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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00138-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00138-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Leonardo Andrés Roa Eslava por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00138-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

5 de febrero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00138-00
Demandante: LEONARDO ANDRÉS ROA ESLAVA
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR FALTA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: el actor cuestionó la providencia que confirmó la decisión que negó sus
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que negó la existencia
de una relación laboral encubierta. La Sala encontró que no se superó el requisito de relevancia
constitucional porque dichos reproches correspondían a una mera inconformidad con la
valoración probatoria realizada por el juez natural que no transciende al ámbito constitucional.

La Sala decide la acción de tutela presentada 1 por el señor Leonardo Andrés Roa
Eslava en contra del Tribunal Administrativo del Meta y la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado para la protección de sus derechos fundamentales del
debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, consagrados en los
artículos 29, 229 y 13 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con
ocasión de las sentencias del 9 de mayo de 2024 y 29 de octubre de 2025, proferidas
por dichas autoridades judiciales, respectivamente, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación no. 50001-23-33-000-2017-00318-00/01.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 15 de enero de 2026. (índice 00001 del aplicativo
SAMAI)

2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00138-00
Actor: Leonardo Andrés Roa Eslava
Acción de tutela

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Entre los años 2008 y 2013 prestó sus servicios como médico general para la
Secretaría de Salud del departamento del Meta, en el marco de múltiples contratos y
órdenes de prestación de servicios, mediante los cuales desarrolló actividades
relacionadas con la verificación del cumplimiento de las condiciones del Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.

2) El 15 de marzo de 2017, solicitó al departamento del Meta el reconocimiento de una
relación laboral y el pago de las prestaciones sociales correspondientes; petición que
fue negada mediante el oficio no. 106000-176 del 28 de marzo de 2017, en el cual la
administración sostuvo que la vinculación se dio exclusivamente a través de contratos
de prestación de servicios.

3) En 2017, presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que
se declarara la nulidad del referido acto administrativo y se reconociera la existencia
de una relación laboral, junto con el pago de salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos derivados de ella.

4) Mediante sentencia del 9 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta negó
las pretensiones de la demanda2; el actor apeló la decisión3 y, mediante fallo del 29 de
octubre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó
la condena en costas impuesta en primera instancia y, en lo demás, confirmó la
decisión que negó las pretensiones de la demanda.

2
La autoridad judicial concluyó que, si bien estaban acreditados la prestación personal del servicio y la
remuneración, no se probó el elemento esencial de subordinación, por cuanto las pruebas recaudadas
solo demostraban mecanismos de coordinación propios del contrato de prestación de servicios y no se
acreditó la imposición de horarios rígidos, la existencia de turnos obligatorios, ni el ejercicio de un poder
permanente de supervisión, dirección o disciplina sobre las labores contratadas.
3
En el recurso de apelación el demandante sostuvo que el análisis efectuado por el tribunal desconoció
el alcance de los testimonios practicados en la audiencia de pruebas, los cuales, a su juicio, daban
cuenta de una inserción funcional continua en la estructura operativa de la Secretaría de Salud del
Departamento del Meta y los valoró de manera fragmentada porque, aunque reconoció la existencia de
programación, control de actividades e interacción permanente con superiores funcionales, descartó su
relevancia jurídica con el argumento de que tales elementos eran compatibles con la contratación por
prestación de servicios.

Alegó que las actividades que desarrolló como médico general no respondían a encargos ocasionales o
autónomos, sino que se ejecutaban dentro de un esquema previamente organizado por la entidad, con
programación de visitas, integración a un equipo interdisciplinario de verificadores, utilización de insumos
institucionales y sujeción a lineamientos definidos por los responsables del área, circunstancias que
superaban la mera coordinación contractual y revelaban un ejercicio efectivo de dirección por parte de
la administración.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00138-00
Actor: Leonardo Andrés Roa Eslava
Acción de tutela

5) La autoridad judicial demandada precisó que, inclusive en contratos de prestación
de servicios pueden presentarse coordinación, entrega de informes, cumplimiento de
horarios o instrucciones de resultado, sin que tales circunstancias resulten suficientes
para acreditar la existencia de una relación de subordinación laboral por cuanto
evidenciaban mecanismos de coordinación necesarios para la ejecución del objeto
contractual, pero no demostraban que el actor estuviera sometido a un poder
permanente de dirección, organización y disciplina propio de una relación laboral.

