Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00132-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00132-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00132-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00132-00
Accionante: Assad José Fraija Massy
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por el señor
Assad José Fraija Massy contra la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual se
revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las pretensiones de la
demanda y declarado la existencia de una relación laboral entre el accionante y la E.S.E.
Hospital Pedro León Álvarez Díaz del municipio de La Mesa, Cundinamarca. En su lugar,
el tribunal negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. La Sala declarará improcedente la acción de tutela, por cuanto no se cumple el
requisito de inmediatez, dado que el accionante no la interpuso dentro de un término
razonable.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 15 de enero de 2026, Assad José Fraija Massy, actuando en nombre propio, presentó
demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia. En
criterio del accionante, los derechos invocados fueron vulnerados con ocasión de la
sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 25307-33-33-002-2020-
00224-01, contra la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, Cundinamarca.
La providencia cuestionada revocó la sentencia del 13 de marzo de 2024, proferida por el
1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Sentencia contra providencia proferida en un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho / Se declara la improcedencia de la solicitud de amparo.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00132-00
Accionante: Assad José Fraija Massy
Se declara la improcedencia
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot, y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, dirigidas a que se declarara la existencia de una relación
laboral encubierta entre el actor y la referida empresa social del Estado, así como al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y de las prestaciones sociales a que
hubiere lugar.
2. El accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):
Solicito respetuosamente al Juez de Tutela:
TUTELAR mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TRABAJO, vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Rad. 25307334000220200022401)
ORDENAR al Tribunal Accionado que, en un término perentorio de 48 horas, profiera una
NUEVA SENTENCIA en la que aplique el precedente jurisprudencial de unificación del
Consejo de Estado (Sentencia del 9 de septiembre de 202) y valore las pruebas conforme a
la realidad, confirmando la sentencia de primera instancia que reconoció mis derechos
laborales2. [Negrillas y mayúsculas del texto original].
B. Hechos
3. El señor Assad José Fraija Massy prestó sus servicios en la E.S.E. Hospital Pedro León
Álvarez Díaz de La Mesa, Cundinamarca, como médico especialista en cirugía general,
mediante contratos de prestación de servicio desde el 3 de junio de 2014 y renovados de
manera sucesiva hasta el 31 de diciembre de 2019.
3.1. El 17 de agosto de 2020, el accionante presentó reclamación administrativa ante la
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, Cundinamarca, con el fin de obtener
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y acreencias laborales derivadas de
una relación laboral encubierta.
3.2. Mediante oficio núm. CD-GE-082 del 18 de agosto de 2020, la E.S.E. Hospital Pedro
León Álvarez Díaz de la Mesa, Cundinamarca, negó la existencia de una relación laboral
con el accionante.
3.3. Con fundamento en lo anterior, el accionante presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo conocimiento correspondió al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot.
3.4. Mediante sentencia del 13 de marzo de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Girardot declaró la existencia de una relación laboral encubierta entre el
accionante y la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, Cundinamarca y
ordenó el pago de las prestaciones sociales reclamadas.
2 Índice 2 del aplicativo Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00132-00
Accionante: Assad José Fraija Massy
Se declara la improcedencia
3.5. Contra la anterior decisión, la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa,
Cundinamarca interpuso recurso de apelación. El 31 de octubre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en
que las actividades desarrolladas por el accionante obedecían a una relación de
coordinación propia de un contrato de prestación de servicios, y no a una relación de
subordinación laboral. Además, precisó que el monto de los pagos recibidos por el
accionante correspondía a honorarios propios de un contratista independiente.
3.6.El accionante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de
segunda instancia, el cual fue decidido por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, mediante providencia del 20 de noviembre de 2025, que lo declaró
infundado, porque los planteamientos formulados no correspondían a las causales taxativas
previstas para dicho medio extraordinario de impugnación y se referían a aspectos
relacionados con la valoración probatoria realizada en el proceso.
3.7. El accionante considera que, con la decisión adoptada dentro del recurso extraordinario
de revisión, quedó agotado el debate judicial en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, sin que existan otros mecanismos ordinarios o extraordinarios de defensa
judicial para controvertir la providencia cuestionada.
C. Fundamentos de la vulneración
4. La parte accionante indicó que la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, incurrió en: (i)
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente de unificación del Consejo de
Estado en materia de contrato realidad en el sector público; y, (ii) defecto fáctico por
indebida valoración del material probatorio.
