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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00108-01

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00108-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora Ana Elvia Hernández Flórez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00108-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

8 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00108-01
Accionante: ANA ELVIA HERNÁNDEZ FLÓREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial del Tribunal Administrativo. Se
confirma la improcedencia por incumplir el requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

1. A través de apoderado judicial, Ana Elvia Hernández Flórez ejerció acción de
tutela contra las providencias proferidas por el Juzgado Veintiséis (26)
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo anterior con base en los
siguientes fundamentos.

Antecedentes del proceso contencioso ordinario

2. La tutelante se desempeñó como profesional especializado en el Instituto
Nacional de Cancerología E.S.E en turnos de 12 horas iniciando a las 7:00 p.m. y
saliendo a las 7:00 a.m. del día siguiente. El mes de octubre del año 2017, la entidad
cambió las políticas para la liquidación de salarios de los profesionales que
trabajaban en el turno nocturno, lo que ocasionó una reducción en los salarios del
cuerpo de enfermeros.

3. Ante esa situación, varios trabajadores de la mencionada E.S.E. iniciaron
acciones administrativas para que ajustaran la liquidación de los turnos nocturnos.
Después de la negativa de la entidad, la tutelante y otros trabajadores iniciaron
procesos judiciales para obtener el reajuste de sus salarios.

4. La demanda de la actora correspondió al Juzgado Veintiséis (26) Administrativo
de Bogotá, autoridad que, en Sentencia de 6 de septiembre del año 2023, negó las
pretensiones de la demanda. Apelada la decisión, en fallo de 15 de marzo de 2024,
la subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó la sentencia emitida por la primera instancia.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00108-01
Accionante: Ana Elvia Hernández Flórez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Fundamentos del escrito de amparo

5. El apoderado de la parte actora sostuvo que la decisión del 15 de marzo de 2024
vulneró el derecho fundamental a la igualdad, porque en otros procesos derivados
de la misma situación fáctica —relacionada con el cambio en la liquidación de los
turnos nocturnos por parte del Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.— se ha
ordenado el reconocimiento del recargo nocturno en los términos del artículo 34 del
Decreto 1042 de 1978.

6. Igualmente, alegó que las providencias cuestionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente judicial, en los términos de la Sentencia SU-304 de
2024, porque se apartaron de la jurisprudencia aplicable sin exponer razones
suficientes para ello. Sostuvo que el fallo de primera instancia no explicó por qué se
apartaba de dicho precedente, mientras que la decisión de segunda instancia se
limitó a señalar que se trataba de un precedente horizontal. En particular, denunció
el desconocimiento de la Sentencia SU-484 de 2008, que, a su juicio, resultaba
relevante porque protegió los derechos laborales de los trabajadores de la
Fundación San Juan de Dios, situación que considera comparable con la de las
personas del nivel asistencial que laboran en turnos nocturnos en la entidad pública
accionada

7. Adujo que el Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de Bogotá desconoció lo
establecido en la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2022 por la Subsección
A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (radicado
núm. 2018-00292-00), mediante la cual se precisó el contenido del artículo 34 del
Decreto 1042 de 1978, al determinar que se entiende como jornada ordinaria
nocturna la que de manera habitual comienza a las 18:00 y termina a las 6:00, por
lo cual no puede entenderse en una jornada de 19:00 a 7:00 de la mañana siguiente,
que sea una jornada mixta, por ello debe reconocerse el 35% sobre el valor de la
asignación mensual.

Trámite de primera instancia

8. La acción de tutela fue radicada el 14 de enero de 2026. El 15 de enero de 2026,
el magistrado sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera de la
Corporación admitió la demanda y vinculó a la Subsección E de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado Veintiséis (26)
Administrativo de Bogotá, y en calidad de tercero con interés, únicamente, al
Instituto Nacional de Cancerología E.S.E, entre otras decisiones.

9. El Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de Bogotá solicitó negar el amparo,
pues la sentencia atacada fue proferida en cumplimiento de la normatividad y
jurisprudencia vigentes respecto de la liquidación de las horas extras.

10. El Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. pidió que se declarara la
improcedencia de la demanda por no cumplir con los requisitos de relevancia
constitucional e inmediatez. En particular, señaló que el debate presentado por la
accionante en sede de tutela trata de un asunto de mera legalidad.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00108-01
Accionante: Ana Elvia Hernández Flórez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

11. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca argumentó que los fundamentos presentados en la demanda de
tutela por parte de la accionante son los mismos que expuso en el marco del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y en esa medida, indicó que la acción de
tutela se ejerce como una tercera instancia para reabrir debates procesales ya
resueltos.

Sentencia de primera instancia

12. En sentencia de 26 de febrero de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera
de la Corporación declaró improcedente el medio de amparo por no satisfacer el
requisito de inmediatez, pues la petición de amparo está dirigida a que se deje sin
efecto la sentencia de 15 de marzo de 2024 proferida por la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La decisión
atacada fue notificada el 19 de marzo de 2024, de tal manera que la acción de tutela
fue ejercida en un lapso superior a un año y medio.

