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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00111-00

Fecha
16 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00111-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica invocados por la señora Nelly Barajas Valbuena, conforme a la motivación de esta providencia. SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 26 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1, mediante la cual decidió confirmar la decisión de primera instancia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) [15001-3333-014-2023-00096-01], por lo expuesto. TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1 que, en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera un proveído de reemplazo en el aludido trámite ordinario, en atención a las consideraciones planteadas en esta decisión. CUARTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior que el incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. SEXTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00111-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

16 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-00111-001
Accionante : Nelly Barajas Valbuena
Accionado : Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Vinculados : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y otro2
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia, reconocimiento y pago de pensión de
jubilación docente conforme a la Ley 33 de 1985
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de
tutela incoada por la señora Nelly Barajas Valbuena contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración
de justicia, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá lo pertinente
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. Nelly Barajas Valbuena, quien actúa a través de apoderado judicial, interpuso el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia,
tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1.

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Juzgado Catorce (14) Administrativo de Tunja.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00111-00
Accionante: Nelly Barajas Valbuena
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1

4. Por consiguiente, la actora solicitó que «se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior [del 26 de junio de 2025
dentro del expediente con radicado No. 15001-33-33-014-2023-00096-01] y, profiera una nueva
decisión judicial en el que se analice la situación particular de la demandante a la luz de la
jurisprudencia pacífica y uniforme del Honorable Consejo de Estado en materia del régimen
pensional del personal docente».

Hechos3

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por
la accionante, se puede evidenciar que, la señora Nelly Barajas Valbuena laboró
como docente al servicio del Departamento de Boyacá mediante las siguientes
órdenes de prestación de servicios: (i) del 1 de febrero al 15 de julio de 2000, (ii)
del 13 de julio al 1 de diciembre de 2000, (iii) del 7 de septiembre al 5 de diciembre
de 2001, (iv) del 20 de febrero al 14 de octubre de 2002, (v) del 15 de octubre al
30 de noviembre de 2002, y (vi) del 11 de febrero al 12 de diciembre de 2003.
Adicionalmente, el 1 de abril de 2004, la accionante fue vinculada en
provisionalidad al servicio docente de la Secretaría de Educación de Boyacá, y en
propiedad, a partir del 15 de enero de 2007.

6. La accionante asegura que presentó derecho de petición ante el Ministerio de
Educación Nacional, para que le fuera reconocida la pensión de jubilación,
conforme a la Ley 33 de 1985, a partir del 17 de agosto de 2021 (pese a que, en
su demanda ordinaria, señaló que la petición fue elevada ante la Secretaría de
Educación de Boyacá bajo el radicado 2022-PENS-025991). La entidad no
respondió a la solicitud, de manera que se entendió configurado el silencio
administrativo negativo.

7. Por lo anterior, la señora Barajas Valbuena promovió demanda en uso del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el FOMAG, con el fin de dejar sin efectos el
«acto ficto configurado el día 28 de marzo de 2023, frente a la petición presentada el día 27 de
diciembre de 2022, en cuanto negó el derecho a la cancelación de la pensión de jubilación de la
demandante a los 55 años de edad». A título de restablecimiento del derecho, solicitó

que se reconociera y pagara una pensión de jubilación equivalente al 75% de los
salarios y las primas recibidas a partir del 17 de agosto de 2021.

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2, archivo 1.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00111-00
Accionante: Nelly Barajas Valbuena
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1

8. El asunto fue decidido, en primera instancia, por el Juzgado Catorce (14)
Administrativo de Tunja (radicado No. 15001-3333-014-2023-00096-00) que,
mediante sentencia del 18 de diciembre de 2024, negó las súplicas al declarar
probada la excepción de «legalidad de los actos administrativos acusados» . Al respecto,
señaló lo siguiente:

[…] no puede entenderse que el docente tiene derecho a que se dé aplicación a lo
normado en la Ley 33 de 1985 por haber prestado sus servicios a través de la
modalidad de contratación por OPS, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, pues la Ley 33 de 1985 condiciona su aplicación a la vinculación al servicio
oficial docente, y la consecuente afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, que como se observa en el presente caso, no ocurrió. La
vinculación al fondo se dio hasta su nombramiento en provisionalidad en el año 2004.
Aquella posición se ha sostenido en sentencias como la proferida el 21 de marzo de
2024 radicado 15001-23-33-000-2021-00006-00 y la del 09 de mayo de 2024, 15001-
23-33-000-2021-00180-00, sala de decisión No. 3 del Tribunal Administrativo de
Boyacá, M.P. DAYAN ALBERTO BLANCO LEGUÍZAMO, y debe aplicarse en el caso
sub lite, como quiera que dentro del expediente no quedó probado que el actor haya
sido afiliado al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, con anterioridad al 27 de junio de 2003, y por tanto, no le asiste
derecho de regirse por la norma anterior, como alega.

