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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00108-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00108-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito de inmediatez. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00108-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00108-00
Accionante: Ana Elvia Hernández Flórez
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juzgado Veintiséis
Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por la señora
Ana Elvia Hernández Flórez en contra de las sentencias proferidas por la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Veintiséis Administrativo de Bogotá, el 15 de marzo de 2024 y 6 de septiembre de 2023,
respectivamente.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona (i) la sentencia mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió contra el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E, con el fin de que se
reliquidara su salario y se reconociera y pagara la indexación de las sumas derivadas
de dicho reajuste, especialmente, la reliquidación de las horas extras laboradas y el
pago de los recargos dominicales festivos y nocturnos y (ii) la providencia que confirmó
esa decisión. Se declara la improcedencia de la demanda de tutela, toda vez que no se
superó el requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 14 de enero de 2026, la señora Ana Elvia Hernández Flórez, mediante apoderado
judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, los cuales, a
su juicio, fueron vulnerados por la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2023 por el
Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda presentada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 11001-3335-026-2020-00380-00/01/02 y la sentencia
proferida el 15 de marzo de 2024 por la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la decisión de primera instancia.

1 Temas: Acción de tutela / Improcedencia / Requisito de inmediatez

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00108-00
Accionantes: Ana Elvia Hernández Flórez
Se declara la improcedencia de la demanda

2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

Se tutele los derechos de la Señora ANA ELVIA HERNÁNDEZ FLOREZ a la igualdad y
al debido proceso, consagrados en los Artículos 13 y 29 de la Constitución Política de
Colombia, presuntamente vulnerados por EL JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTÁ D.C. y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.
Como consecuencia de la anterior se revoquen las providencias que se relacionan a
continuación.

A. Sentencia del día seis (06) de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), por medio
de la cual se niegan las pretensiones de la demanda, la cual fuera proferida por EL
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO ORAL DE BOGOTÁ D.C.

B. Sentencia del quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), proferida por la
Subsección E, Sección Segunda, del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, por medio de la cual se confirmó la sentencia proferida en primera
instancia

Como consecuencia de la anterior y en garantía de los derechos a la igualdad y al debido
proceso, se ordene proferir la sentencia que acceda a las pretensiones de la demanda2.

B. Hechos

3. La señora Ana Elvia Hernández Flórez laboró como profesional especializada – jefe
de enfermería en el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E en el turno nocturno,
(desde las 7:00 p.m. hasta las 7:00 a.m.)

4. En el año 2017, el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E cambió las políticas para
la liquidación de los salarios de los profesionales que trabajaban en el turno nocturno,
lo cual ocasionó una reducción sustancial en los emolumentos percibidos por parte del
cuerpo de enfermeros.

5. Mediante derecho de petición presentado el 20 de diciembre de 2017, la accionante
solicitó la reliquidación de su salario y el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales devengadas. No obstante, por medio de oficio INT-OFI-00073-2018 del 4 de
enero de 2018, la coordinadora del Grupo Área y Desarrollo del Talento Humano del
Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. resolvió la solicitud de manera desfavorable.

6. La señora Ana Elvia presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo INT-OCI-00073-2018 del 4 de enero de 2018 y, a título de
restablecimiento, que se reliquidaran sus salarios, primas legales y extralegales,
vacaciones, cesantías, aportes al sistema de seguridad social en pensiones y la
indexación de las sumas derivadas de dicho reajuste.

7. Mediante sentencia del 6 de septiembre de 2023, el Juzgado Veintiséis Administrativo
de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, por cuanto concluyó que no se acreditó
la existencia de algún vicio en el acto administrativo acusado, por el contrario, indicó
que el oficio cuestionado tuvo sustento suficiente, razón por la cual debía mantenerse
incólume la presunción de legalidad.

8. La demandante presentó recurso de apelación, en el cual sostuvo que el Juzgado

2 Índice 2 del expediente digital en Samai.

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Accionantes: Ana Elvia Hernández Flórez
Se declara la improcedencia de la demanda

accionado omitió pronunciarse sobre la desmejora salarial que sufrió. Señaló que dicha
afectación se originó en las nuevas políticas para la liquidación de los salarios de los
profesionales que trabajaban en jornada nocturna en el Instituto Nacional de
Cancerología E.S.E., razón por la cual se desconocieron los derechos adquiridos a su
favor conforme el artículo 34 del Decreto 1042 de 19783.

9. El 15 de marzo de 2024, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia e indicó que
lo que realmente pretendía la demandante era la reliquidación de horas extras y
recargos dominicales, festivos y nocturnos. En ese sentido, concluyó que la demandante
laboraba en una jornada mixta –11 horas nocturnas y 1 diurna–, razón por la cual se
descartó que hubiese sido desarrollada de manera permanente y ordinaria en jornada
nocturna, presupuesto determinante para el reconocimiento y pago del recargo alegado
en los términos dispuestos por el artículo 34 del Decreto 1042 de 1978.