6) Al analizar los testimonios practicados en la audiencia de pruebas del 4 de abril de
2022, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó que
ninguno de ellos acreditó, con el grado de certeza exigido, la imposición de órdenes
continuadas sobre el modo, tiempo o cantidad de trabajo, ni la existencia de horarios
rígidos e inmodificables, ni la aplicación de sanciones disciplinarias en caso de
incumplimiento; por el contrario, destacó que la planeación y ejecución de las visitas
podía ser concertada dentro del grupo interdisciplinario, que los lineamientos técnicos
provenían de la regulación expedida por el Ministerio de Salud y que las observaciones
efectuadas por la entidad frente a los informes respondían a criterios técnicos y
normativos, no así al ejercicio de autoridad jerárquica.

7) Con los testimonios también se acreditó que el demandante prestó servicios de
manera simultánea a otras entidades, circunstancia incompatible con la existencia de
una subordinación continuada y exclusiva frente al departamento del Meta, por lo cual,
la provisión de elementos de trabajo, la asistencia a capacitaciones y la participación
en reuniones de coordinación no desnaturalizaban la autonomía del contratista ni
permitían inferir la existencia de una relación laboral encubierta.

2. Los fundamentos de la vulneración

Para el demandante, las providencias cuestionadas adolecen de un defecto fáctico
porque desconocieron el contenido de las pruebas testimoniales y documentales
orientadas a demostrar el elemento de subordinación en la relación sostenida con la
Secretaría de Salud del departamento del Meta.

En particular, sostuvo que las autoridades judiciales demandadas extrajeron
conclusiones parciales de las declaraciones rendidas por Luz Stella Rojas
Trespalacios, Olga Lucía Robinson Hidalgo, Diego Armando Martínez Reyes y

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00138-00
Actor: Leonardo Andrés Roa Eslava
Acción de tutela

Katherine Zapata, así como de los contratos de prestación de servicios suscritos entre
los años 2008 y 2013, los comprobantes de pago y los documentos relacionados con
la ejecución de las actividades, los cuales permitían inferir la existencia de horarios
impuestos, supervisión jerárquica, llamados de atención y ausencia de autonomía,
elementos que, en su criterio, acreditaban la subordinación laboral.

Se calificó de manera injustificada dichas pruebas como insuficientes o no
concluyentes, pese a que, en su entender, su coherencia, uniformidad y concordancia
permitían demostrar que las funciones desempeñadas eran permanentes, misionales
y ejecutadas bajo condiciones similares a las de los empleados de planta.

3. Pretensiones.

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“PRIMERO: Dejar sin valor, ni efecto jurídico la sentencia proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, el nueve (9) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024), por medio de la cual decidió negar la declaratoria de
existencia de la relación laboral entre mi prohijado (Médico General) y el
Departamento del Meta – Secretaría de Salud, entre el 3 de julio de 2008 y
el 17 de noviembre de 2013, aduciendo que no se había acreditado la
subordinación y dependencia, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 50001-23-33-000-2017-
00318-00.

SEGUNDO: Dejar sin valor, ni efecto jurídico la sentencia proferida por el
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B” el
veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025), C.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar, por medio de la cual se decidió confirmar la decisión de
primer grado de carácter, pues se consideró que, no se había demostrado el
elemento de dependencia o subordinación de mi mandante para con el
Departamento del Meta – Secretaría de Salud, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 50001-23-33-000-
2017-00318-01.

TERCERO: Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “B” que en un término no mayor a treinta (30) días, se sirva
proferir una nueva decisión dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por LEONARDO ANDRÉS ROA
ESLAVA contra el DEPARTAMENTO DEL META – SECRETARÍA DE
SALUD, identificado bajo el radicado No. 50001-23-33-000-2017-00318-01,
en el que se tenga en cuenta la totalidad del material probatorio incorporado
en debida forma al proceso y se respete el precedente jurisprudencial
decantado por el H. CONSEJO DE ESTADO en asuntos de primacía de la
realidad, accediendo a las súplicas invocadas en el escrito introductorio y sin
someter a tarifa legal la prueba acopiada en el trámite ordinario.”.
(mayúsculas y negrillas del original - archivo disponible en medio magnético
en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00138-00
Actor: Leonardo Andrés Roa Eslava
Acción de tutela

4. Actuación procesal

Mediante auto del 15 de enero de 2026 (índice 0004 del aplicativo Samai) se admitió
la acción de tutela, se notificó al presidente y magistrados integrantes de la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Meta
y se vinculó al gobernador del Meta y al secretario de salud del departamento del Meta,
entregándoles copia de la demanda y los anexos.

