Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00126-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00126-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00126-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00126-01
Demandante: ULIANOV ILICH MARTÍNEZ PEREIRA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma decisión de primera
instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
la sentencia del 27 de febrero de 2026, por medio de la cual, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A declaró la improcedencia del amparo solicitado, al
considerar que el asunto planteado no superó el requisito de subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
El señor Ulianov Ilich Martínez Pereira, actuando en nombre propio, el 15 de enero de
2026 presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A2, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso y la aplicación de «los principios constitucionales de seguridad Jurídica y
transparencia Judicial».
En criterio del actor, la vulneración de las garantías constitucionales invocadas se
configuró con ocasión de la providencia proferida el 12 de junio de 2025 por la
autoridad judicial accionada, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado 70001-2333-000-2015-00511-01 que revocó la
1 Índice 2 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
2 Sala conformada por los consejeros Luis Eduardo Mesa Nieves, Jorge Iván Duque y Juan Camilo
Morales Trujillo.
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Demandante: Ulianov Ilich Martínez Pereira
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2026-00126-01
providencia del 29 de septiembre de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Segunda de Decisión Oral3.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese entendido, pidió:
SEGUNDA: En consecuencia se DEJE SIN EFECTO la sentencia de segunda
instancia proferida por la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “A” DEL HONORABLE CONSEJO DE
ESTADO, del 12/06/2025 notificada el 16/07/2025, dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, con radicado Nro. 70001-2333-000-2015-00511-01
Ref. 0067-2017, adelantado por ULIANOV MARTINEZ PEREIRA CC. 10.934.724,
contra la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL, y en su lugar
en un término perentorio se emita la Sentencia que remplazará la descalificada4.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Ulianov Ilich Martínez Pereira prestó sus servicios en la Policía Nacional en
el grado de patrullero del nivel ejecutivo, adscrito al departamento de Policía de Sucre,
desde el 4 de agosto de 1997 hasta el 19 de febrero de 2000.
Mediante oficio del 3 de febrero de 2000, la Policía Nacional le concedió al accionante
30 días de vacaciones. No obstante, mientras se encontraba en dicho período de
descanso, la Dirección General de la entidad expidió la Resolución No. 00566 del 11
de febrero de 20005, mediante la cual, dispuso el retiro del servicio activo de varios
funcionarios, entre ellos el señor Martínez Pereira.
Con posterioridad, el señor Martínez Pereira promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de controvertir
la legalidad del acto administrativo que dispuso su retiro del servicio activo, y, en
consecuencia, el reintegro a su cargo de patrullero del nivel ejecutivo, o a otro de igual
o superior categoría, así como el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones
sociales y demás acreencias laborales dejadas de percibir.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión
mediante sentencia del 29 de septiembre de 2016, negó las pretensiones de la
demanda al estimar que el retiro del actor constituyó un ejercicio legítimo de la facultad
3 Sala integrada por los magistrados: Rufo Arturo Carvajal Argoty, César Enrique Gómez Cárdenas y
Silva Rosa Escudero Barboza.
4 Cita textual del original con posibles errores.
5 La notificación se produjo en cumplimiento de la sentencia proferida el 2 de julio de 2015 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela con radicado 23-001-23-33-000-2015-
00107-00, que, al resolver la impugnación presentada por el actor contra la decisión de primera
instancia que negó el amparo, ordenó al Departamento de Policía de Sucre efectuar dicha actuación.
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Demandante: Ulianov Ilich Martínez Pereira
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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discrecional de la Policía Nacional, orientado al mejoramiento del servicio. Al respecto,
destacó las anotaciones negativas registradas en su hoja de vida, relacionadas con
incumplimiento de órdenes, actos de indisciplina y desatención del servicio, las cuales
evidenciaban razones objetivas para su desvinculación. Por consiguiente, descartó la
configuración de una desviación de poder y desestimó el cargo de falta de motivación,
al creer que las razones del retiro se encontraban acreditadas en los antecedentes
administrativos que sustentaron la decisión.