9. Contra esta decisión, la parte demandante interpuso el recurso de apelación.
Adujo que la decisión no se acompasaba con su situación, pues, pese a
reconocerse que laboró como docente oficial desde el 1 de febrero de 1991, el
Juzgado concluyó que no era beneficiaria de la Ley 33 de 1985, dada la falta de
acreditación del pago de aportes, lo cual, es contrario al artículo 81 de la Ley 812
de 2003 que se refiere a la «vinculación», efectivamente acreditada y sin que fuera
posible exigir el cumplimiento de otros requisitos. Agregó que, los tiempos
laborados se dieron en virtud de cubrir licencias de maternidad y comisiones como
docente oficial, de manera que le correspondía al Ministerio afiliarla al FOMAG y
realizar el pago de acreencias laborales y pensionales.

10. Se refirió a la sentencia del Consejo de Estado del 17 de junio de 2022 (Rad.
4678-2021, C.P. William Hernández Gómez), para concluir que, para el
reconocimiento de la pensión deben tenerse en cuenta los tiempos de órdenes de
prestación de servicios, sin necesidad de declaratoria de la relación laboral, por
lo que, para efectos de contar el tiempo trabajado bajo contratos de prestación de
servicios, debe tenerse en cuenta la fecha de la primera vinculación.
Adicionalmente, alegó también que, conforme lo señalado por el Consejo de
Estado en sentencia de 25 de agosto de 2016 4, pese a que no se solicitó
puntualmente el pago de aportes a pensión, posterior a que se determinara el

4
Rad. 2300123330002013-00260-01 (00882015), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00111-00
Accionante: Nelly Barajas Valbuena
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1

vínculo laboral, debían disponerse las medidas necesarias para su
restablecimiento, lo que comprende las cotizaciones al sistema pensional.

11. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
1, con sentencia del 26 de junio de 2025, confirmó la decisión del a quo, porque,
durante la vinculación de la actora bajo contratos de prestación de servicios no se
efectuaron aportes a pensión ni se acreditó que se hubiera reconocido una
relación laboral, por lo que la relación contractual no puede surtir efectos
prestacionales y no puede aplicarse el régimen pensional anterior a la Ley 100 de
1993. Así, aseguró que, en atención «al criterio de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado» que dijo haber aplicado en decisiones previas5, los tiempos

servidos a la docencia oficial mediante contratos de prestación de servicios, por
ser anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de
2003), no podían contabilizarse sin la declaratoria de la relación laboral y sin que
se hubieran realizado aportes a pensión.

12. Agregó que, como las pretensiones se dirigían exclusivamente al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación bajo la Ley 33 de 1985, sin
solicitar el reconocimiento de la relación laboral, no había lugar a ordenar el pago
de aportes pensionales, y como la entidad con la que se celebraron las órdenes
de prestación de servicios (Departamento de Boyacá) no fue vinculada al proceso,
acceder a la condena pretendida desconocería su derecho al debido proceso.

13. Según lo expuesto en la acción, la señora Barajas Valbuena estima que sus
derechos fundamentales fueron vulnerados por el juez de segunda instancia,
porque, en su decisión del 26 de junio de 2025, incurrió en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial. En su concepto, se desconoció que
la Sección Segunda del Consejo de Estado ha reiterado que, deben reconocerse
los periodos laborados bajo contratos de prestación de servicios, para efectos de
acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión,
independientemente de que no se hubieran hecho las cotizaciones al sistema
pensional. Además, explicó que existen precedentes en los que se ha reconocido,

5
La autoridad judicial accionada no se refirió a las decisiones particulares del Consejo de Estado donde se sentó esa postura,
sino que a los siguientes fallos propios: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 2 Rad. 15238-33-33-001-2021-
00071-00; Sala de Decisión 1, Rad. 15238 33-33-001-20210011901; Sala de Decisión 1, sentencia del 29 de enero de 2025,
Rad. 152383333001-2022-00305-01; sentencia del 29 de enero de 2025; y sentencia del 11 de julio de 2025, Rad. núm.
152383333003-2021-00118-01.
4

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Accionante: Nelly Barajas Valbuena
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1

en una misma sentencia, el derecho a la pensión gracia y el tiempo laborado a
través de contratos de prestación de servicios.