5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas y vinculadas

El magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela con fundamento
en que los planteamientos del escrito de amparo se limitaron a reiterar el desacuerdo
con la valoración probatoria efectuada en el proceso ordinario.

La providencia cuestionada examinó de manera detallada y razonada el acervo
probatorio, en particular, los contratos de prestación de servicios, los documentos
asociados a su ejecución y las declaraciones rendidas en la audiencia de pruebas, a
partir de lo cual concluyó que no se acreditó la subordinación propia de una relación
laboral, sino, únicamente, mecanismos de coordinación y supervisión contractual; la
exigencia de informes, la aplicación de listas de chequeo, el cumplimiento de
cronogramas y la observancia de estándares técnicos del sector salud no equivalen al
ejercicio de un poder de dirección, organización o disciplina.

La acción de tutela pretende reabrir un debate probatorio ya resuelto y convertir este
mecanismo en una tercera instancia, en desconocimiento de los principios de
subsidiariedad, cosa juzgada y seguridad jurídica.

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Meta (índice 00012 del aplicativo
SAMAI) solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque la parte
actora pretende emplear este mecanismo como una tercera instancia frente a la
decisión que negó sus pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.

La parte demandante repitió su desacuerdo probatorio relacionado con el elemento de
la subordinación y buscó reabrir la valoración debidamente efectuada en la etapa
procesal pertinente.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00138-00
Actor: Leonardo Andrés Roa Eslava
Acción de tutela

El secretario jurídico del departamento del Meta (índice 00014 del aplicativo SAMAI)
solicitó que se desestime el amparo solicitado por el actor con fundamento en que no
se vulneraron sus derechos fundamentales por cuanto las providencias judiciales
cuestionadas fueron proferidas en el marco de un proceso ordinario en el cual el actor
contó con plenas garantías procesales, ejerció su derecho de defensa y agotó los
recursos judiciales previstos por el ordenamiento.

En relación con el elemento de la subordinación, reiteró que no existió vínculo laboral
alguno con el actor, por cuanto este no cumplía horarios fijos, no estaba sujeto a
llamados de atención, ni se encontraba obligado a asistir a capacitaciones o reuniones
institucionales; las actividades desarrolladas se ejecutaban con autonomía técnica,
dentro del grupo de habilitadores y las listas de chequeo e informes obedecían
exclusivamente a la normativa sectorial y a las directrices del Ministerio de Salud y
Protección Social, pero no a un poder de dirección jerárquico por parte de la Secretaría
de Salud del Meta.

La acción de tutela resulta improcedente por cuanto se pretende utilizarla como una
instancia adicional para reabrir un debate probatorio ya resuelto por la jurisdicción de
lo contencioso administrativo en claro desconocimiento de los principios de
subsidiariedad, cosa juzgada y seguridad jurídica.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del asunto
y 3) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00138-00
Actor: Leonardo Andrés Roa Eslava
Acción de tutela

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. Delimitación del asunto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Meta y a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del
debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, presuntamente
vulnerados con ocasión de las sentencias proferidas por esas autoridades judiciales el
9 de mayo de 2024 y el 29 de octubre de 2025, respectivamente, por cuanto, a su juicio,
incurrieron en un defecto fáctico.

La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las sentencias proferidas
en las dos instancias del proceso ordinario, lo cierto es que los argumentos de reproche
de la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido de la providencia de segunda
instancia, siendo aquella la que definió el marco de decisión de la presente providencia.

Lo anterior, aunado a que esa providencia fue la que finalizó el proceso y ante la
eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial
encargada de cumplir la orden y dictar una sentencia de reemplazo sería la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

En suma, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido en segunda instancia.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a la

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Actor: Leonardo Andrés Roa Eslava
Acción de tutela

administración de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados con ocasión de la
sentencia del 29 de octubre de 2025, mediante la cual se confirmó la decisión que negó
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada
por el señor Leonardo Andrés Roa Eslava, relacionadas con la declaración de la
existencia de una relación laboral encubierta con la Secretaría de Salud del
departamento del Meta.

