Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00144-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00144-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-00144-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00144-01
Accionante: Fabiola Cepeda Benavides
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca
Tema: Tutela1 contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
reparación directa2
Decisión: Confirmar la decisión de negar el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 12 de febrero de
2026 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que negó el amparo.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El 3 de agosto de 2007, el Batallón Pichincha del Ejército Nacional adelantó un
operativo de control militar de área en la vereda La Balsa, municipio de Buenos Aires
(Cauca), con el propósito de contrarrestar posibles atentados de grupos insurgentes.
Sin embargo, en el desarrollo de dicha operación, se produjo un enfrentamiento
armado en el que fallecieron tres presuntos integrantes de las FARC, identificados
como Duberney Betancourth Cantero, Wilson Yobany Pasaje Cepeda y Robinson
Pereira Hurtado.
3. Al respecto, se indicó que la muerte del señor Pasaje Cepeda se trató de un
homicidio en persona protegida, considerado como un delito de lesa humanidad,
razón por la que la señora Fabiola Cepeda junto con su núcleo familiar3 promovió el
medio de control de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional con el propósito de que se le declarara administrativa y
patrimonialmente responsable por los perjuicios derivados de la muerte de Wilson
Yobany Pasaje Cepeda, en hechos ocurridos el 3 de agosto de 2007.
4. El proceso correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Popayán, autoridad
judicial que, mediante sentencia del 30 de junio de 2020, resolvió acceder
1
Acción de tutela presentada el 15 de enero de 2026
2 Radicado 19001-33-33-008-2015-00155-01
3 Nelson Fabián Pasaje Cepeda, Janeth Rocío Pasaje Cepeda, Jhon Jairo Cepeda, Eduardo Herney Pasaje
Cepeda, Yuli Andrea Cárdenas Pasaje, Herlin Pasaje Cepeda, Zoraida Pasaje Cepeda, Doris Omaira Pasaje
Cepeda, Elcy Margoth Pasaje Cepeda, Javier Andrés Delgado Pasaje Y Nancy Miriam Pasaje Cepeda
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Accionante: Fabiola Cepeda Benavides
parcialmente a las pretensiones de la demanda, al encontrar acreditado que el
deceso no obedeció a la respuesta de fuego enemigo, como lo señalaron los
uniformados, descartando así la legítima defensa de los militares, pues, fueron
ultimados de manera deliberada para reportarlos como positivos, en una flagrante
infracción al DIH. En consecuencia, ordenó:
«PRIMERO.- DECLARAR no probadas las excepciones de “caducidad de la acción
e “inexistencia de las obligaciones a indemnizar” formuladas por la defensa de la
NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, de conformidad con
lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO.- DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la
NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por el homicidio en
persona protegida en contra del señor WILSON YOBANY PASAJE CEPEDA, en
hechos ocurridos el 3 de agosto de 2007 y que causaron su deceso, en jurisdicción
del municipio de Buenos Aires, Cauca, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO.- CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO
NACIONAL, a pagar a la parte demandante, a título de indemnización por concepto
de PERJUICIOS MORALES por la muerte del señor WILSON YOBANY PASAJE
CEPEDA, las siguientes sumas de dinero, o su equivalente:
(…)»
5. Inconforme con lo anterior, la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
presentó recurso de apelación, al estimar que el hecho dañoso ocurrió como
consecuencia del propio actuar de la víctima, y que, además, no se tuvieron en
cuenta diferentes aspectos favorables a la institución. Asimismo, insistió en que
operó el fenómeno de caducidad.
6. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Cauca, a través de sentencia
del 22 de febrero de 2024, resolvió declarar la caducidad del medio de control, al
considerar que desde el 2009, conocían sobre el hecho dañoso y no aportaron
elemento alguno que diera cuenta que se les impidió ejercer el derecho de acción de
manera oportuna. Así como tampoco, reposaba prueba que aconteció alguna
circunstancia especial que haya impedido a los actores presentar la demanda dentro
de los 2 años.