II. TRÁMITE PROCESAL

14. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 16
de enero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión, (i) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1, como parte
accionada; y (ii) dispuso vincular a la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al Juzgado Catorce (14)
Administrativo de Tunja, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1. Contestaciones de la acción

2.1.1. Juzgado Catorce (14) Administrativo de Tunja6

15. Destacó que, en la sentencia de primera instancia, estableció que el régimen
aplicable a la demandante era el de prima media regulado por la Ley 100 de 1993,
siempre y cuando cumpliera con los requisitos legales, lo que supone que se
declare antes la existencia de una relación laboral respecto de los tiempos que
prestó sus servicios como docente por medio de órdenes de prestación de servicio,
y se prueben los respectivos aportes a pensión. Luego, ante la ausencia de
declaratoria de una relación laboral, el Juzgado sustentó su decisión alegando que
el problema jurídico se limitaba a responder si debía o no declararse la nulidad del
acto ficto que negó el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión a la docente
en los términos de la Ley 33 de 1985.

16. Recordó que, en virtud del principio de justicia rogada que gobierna la
jurisdicción contenciosa-administrativa, el juez se encuentra vinculado por lo
solicitado, de forma que no resultaba posible extenderse al estudio de la existencia
de un contrato realidad si la demanda se limitó a atacar el acto administrativo por
el cual se le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación.

2.1.2. Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 17

6
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 10, archivo 12.
7
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 11, archivo 12.
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00111-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1

17. Sostuvo que la tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
pues no se indica cómo la providencia atacada desconoció materialmente sus
derechos fundamentales. Agregó que, frente al desconocimiento del precedente
judicial alegado, habrá lugar a estudiar los tiempos servidos a la docencia oficial
mediante contratos de prestación de servicios para efectos de definir el régimen
pensional, siempre y cuando se cuente antes con una declaratoria de existencia de
la relación laboral mediante sentencia o aprobación de acuerdo conciliatorio.

18. Para el Tribunal, aceptar la posición de la accionante vulneraría el debido
proceso de las entidades con las que suscribió contratos de prestación de servicios
(Departamento de Boyacá y Municipio de Coper) porque esas entidades no
tendrían oportunidad de pronunciarse administrativamente sobre la supuesta
relación laboral ni podrían debatirla en el proceso judicial, en tanto no fueron
vinculadas.

19. En consecuencia, la autoridad judicial solicitó que se declare la improcedencia
de la tutela o, en su defecto, se nieguen sus pretensiones.

2.1.3. Ministerio de Educación Nacional8

20. Adujo que no se advierte que el asunto revista relevancia constitucional, al
tratarse de una controversia estrictamente económica. Por lo tanto, solicitó que se
declare la improcedencia de la acción.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

21. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2. La acción

22. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada
por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,

8
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índices 12 y 13, archivo 15.
6

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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1

permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3. Problema jurídico

23. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar
el eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo del
26 de junio de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión 1 confirmó la providencia del 18 de diciembre de 2024, en la que el
Juzgado Catorce (14) Administrativo de Tunja negó las pretensiones formuladas en
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la tutelante
contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) (expediente 15001-33-33-014-
2023-00096-00/01); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías
superiores al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela
judicial efectiva y seguridad jurídica invocadas en la solicitud de amparo.

3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

24. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

25. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción
de tutela contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del
principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la
forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

26. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
7

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1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.

27. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.

28. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

29. Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00111-00
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quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

30. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.

31. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

32. Por otra parte, se destaca que, la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales9, rectificó su posición

9
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,

9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00111-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1

mediante sentencia de 31 de julio de 201210, en el sentido de disponer que, la
acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente,
así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que,
esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos11.

3.5. Caso concreto

33. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de la actora,
en un presunto desconocimiento del precedente judicial sentado por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a
la administración de justicia, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica; (ii) contra
la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, por tratarse de una
sentencia de segunda instancia que se encuentra ejecutoriada; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en
cuenta que la providencia quedó en firme el 9 de julio de 202512 y la solicitud de
amparo se presentó el 13 de enero de 202613, es decir, dentro de los seis meses
siguientes; y (v) el fallo acusado no obedece a uno de tutela.

34. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el
fondo del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.

AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
10
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
11
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.
2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp.
2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012,
exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
12
Visible en el expediente electrónico del proceso 15001-33-33-014-2023-00096-01 en SAMAI, índice 15, según el cual se
notificó electrónicamente el 2 de julio de 2025. Por esa razón, la decisión se entiende notificada a los dos (2) días siguientes,
esto es, el 4 del mismo mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
13
Con el fin de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y teniendo en cuenta que el presente asunto
compromete derechos fundamentales, dentro del conteo del plazo, se excluyó la vacancia judicial. Así, teniendo en cuenta
que la actora tenía hasta el 9 de enero de 2026 para radicar la acción, pero estaba operando la vacancia, se entiende que la
oportunidad en mención se corrió hasta el primer día hábil siguiente, esto es, el 13 de enero de 2026.
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00111-00
Accionante: Nelly Barajas Valbuena
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1

3.5.1. Defecto sustantivo

35. Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé
que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con
las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

36. La jurisprudencia constitucional14 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice
o lesione la efectividad de los derechos constitucionales 15.

37. Ahora bien, el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como
causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo
241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia16, y la segunda hace referencia a cuando la
autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un
defecto sustantivo17 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe18.

14
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
15
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16
Sentencia T-360 de 2014: “[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando:
(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii)
se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
17
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
18
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00111-00
Accionante: Nelly Barajas Valbuena
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1

38. En el sub lite, la accionante considera que el Tribunal Administrativo de Boyacá
incurrió en este tipo de defecto, por cuanto:

[…] la parte actora le resultaba aplicable el régimen pensional previsto en la Ley 33
de 1985 para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, dado que su
vinculación al servicio educativo oficial se produjo con anterioridad al 26 de junio de
2003 y cumplió con las exigencias legales, motivo por el cual no podía alegarse
ningún otro condicionamiento para negar la prestación económica, toda vez que el
Honorable Consejo de Estado ha trazado una línea jurisprudencial, según la cual, en
aquellos casos donde no se acredita las cotizaciones al sistema de pensiones, debe
reconocerse el derecho pensional facultando al fondo correspondiente para efectuar
los descuentos por concepto de aportes, solución que procura un tratamiento justo,
razonable y garantista de los derechos fundamentales involucrados. […]

39. Respecto de lo alegado por la parte actora, vale la pena retomar el análisis
hecho por la autoridad judicial atacada:

41. De la relación probatoria anterior, la Sala advierte que la demandante suscribió
orden de prestación de servicios para la labor docente el 1º de febrero del año 2000,
para prestar sus servicios en la Escuela Rural Pedro Gómez del Municipio de Coper.
Posteriormente suscribió 5 órdenes de prestación de servicios con el mismo objeto,
ejecutadas hasta el 30 de noviembre de 2003.

42. Conforme lo certificado por la entidad accionada, en los periodos que
corresponden a los contratos de prestación de servicios (1/02/2000 a 30/11/2003) no
se efectuaron aportes al sistema general de pensiones. Tampoco se acreditó que
respecto de dichos tiempos se hubiese reconocido una relación laboral por decisión
judicial o conciliación.

43. En ese sentido, la relación contractual, sin la declaratoria de relación laboral, no
puede ser valorada para los efectos del inciso primero del artículo 81 la Ley 812 de
2003 y de esta manera aplicar el régimen pensional anterior a la Ley 100 de 1993.

44. La apoderada de la parte demandante recurrió la sentencia señalando que, a
efectos de aplicar el régimen docente anterior a la Ley 812 de 2003, se exige
únicamente acreditar la vinculación a la docencia oficial, lo cual cumplió la
demandante a través de órdenes de prestación de servicios como docente, periodos
que no requerían ser declarados como relación laboral, pues el servicio docente,
independiente del tipo de contratación, se entiende que comporta el ejercicio de
funciones propias de la docencia estatal. Agregó que tampoco debía exigirse el pago
de aportes para los periodos contractuales en comento.

45. En este punto, debe precisarse que la posición mayoritaria de esta Corporación,
apoyándose en el criterio que sobre el particular ha asumido la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, es que los tiempos servidos a la docencia
oficial mediante contratos de prestación de servicios, si fueron anteriores a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), deben contabilizarse siempre
y cuando se verifique que esta jurisdicción ha declarado la existencia de la relación
laboral mediante sentencia o aprobación de acuerdo conciliatorio y se han hecho
aportes para pensión por dichos periodos en virtud de la actividad docente oficial.