Inconforme con la decisión de primera instancia, el demandante interpuso recurso de
apelación, al sostener que la entidad no demostró la existencia de razones objetivas
que justificaran el ejercicio de la facultad discrecional de retiro, pues las anotaciones
negativas registradas en su hoja de vida no resultaban suficientes para sustentar dicha
determinación, ni evidenciaban su conformidad con los principios de razonabilidad y
proporcionalidad.
Mediante sentencia del 12 de junio de 20256, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró de oficio
la caducidad del medio de control, al advertir que, tratándose de actos de retiro del
servicio, el término para demandar se contabiliza a partir de la fecha en que se hace
efectiva la desvinculación y no desde la notificación del acto administrativo. En ese
sentido, como el retiro del actor se produjo el 19 de febrero de 2000 y la demanda solo
fue promovida en el año 2015, concluyó que el término legal para acudir a la
jurisdicción había expirado ampliamente.
El 27 de octubre de 2025 el señor Martínez Pereira presentó recurso extraordinario de
revisión contra la anterior decisión, bajo la causal contenida en el numeral 5° del
artículo 250 del CPACA, que permite la revisión de providencias judiciales
ejecutoriadas por «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación».
La Sala de Decisión No. 26 del Consejo de Estado, mediante proveído del 13 de marzo
de 20267 rechazó el recurso extraordinario de revisión al advertir que el recurrente no
acreditó la ejecutoria de la sentencia objeto de revisión, pese a haber sido requerido
para subsanar dicha falencia. Al respecto, precisó que la constancia de notificación de
la providencia no sustituye la prueba de su firmeza y que, ante la ausencia de este
presupuesto procesal, no era posible verificar la procedencia ni la oportunidad del
recurso.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
El accionante alegó la configuración de un defecto orgánico, por cuanto la sentencia
cuestionada fue suscrita por el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves, quien, en su
criterio, se encontraba incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 2
6 Índice 69 de Samai. Radicado 70001-2333-000-2015-00511-01. Notificación realizada el 16 de julio
de 2025.
7 Índice 15 de Samai. Radicado 11001-03-15-000-2025-06744-00. Notificación realizada por estado del
24 de marzo de 2026.
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del artículo 141 del Código General del Proceso. Indicó que dicho funcionario, en su
condición de magistrado del Tribunal Administrativo de Córdoba, conoció previamente
de la acción de tutela que promovió contra la Policía Nacional para obtener la
notificación de la resolución que dispuso su desvinculación.
Igualmente, sostuvo que la providencia incurrió en el defecto sustantivo por falta de
motivación judicial, al aplicar el criterio según el cual la caducidad del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de actos de retiro del servicio se
contabiliza desde la ejecución de la decisión, puesto que, a su juicio, tal interpretación
desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado, conforme a la cual, el término
debe contarse a partir de la notificación del acto definitivo de desvinculación.
Bajo esa perspectiva, cuestionó la aplicación de la sentencia proferida el 4 de mayo
de 2016 por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, dentro del
radicado 41001-23-33-000-2013-00022-01 (1875-13), al estimar que el supuesto
fáctico allí analizado difería del debatido en su caso. Agregó que no existe una
sentencia de unificación que haya definido de manera definitiva el momento a partir
del cual debe contabilizarse la caducidad en asuntos de esta naturaleza.
Finalmente, adujo la configuración de una violación directa de la Constitución, al
estimar que la interpretación acogida en la providencia censurada vulneró su derecho
a la igualdad y desconoció los principios de seguridad jurídica y confianza legítima
que deben orientar la actuación judicial.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 20 de enero de 20268 el a quo avocó el conocimiento de la solicitud de
amparo, ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A9 en
calidad de demandado y al Ministerio de Defensa10, Policía Nacional11 en condición
de tercero con interés.
8 Índice 5 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
9 Índice 8 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Notificación realizada mediante oficios Nos. 8450
y 8446 del 23 de enero de 2026 y a los correos electrónicos: ces2secr@consejodeestado.gov.co,
notifjduque@consejodeestado.gov.co, dperezc@consejodeestado.gov.co,
notifjmoralest@consejodeestado.gov.co, dgavirias@consejodeestado.gov.co, y
notiflmesa@consejodeestado.gov.co.