10. Además, contrario a lo que afirmó la demandante, el Tribunal señaló que no se
desmejoraron sus condiciones laborales ni se desconocieron sus derechos adquiridos,
toda vez que en esa categoría solo se incluyen aquellos derechos que han sido
reconocidos conforme a la ley, tal como lo ha previsto la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado.

C. Fundamentos de la vulneración

11. La accionante señaló que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, por cuanto las sentencias proferidas el 15 de marzo de 2024 y
6 de septiembre de 2023 incurrieron en los defectos desconocimiento del precedente
jurisprudencial y violación directa de la Constitución.

12. Alegó que se vulneró el artículo 13 de la Constitución Política4, en la medida en que
las autoridades judiciales accionadas desconocieron las decisiones que se han
adoptado en procesos con idénticos presupuestos fácticos, las cuales también tuvieron
origen en el cambio de políticas impuesto por el Instituto Nacional de Cancerología
E.S.E., respecto la liquidación de los salarios de los profesionales que trabajaban en el
turno nocturno. Indicó que, en dichos asuntos, se ha reconocido a los demandantes el
pago del recargo nocturno conforme lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 1042 de
19785.

3 Artículo 34. De la jornada ordinaria nocturna. Se entiende por jornada ordinaria nocturna la que de

manera habitual empieza y termina entre las 6 p.m. y las 6 a.m., del día siguiente. Sin perjuicio de los que
dispongan normas especiales para quienes trabajan por el sistema de turnos, los empleados que ordinaria
o permanentemente deban trabajar en jornada nocturna tendrán derecho a recibir un recargo del treinta y
cinco por ciento sobre el valor de la asignación mensual. No cumplen jornada nocturna los funcionarios que
después de las 6 p.m., completan su jornada diurna hasta con una hora de trabajo. Los incrementos de
salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el
recargo de que trata este artículo.
4 ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato

de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica.
5 Presidente de la República de Colombia. Decreto 1042 de 1978. “Por el cual se establece el sistema de

nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se
fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.

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Accionantes: Ana Elvia Hernández Flórez
Se declara la improcedencia de la demanda

13. En ese sentido, manifestó que se vulneró su derecho a la igualdad, pues mientras
a algunos trabajadores se les ha reconocido el pago del 35% del salario básico por
concepto de trabajo nocturno, a otros, como en su caso, únicamente se les liquida un
recargo por las horas efectivamente laboradas. A su juicio, esta diferencia resulta
injustificada, toda vez que se trata de situaciones con identidad fáctica, en tanto todos
forman parte de la planta de personal, pertenecen al nivel asistencial y desempeñan
funciones en jornada nocturna.

14. A su vez, indicó que se desconoció la sentencia de unificación SU-304 de 2024 de
la Corte Constitucional6, mediante la cual se fijaron las reglas sobre la demanda de tutela
contra providencias por desconocimiento de precedentes judiciales. Particularmente,
señaló que el Tribunal accionado incurrió en un desconocimiento de precedente
horizontal y vertical, al apartarse de la amplia jurisprudencia consolidada, en la que se
ha reconocido el pago del 35% del salario básico por concepto de trabajo nocturno.
Manifestó que en las providencias cuestionadas no se expusieron las razones por las
cuales las autoridades judiciales accionadas se apartaron de las sentencias que han
fallado a favor del demandante, lo que, a su juicio, configura el defecto invocado.

15. Adujo que el Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá desconoció lo establecido
en la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2022 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (radicado núm. 2018-00292-00),
mediante la cual se precisó el contenido del artículo 34 del Decreto 1042 de 1978, al
determinar que se entiende como jornada ordinaria nocturna la que de manera habitual
comienza a las 18:00 y termina a las 6:00, por lo cual no puede entenderse en una
jornada de 19:00 a 7:00 de la mañana siguiente, que sea una jornada mixta, por ello
debe reconocerse el 35% sobre el valor de la asignación mensual.

16. También, resaltó la sentencia SU-484 del 15 de mayo de 2008 de la Corte
Constitucional7, mediante la cual la Sala Plena se pronunció sobre la afectación a los
derechos laborales de un grupo de personas que trabajaba en la Fundación San Juan
de Dios. Indicó que esa providencia era relevante para el caso concreto, por cuanto en
esa sentencia se ampararon los derechos de los trabajadores, al advertir que se
vulneraron sus derechos fundamentales con ocasión de la relación laboral que tenían,
tal como ocurre en el presente trámite, pues se afectaron las garantías de las personas
del nivel asistencial que laboran en el turno nocturno del Instituto Nacional de
Cancerología E.S.E.

