Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00110-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00110-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00110-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
24 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00110-01
Accionante: Consorcio PyC - Sedes Judiciales
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00110-01
Demandante: Consorcio PyC - Sedes Judiciales
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura-Dirección de
Infraestructura Física
Referencia: Acción de tutela
Acción de Tutela. Derecho fundamental de petición. Accede al amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionada en contra de la
sentencia del 12 de febrero de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual se amparó la solicitud de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El Consorcio PyC - Sedes Judiciales, por conducto de apoderada judicial, promovió
acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de
petición, el cual consideró vulnerado por el Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección de Infraestructura Física. Lo anterior, por cuanto, a su juicio, la entidad no
emitió una respuesta de fondo, clara, completa y oportuna frente a la solicitud
radicada el 13 de noviembre de 2025.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. La parte accionante indicó que el 21 de enero de 2021 se suscribió el acta de
inicio del Contrato de Consultoría No. 201 de 2020, celebrado entre el Consejo
Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el
Consorcio PyC - Sedes Judiciales, cuyo objeto consiste en realizar los estudios y
diseños de sedes judiciales en el territorio nacional.
2.2. Indicó que, en desarrollo del citado contrato, el consorcio ejecutó y entregó los
estudios y diseños, los cuales fueron debidamente radicados, lo que habilitaba
contractualmente el inicio del trámite de pago correspondiente.
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Accionante: Consorcio PyC - Sedes Judiciales
2.3. Manifestó que, el 25 de septiembre de 2025, mediante comunicado CONS-
SEDJ-625-2024, remitió la documentación requerida para el trámite de pago, una
vez obtenida la aprobación de la totalidad de los productos asociados a dicha sede.
2.4. Señaló que, posteriormente, mediante comunicados CONS-SEDJ-631-2025,
CONS-SEDJ-637-2025 y CONS-SEDJ-638-2025, de fechas 6, 8 y 15 de octubre de
2025, respectivamente, reiteró y ajustó la documentación presentada, atendiendo
las observaciones formuladas por la interventoría.
2.5. Expuso que, el 4 de noviembre de 2025, la entidad contratante informó, a través
de correo electrónico, que el trámite de pago se encontraba sujeto a un
procedimiento administrativo y presupuestal interno, circunstancia que, a su juicio,
resultaba contradictoria frente a los requerimientos previamente exigidos.
2.6. Indicó que, el 10 de noviembre de 2025, mediante comunicado CONS-SEDJ-
649-2025, informó la culminación de los ajustes a la documentación física de las
entregas, precisando que, aun cuando dichos requisitos no constituían condición
contractual para el pago, el proceso se encontraba totalmente finalizado.
2.7. Señaló que, el 13 de noviembre de 2025, presentó derecho de petición ante la
Unidad de Infraestructura Física del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el
cual solicitó información clara y detallada sobre el estado del trámite de pago, las
razones del retraso, los pasos pendientes, los responsables y los tiempos estimados
para su culminación.
2.8. Indicó que, el 12 de diciembre de 2025, mediante comunicado DEAJUIFO25-
508, la entidad emitió una respuesta de carácter informativo, en la que señaló la
existencia de observaciones internas pendientes, sin resolver de fondo las
solicitudes formuladas en el derecho de petición.
2.9. Agregó que, el 15 de diciembre de 2025, mediante comunicado DEAJUIFO25-
511, la entidad informó que procedería con el trámite de pago; sin embargo, dicha
comunicación tampoco atendió de manera concreta las solicitudes elevadas, ni fue
presentada como respuesta formal al derecho de petición.
2.10. Con fundamento en lo anterior, afirmó que, a la fecha de interposición de la
acción de tutela, la entidad accionada no ha emitido una respuesta de fondo, clara,
precisa y congruente al derecho de petición presentado el 13 de noviembre de 2025,
lo que configura la vulneración de su derecho fundamental de petición.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte actora interpuso acción de tutela con el propósito de obtener la protección
de su derecho fundamental de petición, el cual considera vulnerado por la Unidad
de Infraestructura Física del Consejo Superior de la Judicatura, al no emitir una
respuesta de fondo, clara, precisa, congruente y completa frente al requerimiento
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presentado el 13 de noviembre de 2025. En consecuencia, solicitó que se ordene a
la entidad accionada dar respuesta al referido derecho de petición.