4.1. En cuanto al defecto sustantivo, señaló que la autoridad judicial calificó como una
relación de coordinación lo que, en su criterio, correspondía a una relación de subordinación
laboral. Precisó que, durante el tiempo en que prestó sus servicios como médico
especialista en la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz, debía cumplir turnos, horarios
y directrices institucionales propias de la organización del servicio hospitalario. No obstante,
el tribunal consideró que dichas circunstancias correspondían a la coordinación propia de
un contrato de prestación de servicios, con lo cual desconoció las sentencias de unificación
CE-SUJ-025-CE-S2 del 9 de septiembre de 2021 y la CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de
2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la configuración del contrato
realidad.
4.2. Respecto del defecto fáctico, sostuvo que el tribunal realizó una indebida valoración del
material probatorio, al concluir que el hecho de que recibiera pagos por valor de dieciséis
millones ochocientos mil pesos ($16.800.000), monto superior al promedio de la planta,
demostraba que se trataba de honorarios propios de un contratista independiente. Agregó
que esta conclusión desconoció las demás pruebas obrantes en el expediente, en particular
los testimonios que daban cuenta de la asignación de turnos y de la supervisión institucional
en el desarrollo de sus actividades.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00132-00
Accionante: Assad José Fraija Massy
Se declara la improcedencia
D. Trámite procesal
5. Mediante auto del 20 de enero de 2026, se admitió la demanda de tutela 3 . En esa
providencia se ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Tolima, en su calidad de
autoridad accionada, y la vinculación, como terceros con interés, al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Girardot y a la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La
Mesa, Cundinamarca4.
E. Oposiciones e intervenciones
6. La E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, Cundinamarca5 (tercero con
interés) solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque el asunto ya fue decidido
dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Indicó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del
31 de octubre de 2024, revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de
la demanda al no acreditarse la subordinación, y que posteriormente el Consejo de Estado
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, decisión que puso fin al debate
judicial.
6.1. Asimismo, afirmó que la providencia cuestionada no incurrió en defecto sustantivo,
porque el tribunal aplicó el precedente de unificación sobre contrato realidad y distinguió
entre coordinación contractual y subordinación laboral. También señaló que no se configura
defecto fáctico, ya que el tribunal valoró las pruebas del proceso, esto es, los contratos de
prestación de servicios, los testimonios, los cuadros de turnos y la remuneración, y concluyó
que no se acreditó la imposición de órdenes sobre el modo, tiempo o cantidad de trabajo,
por lo que la acción de tutela pretende reabrir el debate ya resuelto por el juez natural.
7. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot (tercero con interés)6 remitió
las pruebas correspondientes al expediente del proceso ordinario, sin pronunciarse sobre
los hechos y pretensiones de la demanda de tutela.
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
(accionado), pese a estar debidamente notificado, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
8. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de tutela interpuesta por Assad José Fraija Massy contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069
de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
3 Índice 4 de Samai.
4 Índice 8 de Samai
5 Índice 13 de Samai.
6 Índice 11 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00132-00
Accionante: Assad José Fraija Massy
Se declara la improcedencia
G. Sentido de la decisión
9. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de inmediatez, por cuanto el accionante no interpuso la acción en un término
razonable. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela.
H. El requisito de inmediatez
10. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela puede
presentarse “en todo momento y lugar”, lo que implica que no se encuentra sometida a un
término de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional7 ha reiterado que dicho
carácter no exime al accionante del cumplimiento del requisito de inmediatez, en virtud del
cual la solicitud de amparo debe presentarse dentro de un término razonable y
proporcionado entre la ocurrencia de los hechos que presuntamente vulneraron los
derechos fundamentales y la interposición de la demanda.
11. En ese sentido, la exigencia de inmediatez responde a la naturaleza urgente y residual
de la tutela, pues su finalidad es brindar una protección inmediata respecto las
vulneraciones inminentes de derechos fundamentales y no reabrir controversias que ya se
han consolidado en el tiempo. En consecuencia, el mecanismo constitucional no puede
ejercerse de manera indefinida, pues ello comprometería la seguridad jurídica y
desnaturalizaría su función como mecanismo de protección inmediata.
