Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00148-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00148-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00148-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
20 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00148-00
Accionante: Betty Gallego Santa
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Nación – Ministerio de
Educación Nacional y otros
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por la señora
Betty Gallego Santa, contra la sentencia del 31 de octubre de 20211 y el Auto
Interlocutorio núm. 375 del 9 de diciembre de 2024, proferidos por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
SÍNTESIS2
La accionante cuestiona la sentencia del 31 de octubre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho relacionado con la sustitución pensional del señor José
Arroyo Ordoñez, así como el Auto Interlocutorio núm. 375 del 9 de diciembre de 2024
que negó la nulidad procesal solicitada, porque considera que dichas decisiones se
adoptaron sin vincularla al proceso pese a tener un interés directo en el litigio como
beneficiaria reconocida de la sustitución pensional. Se declara la improcedencia de la
demanda de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez y por falta de
relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 15 de enero de 2026, la señora Betty Gallego Santa, actuando en nombre
propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el Distrito Especial de Santiago de Cali
y la Fiduprevisora S.A. -Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio-, con el fin de
1 En la notificación se indicó que la sentencia de primera instancia fue proferida el 17 de noviembre de 2022; no
obstante, la providencia registra como fecha el 31 de octubre de 2021, por lo cual esta última será la que se tendrá
en cuenta en esta decisión. Lo anterior consta en el índice 47 del aplicativo Samai del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 76001-23-33-000-2019-01221-00.
2 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Improcedencia /
Inmediatez / Falta de relevancia constitucional.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00148-00
Accionante: Betty Gallego Santa
Se declara la improcedencia de la demanda
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital, presuntamente vulnerados
con ocasión de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2021 dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto radicado con el núm. 76001-23-33-
000-2019-01221-00 y el Auto Interlocutorio núm. 375 del 9 de diciembre de 2024,
mediante el cual se negó la solicitud de nulidad procesal que presentó para ser
vinculada a ese proceso.
2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
Primero: Que se deje sin efectos la sentencia proferida el 31 de octubre de 2021 (sic)
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
Jurisdiccional de Decisión, y se orden a esa autoridad judicial que, en un plazo
prudencial y perentorio, dicte una decisión de reemplazo, en la que se me respete y
garantice el debido proceso y el derecho de contradicción.
Segundo: En su defecto; revocar el Auto Interlocutorio No. 375 del nueve (9) de
diciembre de dos mil veinticuatro (2024), proferido por el Despacho del Dr. Ronald Otto
Cedeño Blume del dentro del presente proceso y en su lugar:
1. Declarar la nulidad procesal de todo lo actuado desde el auto que admite la demanda
la demanda, dentro del trámite referenciado, incluyendo la sentencia proferida el 31 de
octubre de 2021 (sic) así como la constancia secretarial que declara como fecha de la
ejecutoria de la sentencia el 7 de diciembre de 2022, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 133 numeral 8 del Código General del Proceso.
2. Ordenar mi vinculación al proceso de la referencia en calidad de litisconsorte
necesaria, notificándosele del auto admisorio de la demanda, otorgándosele el término
conferido en la ley para el respectivo ejercicio de su derecho de defensa y
contradicción. De no revocar la decisión cuestionada, conceder el recurso de alzada
contra el Auto Interlocutorio No. 375 del nueve (9) de diciembre de dos mil veinticuatro
(2024) ante el Consejo de Estado3.
B. Hechos
3. La señora Betty Gallego Santa convivió con el señor José Arroyo Ordoñez desde
el año 1972 hasta el 2 de julio de 2018, fecha de su fallecimiento, en calidad de
compañeros permanentes. De esa unión nacieron tres hijos.
4.El señor José Arroyo Ordoñez recibía del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio una pensión de jubilación desde el año 2009.
5.La señora Betty Gallego Santa solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional
con ocasión del fallecimiento del señor Arroyo Ordoñez. La Secretaría de Educación
del Departamento del Valle del Cauca reconoció dicha prestación mediante la
Resolución núm. 1.210.68-02218 del 9 de julio de 2019, cuyo pago se efectuó a través
de Fiduprevisora S.A., al acreditarse una convivencia superior a cuarenta y siete años
6. La señora Melida Casteblanco presentó demanda en ejercicio del medio de control
3 Índice 2 de Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00148-00
Accionante: Betty Gallego Santa
Se declara la improcedencia de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y el Distrito Especial de Santiago de Cali, con el fin de obtener el
reconocimiento de la sustitución pensional del mismo causante. El proceso se tramitó
bajo el radicado núm. 76001-23-33-000-2019-01221-00.