7. El 29 de abril de 2024, la parte actora promovió una acción de tutela contra la
sentencia del 22 de febrero de 2024, al considerar que la autoridad judicial incurrió
una irregularidad porque no tuvo en cuenta los alegatos de conclusión, que por
reparto correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, despacho judicial
que, a través de providencia del 26 de junio de 2024, resolvió declarar improcedente
el mecanismo constitucional por falta del requisito de subsidiariedad, al advertir que
la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se configura, entre
otros escenarios, cuando acaece alguna de las causales de nulidad previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP). Decisión que fue confirmada por
la Sección Quinta de la misma corporación por medio de sentencia del 22 de agosto
de 2024.
8. Con ocasión de lo anterior, el 27 de enero de 2025 presentó el recurso
extraordinario de revisión4 el cual fue declarado infundado por la Subsección A de la
4
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Sección Tercera del Consejo de Estado a través de providencia del 24 de octubre de
2025.
2.2. Fundamento jurídico
9. La parte actora alegó que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico, por indebida
valoración de la solicitud de conciliación, pues en el 2009 no existían elementos
objetivos que permitieran estructurar la responsabilidad del Estado, solo fue hasta el
2014 que se conocieron que las versiones oficiales eran falsas.
10. Así como también, incurrió en un defecto procedimental absoluto porque no se
pronunció respecto del escrito de alegatos de conclusión, a pesar de que allí se
explicó de manera detallada «las razones de la demora en presentar la demanda».
11. Indicó que la decisión cuestionada adolece de un desconocimiento de
precedente, toda vez que el Tribunal «aplicó de manera incompleta y restrictiva la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020; así como
decisiones de la Corte Constitucional en las sentencias SU-312 de 2020, T-044 de
2022 y SU-167 de 2023».
12. Sobre el particular, señaló que «el Tribunal Administrativo del Cauca sostuvo la
caducidad de la acción, pese a que:— Existía una versión oficial de combate legítimo,
sostenida durante años por la Fuerza Pública.— Los accionantes carecían de acceso
real a los elementos probatorios esenciales (necropsias, análisis balísticos, informes
técnicos).— La posibilidad objetiva de imputar el daño al Estado solo surgió en el
año 2014, cuando se conoció la Sentencia 075 de 2014 y el expediente penal
correspondiente. A pesar de ello, el Tribunal:— Aplicó de manera fragmentaria la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.— Omitió su regla decisoria central,
esto es, la inaplicación de la caducidad ante obstáculos materiales. — Ignoró sin
justificación alguna la jurisprudencia posterior y reiterativa de la Corte
Constitucional.»
13. Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en una violación
directa de la Constitución porque la decisión cuestionada adolece de los defectos
fáctico, desconocimiento de precedente.
2.3. Pretensiones
14. Con fundamento en lo anterior, solicitó dejar sin efectos:
«(…)
Prevalido de que se administre justicia, que la Constitución Política y las leyes
se respeten, llego en acción de tutela para que cese la vulneración a los
derechos de mis representados, solicito comedidamente que se disponga
revocar la sentencia del H. Tribunal Administrativo del Cauca del veintidós
(22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), y en su lugar proferir la que en
derecho corresponda.» (Sic)
2.4. Intervenciones
15. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Primera del
Consejo de Estado mediante auto del 19 de enero de 2026 en el que se ordenó
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notificar al Tribunal Administrativo del Cauca como accionado la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a los señores Nelson Fabian Pasaje
Cepeda, Janeth Rocío Pasaje Cepeda, Jhon Jairo Cepeda, Eduardo Herney Pasaje
Cepeda, Julia Andrea Cárdenas Pasaje, Herlin Pasaje Cepeda, Zoraida Pasaje
Cepeda, Doris Omaira Pasaje Cepeda, Elcy Margoth Pasaje Cepeda, Javier Andrés
Delgado Pasaje y Nancy Miriam Pasaje Cepeda y al Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito de Popayán.
16. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional, en la medida que lo que pretende con su interposición es una tercera
instancia.
17. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional solicitó se
niegue el amparo porque la decisión cuestionada se profirió conforme a la
normatividad vigente y al precedente del Consejo de Estado aplicable al asunto
contenido en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.
18. Los señores Nelson Fabian Pasaje Cepeda, Janeth Rocío Pasaje Cepeda, Jhon
Jairo Cepeda, Miriana Díaz Manuyama, Julia Andrea Cárdenas Pasaje, Herlin
Pasaje Cepeda, Zoraida Pasaje Cepeda, Doris Omaira Pasaje Cepeda, Elcy Margoth
Pasaje Cepeda, Javier Andrés Delgado Pasaje y Nancy Miriam Pasaje Cepeda, a
través de apoderado, manifestaron que se adhieren y ratifican en su integridad la
acción de tutela promovida por la señora Fabiola Cepeda.
19. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia impugnada
20. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 febrero de
2026, resolvió favorablemente la solicitud de coadyuvancia promovida por los
terceros con interés y negó el amparo.
21. Frente al desconocimiento del precedente judicial, advirtió que la Sección Tercera
del Consejo de Estado, a través de la sentencia de 29 de enero de 2020, unificó su
jurisprudencia en torno al cómputo del término de caducidad del medio de control de
reparación directa derivado de graves violaciones de derechos humanos. Decisión
que fue respaldada por la Corte Constitucional en la sentencia SU 312 de 2020.
22. En ese sentido, concluyó que no se incurrió en la referida causal, en la medida en
que, para el cómputo del término de caducidad tuvo en cuenta la fecha en la que la
accionante pudo inferir la participación del Estado en el daño causado. Lo mismo
respecto del defecto fáctico, al considerar que resultaba razonable el análisis
efectuado por el Tribunal.
23. Así como tampoco en el defecto procedimental absoluto, al estimar que la
decisión del Tribunal fue expedida por el juez competente, que todas las etapas
propias del proceso de reparación directa fueron respetadas por la autoridad judicial
accionada y tuvo en cuenta lo expuesto por las partes dentro del proceso.
24. Respecto de la violación directa insistió en que no se configuró defecto alguno,
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puesto que el Tribunal realizó un análisis probatorio razonable acorde a lo dispuesto
por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sin que se advierta vulneración
del derecho fundamental invocado en la solicitud de amparo.
2.6. Impugnación
25. La parte actora en el escrito de impugnación insistió en los argumentos de la
tutela, razón por la que requirió revocar la decisión de primer grado. En
consecuencia, dejar sin efectos la sentencia cuestionada.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
26. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, Acuerdo 080 del 20195 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
27. La Sala aclara que, si bien en la demanda de tutela se invocó una violación directa
de la Constitución, lo cierto es que no se argumentó de qué manera la autoridad
judicial accionada incurrió en la referida causal específica de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial, pues, solo se limitó a señalar de manera
genérica que el Tribunal incurrió en una violación directa de la Constitución porque
la decisión cuestionada adolece de los defectos fáctico, procedimental absoluto y
desconocimiento de precedente, pero no expuso de manera concreta las razones
por las cuales considera que la decisión cuestionada adolece de tal defecto.
28. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo en lo
atinente a dicho reparo.
3.3. Problema jurídico
29. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo del Cauca, al proferir la sentencia del 22 de febrero de
2024, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, al incurrir en los defectos fáctico, procedimental absoluto
y desconocimiento de precedente.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
30. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades
o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto
anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para
hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
5 Acuerdo interno del Consejo de Estado.
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residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
31. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.
32. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de
los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de
los derechos constitucionales fundamentales.
33. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional, salvo lo
relacionado con el desconocimiento del precedente contenido en la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020 que alega como desconocida, teniendo en
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cuenta que la parte actora tenía a su disposición el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia contemplado en el artículo 256 del CPACA, el cual
procede según lo previsto en numeral 4.° del artículo 257 del CPACA.
