Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00109-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00109-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00109-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
10 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Defecto sustantivo – desconocimiento del precedente.
Amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por Hornell Guillermo Herrera Pereira contra
el Tribunal Administrativo del Cesar.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Hornell Guillermo Herrera Pereira, por conducto de apoderado judicial, promovió acción
de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela
efectiva, a la seguridad jurídica y al principio de favorabilidad1, que estimó vulnerados por
el Tribunal Administrativo del Cesar con ocasión a la sentencia proferida el 3 de julio de
2025, mediante la cual confirmó el fallo dictado el 27 de marzo de 2025 por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar, que negó las pretensiones de la
demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 20001-33-33-007-2024-00127-01.
2. Hechos
Del escrito de tutela y de los documentos allegados al presente trámite se desprenden los
siguientes supuestos fácticos:
2.1. El accionante expuso que contaba con más de 55 años de edad y que prestó sus
servicios en el sector educativo oficial, inicialmente mediante contratos de prestación de
servicios en el año 1998. Precisó que, con posterioridad, fue vinculado a través de una
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7E7FB6A7D73D43B6.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
relación legal y reglamentaria a partir del año 2004, situación que, según afirmó, se
mantenía vigente para la fecha en que promovió el medio de control ordinario. A partir de
esa trayectoria laboral, sostuvo que reunía las condiciones para reclamar el
reconocimiento de su pensión de jubilación conforme al régimen previsto en la Ley 33 de
1985.
2.2. Adujo que el 21 de febrero de 2024 presentó reclamación administrativa ante la
Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el Municipio de Valledupar, con el propósito de obtener el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación bajo el régimen antes referido.
Señaló que la administración no emitió respuesta frente a esa solicitud, por lo que
consideró configurado el acto ficto. Con fundamento en ello, promovió demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación-Ministerio de Educación
Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto presunto que negó la prestación y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara el reconocimiento de la pensión de jubilación
en cuantía equivalente al 75% de los salarios y demás emolumentos devengados durante
el año anterior a la adquisición del estatus pensional, con efectividad a partir del 6 de
enero de 2024.
2.3. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Valledupar bajo el radicado núm. 20001-33-33-007-2024-00127-00, autoridad judicial
que, mediante sentencia del 27 de marzo negó las pretensiones de la demanda.
Para sustentar su decisión, concluyó que no era procedente contabilizar, para efectos del
régimen especial del Magisterio, el tiempo durante el cual el actor prestó sus servicios
mediante contratos de prestación de servicios, pues la normativa aplicable exige una
vinculación formal mediante nombramiento en propiedad o provisionalidad para adquirir
la calidad de docente oficial. Precisó que, aunque la primacía de la realidad permite
reconocer la existencia de una relación laboral, ello no implica el reconocimiento de la
condición de empleado público, ya que deben concurrir los requisitos propios del acceso
a la función pública.
En consecuencia, consideró que, al haber sido vinculado formalmente con posterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, al actor le era aplicable el régimen general
previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, cuyos requisitos para acceder a la
pensión de vejez no acreditó. Si bien admitió que el tiempo laborado mediante contratos
de prestación de servicios podía computarse como semanas cotizadas, estimó que ello
no era suficiente para consolidar el derecho pensional reclamado. Por tal razón, declaró
ajustados a derecho los actos administrativos cuestionados y prosperaron las
excepciones propuestas por las entidades demandadas.
2.4. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación al
considerar que el a quo aplicó indebidamente el régimen pensional al fijar como fecha de
ingreso al servicio docente el 12 de abril de 2004, cuando el demandante fue nombrado
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0000
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Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
en provisionalidad. Sostuvo que este ya prestaba servicios como docente oficial desde
1998 mediante contratos de prestación de servicios celebrados con el departamento del
Cesar, razón por la cual su vinculación al servicio educativo oficial era anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y, en consecuencia, le resultaba aplicable el
régimen de transición previsto en el artículo 81 de esa ley y la pensión regulada por la Ley
33 de 1985, mas no el régimen general establecido en la Ley 100 de 1993.
Asimismo, afirmó que la sentencia desconoció el principio de primacía de la realidad
sobre las formas al excluir los periodos laborados mediante contratos de prestación de
servicios, pese a que estos reunían los elementos de una relación laboral y correspondían
al ejercicio de funciones docentes en instituciones oficiales. Agregó que la jurisprudencia
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha reconocido que dichos periodos
pueden computarse para efectos pensionales sin que sea necesario obtener previamente
una declaración judicial de contrato realidad.
Igualmente, cuestionó que el fallo condicionara la determinación del régimen pensional a
la existencia de un nombramiento legal y reglamentario, pues, a su juicio, basta acreditar
la prestación del servicio docente oficial antes del 27 de junio de 2003. De igual manera,
reprochó la valoración efectuada de las pruebas documentales, al sostener que los
contratos y las órdenes de prestación de servicios demostraban el ejercicio de la función
docente y no podían ser desestimados por carecer de la firma del contratante, toda vez
que no fueron tachados ni controvertidos por la parte demandada. Finalmente, sostuvo
que la falta de afiliación oportuna al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio no podía afectar el derecho pensional del demandante, sino que generaba la
obligación de la entidad territorial de asumir las prestaciones correspondientes.