13. En el caso concreto se concluyó que la actora no aportó información que
permitiera flexibilizar el plazo de inmediatez.

Recurso de impugnación

14. Edgar Alfonso Rodríguez Pedraza, apoderado judicial de Ana Elvia Hernández
Flórez, impugnó, pues indicó que no se presentó en incumplimiento del requisito de
inmediatez. Afirmó:

“se debe advertir que contrario a lo afirmado en el fallo, la presente acción
de tutela no fue presentada en fecha de 14 de enero de 2026, sino que
fue presentada en fecha de 25 de septiembre de 2026 (sic) con el
radicado número 3184485, suceso diferente es que por error de la
Secretaría del Honorable Concejo (sic) de Estado, no le habían dado
tramite a la impugnación, como se evidencia de la afirmación aquí
realizada me permito mostrar la imagen de la radicación de la tutela.”

15. Adicionalmente indicó que, en las Sentencias SU-484 de 2008 y en la T-1037
de 2012, la Corte Constitucional ha admitido acciones de tutela que se hubiesen
presentado, incluso pasado el plazo que se ha tenido como prudente, y recordó que
el mismo puede flexibilizarse teniendo en cuenta circunstancias especiales, en
cuanto a su radicación, como sería el nexo de causalidad el cual se puede sustentar
teniendo presente que una de las sentencias con las cuales se constituye la
violación al derecho a la igualdad y al desconocimiento del precedente judicial
quedó en firme en el mes de febrero de 2025, mostrando que no están tan alejadas
de las circunstancias de violación a los derechos fundamentales y la presentación
de la acción constitucional.

16. Agregó que es claro que la violación de los derechos fundamentales aquí
alegados se mantiene en el tiempo, por cuanto los derechos alegados tienen
implicaciones en la liquidación de la asignación pensional de su poderdante, lo que
constituye una afectación constante que permite la flexibilización del requisito de

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00108-01
Accionante: Ana Elvia Hernández Flórez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

inmediatez. Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, y en
consecuencia amparar y dejar sin efecto la decisión judicial atacada.

CONSIDERACIONES
Competencia

17. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de
segunda instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo
indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo
13 del Acuerdo 080 de 2019.

Determinación del problema jurídico

18. A juicio de esta Sala, de manera preliminar, deberá establecerse si la acción de
tutela satisface las reglas jurisprudenciales y constitucionales de procedencia de la
acción de tutela contra la sentencia del 15 de marzo de 2024 proferida por la Sección
Segunda, Subsección E del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, notificada el
19 de marzo del mismo año. Se trata de un ataque constitucional radicado el 14 de
enero de 2026. El apoderado de la parte impugnante sostiene que la acción fue
radicada el 25 de septiembre de “2026”, y que si bien, en todo caso, la acción de
amparo sí se presentó por fuera de los seis meses previstos jurisprudencialmente,
ello se debe a que las decisiones judiciales que se estiman desconocidas fueron
proferidas después del fallo atacado.

19. Entonces, en el caso concreto, se debe establecer si se satisface el requisito de
inmediatez. En caso afirmativo, corresponderá determinar si se cumplen las demás
causales generales de procedencia formal.

Procedencia general de la acción de tutela contra providencias

20. Debe recordarse que, además del requisito de inmediatez, la acción de tutela
contra providencias judicial debe satisfacer los requisitos de i) legitimación por activa
y por pasiva, i) relevancia constitucional, iii) subsidiariedad, iv) irregularidad procesal
decisiva, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, y vi)
que no se ataquen sentencias de tutela1.

21. En relación con el requisito de inmediatez, la jurisprudencia constitucional2 ha
señalado que, el tutelante debe ejercer el medio de amparo dentro de un plazo
razonable contado a partir del hecho que origina la presunta vulneración del
derecho fundamental. Cuando la tutela se dirige contra providencias judiciales,
dicho término se contabiliza desde la notificación de la decisión, por ser ese el
momento en que se entiende conocida por las partes. Así, la inmediatez no
responde a un lapso fijo y uniforme. En su lugar, este requisito constituye un juicio
de razonabilidad que debe atender las particularidades de cada asunto.