10 Índice 8 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Notificación realizada mediante oficio No. 8449
del 23 de enero de 2026 y a los correos electrónicos: usuarios@mindefensa.gov.co,
contactenos@mindefensa.gov.co, notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co,
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co, y notificaciones.judiciales@mindefensa.gov.co.
11 Índice 8 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Notificación realizada mediante oficio No. 8447
del 23 de enero de 2026 y a los correos electrónicos: segen.consejo@policia.gov.co y
notificacion.tutelas@policia.gov.co.
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1.6. Intervenciones
1.6.1 Ministerio de Defensa, Policía Nacional12
La Policía Nacional solicitó negar el amparo al estimar que la providencia cuestionada
no vulneró derecho fundamental alguno, toda vez que la declaratoria de caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se ajustó a las
disposiciones legales y a la jurisprudencia aplicable. Indicó que el actor acudió de
manera extemporánea a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, circunstancia
que hacía procedente la decisión adoptada por la Sección Segunda, Subsección A.
Añadió que la acción de tutela no podía emplearse como una instancia adicional para
reabrir el debate jurídico resuelto en el proceso ordinario, ni para revivir términos
procesales vencidos. En su criterio, el accionante pretendía controvertir una decisión
adoptada por el juez natural sin acreditar la configuración de alguna de las causales
excepcionales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Por último, sostuvo que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que
justificara la procedencia excepcional del amparo como mecanismo transitorio.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A13
El consejero ponente de la providencia cuestionada solicitó declarar improcedente la
acción de tutela al considerar que no se encontraba satisfecho el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que el accionante había promovido el recurso
extraordinario de revisión contra la decisión controvertida, mecanismo judicial que se
encontraba en trámite al momento de la presentación del amparo.
Asimismo, señaló que la recusación formulada contra el consejero Luis Eduardo Mesa
Nieves por la presunta configuración de una causal de impedimento se hallaba
pendiente de resolución dentro del proceso correspondiente, por lo que dicho
cuestionamiento contaba con un escenario procesal específico para su definición.
Arguyó que no se advertía la configuración de un defecto con relevancia constitucional
que justificara la intervención excepcional del juez de tutela, toda vez que la solicitud
de amparo se dirigía a reabrir un debate propio del proceso ordinario.
1.7. Sentencia de primera instancia14
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente
la acción de tutela al considerar que no se satisfacía el requisito de subsidiariedad,
por cuanto el accionante había promovido un recurso extraordinario de revisión en el
que planteó los mismos cuestionamientos formulados en sede constitucional, trámite
que aún se encontraba en curso.
12 Índice 10 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
13 Índice 11 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
14 Índice 15 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
5
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Igualmente, referenció que la recusación presentada contra el consejero Luis Eduardo
Mesa Nieves por la presunta configuración de una causal de impedimento también se
hallaba pendiente de resolución dentro del proceso correspondiente, de modo que
existían mecanismos judiciales idóneos para debatir las inconformidades planteadas.
Adicionalmente, manifestó que no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que habilitara la procedencia excepcional del amparo como mecanismo
transitorio. Finalmente, concluyó que la solicitud carecía de relevancia constitucional,
en la medida en que el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima para
demostrar los defectos alegados y se limitó a expresar su desacuerdo con la
interpretación jurisprudencial acogida en la providencia cuestionada.
Lo anterior, fue notificado a las partes e intervinientes el 5 de marzo de 202615
mediante correo electrónico.
1.8. Impugnación16
Adujo que el a quo efectuó una interpretación excesivamente restrictiva del requisito
de subsidiariedad, al desconocer la jurisprudencia constitucional reiterada conforme a
la cual la acción de tutela puede coexistir con otros medios de defensa judicial cuando
estos no resultan idóneos o eficaces para la protección de los derechos
fundamentales, o cuando se promueve como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. Con fundamento en ello, sostuvo que la
sola existencia del recurso extraordinario de revisión no excluía la procedencia del
amparo, especialmente cuando tal instrumento procesal no garantizaba una
protección inmediata de los derechos presuntamente vulnerados.