46. Lo anterior, en atención a que i) la exigencia del artículo 105 de la Ley 115 de
1994, referente a que el personal docente solo podrá efectuarse mediante
nombramiento por decreto, se suple cuando la relación laboral al servicio público
educativo oficial fue declarada judicialmente; ii) la exigencia de que efectivamente se
hayan efectuado los aportes a pensión, parte del carácter de parafiscales de dichos
aportes y, por tanto, obligatorios, aún antes de la expedición de la Ley 100 de 1993,
“tanto para el empleador como para el empleado y para quienes han suscrito un
contrato con el Estado, sin que su pago quede al arbitrio de quienes están en la
obligación de efectuarlos”.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00111-00
Accionante: Nelly Barajas Valbuena
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1

47. Alegó también la demandante en el recurso que, conforme lo señalado por el
Consejo de Estado en sentencia de 25 de agosto de 2016, pese a que no se hubiere
solicitado puntualmente el pago de aportes a pensiones, posterior a que se
determinara el vínculo laboral, debían disponerse las medidas necesarias para su
restablecimiento, lo que incluye la orden frente a las cotizaciones al sistema
pensional.

48. En este caso, las pretensiones de la demanda se dirigían de manera exclusiva al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación bajo el régimen previsto en la Ley
33 de 1985, sin solicitar en vía administrativa o judicial el reconocimiento de la relación
laboral con ocasión de la actividad desarrollada por órdenes de prestación de
servicios que diera lugar a la orden judicial de pago de aportes pensionales. Además,
la entidad con la que se celebraron las órdenes de prestación de servicios
(Departamento de Boyacá) no fue llamada al proceso, por lo que la condena que
pretende la demandante, en cuanto supone ordenar el reconocimiento y pago de
aportes pensionales, considera la Sala, desconocería el derecho al debido proceso
del ente territorial.

40. Para analizar si le asiste razón a la accionante, es necesario hacer alusión a lo
dicho por la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la materia. Primero, en
sentencia del 4 de julio de 202419, esta Subsección accedió a lo pretendido por la
demandante en un caso de supuestos fácticos similares, así:

Visto lo anterior, se precisa que aquellos docentes cuya vinculación sea anterior al 27
de junio de 2003 tendrán derecho a adquirir la pensión de jubilación establecida en la
Ley 91 de 1989 y las normas a las que aquella remite. Por su parte, los educadores
que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder a la pensión de vejez
contemplada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el 9 de la Ley
797 de 2003), seguidamente, manifiesta que la pensión de jubilación cubre a aquellos
docentes oficiales que hubieren prestado sus servicios durante 20 años.

Así las cosas, de las pruebas descritas, se encuentra demostrado que la señora
Esperanza Mendivelso Carrillo nació el 1° de enero de 1963, por lo que el 1° de enero
de 2018 cumplió 55 años de edad, acreditando de esta forma el requisito de edad
para obtener la prestación.

En relación con ello, fue vinculada al servicio docente por el municipio de Chita
(Boyacá), con anterioridad a la entrada en vigor la Ley 812 de 2003, por lo tanto, goza
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del
orden nacional previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985.

41. En la providencia del 12 de septiembre de 2024, la misma Subsección20
confirmó la decisión del a quo favorable a lo pretendido, esto es, el reconocimiento
de la pensión de jubilación bajo el régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993:

56. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma
de ingreso al servicio docente no puede ser un obstáculo para que accedan a los
derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde el
año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal de los

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia
del 4 de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023).
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya, sentencia del 12 de
septiembre de 2024, Rad. No. 15001-23-33-000-2021-00407-01.
13

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00111-00
Accionante: Nelly Barajas Valbuena
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1

docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de servicios, pues
así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105, parágrafo 3, de la Ley
115 de 1994.

57. De esta manera, aun cuando por más de 5 años, Ana Isabel Olmos Murcia
estuviera vinculada a través de una relación contractual, esa situación desconocía las
disposiciones del legislador y desatendía las interpretaciones judiciales según las
cuales la diferenciación entre los docentes de planta y los contratistas no tenía
justificación constitucional en la medida en que realizaban igual actividad; y, en
contraste, vulneraba los derechos laborales irrenunciables de aquellos quienes tenían
previsto un régimen o unas prerrogativas particulares, esto es aquellas contenidas en
la ley y no en el contrato.

58. Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la
realidad laboral de los docentes; lo que, a su vez, impide hallar la razón a la entidad
recurrente al considerar que la única experiencia docente útil para obtener la
prestación es aquella que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria. Así
pues, los servicios prestados por la demandante en la modalidad de OPS al municipio
de Caldas y al departamento de Boyacá, resultan válidos para determinar que estuvo
vinculada al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003. 59. De acuerdo con lo anterior, tal y como lo dispuso el
Tribunal, el régimen aplicable a su caso era el contenido en la Ley 33 de 1985 que
señala que el empleado oficial debe completar 55 años de edad y 20 de servicio
continuos o discontinuos; los que, como se expuso alcanzó el 18 de mayo de 2018.

