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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00144-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00144-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: RECONOCER a los señores Nelson Fabian Pasaje Cepeda, Janeth Rocío Pasaje Cepeda, Jhon Jairo Cepeda, Miriana Díaz Manuyama, Julia Andrea Cárdenas Pasaje, Herlin Pasaje Cepeda, Zoraida Pasaje Cepeda, Doris Omaira Pasaje Cepeda, Elcy Margoth Pasaje Cepeda, Javier Andrés Delgado Pasaje y Nancy Miriam Pasaje Cepeda, como coadyuvantes de la parte accionante. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 17 Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00 Accionante: Fabiola Cepeda CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00144-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: FABIOLA CEPEDA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Caducidad del medio
de control de reparación directa por delitos de lesa humanidad – No se
configuran los defectos invocados.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Tribunal
Administrativo del Cauca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Fabiola Cepeda, a través de apoderado judicial, solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 22 de febrero de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca dentro del medio de control de
reparación directa con el número de radicación 19001-33-33-008-2015-00155-
00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestóque presentaron1 demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa núm. 19001-33-33-008-2015-00155-00/01 contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, con el fin de que se declarara
administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios que se les

1
“[…] NELSON FABIÁN PASAJE CEPEDA, JANETH ROCÍO PASAJE CEPEDA, JHON JAIRO CEPEDA, EDUARDO
HERNEY PASAJE CEPEDA, YULI ANDREA CÁRDENAS PASAJE, HERLIN PASAJE CEPEDA, ZORAIDA PASAJE
CEPEDA, DORIS OMAIRA PASAJE CEPEDA, ELCY MARGOTH PASAJE CEPEDA, JAVIER ANDRÉS DELGADO PASAJE
y NANCY MIRIAM PASAJE CEPEDA […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: Fabiola Cepeda

causaron a raíz de la muerte de “[…] Wilson Yobany Pasaje Cepeda, en hechos
ocurridos el 3 de agosto de 2007, en el corregimiento La Balsa, municipio de Buenos
Aires, Cauca […]”.

2.2. Expresó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Popayán, autoridad judicial que, mediante providencia
de 30 de junio de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.3. Señaló que el Ejército Nacional interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión y el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia de 22 de febrero
de 2024, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control cuestionado.

2.4. Consideró que la providencia cuestionada vulneró los derechos fundamentales
indicados supra, por haber incurrido en un desconocimiento del precedente judicial,
en los defectos fáctico y procedimental absoluto y en la causal de violación directa
de la Constitución.

2.5. Indicó frente al desconocimiento del precedente judicial que “[…] El Tribunal
accionado aplicó de manera incompleta y restrictiva la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, así como decisiones de la Corte
Constitucional en las sentencias SU-312 de 2020, T-044 de 2022 y SU-167 de 2023
[…] El Tribunal Administrativo del Cauca sostuvo la caducidad de la acción, pese a
que:— Existía una versión oficial de combate legítimo, sostenida durante años por
la Fuerza Pública.— Los accionantes carecían de acceso real a los elementos
probatorios esenciales (necropsias, análisis balísticos, informes técnicos).— La
posibilidad objetiva de imputar el daño al Estado solo surgió en el año 2014, cuando
se conoció la Sentencia 075 de 2014 y el expediente penal correspondiente. A pesar
de ello, el Tribunal:— Aplicó de manera fragmentaria la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020.— Omitió su regla decisoria central, esto es, la inaplicación de
la caducidad ante obstáculos materiales. — Ignoró sin justificación alguna la
jurisprudencia posterior y reiterativa de la Corte Constitucional. Este
comportamiento constituye un desconocimiento directo del precedente judicial
vinculante, sin que el Tribunal hubiera asumido la carga argumentativa reforzada
que exige un eventual apartamiento […]”.

2.6. Adujo sobre el defecto fáctico que “[…] La inferencia realizada por el Tribunal es

manifiestamente irrazonable, pues: — La solicitud de conciliación no equivale a
imputación jurídica del daño.— En 2009 no existían elementos objetivos que
permitieran estructurar responsabilidad estatal.— La imputación solo fue
jurídicamente viable a partir de 2014, con el acceso a las pruebas técnicas del
proceso penal. La Corte Constitucional ha sido enfática en que el término de
caducidad no puede contarse desde la mera sospecha, sino desde la posibilidad
real y objetiva de imputación jurídica, cuando existe claridad […]”.