1
Conceptos ampliamente explicados por la Corte Constitucional en sentencias C-590 de 2005 entre
otras.
2
Corte Constitucional, Sentencias SU-210 de 2017 y SU-108 de 2018.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00108-01
Accionante: Ana Elvia Hernández Flórez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

22. Se ha indicado que la inmediatez no puede reducirse a un umbral temporal
perentorio, pues exige valorar las circunstancias concretas de cada asunto dirigido
a establecer si el tiempo transcurrido entre la sentencia atacada y la demanda de
tutela resulta compatible con la finalidad urgente de la tutela y con la preservación
de la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

23. Respecto del requisito de relevancia constitucional en la tutela contra
providencias judiciales, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional
consiste en un examen a las razones que expone el tutelante en la petición de
protección. Se ha indicado que, si bien la acción de tutela no precisa de una técnica
argumentativa especializada o erudita, sí exige un esfuerzo por parte del actor para
presentar justificaciones desde una perspectiva en la que se invoque y demuestre
la vulneración de una norma supralegal. Además, se ha señalado que por esa vía
están descartadas razones que reiteran argumentos resueltos dentro del proceso
ordinario, de carácter estrictamente económico, de mera legalidad, o en la que se
pretende utilizar el amparo como una instancia adicional.

24. Las providencias de unificación3 han indicado que el juez de tutela debe declarar
improcedente la acción cuando: (i) la controversia no tiene el alcance para
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y,
(iii) que no se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales.

Resolución del problema jurídico

25. En el caso concreto, en el recurso de impugnación, el apoderado sostiene que
la acción de tutela no se radicó el 14 de enero de 2026, como lo concluyó el fallo de
amparo de primera instancia, sino el 25 de septiembre de “2026” (sic). Esta Sala
entiende que el apoderado hacía referencia al año 2025, y en ese evento la acción
de tutela se habría presentado, en criterio de la parte actora, al año y seis meses de
la decisión judicial atacada. Se insiste, la providencia cuestionada es de 15 de
marzo de 2024, notificada el 19 del mismo mes y año, y conforme la tesis de la parte
actora, la petición de protección constitucional se radicó el 25 de septiembre de
2025, es decir, a los 18 meses de proferida la decisión.

26. Como lo indica el apoderado de la parte impugnante, el requisito de inmediatez
no debe entenderse como un término de caducidad, sino como la exigencia de
acudir al juez constitucional dentro de un plazo razonable, atendidas las
particularidades de cada caso. Por ello, su análisis no puede reducirse a la simple
confrontación de dos fechas. Sin embargo, en este asunto, el apoderado no expuso
un argumento constitucionalmente relevante que permita justificar que la acción de
tutela fue ejercida dentro de un plazo razonable.

3
SU-033 de 2018, SU-128 de 2021 y la SU-215 de 2022.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00108-01
Accionante: Ana Elvia Hernández Flórez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

27. En el escrito de impugnación, el apoderado afirmó que, con posterioridad a la
providencia cuestionada, algunas autoridades judiciales han proferido fallos
favorables a la tesis planteada en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. Al respecto, indicó lo siguiente: “uno de los fallos en los cuales se sustenta
la violación al derecho a la igualdad quedaron en firme (sic el día 25 de febrero de
2025”4 dentro del radicado 110013342053-2020-00374-01. Sin embargo, no
identificó la autoridad judicial que profirió dicha decisión ni explicó por qué ese
pronunciamiento debía ser tenido en cuenta para examinar el requisito de
inmediatez. A juicio de esta Sala, el apoderado presentó manifestaciones generales
que no permiten establecer las razones concretas por las cuales, aun si se tomara
como fecha de presentación de la tutela el 25 de septiembre de 2025, y no el 14 de
enero de 2026 registrado en SAMAI, la acción se habría ejercido dentro de un plazo
razonable.

28. Para esta Sala, la acción de tutela fue promovida el 14 de enero de 2026, en
contra de una providencia ordinaria proferida el 15 de marzo de 2024, pero, incluso
si se tomara como fecha para examinar la inmediatez, el 25 de septiembre de 2025,
fecha en la que el apoderado de la parte actora afirma que radicó la demanda de
amparo, la demanda habría sido presentada con desconocimiento del principio de
inmediatez, toda vez que habría transcurrido más de un año, y sin ofrecer
justificaciones que permitan concluir, en el caso concreto, que se acudió de manera
razonable y oportuna.

29. Aunque la falta de inmediatez basta para declarar improcedente la acción, la
Sala advierte, además, que tampoco se satisface el requisito de relevancia
constitucional. En efecto, los argumentos de la parte actora se orientan a reabrir el
debate decidido en el proceso ordinario, en relación con la liquidación del recargo
nocturno y la valoración del precedente judicial invocado, sin acreditar una
afectación iusfundamental autónoma que habilite la intervención del juez de tutela.

30. A juicio de esta Sala, el amparo busca reabrir una discusión procesal que fue
resuelta en sede de dos instancias por los jueces naturales del asunto
administrativo, razón por la cual, la acción de tutela no puede convertirse en un
medio para obtener un tercer fallo. Por las anteriores razones se confirmará el fallo
de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4
Folio 2 del escrito de amparo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00108-01
Accionante: Ana Elvia Hernández Flórez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora Ana Elvia
Hernández Flórez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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