En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
conforme se expone a continuación:

3.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia
de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales
se destaca la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste
una genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se

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Actor: Leonardo Andrés Roa Eslava
Acción de tutela

convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales
ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente , la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez
constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el
ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional
que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de
un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos
legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de
una norma procesal ”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se
acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos
fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora
“busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos
con la intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste
la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”,

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Actor: Leonardo Andrés Roa Eslava
Acción de tutela

enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene
tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de
un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema
jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se
pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre
el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración
concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del
requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia
de una restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.4

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o
simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de
la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de
las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta
diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único

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Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente
por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas
facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una
genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales,
en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de
vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de
tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias
proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a
reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción
de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela
debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación,
aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia
no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de
proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación
grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una
decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una
pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y
resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción
competente.

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Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo
establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta
hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara
y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones
probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.

3.2 El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

1) En lo que respecta al defecto fáctico alegado, el actor sostuvo que la providencia
cuestionada incurrió en una valoración irrazonable de las pruebas recaudadas en el
proceso ordinario, en particular, de los testimonios y documentos orientados a
demostrar la existencia del elemento de subordinación dentro de la relación que
sostuvo con la Secretaría de Salud del departamento del Meta; los testimonios, así
como los contratos de prestación de servicios, cronogramas de actividades, informes y
demás documentos obrantes en el expediente, permitían concluir que su labor se
desarrolló con sujeción a órdenes, horarios y supervisión jerárquica.

2) No obstante, la Sala advierte que tales cuestionamientos no introducen un problema
de naturaleza constitucional autónomo, sino que reproducen, en esencia, los
argumentos que fueron expuestos por el demandante en el recurso de apelación del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se insistió en que el
conjunto probatorio acreditaba la subordinación propia de una relación laboral:

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Actor: Leonardo Andrés Roa Eslava
Acción de tutela

“Fundamentos de inconformidad.

Debe recordarse que, el Tribunal Administrativo del Meta (...) decidió negar
la declaratoria de existencia de la relación laboral (...) aduciendo que no se
había acreditado la subordinación y dependencia, con lo cual el a quo, incurrió
en: i) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la
veracidad de los hechos alegados por las partes, ii) valoración irracional o
arbitraria de las pruebas aportadas (...).

En efecto, en el presente asunto obra suficiente material probatorio que
permite inferir que entre mi mandante y la entidad oficial se configuró una
evidente relación laboral (...) toda vez que, se demostraron los tres elementos
esenciales para que se configure una relación laboral, esto es, (...) iii) la
continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador.
Pues bien, en primer lugar que, contrario a lo afirmado por el a quo, se
advierte que sí se configuró una relación laboral, como quiera que, las labores
desarrolladas por mi mandante fueron continuas e ininterrumpidas en el
citado lapso, desarrollando funciones en el cargo de MÉDICO GENERAL, las
cuales son carácter permanente y necesarias para la ejecución del objeto
misional del Departamento del Meta – Secretaría de Salud –prestación del
servicio de salud- como se demuestra con los contratos de prestación de
servicios suscritos entre el departamento del Meta y mi prohijado, así como
en los comprobantes de egreso (...).

(...) se deduce que, las funciones que ejecutó (...) son de carácter permanente
y estaban dirigidas al cumplimiento de los fines misionales de la
SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL META, lo que sugiere
que, no eran actividades transitorias o temporales, máxime si se tiene en
cuenta que, ese vínculo disfrazado mediante CPS perduró por más de cinco
(5) años (...).

Adicionalmente, obsérvese que, en audiencia de pruebas, los testigos LUZ
STELLA ROJAS TRESPALACIOS, OLGA LUCÍA ROBINSON HIDALGO,
DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ REYES Y KATHERINE ZAPATA, fueron
coherentes en sostener que mi mandante debía cumplir un horario de turnos
fijado por la entidad accionada y se establecían de acuerdo a las necesidades
del servicio (...).

En este punto, conviene precisar que, pese a que los testigos LUZ STELLA
ROJAS TRESPALACIOS, OLGA LUCÍA ROBINSON HIDALGO, DIEGO
ARMANDO MARTÍNEZ REYES Y KATHERINE ZAPATA fueron
espontáneos, claros, contundentes, coherentes y elocuentes, en señalar las
labores desarrolladas por el demandante, los horarios y órdenes que le
suministraban, manifestaciones que guardan relación con las documentales
aportadas (contratos de prestación de servicios y comprobantes de egreso,
con lo cual se acreditó el elemento dependencia o subordinación, por ende,
procedían las súplicas invocadas en el escrito introductorio (...)”.