2.7. Afirmósobre el defecto procedimental absoluto que “[…] El Tribunal
Administrativo del Cauca: Guardó silencio absoluto frente al memorial denominado

3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: Fabiola Cepeda

alegatos de conclusión presentado el 12 de diciembre de 2023 […] Esta omisión
vulnera los artículos artículo (sic) 42, numerales 2 y 4, artículo 43, numeral 3 del
Código General del Proceso […]”.

2.8. Respecto a la causal de violación directa de la Constitución sostuvo que “[…] Los
defectos expuestos produjeron una vulneración directa de: — El derecho al debido
proceso (art. 29 C.P.), — El derecho de acceso a la justicia (art. 229 C.P.), — Y los
derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. La sentencia accionada
incurre en defectos constitucionales graves, verificables y determinantes […]”.

2.9. Frente al cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez precisó
que previamente a la presente solicitud de amparo “[…] contra la sentencia de 22
de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, se promovió
acción de tutela el 29 de abril de 2024 ante el Consejo de Estado, correspondiendo
su conocimiento a la Sección Cuarta, bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-
02083-00. Mediante sentencia de 26 de junio de 2024, se declaró improcedente la
acción, al considerar que debía acudirse al Recurso Extraordinario de Revisión.
Dicha decisión fue confirmada en segunda instancia por la Sección Quinta mediante
sentencia del 22 de agosto de 2024 […] En acatamiento del derrotero fijado por las
anteriores providencias, la parte demandante interpuso Recurso Extraordinario de
Revisión el 27 de enero de 2025, el cual fue tramitado ante el Consejo de Estado –
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, bajo el
radicado 11001-03-26-000-2025-00004-00 (72.318). Mediante sentencia de 24 de
octubre de 2025, notificada el 10 de noviembre de 2025, se resolvió DECLARAR
INFUNDADO el referido recurso […].

III. PRETENSIONES

3. La accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Prevalido de que se administre justicia, que la Constitución Política y las
leyes se respeten, llego en acción de tutela para que cese la vulneración a los
derechos de mis representados, solicito comedidamente que se disponga
revocar la sentencia del H. Tribunal Administrativo del Cauca del veintidós (22)
de febrero de dos mil veinticuatro (2024), y en su lugar proferir la que en derecho
corresponda. […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 19 de enero de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de terceros
con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, a los señores Nelson Fabian Pasaje Cepeda, Janeth
Rocío Pasaje Cepeda, Jhon Jairo Cepeda, Eduardo Herney Pasaje Cepeda, Julia
Andrea Cárdenas Pasaje, Herlin Pasaje Cepeda, Zoraida Pasaje Cepeda, Doris
Omaira Pasaje Cepeda, Elcy Margoth Pasaje Cepeda, Javier Andrés Delgado
Pasaje y Nancy Miriam Pasaje Cepeda y al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Popayán.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: Fabiola Cepeda

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela, en la medida que “[…] este tipo de
acciones no puede convertirse en una tercera instancia. Además, este despacho
ha sido garante no solo de los derechos fundamentales de la parte demandante
sino de la parte demandada y en respeto irrestricto a los mismos se cumplió a
cabalidad con las ritualidades propias del proceso contencioso administrativo […]”.

5.2. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional solicitó se
nieguen las pretensiones de la acción de amparo, comoquiera que “[…] la decisión
de segunda instancia, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Cauca, fue conforme a la normatividad legal, en este caso atendiendo lo dispuesto
en la Sentencia de Unificación proferida por el Honorable Consejo de Estado el 29
de Enero de 2020, por lo tanto debe darse aplicación al termino (sic) de caducidad
previsto […]”.

5.3. Los señores Nelson Fabian Pasaje Cepeda, Janeth Rocío Pasaje Cepeda, Jhon
Jairo Cepeda, Miriana Díaz Manuyama, Julia Andrea Cárdenas Pasaje, Herlin
Pasaje Cepeda, Zoraida Pasaje Cepeda, Doris Omaira Pasaje Cepeda, Elcy
Margoth Pasaje Cepeda, Javier Andrés Delgado Pasaje y Nancy Miriam Pasaje
Cepeda, a través de apoderado, manifestaron que “[…] cada uno de ellos se
adhiere y ratifica en su integridad el contenido del memorial Acción de Tutela,
formulada por la señora FABIOLA CEPEDA […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20247.

