RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00132-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00132-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00132-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 12 de marzo de 2026, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B declaró la improcedencia de la acción, pero por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00132-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

4 de junio de 2026

Demandante: Assad José Fraija Massy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2026-00132-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00132-01
Demandante: ASSAD JOSÉ FRAIJA MASSY
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma sentencia que declaró
la improcedencia de la acción, pero por falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia del
12 de marzo de 2026, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto
de la inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 15 de enero de 2026, el señor Assad José Fraija Massy,
en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, con el fin de que le sean amparados
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad, primacía de la realidad sobre las normas y al trabajo.

Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del
31 de octubre de 2024, que revocó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Girardot del 13 de marzo de la misma anualidad, mediante la
cual se había accedido a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las denegó,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25307-33-33-
002-2020-00224-00/01, promovido contra la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz
de la Mesa.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Assad José Fraija Massy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2026-00132-01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el accionante elevó la siguiente pretensión:

TUTELAR mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y TRABAJO, vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Rad. 25307334000220200022401).
ORDENAR al Tribunal Accionado que, en un término perentorio de 48 horas, profiera
una NUEVA SENTENCIA en la que aplique el precedente jurisprudencial de unificación
del Consejo de Estado (Sentencia del 9 de septiembre de 2021) y valore las pruebas
conforme a la realidad, confirmando la sentencia de primera instancia que reconoció mis
derechos laborales.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por el tutelante se sustenta en los siguientes
hechos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en
esta sentencia:

Relató que prestó servicios profesionales como médico especialista en cirugía
general en la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, entre el 3 de junio
de 2014 y el 31 de diciembre de 2019 bajo la modalidad de contrato de prestación de
servicios cumpliendo turnos, horarios y órdenes, bajo total subordinación.

Señaló que presentó ante los juzgados administrativos de Girardot demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la E.S.E. con el fin de que se declarara
existencia de relación laboral y como consecuencia de ello se realizara el pago de las
prestaciones sociales y los emolumentos dejados de percibir durante el 15 de mayo
de 2014 y el 31 de diciembre de 2019.

El 13 de marzo de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Girardot accedió a las pretensiones de la demanda, decisión en la que declaró la
existencia de contrato realidad y ordenó a la E.S.E reconocer y pagar las prestaciones
sociales enunciadas.

El 31 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B revocó la anterior decisión bajo el argumento de que las
actividades que ejercía el actor obedecían a coordinación y que el monto de los
honorarios desvirtuaba «la laboralidad», así que no había lugar a acceder a las
pretensiones.

Indicó que con ocasión de lo anterior presentó recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia de segunda instancia, el cual fue resuelto mediante providencia

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Assad José Fraija Massy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2026-00132-01

del 20 de noviembre de 2025, en la que la Sección Segunda del Consejo de Estado1
lo declaró infundado bajo el argumento de que no se encuadraban en las causales
taxativas para el recurso extraordinario, sino que lo que buscaba era controvertir
debates probatorios propios de la instancia o de la acción de tutela por
desconocimiento del precedente.

1.4. Sustento de la petición

El accionante destacó que la providencia de segunda instancia incurrió en los
defectos sustantivo por desconocimiento del precedente y fáctico.

Respecto del primero, invocó las sentencias de unificación del Consejo de Estado
CE-SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021 (Rad. 1317-2016) y la del 25
de agosto de 2016 (Rad. 0088-2015), ya que para la época de los hechos prestaba
turno en urgencias y en cirugía, lo que generó una subordinación, sin importar el
rótulo del contrato.

En cuanto al segundo, reprochó una indebida valoración de las pruebas arrimadas al
proceso ordinario, lo que condujo a conclusiones erradas en cuanto omitió apreciar
adecuadamente que los hechos y testimonios recaudados.

Por último, recalcó los requisitos de procedibilidad para la acción de tutela, como lo
son, i) relevancia constitucional por tratarse de derechos laborales fundamentales y
ser un sujeto de especial protección (trabajador); ii) agotamiento de recursos
ordinarios y extraordinarios y iii) inmediatez debido a que el debate fue cerrado
totalmente el 20 de noviembre de 2025, cuando se decidió el recurso extraordinario
de revisión.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 20 de enero de 2026, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la demanda de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados,
a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, al Juzgado Segundo Administrativo de Girardot y la E.S.E. Hospital
Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa como terceros con interés.