D. Trámite procesal

17. Mediante auto del 15 de enero de 20268, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar a la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y al Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá, y en calidad de
terceros con interés, al Instituto Nacional de Cancerología E.S.E., para que rindieran un
informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.

6 Corte Constitucional. Sentencia SU-304 de 2024. M.P Vladimir Fernández Andrade.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-484 de 2008. M.P Jaime Araújo Rentería.
8 Índice 4 del expediente digital disponible en Samai.

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Accionantes: Ana Elvia Hernández Flórez
Se declara la improcedencia de la demanda

E. Oposiciones e intervenciones

18. El Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá9 (accionado) indicó que las
decisiones proferidas en el proceso ordinario se fundamentaron en referentes
normativos y jurisprudenciales aplicables al caso concreto y se notificó a las partes en
debida forma, razón por la cual su actuación no se torna arbitraria ni contraria a derecho.

19. Advirtió que durante todo el proceso se garantizó el goce de los derechos
fundamentales de las partes, en especial el debido proceso. Así, el Juzgado no ha
desplegado ninguna acción u omisión que ocasione la vulneración de las garantías
invocadas por la accionante en el presente trámite de tutela.

20. El Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.10 (tercero con interés) allegó un informe
sobre los hechos objeto de tutela y solicitó que se declarará la improcedencia de la
demanda por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez,
particularmente, respecto de la identificación razonable de los hechos vulneradores de
las garantías ius fundamentales invocadas. Señaló que el debate presentado por la
accionante en sede de tutela trata de un asunto de mera legalidad, que no afecta de
ninguna manera los derechos de la parte accionante y que, además, no se encuentran
debidamente desarrollados en su escrito.

21. El apoderado de la señora Ana Elvia Hernández Flórez11 aportó memorial mediante
el cual allegó copia del expediente digital núm. 11001-33-35-026-2020-00380-00, en
cumplimiento del numeral sexto del auto de admisión del 15 de enero de 2026.

22. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (accionada) manifestó que los fundamentos presentados en la demanda
de tutela por parte de la accionante son los mismos que expuso en el marco del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. Precisó que las discusiones concluidas en el
proceso ordinario no pueden ser revividas a través de la tutela, ya que implicaría que la
sede constitucional se convierta en una instancia adicional para estudiar asuntos que
ya fueron resueltos por el juez natural del asunto.

23. Asimismo, señaló que la providencia que pretende dejar sin efectos fue notificada
el 19 de marzo de 2024, mientras que la demanda de tutela fue radicada el 14 de enero
de 2026, es decir, que pasaron más de seis meses sin que la accionante se pronunciara
al respecto. Luego, adujo que cuando se cuestionan providencias judiciales, la
oportunidad para interponer la solicitud de amparo se determina a partir de la fecha en
la cual se notifica la sentencia, ya que ese es el momento en el que las partes tienen
conocimiento de la decisión que presuntamente lesionó sus derechos.

24. En virtud de lo expuesto, el Tribunal accionado solicitó que se declarara la
improcedencia de la demanda de tutela, toda vez que no se había superado el requisito
de inmediatez.

9 Índice 10 del expediente digital disponible en Samai.
10 Índice 13 del expediente digital disponible en Samai.
11 Índice 14 del expediente digital disponible en Samai.

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II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

25. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora Ana Elvia Hernández
Flórez contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Providencia objeto de análisis

26. La accionante cuestionó las sentencias proferidas el 6 de septiembre de 2023 y 15
de marzo de 2024, por el Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá y la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente.
No obstante, la Sala abordará el análisis de la providencia judicial de segunda instancia,
por cuanto fue la sentencia que dio por terminado el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.

H. Sentido de la decisión

27. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de inmediatez, por cuanto la accionante no interpuso la solicitud de amparo en
un término razonable. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia
no se hará la verificación de los requisitos generales de procedencia de la demanda de
tutela12.

I. El requisito de inmediatez

28. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela puede
presentarse “en todo momento y lugar”, lo que implica que no se encuentra sometida a
un término de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional13 ha reiterado que
dicho carácter no exime al accionante del cumplimiento del requisito de inmediatez, en
virtud del cual la solicitud de amparo debe presentarse dentro de un término razonable y

12 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte

Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
13 Corte Constitucional. Sentencias T-461 de 2019, T-422 de 2025 y T-246 de 2015.

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proporcionado entre la ocurrencia de los hechos que presuntamente vulneraron los
derechos fundamentales y la interposición de la demanda.