3.4.1.3 Se observa que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un
lapso «razonable y proporcionado», teniendo en cuenta que, si bien la sentencia del
22 de febrero de 2024 objeto del presente mecanismo constitucional cobró ejecutoria
el 7 de marzo de 2024, lo cierto es que en abril de ese mismo año la parte actora
promovió una acción de tutela contra dicha decisión.
34. Sin embargo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de providencia
del 26 de junio de 2024 resolvió declarar improcedente el mecanismo constitucional
por falta del requisito de subsidiariedad, al advertir que la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA se configura, entre otros escenarios, cuando
acaece alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 133 del Código
General del Proceso (CGP), teniendo en cuenta que su argumento central consistía
en que la autoridad no tuvo en cuenta el escrito de alegatos de conclusión. Decisión
que fue confirmada por la Sección Quinta de la misma corporación por medio de
sentencia del 22 de agosto de 2024.
35. Con ocasión de lo anterior, el 27 de enero de 2025 presentó el recurso
extraordinario de revisión el cual fue declarado infundado por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado a través de providencia del 24 de octubre de
2025.
36. En ese orden de ideas, la Sala estima pertinente flexibilizar la inmediatez,
teniendo en cuenta que no existió un pronunciamiento de fondo al declararse
improcedente el mecanismo constitucional mediante las providencias del 26 de junio
y 22 de agosto, ambas del 2024. Además, no se puede desconocer que la parte
actora agotó el recurso extraordinario de revisión que fue declarado infundado
mediante proveído del 24 de octubre de 2025.
37. Ahora, teniendo en cuenta que la acción de tutela fue radicada el 15 de enero de
2026, la Sala encuentra que la interpuso en término.
3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al incurrir
en los defectos fáctico, procedimental absoluto y desconocimiento de precedente,
los cuales se encuentran razonadamente fundamentados.
38. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
39. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
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Constitucional6 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa7, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y sin razón valedera da por no
probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende la indebida valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez.
b. Una dimensión positiva8, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
40. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»9.
41. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial
42. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 189610, precisó que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de
la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho
en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
43. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
44. Respecto del precedente vertical11, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
6 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-
567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
7 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
8 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
10 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
11 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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45. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso12.
46. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación13.
47. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.7. El defecto procedimental por absoluto como causal de procedibilidad de
tutela contra providencia judicial
48. Al respecto, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la autoridad que
ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del procedimiento
judicial establecido2. La jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto
puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto, y (ii)
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto3.
49. En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia:
«[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el
trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite
completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n]
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho
de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” 4 o porque iii) “pasa[n]
por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho
de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o
comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente
negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”5 […]».
50. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un error
procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el
fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no
12 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
13 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la
irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la
situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales6.
3.7. Análisis de los presuntos defectos fáctico, procedimental absoluto y
desconocimiento de precedente
51. La parte actora alega que el Tribunal incurre en un defecto fáctico, por indebida
valoración de la solicitud de conciliación, pues en el 2009 no existían elementos
objetivos que permitieran estructurar la responsabilidad de Estado, solo fue hasta el
2014 que se conocieron que las versiones oficiales eran falsas.
52. Así como también, adolece de un defecto procedimental absoluto porque no se
pronunció respecto del escrito de alegatos de conclusión, a pesar de que allí se
explicó de manera detallada «las razones de la demora en presentar la demanda».
53. Indicóque la decisión cuestionada adolece de un desconocimiento de
precedente, toda vez que el Tribunal «aplicó de manera incompleta y restrictiva las
decisiones de la Corte Constitucional en las sentencias SU-312 de 2020, T-044 de
2022 y SU-167 de 2023».
54. Sobre el particular, se tiene que el Tribunal Administrativo del Cauca en la
providencia cuestionada consideró:
«Es menester recordar que la caducidad, es la sanción consagrada en la ley por el no
ejercicio del derecho de acción, al exceder los plazos preclusivos para acudir a la
jurisdicción.
(…)
En la Ley 1437 de 2011, artículo 164, que en los procesos en los que se pretendiera l
declaratoria de responsabilidad del Estado, a través del medio de control de reparación
directa, el interesado debía promover la demanda dentro de los dos años siguientes a
la fecha de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, “o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”
(literal i).