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: Fabiola Cepeda

VI.2. Cuestión previa

7. Los señores Nelson Fabian Pasaje Cepeda, Janeth Rocío Pasaje Cepeda, Jhon
Jairo Cepeda, Miriana Díaz Manuyama, Julia Andrea Cárdenas Pasaje, Herlin
Pasaje Cepeda, Zoraida Pasaje Cepeda, Doris Omaira Pasaje Cepeda, Elcy
Margoth Pasaje Cepeda, Javier Andrés Delgado Pasaje y Nancy Miriam Pasaje
Cepeda, a través de apoderado, manifestaron que “[…] cada uno de ellos se
adhiere y ratifica en su integridad el contenido del memorial Acción de Tutela,
formulada por la señora FABIOLA CEPEDA […]”.

8. Sobre el particular, el inciso 2º del artículo 13 del Decreto núm. 2591 de 1991 señala
que “[…] [q]uien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir
en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

9. La Corte Constitucional ha señalado que: “[…] la coadyuvancia surge en los
procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del
proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos
distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues
de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría
entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”8.

10. Los solicitantes manifiestan que “[…] cada uno de ellos se adhiere y ratifica en su
integridad el contenido del memorial Acción de Tutela, formulada por la señora
FABIOLA CEPEDA […]”.

11. La Sala considera que se encuentran acreditados los presupuestos para reconocer
a los señores Nelson Fabian Pasaje Cepeda, Janeth Rocío Pasaje Cepeda, Jhon
Jairo Cepeda, Miriana Díaz Manuyama, Julia Andrea Cárdenas Pasaje, Herlin
Pasaje Cepeda, Zoraida Pasaje Cepeda, Doris Omaira Pasaje Cepeda, Elcy
Margoth Pasaje Cepeda, Javier Andrés Delgado Pasaje y Nancy Miriam Pasaje
Cepeda como coadyuvantes de la parte accionante.

VI.3. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, de ser así, se deberá
determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la accionante al haber incurrido, presuntamente, en los

8
Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Exp. T- 2.491.025. Sentencia T-1062, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 16 de
diciembre de 2010.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: Fabiola Cepeda

defectos fáctico, procedimental absoluto, desconocimiento del precedente
judicial y en la causal de violación directa de la Constitución.

13. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

15. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: Fabiola Cepeda

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

20. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

21. La señora Fabiola Cepeda, a través de apoderado judicial, solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 22 de febrero de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca dentro del medio de control de
reparación directa con el número de radicación 19001-33-33-008-2015-00155-
00/01.

VI.5.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela

22. La Sala considera que los requisitos generales se cumplen, en razón a que: (i) se
invoca la vulneración de un derecho de orden fundamental y se encuentra satisfecha
la carga argumentativa mínima; (ii) la parte accionante no tiene otro medio de
defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales; (iii) la acción de
amparo fue promovida dentro un término razonable; (iv) la situación a la cual se
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente
puntualizada en el escrito de tutela; y (v) la acción constitucional no se dirige contra
una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza o índole.

23. Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, la Sala precisa que, si bien
la sentencia cuestionada fue proferida el 22 de febrero de 2024, hubo una acción
de tutela13 previa contra dicha providencia, frente a la cual el juez constitucional

Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
13
Acción de tutela con número de radicado 11001-03-15-000-2024-02083-00.

8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: Fabiola Cepeda

declaró la improcedencia al no cumplir con el requisito de subsidiariedad, en la
medida que no acudió previamente al recurso extraordinario de revisión. Para tal
efecto, el juez de tutela consideró:

“[…] Sobre el particular, la Sala estima que la tutela de la referencia no cumple el
requisito general de subsidiariedad, comoquiera que (i) la parte demandante en el
proceso de reparación directa pudo formular el incidente de nulidad fundado en el
numeral 6° del artículo 133 del CGP y, (ii) la presunta pretermisión de la etapa de
alegaciones en segunda instancia que invocan los demandantes comporta la causal
de nulidad señalada en el numeral 6 del artículo 133 del CGP, por ende, puede ser
alegada a través del recurso extraordinario de revisión, en aplicación del numeral 5
del artículo 250 del CPACA, denominada nulidad originada en la sentencia.