Afirmó que la sentencia omitió examinar de fondo la configuración del defecto orgánico
alegado, derivado de la presunta falta de imparcialidad del magistrado ponente de la
providencia cuestionada, quien previamente había conocido una acción de tutela
relacionada con los mismos hechos. A su juicio, este aspecto debía ser analizado
desde una perspectiva constitucional y no limitarse a la existencia de mecanismos
procesales ordinarios para controvertir la actuación del funcionario judicial.
Finalmente, insistió en los argumentos planteados en el escrito de tutela, relativos a
la configuración de un defecto sustantivo, así como al desconocimiento de los
principios de publicidad de los actos administrativos, seguridad jurídica, buena fe y
confianza legítima, y el derecho de acceso a la administración de justicia, por haberse
contabilizado la caducidad desde la ejecución del acto de retiro y no desde su
notificación efectiva.
15 Índice 18 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
16 Índice 19 de Samai. Cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 5 de marzo de 2026
a través de correo electrónico, mientras que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el 10
del mismo mes y año. En ese sentido, se tiene que fue oportuna la interposición del recurso.
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1.9. Manifestación de impedimento
Los magistrados Gloria María Gómez Montoya y Omar Joaquín Barreto Suárez,
mediante escritos del 2317 y 2918 de abril de 2026, respectivamente, manifestaron
encontrarse impedidos para conocer de la impugnación presentada por el señor
Martínez Pereira, al estimar que se encontraban incursos en la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
No obstante, mediante auto del 14 de mayo de 202619, los demás magistrados que
integran la Sección Quinta del Consejo de Estado, junto con el conjuez Edgar
González López, declararon infundadas dichas manifestaciones, al considerar que no
se encontraban acreditados los presupuestos fácticos exigidos para la configuración
de la causal invocada.
1.10. Actuaciones procesales en segunda instancia.
Posteriormente, mediante auto del 29 de mayo de 202620, la magistrada ponente puso
en conocimiento una causal de nulidad saneable y dispuso la vinculación al trámite
constitucional del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión Oral21,
en su condición de juez de primera instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho22, así como de la Sala Especial de Decisión No. 2623 del
Consejo de Estado, que conoció del recurso extraordinario de revisión24.
Los mencionados vinculados guardaron silencio dentro de esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º
17 Índice 4 de Samai.
18 Índice 9 de Samai.
19 Índice 20 de Samai.
20 Índice 29 de Samai.
21 Índice 32 de Samai. Notificación realizada mediate oficio No.100624 del 1 de junio de 2026 al correo
electrónico: sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
22 Radicado 70001-2333-000-2015-00511-00
23
Índice 32 de Samai. Notificación realizada mediate oficio No.100625 del 1 de junio de 2026 a los
correos electrónicos: despacho303@consejodeestado.gov.co, jcelyc@consejodeestado.gov.co,
wbarreram@consejodeestado.gov.co, mrodriguezd@consejodeestado.gov.co,
spcalderon@consejodeestado.gov.co, notifpcordoba@consejodeestado.gov.co,
lbastidasg@consejodeestado.gov.co, dgavirias@consejodeestado.gov.co,
notiflmesa@consejodeestado.gov.co, notifcrodriguez@consejodeestado.gov.co,
apuertasr@consejodeestado.gov.co, y acardenasr@consejodeestado.gov.co.
23 Índice 32 de Samai. Notificación realizada mediate oficio No.100624 del 1 de junio de 2026 al correo
electrónico: sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
24 Con radicado 11001-03-15-000-2025-06744-00
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del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 201925.
2.2. Problema jurídico
Conforme con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera
instancia, corresponde definir si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A el día 27 de febrero de 2026.