12. Por tal razón, aun cuando no existe un término fijo o preestablecido para evaluar el
cumplimiento del requisito de inmediatez, corresponde al juez de tutela examinar las
circunstancias particulares de cada caso y determinar, en atención a ellas, si la demanda
fue promovida dentro de un término razonable. Lo anterior, bajo el presupuesto que, en el
caso concreto, se presenten circunstancias que expliquen razonablemente la tardanza en
el ejercicio del mecanismo constitucional, a saber:
“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las
circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere
sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un
término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate
de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una
protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta
desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el
accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la
7 Corte Constitucional. Sentencias T-461 de 2019, T-422 de 2025 y T-246 de 2015.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00132-00
Accionante: Assad José Fraija Massy
Se declara la improcedencia
Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que
por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.8
13. La Corte Constitucional 9 ha sido reiterativa respecto a la protección de la seguridad
jurídica, la certeza sobre las decisiones judiciales y la autonomía de los jueces, razón por
la cual la tutela contra providencias judiciales se erige como un recurso excepcional y su
análisis debe ser más estricto, con el fin de no transgredir los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica, debido a que:
(…) la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia
constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera iniciar cualquiera de
las partes. En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuales son
sus derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se produciría una violación del derecho
de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución
de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica.10
14. Por otra parte, en concordancia con los precedentes fijados por la Corte Constitucional,
el Consejo de Estado ha adoptado como regla general un término de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según corresponda, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, así:
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de
que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el
plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional11.
I. Caso concreto
15. En el presente caso, se advierte que el accionante, a través de la demanda en ejercicio
de la acción de tutela, pretende controvertir únicamente la sentencia del 31 de octubre de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado bajo el núm. 25307-33-33-002-2020-00224-01. Frente a la decisión adoptada en
el recurso extraordinario de revisión, la parte accionante no formula cuestionamiento alguno
ni solicita que se deje sin efectos.
16. Ahora bien, en el escrito de tutela el accionante sostiene que se cumple el requisito de
inmediatez en los siguientes términos:
Inmediatez: La sentencia de revisión que cerró el debate es del 20 de noviembre de 2025,
por lo que la tutela se presenta dentro de un término razonable.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-087 de 2018.
9 Corte Constitucional. Sentencia SU 108 DE 2018.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2005.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado 11001-
03-15-000-2012-02201-01
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00132-00
Accionante: Assad José Fraija Massy
Se declara la improcedencia
17. Al respecto, cabe precisar que, si bien el accionante interpuso recurso extraordinario de
revisión contra la providencia cuestionada y este fue declarado infundado el 20 de
noviembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dicha
circunstancia no determina el momento a partir del cual debe contabilizarse el término de
inmediatez. Esto debido a que la presente acción de tutela se dirige exclusivamente a dejar
sin efectos la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
18. El recurso extraordinario de revisión constituye un medio de impugnación de carácter
excepcional que da lugar a un proceso nuevo, tramitado de manera independiente de aquel
en el que se profirió la decisión cuestionada. En ese sentido, no configura una instancia
adicional del proceso original ni habilita la reapertura del debate jurídico ya concluido, sino
que su finalidad se circunscribe a examinar, bajo causales taxativas, la eventual
configuración de irregularidades graves que afecten la validez de la providencia.
19. En consecuencia, para determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez, debe
tenerse en cuenta la fecha de notificación de la sentencia del 31 de octubre de 2024, lo cual
ocurrió el 8 de noviembre de 2024, según consta en el expediente digital del aplicativo
SAMAI, índice 15, correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 25307-33-33-002-2020-00224-01.
20. Así las cosas, la Sala advierte que, entre la notificación de la sentencia del 31 de octubre
de 2024, efectuada el 8 de noviembre de 2024, y la presentación de la demanda de tutela,
el 15 de enero de 2026, transcurrió un lapso que supera ampliamente el término de seis (6)
meses que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
Corporación, se ha considerado razonable para la interposición de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
21. Adicionalmente, no se advierte justificación alguna que explique la tardanza en la
presentación de la acción de tutela, ni se acredita la existencia de una circunstancia que se
enmarque en alguno de los supuestos excepcionales reconocidos por la jurisprudencia
constitucional que permita justificar su interposición por fuera del término considerado
razonable.
22. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que la solicitud de amparo no cumple el
requisito de inmediatez, pues la demanda se presentó por fuera del término de seis (6)
meses fijados por la jurisprudencia y no se acreditó una razón objetiva, proporcional y
razonable que justifique la demora en la interposición de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito
de inmediatez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00132-00
Accionante: Assad José Fraija Massy
Se declara la improcedencia
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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