3) Dichos planteamientos fueron objeto de análisis por parte de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, autoridad judicial que examinó las
declaraciones testimoniales y las pruebas documentales aportadas al proceso y
concluyó que de estas no era posible inferir la existencia de subordinación en los
términos exigidos por la jurisprudencia, en la medida en que los elementos señalados
por el demandante daban cuenta de mecanismos de coordinación y supervisión propios

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Actor: Leonardo Andrés Roa Eslava
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de los contratos de prestación de servicios, pero no de la sujeción al poder disciplinario
y organizacional característico de una relación laboral:

“En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

2.3.1. Documentales

Durante el periodo comprendido entre el 3 de julio de 2008 y el 27 de
noviembre de 2013, Leonardo Andrés Roa Eslava estuvo vinculado con la
Secretaría de Salud del Departamento del Meta, mediante los siguientes
contratos de prestación de servicios (Según los contratos de prestación de
servicios, los comprobantes de egreso y el oficio 16200-35 del 23 de enero
de 2017 suscrito por el jefe de la oficina de asuntos contractuales del
departamento del Meta. Samai, índice 2, (...) páginas 77 a 143)
Por medio del Oficio 16200-35 del 23 de enero de 2017 suscrito por el jefe de
la oficina de asuntos contractuales del departamento del Meta se relacionaron
los contratos suscritos entre el demandante y la entidad demandada: (...)

Se aportaron comprobantes de egreso y la hoja de vida del demandante (...).

En la audiencia de pruebas celebrada el 4 de abril de 2022 se recibieron los
testimonios de Luz Stella Rojas Trespalacios, Ivon Sánchez García, Olga
Lucía Robinson Hidalgo, Diego Armando Martínez Reyes y Katherine Zapata,
pedidos por la parte demandante, de los cuales se extrae lo siguiente: (...).

valoradas en conjunto las pruebas (...) la Sala considera que estas no ofrecen
la suficiente certeza sobre la existencia de la alegada subordinación ni
demuestran fehacientemente que Leonardo Andrés Roa Eslava hubiese
obrado con falta de autonomía o independencia en el desarrollo de sus
actividades, en tanto estuviese sujeto a instrucciones, órdenes o al control de
un superior para llevar a cabo la ejecución de las obligaciones contractuales,
por lo que no es posible determinar una sujeción de aquel hacia el
departamento del Meta, Secretaría de Salud, y en tal sentido, que esta
contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio y si
él, a su vez, tenía la obligación de obedecerle.

De los testimonios se advierte que, en efecto, la programación de visitas era
proporcionada por la entidad y, comoquiera que, estas estaban dirigidas a
diversas entidades prestadoras de servicios de salud, desde hospitales hasta
médicos independientes, distribuidas en todo el departamento, y que el grupo
estaba compuesto por diferentes profesionales debían realizar su planeación
y la preparación de implementos o documentación necesaria para su
ejecución.

(...) ninguno fue categórico en afirmar que a Leonardo Andrés Roa Eslava le
era exigible por parte de la entidad demandada un horario de trabajo lo que
permite inferir que, si bien debía cumplir con una programación de visitas
como integrante de un grupo interdisciplinario, la planeación y ejecución de
la labor podía ser concertada entre ellos.

Asimismo, aunque manifestaron que como contratistas debían informar sobre
su inasistencia a las visitas programadas, también señalaron que todos los
profesionales requeridos para hacer las visitas debían participar de ella,
comoquiera que se evaluaban diferentes condiciones básicas de habilitación
en las que cada profesional era indispensable de lo contrario no se podía
llevar a cabo.

En tal sentido, de ser el caso se designaba a otra persona con conocimientos
afines para reemplazar a quien no pudiese asistir, tal y como lo advirtió Luz

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Stella Rojas Trespalacios, quien además indicó que pese a existir personal
de planta con una carrera afín a la ejercida por ella, que también cumplía
funciones de verificación, lo cierto es que aquellos tenían asignadas otras
funciones. Lo que, en todo caso, no cuenta de la situación fáctica del
demandante y se percibe como una manifestación propia del principio de
coordinación que propende por armonizar las actividades y objetivos de los
sujetos de la relación contractual para alcanzar las metas establecidas en un
contrato.