Para lo que, se deberá abordar los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso contrario, se resolverá si:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró el derecho
fundamental al debido proceso con ocasión de la sentencia proferida el 12 de
junio de 2025 al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado 70001-2333-000-2015-00511-01?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) subsidiariedad, (iii) relevancia constitucional; y (iv) el
caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 26
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema27 y declaró su procedencia.28
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
25 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth
García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
27 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
28 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
8
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Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Subsidiariedad
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
no procede en los eventos en los que la parte accionante tenga a su alcance otro
mecanismo de defensa judicial, a menos que el amparo se promueva a efectos de
evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
Dicho requisito se reiteró en el Decreto 2591 de 1991, el cual, en su artículo 6º numeral
1º establece:
La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.
Conforme a lo anterior, se tiene que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que no puede desplazar los mecanismos ordinarios que previamente ha establecido
el legislador. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado:
La acción de tutela es un mecanismo judicial de carácter excepcional que garantiza la
protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o violados con ocasión
de la actuación u omisión de una entidad pública o de manera excepcional por un
particular. En efecto, tal y como se expresó en las consideraciones del presente fallo,
para que proceda la tutela contra providencias judiciales resulta necesario que quien
alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado todos los medios de
defensa judicial disponibles. Esta exigencia responde principalmente al principio de
subsidiariedad de la tutela, en virtud del cual se busca impedir su utilización como: (i)
una instancia más dentro de un proceso judicial ordinario; (ii) un medio de defensa que
remplace a los otros diseñados por el legislador para tal fin; (iii) un instrumento para
subsanar errores u omisiones de las partes; y (v) un camino para corregir oportunidades
vencidas. En el caso concreto no se cumple con el requisito de procedibilidad, relativo
a la subsidiariedad de la acción de tutela, toda vez que el tutelante no utilizó los
mecanismos ordinarios dispuestos por la ley penal para hacer valer sus derechos
fundamentales, pues tal y como pudo evidenciarse a partir del material probatorio
obrante en el expediente, el accionante omitió solicitar la nulidad por violación del
derecho al debido proceso dentro del respectivo trámite judicial. El legislador ordinario
ha creado múltiples mecanismos entre ellos la nulidad para evitar la producción de vicios
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Rad: 11001-03-15-000-2026-00126-01
dentro del proceso penal que puedan atentar en alguna medida en contra del derecho
al debido proceso de las personas involucradas ya sea en la investigación previa,
instrucción o juzgamiento, las cuales tienen la posibilidad de incoarla cuando quiera que
vean afectadas sus garantías constitucionales.29
Finalmente, no sobra indicar que el análisis de la existencia de otros mecanismos de
defensa debe hacerse de forma concreta, para determinar la idoneidad del medio y
las circunstancias particulares de cada caso.
2.5. Caso concreto
En el sub juice, el a quo declaró improcedente la acción de tutela al estimar incumplido
el requisito de subsidiariedad, dado que para la fecha de presentación del amparo se
encontraba en trámite el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la
providencia cuestionada y la recusación formulada por el actor contra el consejero
Luis Eduardo Mesa Nieves.
Al respecto, se observa que, luego de proferida esa determinación, la Sala Especial
de Decisión No. 26 del Consejo de Estado, mediante auto del 13 de marzo de 2026,
notificado por estado el 24 de marzo siguiente rechazó dicho mecanismo, al concluir
que el tutelante no acreditó la ejecutoria de la sentencia sometida a revisión, pese a
haber sido requerido para subsanar esa falencia. Asimismo, mediante auto del 18 de
febrero de 202630, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación,
rechazó de plano la solicitud de recusación al estimar configurada la hipótesis prevista
en el inciso segundo del artículo 142 del Código General del Proceso 31.
No obstante, tales circunstancias no tienen la virtualidad de superar el incumplimiento
del requisito de subsidiariedad advertido por el juez de primera instancia.
En efecto, la Corte Constitucional ha precisado que, cuando al momento de la
interposición de la acción de tutela existe un recurso judicial idóneo y eficaz pendiente
de resolución, el interesado tiene la carga de agotar dicho mecanismo y esperar su
decisión antes de acudir al juez constitucional. Por consiguiente, la circunstancia de
que el medio de defensa sea resuelto durante el trámite de la acción de tutela no
sanea la falta inicial de subsidiariedad ni habilita, por sí sola, el estudio de fondo de la
controversia.