29. En ese sentido, la exigencia de inmediatez responde a la naturaleza urgente y
residual de la tutela, pues su finalidad es brindar una protección inmediata respecto las
vulneraciones inminentes de derechos fundamentales y no reabrir controversias que ya
se han consolidado en el tiempo. En consecuencia, el mecanismo constitucional no
puede ejercerse de manera indefinida, pues ello comprometería la seguridad jurídica y
desnaturalizaría su función como mecanismo de protección inmediata.

30. Por tal razón, aun cuando no existe un término fijo o preestablecido para evaluar el
cumplimiento del requisito de inmediatez, corresponde al juez de tutela examinar las
circunstancias particulares de cada caso y determinar, en atención a ellas, si la demanda
fue promovida dentro de un término razonable. Lo anterior, bajo el presupuesto que, en
el caso concreto, se presenten circunstancias que expliquen razonablemente la tardanza
en el ejercicio del mecanismo constitucional, a saber:

(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que
adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es
imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en
realidad, una protección inmediata.

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan.14

31. La Corte Constitucional15 ha sido reiterativa respecto a la protección de la seguridad
jurídica, la certeza sobre las decisiones judiciales y la autonomía de los jueces, razón por
la cual la tutela contra providencias judiciales se erige como un recurso excepcional y su
análisis debe ser más estricto, con el fin de no transgredir los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, debido a que:

la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia
constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera iniciar cualquiera
de las partes. En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuales
son sus derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se produciría una violación del
derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y
ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica.16

14 Corte Constitucional. Sentencia T-087 de 2018.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU 108 DE 2018.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2005.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00108-00
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Se declara la improcedencia de la demanda

32. Por otra parte, en concordancia con los precedentes fijados por la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado ha adoptado como regla general un término de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según
corresponda, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se
ejerce oportunamente, así:

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios
y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el
plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional.17

J. El caso concreto

33. La Sala observa que la pretensión que persigue la accionante en la presente
demanda de tutela está orientada a que se deje sin efectos la sentencia del 15 de marzo
de 2024 proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

34. Se constató que la sentencia objeto de controversia fue notificada el 19 de marzo de
2024, de acuerdo con lo establecido en el índice 11 del expediente digital del aplicativo
Samai correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 11001-
33-35-026-2020-00380-02.

35. De tal modo, resulta evidente que la accionante excedió ampliamente el término de
seis meses fijado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y esta Corporación para
la interposición de la acción de tutela contra providencias judiciales. En efecto, entre la
notificación de la decisión cuestionada (19 de marzo de 2024) y la presentación de la
demanda de tutela (14 de enero de 2026) transcurrió un lapso superior a un año y medio.

36. La Sala no desconoce que la jurisprudencia ha admitido, de manera excepcional, la
flexibilización del término de seis meses para la presentación de la demanda de tutela
contra providencias judiciales, no obstante, dicha flexibilización ha sido reconocida
únicamente en los supuestos expuestos en el párrafo núm. 30 de esta providencia.
Empero, en el caso concreto, la parte actora desbordó el término prestablecido sin que
se evidenciara argumento alguno orientado a justificar la tardanza en el ejercicio del
mecanismo constitucional, ni se acreditó que la accionante se encontrara inmersa en
alguna de las circunstancias excepcionales descritas.

37. Tal como lo ha expuesto la jurisprudencia constitucional18 el plazo razonable en las
demandas de tutela es fundamental para establecer el carácter apremiante de la situación
presuntamente vulneradora del derecho, ya que un retraso injustificado permite concluir
que ni siquiera la accionante, como titular de los derechos transgredidos invocados,

17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,

radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
18 Corte Constitucional. Sentencia T-444 de 2019, T-234 de 2020 y T-032 de 2023.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00108-00
Accionantes: Ana Elvia Hernández Flórez
Se declara la improcedencia de la demanda

reconoce la condición de urgencia de su situación, lo cual desvirtúa la necesidad y
premura de intervención del juez de tutela y la naturaleza esencial de la solicitud de
amparo.

38. Permitir el ejercicio del mecanismo constitucional una vez superado el término de seis
meses, sin que medie justificación objetiva y suficiente que explique la inactividad
procesal de la accionante, no solo desconoce el requisito de inmediatez, sino que además
compromete gravemente la seguridad jurídica y desnaturaliza la esencia urgente y
residual que caracteriza a la acción de tutela como instrumento excepcional de protección
inmediata de los derechos fundamentales.

39. En atención a lo expuesto, la Sala encuentra que la demanda de tutela no superó el
requisito de inmediatez, debido a que la presentación de la demanda excedió el término
establecido de seis meses y no se acreditó una razón proporcional ni razonable que
justifique la demora en la interposición de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito
de inmediatez.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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