(...) se observa que la práctica de las visitas de verificación tenía como
finalidad comprobar el cumplimiento de las condiciones básicas de los
componentes del sistema obligatorio de garantías de calidad en salud de los
prestadores del servicio, de acuerdo con la Resolución 1043-2006 y el
Decreto 1043 de 2006. Es decir, el demandante debía dar aplicación a una
norma técnica emitida por el Ministerio de Protección Social (ahora Ministerio
de Salud), lo que no da cuenta de una dirección de las actividades a ejecutar
por parte del empleador, sino el marco de aplicación de los estándares
previstos en las regulaciones normativas para el cumplimiento de la labor
contratada.

(...) Diego Armando Martínez Reyes en su declaración afirmó que el
demandante en ejercicio de su profesión como médico general cumplía con
turnos en otras entidades. En esa medida, la concurrencia en la prestación
de servicios a diferentes empleadores permite inferir que el actor no estaba
sujeto a una dirección continua por parte de la entidad demandada, y de
acuerdo con lo probado y expuesto en precedencia, cumplía con el objeto
contractual bajo su propia autonomía.

(...) los contratos allegados como material probatorio solo dan cuenta de los
acuerdos pactados por Leonardo Andrés Roa Eslava y la entidad
demandada, toda vez que estos por si solos no son prueba de la existencia
de la alegada subordinación (...).

(...) las declaraciones rendidas y las pruebas documentales no otorgaron la
certeza necesaria para demostrar la subordinación que permita la
declaratoria de la existencia de la relación laboral pretendida, en especial en
relación con la dirección y control efectivo de las actividades a desarrollar,
bien sea a través de órdenes en cuanto a circunstancias de forma de trabajo,
la imposición de reglamentos internos, el ejercicio del poder de disciplina o
del ius variandi o la prerrogativa que tiene el empleador de alterar
unilateralmente las condiciones de trabajo.”. (archivo disponible en medio
magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

3) En efecto, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional es necesario examinar varios elementos, entre ellos que la acción de
tutela no se use para volver sobre lo discutido en el proceso ordinario, esto es, que no
se emplee como una instancia adicional a este, puesto que dicho mecanismo especial
constitucional fue diseñado para proteger derechos fundamentales y no para discutir la
simple inconformidad o discrepancia que un actor tenga frente a una determinada
decisión judicial.

4) Fue así como en la decisión cuestionada la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado expresamente zanjó la discusión sobre la subordinación, en el

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sentido de señalar que, a partir del acervo probatorio no se podía inferir nada distinto a
la supervisión del contrato, la cual no equivale a subordinación:

“La vinculación por contratos de prestación de servicios se rige por el numeral
3 del artículo 32 de la Ley 80 de 19935. El artículo mencionado prevé
expresamente que, en ningún caso, dicho tipo de contratos «[…] generan
relación laboral ni prestaciones sociales […]».

De acuerdo con el aparte transcrito del artículo 32 ejusdem, debe entenderse
que el legislador reglamentó en dicha norma una presunción según la cual, la
celebración de contratos de prestación de servicios no genera en ningún caso
una relación laboral entre contratante y contratista o el derecho al pago de
prestaciones sociales en favor de este último (...).

Respecto a los elementos que configuran una relación laboral y
específicamente sobre el elemento de la subordinación, el Consejo de Estado
ha dicho5: (...).

En ese orden, el material probatorio traído al plenario da cuenta que entre la
ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia y la demandante se suscribieron
varios contratos de prestación de servicios (...), de carácter sucesivo, los
cuales tenían por objeto la prestación de sus servicios como auxiliar de
almacén de la entidad Sede II (...).

Más allá de ello, no se logra acreditar el cumplimento de órdenes de un jefe
inmediato, llamados de atención o memorandos y el cumplimiento de un
horario; de hecho, ha de precisarse que en las vinculaciones por contratos de
prestación de servicios es considerable que el contratista deba cumplir con
sus obligaciones teniendo en cuenta las condiciones indispensables para el
desarrollo efectivo de la actividad contratada, en el que se incluye el
cumplimiento de un horario sin que ello traduzca necesariamente la
configuración del elemento de subordinación.

Así las cosas, era menester que la contratista, demostrara la existencia del
elemento denominado subordinación en los respectivos contratos, lo cual
dependiendo del respectivo análisis quedara probado con suficiencia la
efectividad de la relación laboral reclamada.