En este sentido la Corte Constitucional en la sentencia T – 140 de 2023 al revisar una
decisión adoptada por esta Sección, examinó un caso en el que la accionante
29 Sentencia T 436 de 2009. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
30 Índice 81 de Samai. Radicado 70001-23-33-000-2015-00511-01. Dicho auto se notificó
personalmente a los correos electrónicos abogadosclinicajuridica@gmail.com y
ulianov.martinez@hotmail.com, el 23 de febrero de 2026 mediante oficio No. 11140 del 23 de febrero
de 2026. Obra constancia de notificación a Índice 84.
31 ARTÍCULO 142. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA RECUSACIÓN. […] No podrá recusar
quien sin formular la recusación haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el juez
haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien haya
actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos casos la recusación debe ser
rechazada de plano.
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cuestionaba una providencia judicial mediante la cual se le impuso una sanción
disciplinaria y alegaba que no había sido debidamente vinculada a la actuación
correspondiente.
Como aspecto relevante, se advirtió que la demandante, además de promover la
acción de tutela, había interpuesto un recurso de reposición contra la decisión que
resolvió una solicitud de nulidad procesal y, adicionalmente, promovido la nulidad de
la sentencia disciplinaria.
En aquella oportunidad, el juez de tutela consideró que la circunstancia de que dichos
mecanismos hubieran sido resueltos durante el trámite constitucional permitía
entender superado el requisito de subsidiariedad y, por ende, continuar con el análisis
de fondo del asunto.
No obstante, al conocer el caso en sede de revisión, la Corte Constitucional precisó
que, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, el examen de
procedibilidad debe efectuarse con fundamento en las circunstancias existentes al
momento de la presentación del amparo, de modo que la resolución posterior de los
mecanismos judiciales pendientes no tiene la virtualidad de subsanar el
incumplimiento inicial del requisito de subsidiariedad. En ese sentido, manifestó:
Precisamente, en la sentencia SU-026 de 2021, la Corte conoció de un asunto en el
que se interpuso una acción de tutela en contra una providencia judicial, que a la vez
estaba siendo objeto de control a través de un recurso extraordinario dispuesto en el
escenario regular de ese proceso judicial, el cual fue decidido con anterioridad a que
esta corporación adoptara una decisión de fondo. En dicha oportunidad, la Sala Plena
concluyó que, en la medida en que el recurso interpuesto sí constituía un medio
de defensa judicial idóneo y eficaz, los accionantes tenían la obligación de
agotar su trámite y esperar su resolución, antes de acudir a la interposición de
la acción de tutela, en particular, al advertir que las pretensiones en ambos casos
tenían la finalidad de censurar los mismos asuntos dentro de la misma providencia
judicial. Por lo demás, y a diferencia de este caso, la Corte no examinó la eventual
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en tanto que el mismo no fue invocado por los
demandantes. (Resaltado fuera de texto)
Por tanto, la Corte Constitucional concluyó que no se satisfacía el requisito de
subsidiariedad, toda vez que, para la fecha de presentación de la solicitud de amparo,
la accionante aún contaba con mecanismos judiciales en trámite aptos para la
protección de los derechos invocados.
Bajo esa misma línea, en el asunto objeto de estudio se advierte que el señor Ulianov
Ilich Martínez Pereira presentó la acción de tutela el 15 de enero de 2026, cuando aún
se encontraba pendiente de resolución el recurso extraordinario de revisión formulado
contra la sentencia del 12 de junio de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. De igual forma, para ese momento tampoco se había
resuelto la recusación promovida por el actor contra uno de los magistrados que
integró la Sala de decisión.
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En consecuencia, para la fecha de interposición del amparo el accionante aún
disponía de mecanismos judiciales idóneos para controvertir la providencia que ahora
cuestiona en sede constitucional, circunstancia que impedía tener por satisfecho el
requisito de subsidiariedad.
Así las cosas, al no acreditarse el cumplimiento de dicho requisito general de
procedencia, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente
la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de febrero de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
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