
sancionatorio, pues se centró en verificar si la motivación del acto administrativo era
suficiente para garantizar el respeto a los derechos del funcionario, cumpliendo con
el deber de evaluar la suficiencia de la motivación del acto conforme con las
exigencias constitucionales y legales.

32. Sumado a lo expuesto, se resalta que la sentencia controvertida se ajusta a
la tesis fijada por la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-556 de 2014, en la
que sostuvo que «el retiro de los funcionarios nombrados en provisionalidad en
cargos de carrera debe atender a razones de interés general atinentes al servicio
prestado por el funcionario habida cuenta de sus responsabilidades en la entidad,
dentro de las cuales la Corte ha mencionado las razones disciplinarias, la

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calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está
prestando y debería prestar el funcionario concreto. Por supuesto, la razón principal
consiste en que el cargo va a ser ocupado por un funcionario que ha participado en
un concurso de méritos y ocupado un lugar en dicho concurso que lo hace
merecedor del cargo. En concordancia con lo anterior, el acto de retiro debe referirse
a la aptitud del funcionario para un cargo público específico; por lo cual, no son
válidas las apreciaciones generales y abstractas».

33. Por tanto, se concluye que la decisión del Tribunal no solo está alineada
con la postura vigente de la Corte Constitucional, sino que también es justificada y
razonable, ya que protege los derechos fundamentales del funcionario al exigir una
motivación adecuada y vinculada a las responsabilidades concretas que
desempeñaba en la entidad.

34. Finalmente, frente a los pronunciamientos invocados por la entidad
accionante, la Sala aclara que la autoridad judicial accionada no desconoció la
Sentencia SU-917 de 2010, sino que todo lo contrario la examinó y a partir de esta
concluyó que el acto administrativo que dispuso la insubsistencia del nombramiento
del demandante adolecía de falta de motivación, pues no especificaba las
deficiencias concretas del funcionario que justificaran su remoción.

35. Adicionalmente, en relación con la Sentencia T-1240 de 2008, se aclara que
el asunto allí analizado no comparte similitud fáctica con el caso que hoy se discute,
ya que hace referencia al estudió de decisiones adoptadas en el marco de un
proceso ejecutivo hipotecario y si estas vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso en conexidad con el de la vivienda digna de los allí accionantes.

36. Igualmente, respecto de la sentencia dictada por el Consejo de Estado «el
21 de junio de 2018 en el proceso Rad. 05001-23-33-000-2011-00225-01», es
preciso indicar que la parte accionante no aportó copia de dicha providencia y,
adicionalmente, al verificar el número de radicación que el actor indicó en el sistema
de gestión judicial SAMAI no fue posible consultarlo, por lo que no es posible hacer
un juicio de comparación que permita determinar si los casos eran similares y si la
autoridad accionada desatendió la regla allí contenida.

37. De otra parte, en cuanto al reparo sobre el defecto fáctico, se denota que la
corporación accionada sí valoró las pruebas en relación con las irregularidades
detectadas en las actas de las juntas médico-laborales, sino que al interpretar las
circunstancias determinó que la motivación del acto de insubsistencia no hacía
referencia directa a dichas irregularidades, toda vez que el retiro se fundamentó en
las necesidades generales del servicio y en la reestructuración interna,
considerando falencias estructurales y administrativas dentro de la Policía Nacional.

38. Por tanto, no se configuró un defecto fáctico, ya que el Tribunal valoró las
pruebas que discute la parte actora, distinto es que concluyera que no eran válidas
las justificaciones esbozadas por la entidad aquí accionante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, con posterioridad a la expedición
del acto administrativo, sobre el presunto deterioro del desempeño laboral del
servidor José Edward Álvarez Marín y la pérdida de confianza institucional, debido

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a que en el acto de insubsistencia no se hizo referencia a estas circunstancias
particulares.

39. De manera que el hecho de que no se hubiese apreciado e interpretado el
material probatorio en el sentido que le resultaba favorable a la entidad, no implica,
per se, la configuración de la causal específica de procedibilidad mencionada.

40. En ese orden de ideas, se concluye que no se estructuraron ninguno de los
defectos invocados, pues el Tribunal Administrativo del Tolima actuó conforme a las
normas y jurisprudencia que exige una motivación concreta, suficiente y objetiva
para la desvinculación de servidores públicos nombrados en provisionalidad en
cargos de carrera. Por tanto, se negará el amparo solicitado por la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, a través de la acción de tutela instaurada en contra del
Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con los argumentos expuestos
en la parte motiva de la presente providencia

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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