2.5. Mediante sentencia del 3 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar,
confirmó íntegramente la decisión de primera instancia. Expuso que el régimen pensional
aplicable era el previsto en la Ley 100 de 1993, por cuanto la vinculación al servicio
educativo oficial se produjo el 12 de abril de 2004, fecha en la que el actor tomó posesión,
en provisionalidad, del cargo de docente en el municipio de Valledupar, esto es, con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Asimismo, descartó la posibilidad de tener como fecha de ingreso al servicio público
docente el año 1998, época en la que el demandante laboró como educador contratista
del Departamento del Cesar, al considerar que la condición de contratista por prestación
de servicios no confería la calidad de empleado o servidor público.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela
efectiva, a la seguridad jurídica y al principio de favorabilidad. En consecuencia, pidió:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la sentencia
proferida el día 3 de julio de 2025, en el expediente identificado con radicado No. 20-
001-33-33-007-2024-000127 01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA, CONFIANZA LEGÍTIMA, IGUALDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA del
señor HORNELL GUILLERMO HERRERA PEREIRA, por desconocimiento del
precedente jurisprudencial consolidado por el Honorable Consejo de Estado en
materia de la aplicación del régimen pensional del personal docente oficial.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y, se profiera una nueva con fundamento en la normatividad
aplicable al caso de la parte actora, esto es, Ley 33 de 1985, en los términos
solicitados en la demanda y, atendiendo al precedente jurisprudencial del Máximo
Órgano de lo Contencioso Administrativo”2.
Como fundamento a sus pretensiones la parte actora sostuvo que la decisión cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, al aplicar una interpretación jurídica que, en su criterio,
desconoció la normativa y la jurisprudencia vigente sobre la materia. Señaló que el
tribunal consideró que los períodos laborados mediante contratos de prestación de
servicios únicamente podían computarse para efectos pensionales, mas no para
establecer la fecha de ingreso al servicio público docente y, con fundamento en esa
premisa, concluyó que no resultaba aplicable el régimen previsto en la Ley 33 de 1985. En
oposición a esa conclusión, afirmó que el reconocimiento de la pensión conforme al
régimen anterior a la Ley 812 de 2003 solo requería acreditar la prestación del servicio
público educativo oficial con anterioridad a su entrada en vigor, sin que la naturaleza
contractual o legal del vínculo constituyera un requisito excluyente.
Asimismo, alegó el desconocimiento del precedente vertical, por cuanto el Tribunal
Administrativo del Cesar se apartó, sin una justificación suficiente, de la jurisprudencia del
Consejo de Estado que estimó aplicable al caso. Cuestionó que la autoridad judicial
hubiera fundamentado su decisión en providencias anteriores a la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 o en decisiones relativas a
supuestos fácticos distintos, como la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021,
referente a una contratista de la Personería de Medellín. En contraste, sostuvo que el
precedente relevante consolidó la regla según la cual debe atenderse la primera fecha de
ingreso al servicio educativo oficial, sin distinguir si el vínculo surgió de una relación legal
y reglamentaria o de contratos de prestación de servicios.
Manifestó que esa interpretación restrictiva vulneró los derechos a la igualdad, la
seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, puesto que, según expuso, el Consejo de
Estado había reconocido en casos sustancialmente análogos la relevancia del tiempo
servido como docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 para
determinar el régimen pensional aplicable. En consecuencia, afirmó que la autoridad
judicial impuso requisitos no previstos por la jurisprudencia y adoptó una posición
contraria a la regla fijada por el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sin exponer una motivación suficiente que justificara su apartamiento de
ese precedente. Para el efecto, la parte accionante citó jurisprudencia de las dos
subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, entre otras:
2
Ibid.
4
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
“Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 23 de
mayo de 2023 (sic), dentro del proceso radicado No. 25000-23-42-000-2019-01673-
01 (1950-2023)
“Según el marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que debe recordarse
es que las vinculaciones de un docente en interinidad, incluso bajo la modalidad
contractual de OPS, no impide considerar tales tiempos para establecer el régimen
pensional aplicable”.
(…)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia
del 4 de julio de 2024, dentro del medio de control con número de identificación
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), analizó el caso de una docente que
reclamaba el reconocimiento pensional bajo la Ley 33 de 1985, acreditando períodos
laborados tanto bajo vinculación contractual como en relación legal y reglamentaria
(…)”3.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 20 de enero de 20264, la Magistrada ponente admitió la acción de
tutela; vinculó en calidad de terceros con interés, a la Nación-Ministerio de Educación
Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; solicitó al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar para que remitiera el expediente objeto
de amparo; ordenó la notificación a las partes; y dispuso la suspensión de los términos.
Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar 5 y el Tribunal
Administrativo del Cesar6 allegaron el expediente digital del proceso objeto de la acción
de tutela, sin embargo, guardaron silencio respecto de la solicitud de tutela.
4.2. El Ministerio de Educación Nacional7 informó que no le era posible pronunciarse
sobre la acción de tutela, pues, aunque fue notificado por correo electrónico del traslado y
del auto admisorio, dichos documentos no fueron adjuntados y, al consultar el expediente
en SAMAI, el escrito de tutela aparecía clasificado, lo que le impedía conocer los hechos
objeto del trámite.
Por lo anterior, advirtió que la falta de una notificación en debida forma podía configurar la
causal de nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 133 del CGP, por vulneración de su
derecho de defensa y del debido proceso. En consecuencia, solicitó que se remitieran el
escrito de tutela y el auto admisorio, y que el término para ejercer su defensa no
comenzara a correr hasta que la notificación se surtiera correctamente.