Bajo ese entendido y en virtud del principio de causa petendi, le
correspondería en este caso a la parte demandante la demostración de los
supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
persigue (artículo 167 del Código General del Proceso), para probar sin lugar
a dudas, que una vez vistos en contexto los elementos de acatamiento de
órdenes, cumplimiento de turnos y desempeño de funciones inherentes al
objeto de la entidad en las mismas condiciones que los empleados de planta,
prestación del servicio continua, permanente y habitual y no esporádico u
ocasional, es dable colegir indiscutiblemente que se configuró el elemento de
la subordinación, pues dicho sea de paso, cualquiera de estos factores visto
aislada y desarticuladamente no constituyen per se la dependencia predicada
del contrato laboral.

En este caso, no quedó demostrado que la contratista debía someterse
ineludiblemente a las órdenes e instrucciones de funcionarios de la entidad,
en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que estos impusieran, es decir,

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, CP Rafael
Francisco Suárez Vargas, sentencia del 8 de marzo de 2018, radicación 25000-23-42-000-2013-04117-
01 (2813-16).

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que no ejercían de manera autónoma e independiente la actividad para la
cual fue contratada.

Lo anterior podía probarse, se insiste, a través de oficios, llamados de
atención, memorandos de los cuales se advirtiera la imposición de órdenes e
instrucciones sobre la forma de prestar el servicio más allá de lo que
razonablemente debía realizar la contratista en virtud de la actividad
contratada; las que demostraran las sanciones o el uso del poder disciplinario
del nominador por el incumplimiento de las funciones contratadas, el
incumplimiento de un horario fijado exclusivamente por la entidad; las que
acreditaran el deber de disponibilidad permanente como los registros de
llamadas y comunicaciones en ese sentido, y que superaran lo contratado en
caso de que por la actividad requerida así se necesitase; y en materia de
testimonios, la asertividad, razonabilidad y completitud de los dichos de estos
que permitieran establecer la forma en que se exigía el cumplimiento de un
horario no convenido con el contratista, la forma en que se daban las órdenes
e instrucciones, las consecuencias de su incumplimiento, entre otras.

Advierte la Sala que, el objeto de cada uno de los contratos de prestación de
servicios, por sí solos, no permiten establecer que, para el desarrollo de las
actividades, hubo necesaria dependencia y subordinación.

En este sentido se acogen las consideraciones expuestas por el Honorable
Consejo de Estado mediante sentencia del 17 de noviembre del 2022 (...)”.

5) Como viene de leerse, la autoridad judicial demandada examinó el material
probatorio, en particular los contratos de prestación de servicios, los soportes
documentales asociados con su ejecución y los testimonios y, a partir de esa
valoración, concluyó que no existía certeza suficiente para tener por acreditado el
elemento de subordinación que permitiría estructurar un contrato realidad.

6) La autoridad judicial demandada consideró que las pruebas invocadas como
indebidamente valoradas por el actor (programaciones, cronogramas, informes,
aplicación de instrumentos técnicos y coordinación para la realización de visitas) daban
cuenta de dinámicas de planeación, articulación funcional y seguimiento propias de la
ejecución contractual y del cumplimiento de estándares normativos del sector, pero no
de la inserción del contratista en un poder de dirección, organización y disciplina
equiparable al propio de una relación laboral; las pruebas no demostraban, con la
entidad exigible, circunstancias típicas de subordinación tales como la imposición
unilateral de un horario laboral, la sujeción a reglamentos internos en clave disciplinaria,
el ejercicio del ius variandi o la existencia de consecuencias sancionatorias derivadas
del incumplimiento de órdenes propias de un vínculo laboral.

7) Lo expuesto permite concluir, sin mayores dilaciones, que la parte actora pretendió
emplear la acción de tutela como un recurso que permitiera revivir la discusión sobre
la existencia del elemento de subordinación y con ello crear una instancia adicional

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Actor: Leonardo Andrés Roa Eslava
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para obtener una decisión favorable a sus intereses, a pesar de que tales desacuerdos
no atañen a una discusión de raigambre constitucional, ya decidida por el juez natural
de la causa e insuficiente para sustentar la relevancia constitucional.

8) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
jurídico que era propio del proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado
pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

9) En ese orden de ideas, esta Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Leonardo
Andrés Roa Eslava por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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