1.6. Intervenciones

1.6.1. La E.S.E.2 por conducto de apoderado judicial contestó la tutela en el término
establecido y en su escrito solicitó se declare la falta de legitimación en la causa por
pasiva con fundamento en que no tiene competencia para atender los requerimientos
del accionante, siendo solo la autoridad judicial de la acción constitucional quien
puede garantizar los derechos fundamentales invocados.

1
Radicación: 11001-03-25-000-2025-00072-00 (0409-2025).
2
Índice 13, SAMAI.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Assad José Fraija Massy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2026-00132-01

Resaltó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 31
de octubre de 2024, revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones
de la demanda al no acreditarse la subordinación, decisión que posteriormente el
Consejo de Estado revisó y declaró infundado el recurso extraordinario de revisión,
decisión que puso fin al debate judicial.

Afirmó que la decisión cuestionada no incurrió en los defectos alegados, porque el a
quem aplicó el precedente de unificación sobre contrato realidad, distinguió entre
coordinación contractual, subordinación laboral y valoró las pruebas del proceso
correctamente.

Por último, manifestó que lo que pretende el tutelante es reabrir un debate probatorio
que ya fue zanjado por el juez ordinario.

1.6.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Girardot 3 remitió las pruebas
correspondientes al expediente del proceso ordinario, sin pronunciarse sobre los
hechos y pretensiones de la demanda de tutela.

1.6.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 12 de marzo
de 2026, declaró improcedente la acción de tutela porque no cumple el requisito de
inmediatez.

Su decisión la fundamentó en que el accionante controvirtió el proveído del 31 de
octubre de 2024 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, que revocó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de
Girardot y, no hizo cuestionamiento alguno frente al recurso extraordinario de revisión
que conoció esta Corporación.

Precisó el a quo que si bien el accionante interpuso recurso extraordinario de revisión
contra la providencia cuestionada y esta fue proferida el 20 de noviembre de 2025,
esta fecha no determina el momento inicial para contabilizar el término de inmediatez,
ya que la presente acción de tutela lo que pretende es dejar sin efectos la sentencia
de segunda instancia proferida en el trámite de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Recordó, la sala de primera que el recurso extraordinario de revisión constituye un
medio de impugnación de carácter excepcional que da lugar a un proceso nuevo el
cual es tramitado de manera independiente al que profirió la decisión cuestionada, la
cual no configura una instancia adicional del proceso original ni habilita la reapertura
del debate jurídico ya concluido, sino que su finalidad es examinar bajo causales

3
Índice 11, SAMAI.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Assad José Fraija Massy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2026-00132-01

taxativas, la eventual configuración de irregularidades graves que afecten la validez
de la decisión.

Por lo anterior, determinó que en el presente caso no se cumple el requisito de
inmediatez, debido a que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Cundinamarca fue notificada a las partes el 8 de noviembre de 20244.

Según el a quo, el señor Fraija Massy presentó la tutela de la referencia el 15 de
enero de 2026, esto es, cuando habían transcurrido más de 6 meses desde la
ejecutoria de la sentencia cuestionada.

1.8. Impugnación

Mediante escrito presentado el 27 de marzo de 2026 5 , la accionante impugnó la
decisión de primera instancia y argumentó que se realizó una errónea contabilización
del término de inmediatez, pues se desconoció que el debate judicial se mantuvo
abierto hasta el 20 de noviembre de 2025, fecha en la cual se declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión.

Así mismo, manifestó que la acción de tutela es residual y solo procede cuando no
existe otros medios de defensa judicial. Y que él al instaurar el recurso extraordinario
de revisión agotó todas las vías judiciales contenciosas antes de acudir la jurisdicción
constitucional. Razón por la cual, el hito de inmediatez debe contarse desde el 2025,
no antes.

Por último, reiteró la vulneración de sus derechos fundamentales y el
desconocimiento de defecto sustantivo al no tener en cuenta las sentencias de
unificación CE-SUJ-025-CE-S2 de 2021 y CE-SUJ2-005-16 de 2016 proferidas por
la Sección Segunda de esta Corporación.

1.9. Trámite de segunda instancia

El 19 de mayo de la presente anualidad, le correspondió por reparto al despacho
ponente el trámite de segunda instancia de la presente acción de tutela.