7. Mediante sentencia del 31 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional causada con ocasión del fallecimiento del señor José
Arroyo Ordoñez a favor de Melida Casteblanco. Esta decisión fue notificada el 21 de
noviembre de 2022.
8. El 20 de enero de 2023, la señora Betty Gallego Santa solicitó su vinculación al
proceso y promovió incidente de nulidad procesal por indebida integración del
litisconsorcio necesario, porque no fue vinculada al trámite judicial pese a tener un
interés directo en la controversia en su condición de beneficiaria de la sustitución
pensional.
9. La Fiduprevisora S.A. suspendió, desde junio de 2024, el pago de la sustitución
pensional que la accionante Gallego Santa recibía desde 2019, sin comunicar
previamente las razones de esa decisión.
10. Mediante Auto Interlocutorio núm. 375 del 9 de diciembre de 2024, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó la solicitud de nulidad procesal presentada
por la accionante porque la vinculación en calidad de litisconsorte necesaria no era
procedente, dado que en las controversias sobre sustitución pensional entre posibles
beneficiarios cada interesado puede reclamar su derecho de manera independiente y
no existe obligación legal de integrarlos al proceso. Esta decisión fue notificada el 18
de diciembre de 2024.
11. El 14 de enero de 2025, la señora Betty Gallego Santa interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación contra esa decisión, debido a que desconoció
su derecho de defensa, al no haber sido vinculada al proceso.
C. Fundamentos de la vulneración
12. La accionante sostuvo que la sentencia del 31 de octubre de 2021 y el Auto
Interlocutorio núm. 375 del 9 de diciembre de 2024, proferidos dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo
vital.
13. Afirmó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió el litigio
relacionado con la sustitución pensional del señor José Arroyo Ordoñez sin vincularla
al proceso, a pesar de que tenía un interés directo en la controversia, en su condición
de beneficiaria de dicha prestación previamente reconocida por la administración.
Considera que esa situación desconoció su derecho de defensa y contradicción, pues
no tuvo la oportunidad de intervenir en el trámite judicial ni de participar en la discusión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00148-00
Accionante: Betty Gallego Santa
Se declara la improcedencia de la demanda
sobre el reconocimiento de la sustitución pensional.
14. Indicó que la omisión de su vinculación configuró una irregularidad procesal por
falta de integración del litisconsorcio necesario, en la medida en que el proceso judicial
definía la titularidad de la sustitución pensional del causante, prestación que ya le
había sido reconocida y cuyo pago venía recibiendo desde el año 2019. Por esta
razón, señaló que el tribunal debió vincularla al proceso para garantizar su
participación en el debate judicial.
15. La accionante manifestó que tiene 74 años y que, si bien percibe una pensión de
vejez reconocida por Colpensiones equivalente a un salario mínimo legal mensual
vigente, dicha suma resulta insuficiente para atender sus gastos y obligaciones. En
consecuencia, afirmó que la suspensión del pago de la sustitución pensional ha
afectado su mínimo vital y sus condiciones de subsistencia.
D. Trámite procesal
16. Mediante auto del 19 de enero de 20264, se admitió la demanda de tutela, se negó
la medida provisional solicitada y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al Distrito Especial de
Santiago de Cali y a la Fiduprevisora S.A. -Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio-, y en calidad de tercero con interés, a la señora Melida Casteblanco5, para
que rindieran un informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (accionada)6 remitió las pruebas
correspondientes al expediente del proceso ordinario, sin pronunciarse sobre los
hechos y pretensiones de la demanda de tutela.
18. El Ministerio de Educación Nacional7 solicitó declarar improcedente la acción de
tutela por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, en particular: (i) el de
subsidiariedad, pues la accionante pretende controvertir por esta vía una decisión
judicial adoptada dentro de un proceso ordinario que fue objeto de recurso, lo que
desconoce el carácter excepcional y residual de la tutela; y (ii) la falta de relevancia
constitucional, dado que el asunto corresponde a una controversia de naturaleza legal
y económica que debe ser resuelta por el juez natural. De igual manera, solicitó su
desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no
es la autoridad responsable de las actuaciones cuestionadas ni tiene competencia
para incidir en las decisiones judiciales objeto de la tutela, las cuales corresponden
exclusivamente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
19. El Distrito Especial de Santiago de Cali8 solicitó su desvinculación del trámite por
4 Índice 5 de Samai.