3
Ibid.
4
Índice 00005 del aplicativo SAMAI, certificado 551CBBAB046A5A6C B66C328985ECD639 EF6AEFB5F9D20AB1
04FE1170AD8CEDB4.
5
Índice 00009 del aplicativo SAMAI, certificado D190C289864F610F BA9A218919E2295D CC4F36E281FBC674
C1B5EBDDCCEAEF3C.
6
Índice 00015 del aplicativo SAMAI, certificado 423FA9E9E212C343 575F87FE7769929D 1850F5C9C589A6BD
86DED1DF3979D0E5.
7
Índice 00011 del aplicativo SAMAI, certificado 9D1C0805DE85F8FA A65532AB4083276B 4EF3D022385CFED1
3E0C771926D7CD82.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
5. Trámite adicional
Advertida la situación por parte de Ministerio de Educación, el Despacho ponente,
mediante auto del 23 de febrero de 2026 8, ordenó que, por conducto de la Secretaría
General de la Corporación, notificarle en debida forma el auto admisorio del 20 de enero
de 2026 y se le remitiera el escrito de tutela, junto con los anexos, con el fin de que se
pronuncie sobre las pretensiones de amparo.
Notificado el referido proveído se recibió la siguiente respuesta:
5.1. El Ministerio de Educación Nacional9 informó que recibió la solicitud radicada con
el número 2026-ER-0093734 el 3 de marzo de 2026 y señaló que dio inicio al trámite
correspondiente mediante su remisión a la dependencia competente. Asimismo, indicó
que emitiría una respuesta dentro del término legal; sin embargo, no obra prueba de que
esta hubiera sido expedida o comunicada.
6. Ponencia derrotada y trámite posterior
El consejero ponente, William Barrera Muñoz, registró proyecto de fallo, el cual fue
discutido por la Sala de Subsección el 10 de abril de 2026. No obstante, al no obtener la
mayoría de votos requerida para su aprobación, mediante auto del 22 de junio de 202610
el expediente fue remitido al despacho de la suscrita ponente para la elaboración de una
nueva ponencia.
El expediente ingresó al despacho el 24 de junio de 2026. Sin embargo, antes de adoptar
una decisión de fondo, la magistrada ponente advirtió la posible configuración de una
nulidad por indebida integración del contradictorio. En consecuencia, mediante auto del 9
de julio de 202611, ordenó vincular al departamento del Cesar y al municipio de
Valledupar como terceros con interés, por haber intervenido en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho dentro del cual se profirió la providencia judicial
cuestionada.
Notificada esa decisión, se recibieron las siguientes intervenciones:
6.1. El municipio de Valledupar-Secretaría de Educación 12, por intermedio de
apoderado, se opuso a las pretensiones de amparo y pidió declarar la improcedencia de
la acción por falta de relevancia constitucional. Sostuvo que el actor pretendía que el juez
constitucional: (i) volviera a valorar el debate sobre la legalidad del decreto salarial; (ii)
reinterpretara el fondo del asunto sobre la presunta violación al derecho a la igualdad y el
8
Índice 00020 en el aplicativo SAMAI, certificado C48826CD4A19120D 338FE54CA00E1CB9 44B38D807F4989E7
0E090E3DDCDBA610.
9
Índice 00025 del aplicativo SAMAI, certificado 53E4403E393487E3 0400B03C7F19C729 559969648635FDF7
65B2AD2E5D883A74.
10
Índice 00028 del aplicativo SAMAI, certificado 38A95A76388755BB F7773C25921E212B 6F7B36AA24831177
5F35347AFF03B3B6
11
Índice 00035 del aplicativo SAMAI, certificado EAC91A0F7DC2F9B7 3D37593E64E565DD 4DE75708F24726D9
F488B378068CC5D8.
12
Índice 00040 en el aplicativo SAMAI, certificado DD577D3A9AF92FBA 578E6044944600AE 239D73A50DE60D6E
FE87DA2B4F236677.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
sustento normativo de los actos administrativos; y (iii) reemplazara el criterio técnico y
jurídico del juez contencioso administrativo que ya decidió el fondo del asunto. Por lo
tanto, era posible colegir que buscaba utilizar el mecanismo constitucional como si se
tratara de una tercera instancia.
6.2. El departamento del Cesar-Secretaría de Educación13, por intermedio de la
secretaria de Educación Departamental, solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional. Manifestó que no le correspondía pronunciarse sobre el fondo de la acción
de tutela, por cuanto esta controvierte la sentencia proferida el 3 de julio de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 20001-33-33-007-2024-00127-01. En ese sentido, sostuvo que
corresponde exclusivamente a dicha autoridad judicial explicar y defender las decisiones
adoptadas en ejercicio de la función jurisdiccional.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. Se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto el señor
Hornell Guillermo Herrera Pereira es el titular de los derechos fundamentales que afirma
les fueron vulnerados, en su condición de demandante dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 20001-33-33-
007-2024-00127-01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Tribunal
Administrativo del Cesar fue la autoridad que profirió la decisión que, según la parte
actora, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
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Índice 00041 en el aplicativo SAMAI, certificado 66373AE29F5A3585 4D8D13137B7CAB59 FAEFE02E82C641D2
96DC103CBB90A9DE.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 14 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela15 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto16.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”17.
5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
5.1. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de
forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el asunto que entra a
resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano
de cierre sobre la materia18.