42. En otra decisión del 19 de septiembre de 202421, la Subsección B concluyó que
a la actora le asistió el derecho a la pensión de jubilación bajo el régimen de la Ley
33 de 1985, teniendo en cuenta la labor desempeñada bajo contratos de prestación
de servicios, y sin que se hubiera declarado previamente la existencia de una
relación laboral encubierta, así:

Al respecto, es necesario precisar que es irrelevante que el período anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 hubiera sido en virtud de órdenes de
prestación de servicios y no a través de una vinculación legal y reglamentaria, por
cuanto el beneficio del régimen de transición de la norma antes mencionada no
establece condición alguna adicional al de haber tenido vínculo al servicio educativo
oficial, bien sea como docente nacional, nacionalizada o territorial.

[…] De acuerdo con lo anterior, el régimen aplicable a su caso era el contenido en la
ley 33 de 1985 que señaló que el empleado oficial debe completar 55 años de edad
y 20 de servicio continuos o discontinuos; los que, como se expuso alcanzó el 2 de
septiembre de 2018, por lo que se revocará la decisión del Tribunal Administrativo de
Boyacá.

43. Como se evidencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
ha sido pacífica en reconocer que, los docentes vinculados mediante órdenes o
contratos de prestación de servicios desarrollan una labor personal y subordinada,
lo que configura una verdadera relación laboral y le otorga derecho al
reconocimiento de sus prestaciones, incluido el cómputo de ese tiempo para
efectos pensionales. Así, la modalidad de vinculación (y la ausencia de una

21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya, sentencia del 19 de
septiembre de 2024, Rad. No. 15001-23-33-000-2021-00135-01 (1594-2023).
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Accionante: Nelly Barajas Valbuena
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1

declaratoria previa de la relación laboral encubierta, mediante decisión judicial o
acuerdo conciliatorio) y la falta de aportes no pueden erigirse en barreras para
acceder a tales derechos, pues la responsabilidad de realizar las cotizaciones recae
también en la entidad territorial beneficiaria del servicio. En consecuencia, esos
períodos resultan válidos para acreditar la vinculación al servicio público educativo
oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y para determinar el
régimen aplicable, en observancia del principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades.

44. Además, ha precisado que, ya que las cotizaciones constituyen una carga
compartida entre empleador y trabajador, el fondo competente debe verificar la
existencia de diferencias pendientes y adelantar las actuaciones
interadministrativas necesarias para obtener del ente territorial únicamente el
porcentaje que le correspondía, en garantía del principio de sostenibilidad
financiera del sistema.

45. A juicio de la Sala, la decisión judicial atacada sí adolece de un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial sentado por esta Sección
del Consejo de Estado, que ha sido pacífica en establecer que debe tenerse en
cuenta el tiempo laborado por docentes vinculados mediante órdenes o contratos
de prestación de servicios para efectos del reconocimiento del régimen pensional
aplicable. En ese sentido, si bien la autoridad judicial reconoció que la actora
acreditó haber prestado sus servicios al sector educativo oficial antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, desestimó tales períodos con fundamento en la
modalidad contractual y en la ausencia de aportes. Con ello ignoró que, conforme
al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, el tipo de vinculación
no constituye un obstáculo para acceder al régimen de transición y que la
responsabilidad por las cotizaciones recae en la entidad territorial beneficiaria del
servicio, razones por las cuales se concederá el amparo solicitado.

IV. DECISIÓN

46. Por las razones expuestas, la Sala considera que, en tanto la parte accionante
acreditó que la providencia del 26 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1, adolece de un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, se impone acceder al amparo deprecado.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00111-00
Accionante: Nelly Barajas Valbuena
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1

47. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica
invocados por la señora Nelly Barajas Valbuena, conforme a la motivación de esta
providencia.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia del 26 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión 1, mediante la cual decidió confirmar la decisión de
primera instancia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
[15001-3333-014-2023-00096-01], por lo expuesto.

TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
que, en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera un proveído de reemplazo en el aludido trámite ordinario, en atención a las
consideraciones planteadas en esta decisión.

CUARTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

SEXTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00111-00
Accionante: Nelly Barajas Valbuena
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

17

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