La Sala encuentra, además, que el defecto fáctico alegado por la parte accionante
está relacionado con la aplicación de la sentencia de unificación del Consejo de
Estado de 29 de enero de 2020, aspecto que fue advertido en el escrito de alegatos
de conclusión que no fue tenido en cuenta por las autoridades accionadas al
pretermitir esa etapa procesal.

En ese orden de ideas, se evidencia que los argumentos expuestos en el defecto
fáctico están estrechamente relacionados con el defecto procedimental pues, era
precisamente la etapa de alegatos, el momento procesal en el que las partes podían
pronunciarse sobre la aplicación del fallo de unificación del Consejo de Estado de 29
de enero de 2020 al caso concreto, así lo indicó la Corte Constitucional:

[…]

Así las cosas, como los alegatos de conclusión constituyen una de las etapas
procesales en la que a las partes les es dable pronunciarse sobre la aplicación de la
sentencia de unificación del Consejo de Estado de 29 de enero de 2020 e indicar los
presuntos obstáculos que tuvieron los demandantes para no promover prontamente
la demanda de reparación directa concerniente a graves violaciones de derechos
humanos, esa circunstancia dependerá de la decisión que adopte la respectiva Sala
de decisión en el trámite del recurso extraordinario de revisión.

En el evento de que se infirme la sentencia cuestionada en ese trámite, corresponderá
a la autoridad judicial demandada adecuar la actuación procesal y correr traslado a
las partes para que se pronuncien sobre la posibilidad de aplicar de las reglas fijadas
en el fallo de unificación del Consejo de Estado de 29 de enero de 2020.

En virtud de lo expuesto, la Sala encuentra que la acción de tutela es improcedente
para pronunciarse sobre a los defectos procedimental absoluto y fáctico, máxime
cuando no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable que haga
imperioso obtener un pronunciamiento de fondo en este trámite constitucional […]”.

24. Por consiguiente, la accionante acude en esta oportunidad, comoquiera que, la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión, mediante sentencia de 24 de octubre de 2025.

VI.5.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela

25. La Sala, luego de encontrar satisfechos los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela, estudiará los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración del derecho constitucional fundamental invocado por la accionante. En
el caso sub examine se alega la configuración de los defectos fáctico,

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: Fabiola Cepeda

desconocimiento del precedente judicial, procedimental absoluto y la causal de
violación directa de la Constitución.

VI.5.2.1. Solución a los defectos en el caso concreto

26. La Sala advierte que, en la sentencia de 22 de febrero de 2024, el Tribunal
Administrativo del Cauca al analizar la configuración de la caducidad en el caso sub
examine sostuvo lo siguiente:

“[…] Pese a las anteriores disposiciones, el Consejo de Estado sostenía que,
en materia de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, no había lugar
a la aplicación del plazo para solicitar la declaración de responsabilidad
patrimonial del Estado; tesis que sostuvo la a quo en el presente asunto para
no tener por acreditada la excepción de caducidad, propuesta por la entidad.

No obstante, de manera más reciente, esa misma Corporación unificó el tópico
mediante providencia del 29 de enero de 2020, en relación con la caducidad de
las pretensiones de reparación directa frente a los delitos de lesa humanidad,
en ese caso particular, se abordó el supuesto fáctico de una presunta ejecución
extrajudicial por miembros del Ejército Nacional. Indicó que el término de
caducidad, únicamente resulta inaplicable en aquellos eventos en los que
materialmente no se hubiere permitido ejercer el derecho de acción, con
independencia de si se trataba de delitos de lesa humanidad.

[…]

Criterio que, por demás, fue acogido por la Corte Constitucional en sentencia
SU-312 de 13 de agosto de 2020, en donde esa Corporación estudió el caso en
el que una persona inició un proceso de reparación directa en contra del Ejército
Nacional, con ocasión del homicidio de su progenitor, presuntamente por
miembros de la Brigada Móvil No. 11. Así, señaló:

[…]

Descendiendo lo anterior al caso concreto, se tiene que conforme el registro
civil de defunción, el señor Wilson Yobany Pasaje Cepeda falleció el 03 de
agosto de 2007.