14
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
16
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
«La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de
relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico» lo que implica
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
En el presente asunto, la Sala observa que el actor no se limitó a manifestar su
desacuerdo con el sentido de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar. Por el contrario, identificó de manera expresa los derechos fundamentales que
consideró vulnerados, particularmente el debido proceso y la igualdad, y atribuyó dicha
afectación a la configuración de un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente,
al excluir los tiempos laborados mediante contratos de prestación de servicios para
determinar la fecha de ingreso al servicio docente oficial y negar la aplicación del régimen
de la Ley 33 de 1985. Sostuvo que dicha interpretación se apartó injustificadamente de la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado e impuso requisitos no previstos por esta,
con afectación de los derechos a la igualdad, la seguridad jurídica y la tutela judicial
efectiva.
La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de encontrarse
configurados los defectos invocados, prosperaría la pretensión de amparo de ordenar a la
autoridad accionada emitir una nueva providencia en la que se estudie el asunto de cara a
la jurisprudencia del Consejo de Estado.
5.2. El accionante no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios
para la protección de los derechos fundamentales que consideró vulnerados, pues agotó
las instancias respectivas dentro del medio de control con radicado núm. 20001-33-33-
007-2024-00127-01 en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
5.3. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la providencia que
profirió el Tribunal Administrativo del Cesar el 3 de julio de 2025, fue notificada el 8 de julio
de 2025 por mensaje de datos, por lo que cobró ejecutoria el 15 de julio siguiente y el
escrito de tutela se presentó el 13 de enero de 202619, esto es, dentro del plazo de seis (6)
meses establecidos por la jurisprudencia constitucional20 y del Consejo de Estado21 como
razonable.
5.4. La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, sin que de tales planteamientos pueda advertirse una posible
irregularidad procedimental. Finalmente, la providencia reprochada no fue una
sentencia emitida dentro de un trámite de tutela.
revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los
eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares
más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos
fundamentales».
19
Índice 00003 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado CEE48ABF6141C6C3
C52549403D0E614E 3344BCABEBF763FF 40CE7F238461170F.
20
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
6. Defecto sustantivo
La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo se
presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma
claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue
derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad material
con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado22.
De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la acción
de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una
norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para escoger, entre
diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el
ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución
Política.
Así entonces, el alto tribunal constitucional se pronunció sobre la limitación del principio
de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
“(…) Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e
integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las
disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción
a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa
aplicación (…)”23.
En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los jueces
para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a su estudio
no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del parámetro de la
efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución, que
pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con su inaplicación y con
la aplicación de un precepto inexistente.
Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter
normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar eficacia a los
derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los derechos humanos
(artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho
22
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-649 del 19 de octubre de 2017, proceso con radicado T 3.402.625.
M.P. Alberto Rojas Ríos.
23
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-284 del 5 de abril de 2006, proceso con radicado
T-1.244.552. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; criterio reiterado en: Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión,
sentencia T-450 del 19 de noviembre de 2018, proceso con radicado T-6.388.862. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la
administración de justicia (artículo 228 Superior)24
7. Desconocimiento del precedente
El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República tienen
un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y relevantes, pues
se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación de la
interpretación de las normas jurídicas.
La Corte Constitucional ha considerado que el precedente se define como aquella
sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un caso determinado
que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas jurídicos resueltos,
debe ser necesariamente considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir
un fallo posterior. Frente a la obligatoriedad del precedente, el alto tribunal constitucional
ha manifestado:
“90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales” 25.
Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede clasificar en
dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por autoridades
judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario; y ii) vertical,
concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad
encargada de unificar la jurisprudencia26.
En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que los
jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin determinar si él mismo o el
tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación con casos
24
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-050 del 2 de febrero de 2017, proceso con radicado T 5.375.361. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
11
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales
funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia 27.
Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de que
el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a los
derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido
proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela 28.
8. Caso concreto
La Sala considera que, en el presente asunto, hay lugar a amparar los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, por las razones que se exponen a
continuación.
Del análisis del escrito de tutela se advierte que la parte actora sostuvo que la sentencia
cuestionada incurrió en defecto sustantivo y desconoció el precedente judicial vertical, al
considerar que los períodos laborados mediante contratos de prestación de servicios solo
podían computarse para efectos pensionales y no para establecer la fecha de ingreso al
servicio público docente, lo que condujo a excluir la aplicación del régimen previsto en la
Ley 33 de 1985. A su juicio, bastaba acreditar la prestación del servicio educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, sin que la naturaleza del
vínculo constituyera un requisito excluyente.
Asimismo, afirmó que el Tribunal Administrativo del Cesar se apartó, sin motivación
suficiente, de la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, en particular de la
sentencia SUJ-014-CE-S2-2019, al fundamentar su decisión en providencias anteriores o
referidas a supuestos fácticos distintos. En su criterio, esa interpretación vulneró los
derechos a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, al exigir
requisitos que la jurisprudencia no contempla para determinar el régimen pensional
aplicable.
Al respecto, la Sala estima pertinente examinar de manera conjunta los cargos
relacionados con el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente, por cuanto
ambos se sustentan en una misma premisa: la presunta interpretación errónea del
régimen pensional aplicable a los docentes que prestaron servicios mediante contratos de
prestación de servicios antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. En efecto,
27
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
28
Ibidem: “En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente
horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige
que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca
expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su
existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos
fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que
el precedente no es válido, correcto o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos
requisitos, se entienden garantizados tanto el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e
independencia de los operadores judiciales”.