(…)
Pese a las anteriores disposiciones, el Consejo de Estado sostenía que, en materia de
delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, no había lugar a la aplicación del
plazo para solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado8; tesis
que sostuvo la a quo en el presente asunto para no tener por acreditada la excepción
de caducidad, propuesta por la entidad.
No obstante, de manera más reciente, esa misma Corporación unificó el tópico
mediante providencia del 29 de enero de 2020, en relación con la caducidad de las
pretensiones de reparación directa frente a los delitos de lesa humanidad, en ese caso
particular, se abordó el supuesto fáctico de una presunta ejecución extrajudicial por
miembros del Ejército Nacional. Indicó que el término de caducidad, únicamente
resulta inaplicable en aquellos eventos en los que materialmente no se hubiere
permitido ejercer el derecho de acción, con independencia de si se trataba de delitos
de lesa humanidad.
(…)
Criterio que, por demás, fue acogido por la Corte Constitucional en sentencia SU-312
de 13 de agosto de 2020, en donde esa Corporación estudió el caso en el que una
persona inició un proceso de reparación directa en contra del Ejército Nacional, con
ocasión del homicidio de su progenitor, presuntamente por miembros de la Brigada
Móvil No. 11. Así, señaló:
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(…)
Descendiendo lo anterior al caso concreto, se tiene que conforme el registro civil de
defunción, el señor Wilson Yobany Pasaje Cepeda falleció el 03 de agosto de 2007.
El 20 de abril de 2009, la Fiscalía Primera delegada ante los Jueces Penales del
Circuito Especializados de Popayán, dio respuesta a una petición radicada por el
apoderado de los aquí demandantes, en lo que respecta al estado de la investigación
penal adelantada como consecuencia de la muerte del señor Wilson Yobany Pasaje
Cepeda.
En constancia emitida por la Procuraduría 40 Judicial II para asuntos administrativos,
los aquí demandantes, radicaron solicitud de conciliación el 31 de julio de 2009, en la
que solicitaron el reconocimiento indemnizatorio del Ejército Nacional por “la muerte
violenta de que fue objeto el señor Wilson Yobany Pasaje Cepeda”
En acta individual de reparto, se observa que la demanda se radicó el 06 de abril de
2015.
Si bien al revisar el proceso de reparación directa con radicado
190013331005200900457, adelantado por la señora María Isabel Urrutia en calidad
de esposa del señor Pasaje Cepeda, y sus hijos, en donde reposa el proceso penal,
no se vislumbra que la madre y hermanos del fallecido hayan tenido injerencia alguna
en ese; lo cierto es que, al menos al momento de la radicación de la solicitud de
conciliación extrajudicial, ya señalada, los aquí demandantes ya tenían conocimiento
sobre la presunta acción cometida por miembros del Ejército Nacional, esto es, en esa
fecha ya los interesados advirtieron que el Estado participó en los hechos y que le era
imputable el daño, pues fue a esa entidad que se convocó al trámite surtido ante la
Procuraduría General de la Nación
En ese orden de ideas, se tiene que desde al menos el 2009, los demandantes ya
conocían sobre el hecho dañoso y no se aportó elemento alguno que diera cuenta que
se les impidió ejercer el derecho de acción de manera oportuna. Tampoco hay prueba
de alguna circunstancia especial que haya impedido a los actores presentar la
demanda dentro de los 2 años.
Así, atendiendo a las reglas jurisprudenciales fijadas en la sentencia de unificación
proferida por el Consejo de Estado el 29 de enero de 2020, debía aplicarse el término
de caducidad de 2 años, previsto en la norma.»
55. De las transcripciones relacionadas se desprende que la autoridad judicial
accionada realizó un análisis probatorio integral en consonancia con las reglas de la
sana critica, lo que le permitió concluir que en el presente asunto se debía revocar la
decisión de primera instancia para, en su lugar declarar probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa.