El 20 de abril de 2009, la Fiscalía Primera delegada ante los Jueces Penales
del Circuito Especializados de Popayán, dio respuesta a una petición radicada
por el apoderado de los aquí demandantes, en lo que respecta al estado de la
investigación penal adelantada como consecuencia de la muerte del señor
Wilson Yobany Pasaje Cepeda.

En constancia emitida por la Procuraduría 40 Judicial II para asuntos
administrativos, los aquí demandantes, radicaron solicitud de conciliación el 31
de julio de 2009, en la que solicitaron el reconocimiento indemnizatorio del
Ejército Nacional por “la muerte violenta de que fue objeto el señor Wilson
Yobany Pasaje Cepeda”.

En acta individual de reparto, se observa que la demanda se radicó el 06 de
abril de 2015.

Si bien al revisar el proceso de reparación directa con radicado
190013331005200900457, adelantado por la señora María Isabel Urrutia en
calidad de esposa del señor Pasaje Cepeda, y sus hijos, en donde reposa el
proceso penal, no se vislumbra que la madre y hermanos del fallecido hayan

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: Fabiola Cepeda

tenido injerencia alguna en ese; lo cierto es que, al menos al momento de la
radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial, ya señalada, los
aquí demandantes ya tenían conocimiento sobre la presunta acción
cometida por miembros del Ejército Nacional, esto es, en esa fecha ya los
interesados advirtieron que el Estado participó en los hechos y que le era
imputable el daño, pues fue a esa entidad que se convocó al trámite
surtido ante la Procuraduría General de la Nación.

En ese orden de ideas, se tiene que desde al menos el 2009, los
demandantes ya conocían sobre el hecho dañoso y no se aportó elemento
alguno que diera cuenta que se les impidió ejercer el derecho de acción
de manera oportuna. Tampoco hay prueba que alguna circunstancia
especial que haya impedido a los actores presentar la demanda dentro de
los 2 años.

Así, atendiendo a las reglas jurisprudenciales fijadas en la sentencia de
unificación proferida por el Consejo de Estado el 29 de enero de 2020, debía
aplicarse el término de caducidad de 2 años, previsto en la norma.

Valga resaltar que, la sentencia de unificación en comento, resulta plenamente
aplicable al caso concreto, comoquiera que se trata de un proceso que se
encuentra pendiente de solución y, por tanto, tiene un carácter vinculante
general e inmediato, tal como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia SU-
406 de 2016:

“A la luz de lo anterior, se observa que el cambio de una determinada posición
jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre, implica una modificación en
la interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de determinada
disposición y que, en atención al carácter vinculante general e inmediato del
precedente, determina la aplicación judicial -en el orden horizontal y vertical-
del derecho sustancial o procesal, según sea el caso”.

Entones, para la época de ocurrencia de los hechos, el artículo 136 del Decreto
01 de 1984 establecía que la acción de reparación directa caducaba al
vencimiento del plazo de 2 años contados a partir del día siguiente al del
acaecimiento de la causa a la que se atribuye el daño o, según la jurisprudencia
de esta Corporación a la que ya se hizo alusión, desde el día siguiente al que
tuvieron conocimiento del mismo, por lo que, al tener en cuenta que, según el
libelo, conocieron de la muerte de su familiar desde el 2007, o desde el 2009
cuando radicaron la solicitud de conciliación extrajudicial en contra del Ejército
Nacional, y la demanda se presentó el 06 de abril de 2015, cabe concluir que
fue extemporánea; y en ese orden, se encuentra acreditada la excepción de
caducidad.