El 3 de junio siguiente, magistrada Gloría María Gómez Montoya manifestó estar
incursa en la causal contemplada en el numeral 5.º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal6, pues, sostiene una amistad íntima con el magistrado Jorge
Iván Duque Gutiérrez quien hace parte de la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, quien suscribió la providencia de recurso extraordinario de

4
Índice 15, SAMAI expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 25307-33-33-002-2020-
00224-01.
5
Índice 20, SAMAI.
6
«ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: […]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o
perjudicado y el funcionario judicial»

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Assad José Fraija Massy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2026-00132-01

revisión formulado por la parte actora contra la sentencia dictada el 31 de octubre de
2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, bajo el radicado 25307-33-33-002-2020-00224-01, y que se cuestiona al interior
de la presente solicitud constitucional.

El 4 de junio de 2026, el Despacho declaró infundado el impedimento con fundamento
en que la decisión que se cuestiona es la proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25307-33-33-002-2020-00224-01 y, no la sentencia que declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión suscrita como magistrado ponente el doctor Jorge Iván
Duque Gutiérrez quién en la actualidad es miembro de la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, el 12 de marzo de 2026, según lo previsto en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, corresponde a la sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Assad José Fraija
Massy contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, por no cumplir el requisito de inmediatez.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) el estudio sobre los requisitos
adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se abordará; y iii)
el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 7,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones

7
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Assad José Fraija Massy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2026-00132-01

que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas
que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento
jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala
el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser
ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y
otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que
se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden
efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea relevante
constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii) inmediatez, y (iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el
contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto
del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación
del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y
(ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Assad José Fraija Massy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2026-00132-01

2.4. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.4.1 En lo referente al requisito de inmediatez conviene señalar que este
presupuesto exige que la tutela se presente tan pronto se produce el hecho, acto u
omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por lo
menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia.

Debido a que la tutela fue estatuida por el constituyente con el objeto de proveer una
protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados, lo que supone que
el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz.8

En criterio de la sección, el plazo prudencial para acudir a este mecanismo
constitucional es el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el
cual se calcula desde el día hábil siguiente a la ejecutoria de la última providencia
judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la
misma, y cuando este es excesivo se declara su improcedencia.

A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones suficientes
que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y se pueda entrar
al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias fueron fijadas por la Corte
Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es acogida por esta Sala como
criterio auxiliar, en los siguientes términos:

(...) i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo,
el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.9

En el caso bajo estudio, se constató que el accionante interpuso la acción de tutela
el 15 de enero de 2026, contra la sentencia del 8 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25307-33-33-002-2020-00224-
01.

Ahora bien, la sala considera que no debe tomarse el término de forma restrictiva
desde la ejecutoria de la sentencia del 8 de noviembre de 2024, sino a partir del
agotamiento de todos los recursos con los que contaba el accionante desde el punto
de vista procesal, mecanismo que ejerció con la presentación y decisión definitiva del

8
El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos (...)».
9
Ver sentencias T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010 y T-576 de 2010.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Assad José Fraija Massy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2026-00132-01

recurso extraordinario de revisión10. Lo anterior, pues fue ese fallo judicial el que puso
fin a la controversia, cerrando definitivamente la posibilidad de que pudiese
controvertirse en la jurisdicción del tribunal accionado.

En tal sentido, se advierte que la providencia que declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión fue dictada el 20 de noviembre de 2025 y notificada a las
partes el 16 de diciembre de la misma anualidad, así que, sin necesidad de precisar
la ejecutoria de dicho proveído, resulta claro que la solicitud de amparo se ejerció de
manera oportuna si se tiene en cuenta que fue radicada el 15 de enero de 2026.

Por lo anterior, la sala entenderá superado el requisito de inmediatez y analizará los
demás aspectos para la procedencia de la acción de tutela.

2.4.2. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
decisiones hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe limitarse
a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada.»

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión
fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto
de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional
«protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en detalle los
criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los
cuales son:

[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una

10
La sentencia que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión fue proferida el 20 de
noviembre de 2025 y notificada a las partes el 16 de diciembre de la misma anualidad. Exp. 11001-
03-25-000-2025-00072-00
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103250002025000
72001100103
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Assad José Fraija Massy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2026-00132-01

providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Debido a que la tutela fue estatuida por el constituyente con el objeto de proveer
una protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados, lo que
supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz. 11

En el asunto que ocupa a la sala, el señor Assad José Fraija Massy presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, con ocasión de la sentencia que, en segunda instancia, denegó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó
contra la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa.