Indicó que, pese a haber transcurrido el término legal de quince (15) días previsto
para resolver, conforme a la Ley 1755 de 2015, e incluso la ampliación informada
por la entidad, no se ha proferido una respuesta en los términos exigidos por el
ordenamiento jurídico.
Con fundamento en los artículos 23 y 86 de la Constitución Política, sostuvo que la
omisión de la entidad accionada configura una vulneración del derecho fundamental
de petición, en tanto este garantiza no solo la posibilidad de presentar solicitudes
respetuosas, sino también el derecho a obtener una respuesta oportuna y de fondo.
En apoyo de lo anterior, citó la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la
cual el núcleo esencial del derecho de petición radica en la pronta resolución de lo
solicitado, de manera clara, suficiente y congruente, de suerte que su
desconocimiento se configura cuando la administración no responde o lo hace de
forma tardía o incompleta. En consecuencia, solicitó que se ordene a la entidad
accionada emitir una respuesta de fondo al derecho de petición presentado.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1 Mediante auto del 21 de enero de 20261, se admitió la acción de tutela y dispuso
notificar a la parte accionada, así como vincular a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones,
allegara las pruebas que estimaran pertinentes y rindiera el informe
correspondiente. Igualmente, se ordenó la suspensión de términos.
Una vez enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.2 La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura2 solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado y,
en consecuencia, rechazar por improcedente la acción de tutela promovida por el
Consorcio PyC - Sedes Judiciales.
Al respecto, señaló que la Unidad de Infraestructura Física, mediante Oficio
DEAJUIFO26-26 del 23 de enero de 2026, resolvió de manera clara, congruente y
de fondo la petición presentada el 13 de noviembre de 2025 por el referido
consorcio, con lo que se atendió integralmente la solicitud elevada. En ese sentido,
precisó que con la expedición de dicha respuesta, desaparecieron los supuestos
fácticos y jurídicos que sustentaban la presunta vulneración del derecho
fundamental de petición invocado, lo que configura el fenómeno jurídico de la
carencia actual de objeto por hecho superado.
1
Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado núm. 51AEE66ED0C60E8B 180F0A6B227B81D6
BB535ABF767B9E4B A5EFCF2C3ABB0BFD.
2 Índice 00009 del aplicativo SAMAI, certificado núm. C09B0CBAF9655675 C8F43E338619622B
99ECFBA3F57A1029 824B6D7BD3D313F5.
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Finalmente, de manera subsidiaria, solicitó negar las pretensiones de la acción de
tutela, al considerar que no existe vulneración alguna de derechos fundamentales.
5. Sentencia de primera instancia
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de febrero de
20263, amparó el derecho fundamental de petición del Consorcio PyC - Sedes
Judiciales. Para el efecto, advirtió que, mediante escrito del 13 de noviembre de
2025, la representante legal del consorcio elevó solicitud ante el Consejo Superior
de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y que esta
última, a través del Oficio DEAJUIFO26-26 del 23 de enero de 2026, emitió
respuesta al requerimiento.
Al cotejar el contenido de la petición con la respuesta suministrada, la Sala
consideró que esta resolvía de fondo la solicitud y satisfacía los requerimientos del
peticionario, sin que fuera exigible que la contestación fuera favorable a sus
intereses, en la medida en que el derecho de petición se satisface con una respuesta
clara, precisa y congruente, aun cuando sea en sentido negativo.
No obstante, advirtió que no se acreditó la notificación en debida forma del referido
oficio, por cuanto los correos electrónicos utilizados no correspondían a los
informados por la parte actora. En consecuencia, concluyó que el derecho
fundamental de petición se encontraba vulnerado y ordenó a la Unidad de
Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial notificar
al accionante el contenido del Oficio DEAJUIFO26-26 del 23 de enero de 2026,
dentro de los 5 días siguientes a la notificación del fallo.