12
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
la parte actora sostiene que dicha interpretación condujo a la autoridad judicial accionada
a excluir esos períodos para establecer la fecha de ingreso al servicio docente oficial y,
como consecuencia de ello, a negar la aplicación del régimen pensional previsto en la Ley
33 de 1985, en contravía de la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado. En
ese contexto, la Subsección advierte que los defectos invocados se encuentran
estrechamente vinculados, pues el presunto desconocimiento del precedente constituye
el fundamento del alegado defecto sustantivo, razón por la cual su análisis se efectuará
de manera conjunta.
8.1. Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
Ahora bien, del análisis de la sentencia proferida el 3 de julio de 2025 se advierte que el
Tribunal Administrativo del Cesar fundamentó su decisión en las siguientes
consideraciones:
“En el presente asunto se encuentra demostrado lo siguiente:
-. Que, según la copia de la cédula de ciudadanía y el Registro Civil de Nacimiento
allegado al plenario, el señor Hornell Guillermo Herrera Pereira nació el 28 de marzo
de 1962, por lo que en la actualidad cuenta con 63 años de edad.
-. Que, prestó sus servicios como docente oficial vinculado al Magisterio por
nombramiento en provisionalidad desde el 12 de abril de 2004 en la Institución
Educativa Milciades Cantillo del municipio de Valledupar, en virtud, de lo ordenado en
el Decreto 745 del 7 de abril de 2004, tal como lo acredita el Formato Único Para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral de fecha 27 de mayo de 2024, expedido
por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio10. A continuación se
ilustra:
-. Que, el mismo documento avizora que el demandante posteriormente fue vinculado
en propiedad desde el 10 de noviembre de 2010, en la misma plaza que venía
ocupando, por haber superado el concurso de méritos en la carrera docente y haber
aprobado el respectivo periodo de pruebas:
-. Por otra parte, se observa que la parte actora allegó copia de los siguientes
contratos o autorización de prestación de servicios que suscribió con el Departamento
del Cesar, de la siguiente manera:
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
• La anterior información se respalda en la siguiente documentación allegada por la
parte actora: (i) copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1530 de
fecha 1° de septiembre de 1998 (contrato de autorización de servicios No. 201); (ii)
Resolución No. 943 del 14 de octubre de 1998 que ordena el pago de una asignación
mensual a favor del demandante por el servicio prestado como docente desde el 1° al
30 de septiembre de 1998;
-.Que, el 9 de febrero de 2024 el demandante rindió la declaración extraprocesal No.
601 ante la Notaria Tercera del Círculo Notarial de Valledupar, en la que consignó que
“A la fecha no recibo, ni gozo de algún pago de pensión de ninguna persona natural o
jurídica de carácter oficial y/o privada del orden Municipal, Departamental y/o
nacional”.
-. Que, el demandante presentó reclamación administrativa ante las entidades
demandadas el 21 de febrero de 2024, donde solicitó el reconocimiento y pago de una
pensión ordinaria de jubilación.
Decantado lo anterior, advierte la Sala que el régimen pensional aplicable al señor
Hornell Guillermo Herrera Pereira es el previsto en la Ley 100 de 1993, tal como
acertadamente lo determinó el a quo, por cuanto la fecha de vinculación al servicio
educativo oficial, aconteció el 12 de abril de 2004, cuando tomó posesión –en
provisionalidad- del cargo de docente en el municipio de Valledupar; fecha esta
posterior al 27 de junio de 2003, cuando entró en vigencia la Ley 812 de 2003, por
ende, la pensión de jubilación en su caso particular debe regirse en todo por las reglas
del régimen de prima media con prestación definida contenido en la Ley 100 de 1993.
Para la Sala no es admisible tener como fecha de ingreso al servicio público docente
aquella en la que el señor Herrera Pereira comenzó a trabajar como educador
contratista del departamento del Cesar, que sí resulta anterior a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, puesto que la calidad de contratista por prestación de servicios
no confiere la calidad de empleado o servidor público ni aún en el evento de que se
llegare a estimar que dicha vinculación realmente correspondía a una relación laboral
como bien lo ha decantado la jurisprudencia del máximo órgano de lo contencioso
administrativo29
En los casos donde se asume, por favorabilidad y dada la relevancia constitucional de
los derechos que están en juego al tratarse de una prestación pensional de un
afiliado, que los tiempos laborados mediante contratos u órdenes de prestación de
29
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de febrero de 2016, rad.: 81001-23-33-000
2012-00020-01 (0316-14), M.P.: Gerardo Arenas Monsalve; sentencia del 25 de enero de 2001, rad.: 73001-23-31-000-
1680 01 (1654-00), M.P.: Nicolás Pájaro Peñaranda; y sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de
septiembre de 2021, rad.: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
servicios es computable para efectos pensionales, ello resulta de la aplicación
concreta de una ficción jurídica o legal de que esos tiempos de cotización son
valederos para sumar tiempo de servicios únicamente para ese efecto, por ende, esa
ficción jurídica no es suficiente para estimar que la calidad de servidor público se ha
adquirido a partir de esa fecha en tanto esta asunción de tiempos de servicios sólo
tiene efectos pensionales y no produce un cambio en la situación administrativa
laboral del afiliado.
