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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00134-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00134-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: NEGAR la tutela solicitada por el señor Edilberto Jiménez Zuta, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 7 Se corrobora en el proceso de Tutela – SAMAI índice 10 7 Radicado: 11001-03-15-000-2026-00134-00 de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas - Archivo Central. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00134-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00134-00
Accionante: Edilberto Jiménez Zuta.
Accionado: Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá D.C. y Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Segunda – Subsección B.

Tema: Derecho de petición. Mora en la resolución de solicitud de
corrección de sentencia. NIEGA AMPARO

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Edilberto Jiménez Zuta
en contra del Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá D.C. y Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda –
Subsección B.

ANTECEDENTES

El accionante solicita se ampare su derecho fundamental de petición, el cual estima
vulnerado por las autoridades judiciales accionadas.

HECHOS

Fundamenta su solicitud en los hechos que se resumen de la siguiente manera

Que el Juzgado Trece (13) Administrativo de oralidad del Circuito Judicial de Bogotá
D.C. – sección segunda, en el fallo del 30 de agosto de 2019 negó las pretensiones
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional; con radicado 11001-33-35-013-2018-
00344-01

Que el 30 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Segunda – Subsección B, revocó la sentencia de primera instancia y

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accedió a las pretensiones de la demanda.

Que la parte actora radicó cuenta de cobro ante el Grupo de Reconocimiento de
Obligaciones Litigiosas y Jurisdicción Coactiva del Ministerio de Defensa Nacional
el día 08 de abril de 2023.

Que el Ministerio de Defensa Nacional requirió el 06 de agosto de 2024 al Grupo
Reconocimiento Obligaciones Litigiosas, con el propósito de aclarar o recibir
instrucciones frente a una situación discordante de la sentencia proferida en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en estos
términos:

«[…] encontrándose que, la sentencia segunda instancia N° 11001-33-35-
013-2018-00344-01 de fecha treinta (30) de noviembre de 2021, emitida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección
“B”, presenta una inconsistencia o insuficiencia en el fallo emitido en segunda
instancia donde no se conoce la novedad fiscal para efectos de
reconocimiento del subsidio familiar según artículo 11 del decreto 1794 de
2000, a cargo del señor Soldado Profesional EDILBERTO JIMENEZ ZUTA
…»1

Que el apoderado de la parte demandante, el día 23 de agosto de 2024 presentó
memorial solicitando la corrección de las inconsistencias presentadas en la
sentencia de segunda instancia, por medio de la ventanilla de atención virtual
SAMAI, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B.

Que, ante la falta de respuesta, el apoderado radicó nuevamente, por la ventanilla
de atención virtual SAMAI del Tribunal, memorial solicitando corrección de la
sentencia, el día 24 de noviembre de 2025.

Que el 25 de noviembre de 2025, desde Recepción de Memoriales SAMAI, en
respuesta a la solicitud del 24 de noviembre de 2025, le informaron que no era
posible darle tramite a la solicitud porque el proceso había sido enviado al juzgado
de origen el 13 de junio de 2022, por lo que la petición se debía hacer al juzgado
correspondiente. De manera que, el apoderado ese mismo día decidió radicar la
solicitud ante el Juzgado Trece Administrativo de oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá D.C.

Que, ante el silencio de las entidades judiciales requeridas, el accionante mediante
apoderado, decidió instaurar la presente acción de tutela para el amparo de su
derecho de petición.

1 Oficio No. 2024311002083901 del Ministerio de Defensa Nacional

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PRETENSIONES

Solicita que se ampare el derecho invocado y, en consecuencia, se ordene que «se
alleguen la respuesta solicitada»

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue admitida el 23 de enero de 2026, se vinculó como tercero
interesado a la Nación- Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y se ordenó
notificar a las autoridades judiciales accionadas.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Trece (13) Administrativo de Oralidad Circuito Judicial de Bogotá
D.C., Sección Segunda manifestó que la competencia para responder el memorial
radicado por el actor el 25 de noviembre de 2025 solicitando la corrección de la
sentencia de segunda instancia es del Tribunal y que al revisar las actuaciones en
Samai se observó que la solicitud ya se había enviado al Tribunal el 23 de agosto
de 2024, por lo que se abstuvo de dar traslado al superior.