6. Impugnación
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura presentó escrito de impugnación4, en el cual reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la acción de tutela. Señaló que ya dio respuesta de
fondo, clara y congruente a la petición presentada el 13 de noviembre de 2025, la
cual, a su juicio, fue notificada en debida forma mediante oficio del 23 de enero de
2026.
En ese sentido, sostuvo que desaparecieron los supuestos fácticos y jurídicos que
sustentaban la presunta vulneración del derecho fundamental invocado, por lo que
se configura la carencia actual de objeto por hecho superado o, en su defecto, el
cumplimiento total de la orden de amparo.
Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia de tutela del 12 de
febrero de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su
3 Índice 00011 del aplicativo SAMAI, certificado núm. D272B674BD8E63A0 20C9C6E9E0499EFC
289D214FC2431582 B4B4EFB864FFBF00.
4 Índice 00015 del aplicativo SAMAI, certificado núm. D54EB35EF0617674 5EE5A8891781C98A
E5829B952330193F 134FAC5076C4113A.
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lugar, declarar la carencia actual de objeto o negar las pretensiones de la demanda;
subsidiariamente, pidió declarar el cumplimiento de la orden de amparo.
El magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de auto
del 25 de febrero de 20265, concedió la impugnación interpuesta por la parte
accionante.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación que presentó la parte
actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política
y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa del
Consorcio PyC - Sedes Judiciales, al ser el titular de los derechos que afirmó fueron
vulnerados, dado que fue quien presentó la petición objeto de la acción.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Unidad
de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en la
medida en que es la dependencia ante la cual se presentó la petición, por tanto, fue
su actuación a la que el accionante atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar el fallo de primera instancia que
accedió el amparo del derecho de petición.
4. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de un particular, en
los casos que establece la ley6.
5 Índice 00018 del expediente digital de primera instancia, certificado 6C662A968F209DB0
428E165F838C03CC 5E098C21662C3520 327A7CA88B132938 .
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Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete
autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el
Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada,
además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos, s iempre que estos se vean
afectados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se
encuentre dentro de los supuestos de hecho contemplados en la ley”.
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5. Derecho de petición
El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés
general o particular, y a obtener una pronta resolución. Su regulación está
establecida en el Titulo II de la Primera Parte del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7, y de acuerdo con el artículo 138
de dicho cuerpo normativo, las personas tienen derecho a presentar, solicitudes de
interés general o particular ante las autoridades, y a “obtener pronta resolución,
completa y de fondo”.
La Corte Constitucional 9 ha indicado que “(…) dentro de sus garantías se
encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe
entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación
debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al
peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En esa dirección también ha
indicado que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad de
formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término
legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”.
Además, la jurisprudencia constitucional ha definido el núcleo esencial de este
derecho bajo los siguientes términos:
“El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos
intangibles que lo identifican y diferencian frente a otro derecho, los cuales
no pueden ser intervenidos sin que se afecte la garantía. En el derecho de
petición, la Corte ha indicado que su núcleo esencial se circunscribe a: i) la
formulación de la petición; ii) la pronta resolución, iii) respuesta de fondo y
iv) la notificación al peticionario de la decisión”10. (Subrayado fuera del
texto)
De otro lado, si quien recibe la solicitud considera que no tiene competencia para
contestarla, debe informar al interesado, verbalmente o por escrito, proceder con la
remisión de esta al competente y enviar copia del oficio remisorio al peticionario. En
caso de no existir funcionario competente, así deberá comunicarlo11.
7 Título sustituido por la Ley 1755 de 2015.
8 Ley 1755 de 2015, artículo 13. “Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código,
por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre
otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o
funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de
abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación con las entidades dedicadas a su
protección o formación”.
9 Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias : T-737 de 2005., T-236 de 2005,
T-718 de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de 2013, T-268 de 2013
y T-083 de 2017, entre otras.
10 Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
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Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.
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Ante una petición respetuosa, la autoridad debe responder de manera sustantiva y
congruente con lo solicitado; pedir su complementación si es necesario, para luego
resolverla de fondo o remitirla a la autoridad competente, donde explique las
razones de su decisión, todo dentro de los plazos establecidos por la ley.