En criterio del accionante, la aludida autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad,
primacía de la realidad sobre las normas y al trabajo, razón por la cual alegó la
configuración de los defectos sustantivo y fáctico.

Respecto del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente de las
sentencias de unificación del Consejo de Estado encuentra la sala que el accionante
alegó que a su juicio la decisión controvertida no se ajustó a las sentencias de
unificación CE-SUJ-025-CE-S2 de 2021 y CE-SUJ2-005-16 de 2016, proferidas por
la Sección Segunda de esta Corporación, ni se valoraron adecuadamente las pruebas
que demostraban la existencia de una relación laboral encubierta con la entidad
demandada.

En este punto es oportuno señalar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215
de 2022, la Corte Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto
ventilado tiene relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo
trasciende la mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales» y que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para
debatir «asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen
a la controversia judicial».

En lo concerniente al desconocimiento del precedente invocado por los accionantes,
es importante aclarar que para realizar su estudio de fondo se debe cumplir con la
carga mínima de i) identificar la decisión que considera desatendida, ii) la ratio de la
misma aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la
analogía con la litis anterior y iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte
el fallador de instancia. Situación que no ocurre en la presente acción de tutela.

11
El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos (...)».
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Assad José Fraija Massy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2026-00132-01

En cuanto el defecto fáctico resaltó el señor Assad José que se configuró por
presuntamente omitir la valoración probatoria recauda en el proceso ordinarios pues
a su juicio, estas daban cuenta del daño alegado.

En primera medida, en cuanto a la presunta configuración del defecto fáctico, la sala
advierte que la controversia planteada persigue modificar la estimación probatoria
efectuada por el tribunal, puesto que no se alinea con los intereses de la parte
accionante. En este sentido, busca demostrar que la autoridad judicial se sustrajo de
valorar diversas pruebas que, en su criterio, acreditaban los hechos.

Sobre el particular, la sala encuentra que los argumentos que expone el tutelante
están dirigidos únicamente a plantear una inconformidad con la providencia de
segunda instancia por no ser favorable a sus intereses, razón por la cual se hace
evidente que el señor Fraija Massy pretende imponer su criterio, el cual estima más
acertado respecto de la decisión proferida, lo cual denota un desconcierto respecto
al sentido del fallo.

En este caso, los señalamientos efectuados no pretenden evidenciar una actuación
arbitraria o irracional en la decisión cuestionada que muestre una afectación de sus
garantías ius fundamentales, sino, por el contrario, lo que buscan es que la acción de
tutela opere como una instancia adicional en la que se imponga una valoración del
caso distinta a la que utilizó el juez natural.

De hecho, la sala considera que los cargos planteados por el accionante lo que
buscan es que se vuelva a estudiar si al prestar sus servicios profesionales como
médico especialista en cirugía general en la E.S.E. entre el 3 de junio de 2014 y el 31
de diciembre de 2019, se configuró la existencia de relación laboral y si, como
consecuencia de ello, se generaría un pago de las prestaciones sociales y los
emolumentos dejados de percibir, discusión que no supera el requisito de relevancia
constitucional ya que lo pedido es reabrir una discusión que ya fue zanjada por el juez
ordinario.

Además, el actor se limitó a invocar las providencias cuestionadas y a alegar una
errónea valoración de las pruebas, sin que se aprecie el cumplimiento de una carga
suficiente que permita al juez constitucional realizar un estudio adecuado de los
defectos planteados a la luz de la posible vulneración de sus derechos.

Así mismo, recuerda la sala que formular un desacuerdo con decisiones judiciales y
alegar una vulneración de las garantías fundamentales no conlleva que el asunto
tenga relevancia constitucional, puesto que se requiere que en la solicitud de amparo
prevalezca una argumentación sólida que permita revisar la controversia como
protección de los derechos invocados. Dado que, si este requisito no se cumple
restringe al juez constitucional para que este pueda estudiar las decisiones adoptadas
por los jueces ordinarios.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Assad José Fraija Massy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2026-00132-01

Por lo expuesto, resulta evidente que las inconformidades planteadas por el tutelante
no superan el requisito de la relevancia constitucional y, por lo tanto, no se procederá
con su estudio de fondo. Así las cosas, la sala confirmará la sentencia de primera
instancia que declaró improcedente la acción de tutela, pero por no cumplir este
presupuesto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 12 de marzo de 2026, mediante la cual el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B declaró la improcedencia de la
acción, pero por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.