RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00136-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00136-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00136-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo formulada por la parte actora. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01. 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Miguel Ángel Garzón Vega Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2026-00136-00 TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00136-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00136-00
Accionante: MIGUEL ÁNGEL GARZÓN VEGA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 16 de enero de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Miguel Ángel Garzón Vega, en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Con la solicitud de
amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la «reparación
justa».

2. Le atribuyó la transgresión de sus garantías constitucionales a la
providencia del 19 de junio de 2025, mediante la cual la autoridad judicial
accionada revocó la decisión de primera instancia proferida dentro del proceso

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al

Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Asimismo, se dispuso la vinculación del Juzgado
Quinto Administrativo Oral de Cúcuta, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del
artículo 610 del Código General del Proceso.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Miguel Ángel Garzón Vega
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00136-00

de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 54001-33-33-005-2015-
00403-00/1, y, en su lugar, declaró la nulidad del acto demandado y condenó a
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional al pago de los
salarios y prestaciones que el actor dejó de percibir hasta la sentencia «sin que
la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder
de veinticuatro (24) meses de salario».

3. En concreto, el accionante solicitó lo siguiente:

Se TUTELEN mis fundamentales derechos ya mencionados y se ORDENE al
Honorable Tribunal Administrativo de Norte de Santander que al proferir nueva
sentencia sobre los límites indemnizatorios NO me los imponga teniendo en cuenta
que no fui retirado por facultad discrecional, ni hice parte de la Policía Nacional,
procediendo al pago completo de mis salarios, primas y demás emolumentos
desde el retiro de la fuerza (24 de septiembre de 2014) hasta cuando sea
efectivamente reintegrado.

1.2. Hechos

4. La parte actora ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Orden Administrativa de Personal nro. 2076 del 24 de
septiembre de 2014, mediante la cual se ordenó su retiro del servicio activo del
Ejército Nacional por disminución de la capacidad psicofísica.

5. El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cúcuta, en sentencia del 13 de
mayo de 2020, negó las súplicas de la demanda. Fundó su decisión en que no
se logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado, toda vez que
no se probó la falta de competencia de quien lo suscribió, la falsa motivación, ni
la desviación de poder.

6. El demandante apeló el fallo de primer grado. Al respecto, expuso que no
se analizaron todos los cargos de la demanda, por lo que insistió en la expedición
irregular por falta de competencia y en la falsa motivación.

7. La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander que, mediante providencia del 19 de junio de 2025 revocó lo decidido
por el a quo, y, en su lugar, accedió las pretensiones. En consecuencia, ordenó
el reintegro del actor sin solución de continuidad y condenó a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional al pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir hasta la sentencia, «sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24)
meses de salario».

8. Lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en la sentencia SU-553 de 2015
de la Corte Constitucional en la que se extendieron los efectos de los topes
indemnizatorios del fallo SU-556 de 2024 a los miembros de la fuerza pública.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Miguel Ángel Garzón Vega
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00136-00

1.3. Sustento de la vulneración

9. La parte accionante afirmó que la providencia cuestionada adolece de
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, al aplicar los topes
indemnizatorios de la sentencia SU-556 de 2014, los cuales fueron únicamente
extendidos a los miembros de la fuerza pública que son retirados en ejercicio de
la facultad discrecional.

10. Aludió que en providencia del 23 de mayo de 2023, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado en sede de tutela amparó los derechos fundamentales de un
caso similar al suyo, porque en la decisión que allí se cuestionó se aplicaron los
límites de la indemnización de los empleados que ocupan cargos en
provisionalidad, a un funcionario de carrera.

11. Además, indicó que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en
un caso con identidad fáctica y jurídica al suyo, confirmó el reintegro del
demandante y dispuso el pago completo de los salarios y prestaciones dejados
de percibir, sin límites indemnizatorios, hasta el reintegro3.

12. Copió inextenso la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado del 3 de julio de 20244 en la que se indicó que «no existe un criterio
unificado frente a la aplicación a los casos de retiro de miembros de la Fuerza
Pública».