56. Sobre el particular, la Sala advierte que el Tribunal no desconoció el acervo
probatorio ni omitió valorar elementos relevantes, sino que, en ejercicio de su
autonomía judicial, efectuó una interpretación razonada de los medios de prueba
disponibles, lo que le permitió establecer que la presentación de la solicitud de
conciliación en el año 2009 constituía un indicio claro de que los demandantes tenían
conocimiento de la posible imputación del daño al Estado desde aquella época, en
tanto acudieron a dicho mecanismo precisamente para reclamar la responsabilidad
del Ejército Nacional.
57. En ese sentido, para Sala la decisión cuestionada no se basó en la omisión o
exclusión injustificada de medios de prueba, sino en una ponderación
suficientemente razonada de los elementos obrantes en el expediente, incluidos
aquellos señalados por la parte actora como indebidamente valorados.
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58. Por lo tanto, para la Sala no se incurre en un defecto fáctico porque la autoridad
judicial accionada no ignoró el material probatorio relevante ni efectuó una valoración
arbitraria o caprichosa del mismo, pues, por el contrario, se observa que valoró
adecuadamente la solicitud de conciliación extrajudicial, material probatorio que la
parte actora alega como indebidamente valorado.
59. Lo mismo ocurre respecto del defecto procedimental absoluto, teniendo en cuenta
que, si bien la parte actora en el escrito de la demanda alega una irregularidad porque
considera que el Tribunal no se pronunció respecto de los alegatos de conclusión en
los que explicó de manera detallada «las razones de la demora en presentar la
demanda», lo cierto es que la Sala observa que el Tribunal abordó el problema
jurídico relacionado con la caducidad del medio de control y analizó expresamente
si existían circunstancias que hubieran impedido a los demandantes ejercer
oportunamente su derecho de acción.
60. A partir de lo anterior, la autoridad judicial concluyó que no se acreditó ninguna
imposibilidad material o jurídica que justificara la inactividad procesal dentro del
término legal.
61. En ese orden de ideas, no se configura un defecto procedimental absoluto, en la
medida en que no se advierte la omisión de una etapa esencial del proceso ni la
vulneración de garantías procesales básicas de la parte accionante.
62. Ahora, lo mismo ocurre respecto del presunto desconocimiento de precedente
fijado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-312 de 2020, T-044 de 2022
y SU-167 de 2023, toda vez que la decisión se encuentra suficientemente
sustentada, tanto en jurisprudencia de ese alto tribunal como del Consejo de Estado
según la cual el término de caducidad en los procesos de reparación directa por
graves violaciones a los derechos humanos no resulta, en estricto sentido,
inaplicable, sino que su cómputo debe efectuarse atendiendo a las circunstancias
particulares del caso, en especial a la eventual existencia de obstáculos materiales
que hubiesen impedido a los accionantes ejercer oportunamente el derecho de
acción.
63. En suma, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada adoptó su decisión
con fundamento en una valoración razonada de las pruebas, respetando las
garantías procesales y aplicando las reglas jurisprudenciales pertinentes al caso, sin
que se evidencie la configuración de los defectos alegados.
64. Así las cosas, no es factible entender que se incurrió en un desconocimiento de
precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa, pues, lo que
se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la conclusión a la
que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la transgresión de derechos
fundamentales.
65. De esta manera, lo que se observa es la divergencia de criterios frente al análisis
que se realizó en la decisión objeto de censura, hecho que no puede ser calificado
como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los principios de
autonomía e independencia judicial.
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66. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún defecto,
sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación efectuada
por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad prevista para la
tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.
67. Por ende, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
confirmar la decisión de negar el amparo deprecado, salvo lo relacionado con el
desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020 que alega como desconocida, por las consideraciones expuestas en
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Modificar la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar
improcedente la acción de tutela en cuanto al desconocimiento de precedente
contenido en la sentencia del 29 de enero de 2020, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia del 12 de febrero de 2026 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, conforme los argumentos esgrimidos
en esta sentencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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