Otro punto para destacar es que a través de la Ley 1755 de 2015 12 se reguló el
término para resolver las peticiones presentadas en general, el cual es de quince
(15) días después de su recepción. Ahora bien, cuando se solicitan documentos o
información se resolverá en los diez (10) días siguientes a su recepción y si no se
le da respuesta al peticionario, se entenderá que la solicitud se ha aceptado y, por
ende, las copias se entregarán en los tres (3) días siguientes. Por su parte, el
artículo 20 ibídem prevé sobre la atención prioritaria a las peticiones de
reconocimiento de un derecho fundamental cuando estas deban ser resueltas para
evitar un perjuicio irremediable al peticionario.
En suma, el derecho de petición adquiere real importancia, por cuanto es
considerado como un instrumento fundamental con el que cuenta el Estado para
hacer efectiva la democracia participativa, pues con fundamento en este, los
ciudadanos pueden acudir ante las autoridades con el fin de informarse y hacer
efectivos los demás derechos fundamentales.
6. Caso concreto
La Sala anuncia que confirmará el fallo de primera instancia, en la medida en que
se acreditó la vulneración del derecho fundamental de petición de la parte
solicitante, por las razones que se exponen a continuación:
6.1. En el caso bajo estudio, el Consorcio PyC – Sedes Judiciales solicitó la
protección de su derecho fundamental de petición, el cual consideró vulnerado por
la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, al no haber recibido respuesta en los términos exigidos por el ordenamiento
jurídico frente a la solicitud elevada el 13 de noviembre de 2025.
6.2. Con base en los documentos aportados por la entidad accionada y la
información registrada en el expediente digital SAMAI, la Sala constata que, si bien
la Unidad de Infraestructura de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
emitió respuesta mediante Oficio DEAJUIFO26-26 de 23 de enero de 2026, la cual,
en principio, resolvía de fondo -de manera clara y congruente la petición presentada-
no se acreditó su notificación en debida forma a la parte actora.
6.3. En efecto, se advierte que la respuesta fue remitida a la dirección electrónica
proyectos@ceycorp.com, la cual difiere de la informada por la parte accionante en
el escrito de petición y en el trámite de tutela, correspondiente a
ingenieria@ceycorp.com. Dicha circunstancia impide tener por satisfecha la carga
de comunicación efectiva de la decisión adoptada.
12 Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” junio 30 de 2015.
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Tal actuación desconoce que el derecho de petición no se agota con la emisión de
una respuesta de fondo, sino que exige, además, su puesta en conocimiento del
peticionario de manera real y verificable, a fin de garantizar el acceso efectivo a su
contenido. En consecuencia, la falta de notificación en debida forma vacía de
contenido el núcleo esencial de dicha garantía.
En ese sentido, la Corte Constitucional13 ha reiterado que el derecho de petición
solo se satisface cuando el peticionario tiene conocimiento real de la respuesta, de
modo que el simple envío formal a una dirección errónea no constituye una
notificación válida, en tanto no permite conocer la volu ntad de la administración. Así,
ha precisado que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del interesado,
pues de lo contrario se desconoce el alcance material de este derecho y se vulneran
los principios que orientan la actuación administrativa, en particular, el de buena fe.
6.4. En ese contexto, la Sala concluye que la conducta desplegada por la entidad
accionada configura una vulneración del derecho fundamental de petición, en la
medida en que, pese a haberse emitido una respuesta material a la solicitud
elevada, no se acreditó su comunicación efectiva al interesado, requisito
indispensable para entender satisfecho dicho derecho.
6.5. En ese orden de ideas, resulta evidente el incumplimiento del deber
constitucional y legal de garantizar no solo una respuesta de fondo, clara y oportuna,
13 Sentencia T-165 de 2017, entre otras.
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sino también su notificación en debida forma, conforme a lo dispuesto en el artículo
23 de la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015, lo que impone la confirmación
del fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de febrero de 2026 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado que amparó la acción de tutela presentada
por el Consorcio PYP- Sedes Judiciales contra la Unidad de Infraestructura Física
de la dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG
9
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