En ese orden de ideas, se impone revocar la sentencia recurrida y declarar
probada la excepción de caducidad, propuesta por el Ejército Nacional. […]”.
[Negrilla fuera del texto]

27. En la decisión objeto de la presente acción constitucional se concluyó que,
respecto a las pretensiones formuladas por la muerte del señor Wilson Yobany
Pasaje Cepeda, ocurrida el 3 de agosto de 2007, había operado el fenómeno de la
caducidad en la medida que se acreditó que los demandantes al momento de la
radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial el 31 de julio de 2009 “[…] ya
tenían conocimiento sobre la presunta acción cometida por miembros del Ejército
Nacional, esto es, en esa fecha ya los interesados advirtieron que el Estado participó
en los hechos y que le era imputable el daño, pues fue a esa entidad que se convocó
al trámite surtido ante la Procuraduría General de la Nación […]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: Fabiola Cepeda

28. Para tal efecto, se advierte que el Tribunal accionado tuvo en cuenta las
siguientes pruebas:

i) Registro civil de defunción del señor Wilson Yobany Pasaje Cepeda con
indicativo serial 5321098.

ii) Respuesta a una petición radicada por el apoderado de los demandantes, a
través de la cual la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito Especializado de Popayán informa sobre el estado de la investigación
penal adelantada como consecuencia de la muerte del señor Wilson Yobany
Pasaje Cepeda, así:

iii) Constancia emitida por la Procuraduría 40 Judicial II para asuntos
administrativos, de la solicitud de conciliación extrajudicial que radicaron los
demandantes del proceso de reparación directa contra el Ejército Nacional, en
donde solicitaron el reconocimiento indemnizatorio por la muerte violenta de que
fue objeto el señor Wilson Yobany Pasaje Cepeda:

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: Fabiola Cepeda

29. La accionante alegó la configuración de un desconocimiento del precedente
judicial, los defectos fáctico y procedimental absoluto y la causal de violación directa
de la Constitución.

30. Para abordar el fondo del asunto, en primera medida resulta necesario analizar
el presunto desconocimiento del precedente judicial al que hizo referencia la
accionante, con el fin de determinar si la valoración probatoria se encuentra acorde
con dichos criterios jurisprudenciales señalados por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional.

31. Frente al desconocimiento del precedente judicial, la Sala considera necesario
advertir que la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la sentencia de
29 de enero de 202014, unificó su jurisprudencia en torno al cómputo del término de
caducidad del medio de control de reparación directa derivado de graves violaciones
de derechos humanos, en los siguientes términos:

“[…] [L]a jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se
unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales
eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene
regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad

14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de 29 de enero de
2020. Exp. No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033). C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: Fabiola Cepeda

patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho
de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la
indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se
adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista
material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el
que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales
efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición
particular de quien acude a la administración de justicia […].” [Negrilla del texto].

32. La Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-312 de 2020 respaldó la
posición de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, al considerar
que:

“[…] 6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia, esta
Corporación estima que dicho entendimiento del término de caducidad del
medio de control de reparación directa es razonable y proporcional desde una
perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos en los que el daño
que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa humanidad, un
crimen de guerra o genocidio.

6.28. En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es razonable para que
las víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la oportunidad de
acceder a la administración de justicia con el fin de obtener la declaración de
responsabilidad de la administración y gestionar el resarcimiento de los
menoscabos padecidos, porque el término respectivo sólo empieza a
contabilizarse cuando exista claridad en torno a lo sucedido, incluso sin
han trascurrido lustros o décadas desde el instante en el que ocurrió el
delito de lesa humanidad, el crimen de guerra o el genocidio que causó el
perjuicio. Lo anterior, comoquiera que no es determinante la fecha de
ocurrencia de la conducta, sino la posibilidad del interesado de identificar
la participación en la misma de sujetos vinculados a una autoridad pública
y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación
respectiva.

6.29. De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia del término
legal de caducidad del medio de control de reparación directa en
tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad, genocidio
y crímenes de guerra permite, en la mayor medida de lo posible, la
optimización de los intereses constitucionales en tensión en asuntos
como el estudiado en la presente oportunidad. Específicamente, por una
parte, protege la seguridad jurídica y, por otra, no implica una afectación grave
al acceso a la administración de justicia de las víctimas de violaciones a los
derechos humanos a efectos de obtener la reparación patrimonial de los daños
causados por las mismas.