Así las cosas, no es de recibo para el Despacho que se estime como momento en que
el actor ingresó al servicio público docente a partir del año 1998 como pretende
hacerlo ver el promotor de la demanda y a partir de allí demarcar el punto de temporal
para determinar el régimen pensional aplicable a su caso particular”30.
8.2. Consideraciones de la Sala respecto de los defectos invocados
En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Cesar concluyó que al demandante
le resultaba aplicable el régimen pensional previsto en la Ley 100 de 1993, debido a que
su vinculación al servicio educativo oficial ocurrió el 12 de abril de 2004, fecha en la que
tomó posesión, en provisionalidad, del cargo de docente, esto es, con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Asimismo, precisó que el tiempo laborado con
anterioridad mediante contratos de prestación de servicios no podía tenerse en cuenta
para establecer la fecha de ingreso al servicio público docente, pues esa modalidad de
vinculación no confería la calidad de servidor público. Agregó que, si bien dichos períodos
podían computarse para efectos pensionales por expresa disposición legal, ello no
modificaba la situación administrativa del afiliado ni permitía determinar el régimen
pensional aplicable con fundamento en la fecha de celebración de tales contratos.
Frente a ese razonamiento, la Sala advierte que la jurisprudencia reciente de esta
Corporación ha sido uniforme en sostener que los períodos durante los cuales un docente
prestó sus servicios al Estado mediante contratos de prestación de servicios, con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son válidos no solo para
acreditar los 20 años de servicio exigidos por la Ley 33 de 1985, sino también para
determinar la procedencia del régimen pensional allí previsto. Lo anterior, por cuanto la
labor desarrollada durante esos períodos corresponde materialmente al ejercicio de la
función docente oficial y se ejecuta en el marco de una verdadera relación laboral, con
independencia de la denominación que las partes hubieren dado al vínculo contractual.
En ese sentido, resulta pertinente traer a colación la jurisprudencia invocada por la parte
actora en el escrito de tutela. En particular, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 23 de mayo de 2024 (expediente núm.
25000-23-42-000-2019-01673-01 (1950-2023)), señaló lo siguiente:
“Según el marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que debe recordarse
es que las vinculaciones de un docente en interinidad, incluso bajo la modalidad
contractual de OPS, no impide considerar tales tiempos para establecer el régimen
pensional aplicable.
30
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 7167F478E0B90152 EAA371C276A3852E BCF079399FE8AF06
43A2354550A4E9F4, página 259 a 272.
15
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
En realidad, en estas contrataciones el ejercicio material de la labor educativa bajo
una relación laboral encubierta, que, aunque no se declarará como tal en este
proceso por no ser parte del litigio, permite advertirla, considerarla y afirmarla
judicialmente para efectos prestacionales como los de la pensión ordinaria de
jubilación.
Lo expuesto se asegura en la medida en que la sola naturaleza de las funciones
ejercidas por la accionante durante el tiempo que celebró contratos de prestación de
servicios con el distrito capital de Bogotá, dan cuenta de que en atención al principio
de la realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53 Constitucional, y sin
necesidad de concederle judicialmente la calidad de empleada pública, aquella sí
puede ser asimilada a una docente con un vínculo oficial formal a lo largo de los
lapsos enlistados
Esto como consecuencia de la esencia propia de dicha ocupación, más aún
tratándose de una educadora en interinidad quien, como se planteó en el marco
normativo, finalmente cumple las mismas funciones de un profesor titular con
derechos de carrera, pues su vínculo, a pesar de ser temporal, lo que busca es suplir
la necesidad o urgencia de ocupar la vacante de un servidor público del magisterio.
Sobre el punto, basta con resaltar como lo hizo esta Corporación en la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016 que, en el caso de los maestros del Estado, no
existe duda sobre la prestación personal del servicio, así como la remuneración que
estos perciben por esa labor debido a la esencia del contrato celebrado, al igual que la
subordinación y dependencia a la que están sometidos debido a la falta de autonomía
y discrecionalidad que se predica del desarrollo de esta actividad educativa, pues está
regulada por los lineamientos revisados, controlados y materializados en órdenes de
un superior.
Debido a este planteamiento, cabe afirmar que los tiempos de servicio de la señora
León Cifuentes bajo la modalidad de profesora interina contratada por OPS, sí deben
computarse para materializar el reconocimiento de una pensión de jubilación, y que
las fechas de cada vínculo deben validarse como períodos de labor oficial educativa
que pueden analizarse por la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27
de junio de 2003)”.
Asimismo, la misma Subsección A en sentencia del 19 de junio de 2025, radicado 15001-
23-33-000-2021-00361-01 (2266-2023), abordó un caso similar al sub lite y sostuvo lo
siguiente:
“23. Aunque las pruebas recaudadas en el proceso no permiten establecer las formas
de vinculación al servicio docente entre 1987 y 1989, la Sección Segunda del Consejo
de Estado ha fijado de manera pacífica la regla jurisprudencial a partir de la cual se
precisa que los períodos en los que un maestro hubiere laborado en el sector público
a través de contratos de prestación de servicios, con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, son válidos para efectos de acceder al régimen
pensional de que trata la Ley 33 de 1985 y acreditar los 20 años de servicio que esta
última exige para adquirir el derecho a una pensión de jubilación, teniendo en cuenta
que la labor desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la condición de
docente oficial y se ejecuta en el marco de verdaderos vínculos de naturaleza laboral,
con independencia de la denominación contractual que se les designe31.