Explica que, con ocasión de la tutela procedió, mediante la Secretaría del Juzgado,
a remitir el expediente digitalizado a la Secretaría de la Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el día 29 de enero de 2026.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
dijo que, de la primera solicitud de corrección radicada por la parte actora con fecha
del 23 de agosto de 2024 se tuvo conocimiento a partir el 29 de enero de 2026, pues
el expediente se encontraba archivado y en el Juzgado de origen; por lo tanto, que
le daría respuesta una vez se realizara el trámite pertinente para el ingreso.

Posteriormente, el Tribunal allegó memorial en el que anexó copia del auto que
decidió la solicitud de corrección e insistió en que no existe vulneración a ningún
derecho fundamental.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) derecho de petición
III) mora judicial y IV) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la

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protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Derecho de petición

El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado
democrático de derecho.

Las reglas consagradas en la Constitución, la ley y desarrolladas por la
jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:
debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la
armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.

En relación con el ejercicio del derecho de petición ante las autoridades judiciales,
ha dicho la Corte Constitucional que existen dos clases de solicitudes, dentro de las
cuales encontramos:

«(…) (i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas
procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser
ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser
atendidas por la autoridad judicial bajo las normas generales del derecho
de petición que rigen la administración y, en especial, de la Ley 1755 de
2015. (…)»2

Frente al primer escenario, la Corte3 considera que son todas aquellas donde el
ciudadano solicita la aplicación de leyes sustantivas o procedimentales que rigen
los procesos de competencia del juez, las cuales se rigen por el procedimiento
judicial indicado y no por la Ley 1755 de 2015.

Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado4 en sentencia del 19 de noviembre de
2020 señaló que «las reglas del derecho fundamental de petición no son aplicables
cuando se le solicita a un servidor judicial que cumpla sus funciones jurisdiccionales,
ya que las peticiones sobre actuaciones judiciales se encuentran reguladas en

2 Ver sentencias SU 076 de 2022 y T 394 de 2018
3 Sentencias C-951 de 2014, T-311 de 2013, T-172 de 2016, T-394 de 2018, reiteradas en la sentencia SU-333

de 2020
4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de noviembre de 2020. Radicado 11001-03-15-000-

2020-04387-00 (AC).

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procedimientos propios. Por tanto, los memoriales y los recursos se rigen por los
términos y etapas procesales previstos por el legislador, y en general, por las leyes
procedimentales propias de cada mecanismo judicial».

Ahora, si la petición trata asuntos ajenos a un proceso judicial, es meramente
administrativa y se aplican las reglas previstas en la Ley 1755 de 2015 y, se predica
que la respuesta debe ceñirse y respetar el núcleo irreductible de este derecho
fundamental, el cual, para la jurisprudencia constitucional, consiste en prontitud,
que se resuelva de fondo y se notifique debidamente la respuesta al solicitante.

Mora judicial

Ha establecido la Corte que la mora judicial impide el disfrute efectivo del derecho
de acceso a la administración de justicia, lo cual ocurre como consecuencia de las
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios que tienen a su cargo la solución de los procesos.

De igual forma, ha considerado que hay mora en los siguientes casos:

«(…) Si el incumplimiento del término procesal “(I) es producto de la
complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial, (II) se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (III) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley”

(…)

Existirá mora judicial justificada cuando se constate que el
incumplimiento del término procesal para decidir la cuestión sometida al
conocimiento del juez competente “(I) es producto de la complejidad del
asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del
operador judicial, (II) se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial, o (III) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley (…)».5

Frente a la mora judicial ha precisado la Corte Constitucional que según las
circunstancias del caso, es posible (I) negar la violación de los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, sometiendo al interesado al
sistema de turnos; (II) ordenar excepcionalmente la alteración del orden para proferir
el fallo, cuando el juez está en presencia de un sujeto de especial protección
constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables

5 Corte Constitucional. Sentencia SU 179 de 2021

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de solución, en contraste con las condiciones de espera particulares del afectado; o
(III) disponer un amparo transitorio en relación con los derechos fundamentales
comprometidos, mientras la autoridad judicial competente se pronuncia de forma
definitiva en torno a la controversia planteada, en aquellos casos en que se está
ante la posible materialización de un daño cuyos perjuicios no puedan ser
subsanados6.