(…)

6.37. Ahora bien, esta Corporación evidencia que la inclusión del
conocimiento del responsable de una conducta a fin de iniciar a
contabilizar el término de extinción de una acción judicial, es una forma
de ponderar el principio de seguridad jurídica y el mandato de justicia en
escenarios relacionados con delitos de lesa humanidad, genocidio y
crímenes de guerra, el cual no sólo se puede evidenciar en el ordenamiento

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: Fabiola Cepeda

interno en materia contenciosa administrativa, sino también en la especialidad
penal […]”. [Negrilla fuera del texto].

33. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional15 ha precisado que “[…] la sola
ocurrencia del hecho dañoso no es suficiente para iniciar el cómputo del término de
caducidad, lo cual no implica desconocer dicha institución jurídico procesal, sino
que es necesario que el juez realice una valoración de las circunstancias
particulares de cada caso para determinar desde cuándo se debe aplicar dicho
término y en el que deben analizarse aspectos relacionados con: (i) la calidad
de los accionantes como sujetos de especial protección constitucional al haber
sufrido graves violaciones a los derechos humanos; (ii) el momento en el que las
víctimas tuvieron la posibilidad real de advertir que la pretensión de
reparación directa resultaba procedente de acuerdo con el artículo 90 de la
Constitución; y (iii) la posibilidad material de las víctimas de acudir a la justicia
debido a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran […]” 16.
[Negrilla fuera del texto].

34. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que no se configura un defecto
fáctico, así como tampoco un desconocimiento del precedente judicial, en la medida
en que si bien en el escrito de tutela la accionante manifestó que “[…] La inferencia
realizada por el Tribunal es manifiestamente irrazonable, pues: — La solicitud de
conciliación no equivale a imputación jurídica del daño. — — En 2009 no existían
elementos objetivos que permitieran estructurar responsabilidad estatal. — La
imputación solo fue jurídicamente viable a partir de 2014, con el acceso a las
pruebas técnicas del proceso penal. […]”, la Sala considera que resulta razonable
el análisis del Tribunal accionado.

35. En efecto, de la lectura de la constancia emitida por la Procuraduría 40 Judicial II
para asuntos administrativos de la solicitud de conciliación extrajudicial que
radicaron los demandantes del proceso de reparación directa contra el Ejército
Nacional, se advierte que hay una manifestación expresa de convocar a conciliar a
quien consideraron responsable de la muerte de su familiar, a saber, a la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional por hechos ocurridos el 3 de
agosto de 2007 en la vereda Pueblo Nuevo del Municipio de Buenos Aires – Cauca,
“[…] causados por tropas del Batallón de Infantería “Pichincha” en desarrollo de la
operación “Marcial” […]”.

36. En ese sentido, teniendo en cuenta los precedentes del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional expuestos supra que establecen para el conteo del término
de caducidad el momento en el que el juez advierta que el interesado pueda “[…]
identificar la participación en la misma de sujetos vinculados a una autoridad pública
y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación respectiva […]”,
resulta razonable el alcance que le dio el Tribunal accionado a los medios de
pruebas mencionados en el numeral 28 de esta providencia, de conformidad con
los cuales concluyó que, a partir del 31 de julio de 2009 cuando se radicó la solicitud

15
Sentencias SU-167 de 2023, SU-241 de 2024 y SU-439 de 2024.
16
Sentencia SU-241 de 2024

15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: Fabiola Cepeda

de conciliación extrajudicial, los demandantes “[…] ya tenían conocimiento sobre la
presunta acción cometida por miembros del Ejército Nacional, esto es, en esa fecha
ya los interesados advirtieron que el Estado participó en los hechos y que le era
imputable el daño, pues fue a esa entidad que se convocó al trámite surtido ante la
Procuraduría General de la Nación […]”, sin que lo expuesto en la solicitud de tutela
desvirtúe dicho análisis.

37. Ahora bien, frente a lo indicado por la accionante relacionado con que “[…] — En

2009 no existían elementos objetivos que permitieran estructurar responsabilidad
estatal.— La imputación solo fue jurídicamente viable a partir de 2014, con el acceso
a las pruebas técnicas del proceso penal […]”, la Sala advierte que la Sección
Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 29 de enero de 202017
precisó que:

“[…] Así las cosas, para computar el plazo de caducidad no basta con la ocurrencia
“de la acción u omisión causante del daño”, pues, además, se debe determinar si el
interesado advirtió o tuvo la posibilidad de saber que el Estado participó en tales
hechos y que le era imputable el daño.