1.4. Intervenciones

13. El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cúcuta informó que
mediante providencia del 7 de julio de 2025 se dispuso a obedecer lo decidido
por al ad quem.

14. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó que se declare improcedente
el mecanismo de amparo por ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados e indicó que, contrario a lo que sostiene el tutelante, se
aplicó la tesis jurisprudencial vigente.

15. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander pidió que se nieguen
las pretensiones. Al respecto, precisó que no incurrió en la violación
iusfundamental que alude el tutelante, toda vez que la sentencia reprochada se
ajustó a derecho.

3 Aportó la sentencia del 6 de agosto de 2025, proferida dentro del expediente 54001-33-33-002-

2015-00111-01.
4 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2013-00093-

01.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Miguel Ángel Garzón Vega
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00136-00

II. CONSIDERACIONES

16. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se
supera el referido requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.

2.1. Caso concreto

2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

17. El Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún
defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

18. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

19. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

20. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
7 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
8 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Miguel Ángel Garzón Vega
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00136-00

invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

21. La Sala advierte que Miguel Ángel Garzón Vega está legitimado en la
causa por activa, para promover este mecanismo constitucional por haber
conformado la parte activa del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se dictó la sentencia que reprocha por esta vía.

22. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad
judicial que profirió la decisión del 19 de junio de 2025.

23. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

24. En el sub judice, debe recordarse que la parte tutelante centró la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales en la configuración de los defectos
sustantivo y de desconocimiento del precedente por indebida aplicación de los
topes indemnizatorios dispuestos en la sentencia SU-556 de 2014 de la Corte
Constitucional, los cuales, desde su perspectiva, no rigen en casos de retiro por
disminución psicofísica.

25. Para la Sala, el debate que propone la parte tutelante carece de relevancia
constitucional en la medida en que el estudio que plantea es netamente legal y
denota su inconformidad con la tesis aplicada por el tribunal, con relación a la
aplicación de los topes indemnizatorios.

26. Lo anterior se fundamenta en que, si bien relacionó en su escrito tutelar
una sentencia del mismo tribunal9, se limitó a indicar que se trataba de un caso
igual al suyo sin justificar de forma suficiente y razonada por qué los casos debían
tener igual tratamiento, es decir, sin la carga argumentativa requerida para
estudiar el cargo.

9 Su sentencia fue suscrita por los magistrados Hernando Ayala Peñaranda, Ángel Ignacio Álvarez

Silva y Édgar E. Bernal Jáuregui; mientras que la que trajo como desconocida fue firmada por los
magistrados Digna María Guerra Picón, Carlos Mario Peña Díaz y Robiel Amed Vargas González.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Miguel Ángel Garzón Vega
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00136-00

27. Cabe resaltar que, la Corte Constitucional ha diferenciado el precedente
horizontal del vertical y aduce que se incurre en desconocimiento del primero,
cuando el juez se aparta de una postura anteriormente aplicada sin justificación.
Así las cosas, es de conformidad con tal definición que se debe sustentar un yerro
como el propuesto por la actora.

28. Ahora bien, nótese que trajo a colación una sentencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado de la que destacó precisamente que «no existe
un criterio unificado frente a la aplicación a los casos de retiro de miembros de la
Fuerza Pública», al interior del órgano de cierre en la materia.

29. En ese sentido, el debate constitucional que propone el accionante carece
de relevancia constitucional ante la proposición de un debate exclusivamente
legal, por encontrarse inconforme con que el tribunal haya extendido los efectos
de la decisión de la Corte Constitucional que dispuso topes indemnizatorios en
casos de reintegro de miembros de la fuerza pública, aun cuando reconoce en
su escrito de tutela la existencia de criterios divergentes.

30. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia10.

31. Por esto, la Sala declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, al
no encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15

de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Miguel Ángel Garzón Vega
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00136-00

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.