Análisis del caso concreto

En síntesis, el señor Edilberto Jiménez Zuta estima que el Juzgado Trece
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, transgreden
su derecho fundamental de Petición, por no darle trámite a las solicitudes de
corrección de la sentencia del 30 de noviembre de 2021, proferida en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 10001-33-35-013-2018-00344-
01.

Pues bien, de las pruebas que obran en el expediente, la Sala encuentra lo
siguiente:

• El Tribunal en providencia del 30 de noviembre de 2021 revocó sentencia de
primera instancia y concedió la pretensión de nulidad en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, adelantado por el señor Edilberto
Jiménez Zuta en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito
Nacional.

• El Ministerio de Defensa Nacional, frente a la solicitud de pago de la
sentencia, le expresó a la parte actora mediante oficio No.
2024311002083901 del 06 agosto de 2024, que solicitó aclaraciones o
instrucciones frente a situación discordante de dicha providencia.

• El actor radicó memorial solicitando corrección de la sentencia de segunda
instancia el 23 de agosto de 2024 ante el Tribunal, por la ventanilla de
atención virtual Samai.

• El actor volvió a radicar la solicitud el 24 de noviembre de 2025 ante la falta
de respuesta del Tribunal, y desde Recepción de Memoriales SAMAI le
indicaron que debe hacer la solicitud al juzgado de origen. Por lo que, radicó
solicitud de corrección ante el Juzgado el 25 de noviembre de 2025.

Para la Sala es claro que la solicitud de corrección interpuesta en tres momentos
distintos, son peticiones judiciales; de ahí que, no se rigen por los términos de
respuesta que consagra la Ley 1755 de 2015, sino conforme a las reglas procesales
del caso, por esto, no se materializa la violación del derecho fundamental de
petición.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013, recogida en la T-346 de 2018

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Ahora, desde la presentación de la solicitud de corrección de la sentencia y la fecha
de radicación de la acción de tutela transcurrió un tiempo considerable, sin que el
accionante obtuviera un pronunciamiento al respecto; sin embargo, el Tribunal que
era el competente para resolver la solicitud, no estaba en condiciones de proferir la
decisión correspondiente, pues no tenía a su cargo el memorial; de manera que no
podría predicarse respecto de esa autoridad mora judicial.

El juzgado por su parte recibió la solicitud de corrección el 25 de noviembre de 2025,
y envió el expediente al tribunal para que este adelante el trámite el 29 de enero de
2026, lo que tampoco constituye un término irrazonable para la actuación, teniendo
en cuenta las cargas laborales y la vacancia judicial.

Adicionalmente, el Tribunal mediante memorial fechado del 3 de febrero del
presente año, anexó copia de la decisión sobre la solicitud de corrección, proferida
en la misma fecha7; hecho que se corrobora en el proceso del Tribunal -SAMAI,
índice 35.

En consecuencia, se negará el amparo invocado, puesto que, (I) no se está ante la
vulneración de un derecho de petición, ya que la solicitud de corrección se enmarca
en peticiones judiciales, por lo que se rige de acuerdo con las reglas procesales del
caso, (II) no se configura Mora Judicial por la imposibilidad del Tribunal de conocer
la existencia del memorial, y (III) el Tribunal respondió la solicitud de corrección con
fecha del 03 de febrero de 2026.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: NEGAR la tutela solicitada por el señor Edilberto Jiménez Zuta, conforme
a las consideraciones expuestas en esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

7 Se corrobora en el proceso de Tutela – SAMAI índice 10

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00134-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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