De este modo, si un grupo familiar conoce la muerte de uno de sus miembros, pero
no cuenta con elementos para inferir que el Estado estuvo involucrado y era el
llamado a responder patrimonialmente, la caducidad no se cuenta desde la ocurrencia
del hecho u omisión dañosa, sino desde que tuvo la posibilidad de advertir que la
pretensión de reparación directa resultaba procedente para los fines previstos en el
artículo 90 de la Constitución Política.

Lo anterior no implica la individualización o sanción penal del agente que ocasionó el
daño, sino el conocimiento de la intervención de una autoridad, porque ello restringiría
el derecho de acceso a la administración de justicia, en cuanto condicionaría la
declaratoria de la responsabilidad estatal a un requisito de procedibilidad que la ley
no contempla, como es la identificación del autor o partícipe.

[…]

De este modo, si los afectados consideran que el resultado del proceso penal
adelantado en contra del agente implicado en los hechos tiene la suficiencia de
determinar el sentido del fallo de responsabilidad patrimonial del Estado, lo que les
corresponde es ejercer en tiempo la pretensión de reparación directa y, luego, cuando
el proceso se encuentre para dictar sentencia, solicitar la suspensión por
“prejudicialidad”, y será el juez de lo contencioso administrativo el que defina si existe
o no una relación de dependencia o si puede definir el asunto sin esperar la condena
pena […]”.

38. Por lo expuesto, esta Sala considera que la autoridad accionada tampoco incurrió
en desconocimiento del precedente establecido por el Consejo de Estado y por la
Corte Constitucional, vigente al momento de proferir la sentencia cuestionada,
relativo al término de caducidad en los procesos de reparación directa en los que se
discute la ocurrencia de un daño antijurídico atribuible al Estado con ocasión de la
comisión de un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, en la medida en
que, como se expuso previamente, para el cómputo de dicho término tuvo en cuenta

17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de 29 de enero de
2020. Exp. No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033). C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.

16
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: Fabiola Cepeda

la fecha en la que la accionante pudo inferir la participación del Estado en el daño
causado.

39. En lo que respecta al argumento relativo a que el Tribunal “[…] Guardó silencio
absoluto frente al memorial denominado alegatos de conclusión […], advierte la Sala
que el defecto procedimental absoluto se presenta cuando el juez actúa totalmente
fuera del procedimiento legal establecido para el caso, bien sea porque sigue un
trámite que no corresponde, omite etapas esenciales o desconoce las normas
procesales aplicables. Por lo tanto, este defecto no se configura, dado que se
observa que la decisión del Tribunal fue expedida por el juez competente, que todas
las etapas propias del proceso de reparación directa fueron respetadas por la
autoridad judicial accionada y tuvo en cuenta lo expuesto por las partes dentro del
proceso.

40. Finalmente, en cuanto a lo expuesto sobre que “[…] Los defectos expuestos
produjeron una vulneración directa de: — El derecho al debido proceso (art. 29
C.P.), — El derecho de acceso a la justicia (art. 229 C.P.), — Y los derechos de las
víctimas a la verdad, justicia y reparación […], para la Sala no se configura defecto
alguno, puesto que como se expuso supra el Tribunal realizó un análisis probatorio
razonable acorde a lo dispuesto por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, sin que se advierta vulneración del derecho fundamental invocado en la
solicitud de amparo.

41. Todo lo anterior le permite a la Sala concluir que la sentencia de 22 de febrero de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, no incurrió en los defectos
alegados por la accionante.

42. Por tanto, al respecto se negará la solicitud de tutela, por las razones expuestas
en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: RECONOCER a los señores Nelson Fabian Pasaje Cepeda, Janeth
Rocío Pasaje Cepeda, Jhon Jairo Cepeda, Miriana Díaz Manuyama, Julia Andrea
Cárdenas Pasaje, Herlin Pasaje Cepeda, Zoraida Pasaje Cepeda, Doris Omaira
Pasaje Cepeda, Elcy Margoth Pasaje Cepeda, Javier Andrés Delgado Pasaje y
Nancy Miriam Pasaje Cepeda, como coadyuvantes de la parte accionante.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-00
Accionante: Fabiola Cepeda

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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