31
Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-00082- 01 (4676-2017);
sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650- 2019); y sentencia del 20 de
junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
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Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
24. En esas condiciones, los períodos comprendidos entre el 1.° de febrero de 1987 y
el 1.° de agosto de 1989, durante los cuales la demandante laboró como docente en el
municipio de Tame (Arauca) y el departamento de Casanare, de forma discontinua; y
desde el 1.° de febrero de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2003, cuando se
desempeñó como docente del municipio de Sogamoso (Boyacá), mediante contratos
de prestación de servicios, de manera interrumpida, son computables para efectos de
establecer su vinculación al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de 2003 y
completar los 20 años de servicio que exige la Ley 33 de 1985 para acceder a la
pensión de jubilación.
25. Así las cosas, como la demandante acreditó vinculaciones a la docencia oficial
antes del 27 de junio de 2003, en los términos expuestos, la Sala concluye que su
régimen pensional es el previsto en la Ley 33 de 1985, con base en la cual el
«empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos
y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años» de edad tiene derecho a una
pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio mensual de los factores
salariales percibidos en el año anterior a la consolidación del estatus pensional,
enlistados en la Ley 62 de 1985 y en decretos posteriores como factores computables
para efectos pensionales, prestación que es compatible con el salario devengado en
ejercicio de la actividad docente pública, conforme con los artículos 19 (literal g) de la
Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972.”
Ahora bien, la parte actora invocó una sentencia proferida el 4 de julio de 2024 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado (expediente 15001-23-33-
000-2021-00637-01 (3167-2023)), en la que se señaló lo siguiente:
“Hecha tales precisiones, es evidente que la accionante cumple el requisito de los 20
años de servicios, por lo que, como se advirtió, es factible para su pensión la inclusión
de lo trabajado por medio de contratos de prestación de servicio u OPS, acorde con
esto, de la tabla se calcula que laboró en esa condición durante 6 años, 1 mes y 15
días y, en cuanto al ente territorial, tiene la responsabilidad de contribuir con los
aportes que no se efectuaron, al no haberle realizado ningún descuento durante ese
lapso”.
Por su parte, la Subsección B Sección Segunda del Consejo de Estado, en lo relativo al
asunto bajo estudio, en sentencia del mismo 19 de junio de 2025 (expediente 15001-23-
33-000-2021-00718-01) esgrimió lo siguiente:
“61. Sobre el particular, esta corporación32 ha señalado que las prácticas de
intermediación laboral, indistintamente de la modalidad de vinculación, sea
contractual, social o corporativa, —a través de cooperativas de trabajo asociado,
empresas de servicios temporales, agremiaciones sindicales de trabajadores, entre
otras—, no son pretexto para desconocer la prestación del servicio, que en este caso
es el de docente, a favor de un tercero beneficiario33.
62. Por lo expuesto, la vinculación al servicio docente de la señora Nubia Stella Pérez
Rojas, mediante contratos y órdenes de prestación de servicios, es computable para
efectos pensionales. En ese sentido, para la Sala: (i) se encuentra acreditado su
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de
mayo de 2023, Rad. 20001-23-39-000-2017-00410-00 (4521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. // Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de noviembre de
2023, Rad. 73001-23-33-000-2017-00280-01 (1632-2021), M.P. César Palomino Cortés.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de
mayo de 2023, Rad. 20001-23-39-000-2017-00410-00 (4521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. // Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de noviembre de
2023, Rad. 73001-23-33-000-2017-00280-01 (1632-2021), M.P. César Palomino Cortés.
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Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
ingreso al servicio docente desde el 1 de febrero de 1991; (ii) la demandante
demostró una vinculación con anterioridad al 27 de junio de 2003; (iii) el tiempo
laborado en los respectivos periodos se puede tener en cuenta para efectos
pensionales; (iv) por lo tanto, es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 812
de 2003, y por esa vía, de la aplicación de la Ley 33 de 1985 para el análisis de su
situación pensional”.
Igualmente, en sentencia del 19 de junio de 2025, radicado 73001-23-33-000-2021-
00360-01 (6576-2023) la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación
sostuvo:
“64. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de reconocimiento
de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de contratos
de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración de la
existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente se
solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
contractual34»35 (se destaca). Lo anterior, en virtud de los principios como el de la
primacía de la realidad sobre las formas, el de favorabilidad y el pro homine, cuya
aplicación permite que los tiempos laborados en ejercicio de la función docente
mediante contratos de prestación de servicios puedan ser computados para efectos
pensionales.
(…)
67. En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812 de
2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes del
27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, independientemente
de que posteriormente haya tenido interrupciones en el servicio o se haya vinculado
bajo otras modalidades.
68. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (i) la Ley
812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación,
únicamente estableció el criterio temporal de ingreso al servicio; y (ii) de acuerdo con
la sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199420, la diferenciación de los docentes vinculados
como empleados públicos y los contratados por prestación de servicios no puede
significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables, por cuanto realizan una actividad igual.
69. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional docente,
el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido mediante
contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen anterior.”
En sentencia del 27 de junio de 2025, radicado 15001-23-33-000-2021-00406-01 (3370-
2022), afirmó lo siguiente:
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En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación de
tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas
(artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de
febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106- 01(0156-15). M.P. Gabriel
Valbuena Hernández
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de
enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
“42. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser
un obstáculo para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que
las normas prevén. Una interpretación contraria conllevaría a mantener las
condiciones de desigualdad e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como
principio fundante del Estado social de derecho, de un grupo importante de la
población, que desarrolla una labor trascendental para la sociedad.
43. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado31, sino lo que se evidencia de esa relación, en
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la
Constitución Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho»; 228, sobre la prevalencia del derecho sustancial; y de integración
normativa derivado de los artículos 53 «[l]os convenios internacionales del trabajo
debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos,
los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad
humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y
que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno»
(…)
55. De acuerdo con lo anterior, acreditó 21 años y 15 días como docente al servicio
del Estado, por lo que completó los 20 años de servicio oficial de que trata el artículo 1
de la Ley 33 de 1985.
56. Además, cumplió con los requisitos enunciados en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, por cuanto estuvo vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad
a la entrada en vigencia de esa ley, de manera que tal y como lo dispuso el a quo
resulta beneficiario del régimen de transición fijado en ese aparte normativo.
57. Al respecto, es necesario precisar que es irrelevante que algunos tiempos de
servicio hubieran sido en virtud de órdenes de prestación de servicios y no a través de
una vinculación legal y reglamentaria o que no se hubiesen acreditado los aportes a
pensión, por cuanto el beneficio del régimen de transición de la norma antes
mencionada no establece condición alguna adicional al de haber tenido un vínculo al
servicio público
(…)
Así pues, los servicios prestados por el demandante en la modalidad contractual o de
OPS al departamento de Boyacá, resultan válidos para determinar que estuvo
vinculada al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, podía pensionarse con las normas vigentes
aplicables, la cual, para su caso era la Ley 33 de 1985.
66. Por lo expuesto, las vinculaciones del demandante a través de OPS docente, con
ocasión de los cuales prestó sus servicios en diferentes periodos entre los años 1998
y 2003, lo hacen beneficiario de la transición prevista en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, puesto que con ellos acreditó una vinculación anterior a la entrada en vigor de
esta. Con todo, tal y como lo dispuso el Tribunal, el régimen aplicable a su caso es el
contenido en la Ley 33 de 1985 que señala que el empleado oficial debe completar 55
años de edad y 20 de servicio continuos o discontinuos; los que, como se expuso
acreditó al completar ambos requisitos.”
Así las cosas, para esta Subsección resulta claro que la jurisprudencia reciente y
uniforme de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha reconocido que los períodos
laborados por docentes mediante contratos de prestación de servicios con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 son computables no solo para acreditar el
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Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
tiempo de servicios exigido por la Ley 33 de 1985, sino también para establecer que la
vinculación al servicio educativo oficial ocurrió antes del 27 de junio de 2003.
En ese contexto, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo del Cesar desconoció el
precedente judicial vigente en materia de determinación del régimen pensional aplicable a
los docentes oficiales. En efecto, esta Corporación ha precisado que no es necesario que
el docente hubiera estado vinculado mediante una relación legal y reglamentaria al 27 de
junio de 2003, pues lo determinante es acreditar que prestó sus servicios como educador
en el sector oficial antes de esa fecha, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de
2003, con independencia de la modalidad de vinculación. Por tal razón, el cargo por
desconocimiento del precedente está llamado a prosperar, sin que resulte necesario
examinar las demás providencias invocadas por la parte actora como sustento de ese
reproche.
En el presente asunto no se pretende imponer al juez natural una determinada
interpretación de las normas pensionales ni sustituir la valoración de los medios de
prueba. La intervención del juez constitucional se justifica porque la decisión cuestionada
partió de una premisa jurídica incompatible con el precedente judicial vigente, al
considerar que los períodos laborados mediante contratos de prestación de servicios
carecían, por su sola naturaleza contractual, de aptitud para acreditar la vinculación inicial
al servicio educativo oficial. No obstante, para la fecha en que se profirió la sentencia
cuestionada, la Sección Segunda del Consejo de Estado ya había establecido, de manera
reiterada, que dichos períodos pueden computarse para determinar si la vinculación al
servicio educativo oficial ocurrió con anterioridad al 27 de junio de 2003 y, en
consecuencia, definir el régimen pensional aplicable.
En esas condiciones, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso del
accionante y, en consecuencia, dejará sin efectos la sentencia proferida el 3 de julio de
2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar, ordenará a esa autoridad
judicial que profiera una nueva decisión, en la que tenga en cuenta la jurisprudencia
vigente del Consejo de Estado sobre el alcance del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y la
posibilidad de computar los períodos laborados mediante contratos de prestación de
servicios, con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, para determinar el
régimen pensional aplicable a los docentes oficiales.
Con todo, resulta pertinente precisar que las consideraciones expuestas en esta
providencia no pueden interpretarse como una orden dirigida a imponer el sentido de la
decisión que deba adoptar el juez natural, pues corresponde garantizar los principios de
independencia y autonomía judicial. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del
Cesar conservará plena competencia para valorar integralmente el material probatorio
obrante en el expediente y adoptar la decisión que estime jurídicamente procedente,
siempre que lo haga de conformidad con el precedente judicial aplicable y exponga de
manera suficiente las razones que la sustentan.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00109-00
Accionantes: Hornell Guillermo Herrera Pereira
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Hornell
Guillermo Herrera Pereira, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el fallo del 3 de julio de 2025 emitido por el Tribunal
Administrativo del Cesar dentro del expediente identificado con el radicado núm. 20001-
33-33-007-2024-00127-01, en atención a las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar que, en el término de veinte
(20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una
nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Salva voto
SABF
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