5 Índice 8 y 16 de Samai.
6 Índice 10 de Samai.
7 Índice 12 de Samai.
8 Índice 14 de Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00148-00
Accionante: Betty Gallego Santa
Se declara la improcedencia de la demanda
falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que la inconformidad de la
accionante se dirige contra decisiones judiciales adoptadas dentro de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, frente a las cuales la Secretaría de Educación
no tuvo intervención ni competencia. Agregó que el reconocimiento de la prestación
corresponde a la Fiduprevisora S.A., en su calidad de administradora del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo que no puede atribuírsele la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados. En subsidio, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, por cuanto se pretende reabrir un debate
ya resuelto por la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante decisiones
adoptadas en ejercicio de la autonomía judicial.
20. La Fiduprevisora S.A (accionada) y la señora Melida Casteblanco (tercero con
interés), guardaron silencio, pese a haber sido debidamente notificadas.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora Betty Gallego
Santa contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la Nación – Ministerio de
Educación Nacional, el Distrito Especial de Santiago de Cali y la Fiduprevisora S.A. -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
G. Cuestión previa
22. La Sala desvinculará del presente asunto al Ministerio de Educación Nacional y
al Distrito Especial de Santiago de Cali, por cuanto no tienen injerencia ni relación con
los hechos ni con las pretensiones planteadas en la demanda de tutela. En
consecuencia, frente a dichas entidades se declarará la falta de legitimación en la
causa por pasiva.
H. Sentido de la decisión
23. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de inmediatez, toda vez que la accionante no la interpuso dentro de un término
razonable. Asimismo, se advierte que, si se interpretara que la pretensión se dirige a
cuestionar todas las decisiones adoptadas en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, incluidas las posteriores a la interposición de la acción constitucional, por
haberle impedido intervenir para ejercer su derecho de defensa, la solicitud tampoco
resulta procedente, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00148-00
Accionante: Betty Gallego Santa
Se declara la improcedencia de la demanda
24. En primer lugar, se expondrán las razones por las cuales se concluye que la
demanda no fue presentada dentro de un término razonable. En segundo lugar, se
analizarán los argumentos que evidencian que no se satisface la carga argumentativa
exigida para acreditar el requisito de relevancia constitucional.
J. El requisito de inmediatez
25. El artículo 869 de la Constitución Política establece que la acción de tutela puede
presentarse “en todo momento y lugar”, lo que implica que no se encuentra sometida a
un término de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional10 ha reiterado
que dicho carácter no exime al accionante del cumplimiento del requisito de inmediatez,
en virtud del cual la solicitud de amparo debe presentarse dentro de un término
razonable y proporcionado entre la ocurrencia de los hechos que presuntamente
vulneraron los derechos fundamentales y la interposición de la demanda.
26. En ese sentido, la exigencia de inmediatez responde a la naturaleza urgente y
residual de la tutela, pues su finalidad es brindar una protección inmediata respecto las
vulneraciones inminentes de derechos fundamentales y no reabrir controversias que
ya se han consolidado en el tiempo. En consecuencia, el mecanismo constitucional no
puede ejercerse de manera indefinida, pues ello comprometería la seguridad jurídica y
desnaturalizaría su función como mecanismo de protección inmediata.
27. Por tal razón, aun cuando no existe un término fijo o preestablecido para evaluar el
cumplimiento del requisito de inmediatez, corresponde al juez de tutela examinar las
circunstancias particulares de cada caso y determinar, en atención a ellas, si la
demanda fue promovida dentro de un término razonable. Lo anterior, bajo el
presupuesto que, en el caso concreto, se presenten circunstancias que expliquen
razonablemente la tardanza en el ejercicio del mecanismo constitucional, a saber:
“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que
9 Artículo 86 de la Constitución Política: Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para
que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional
para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún
caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en
los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya
conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión.
10 Corte Constitucional. Sentencias T-461 de 2019, T-422 de 2025 y T-246 de 2015.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00148-00
Accionante: Betty Gallego Santa
Se declara la improcedencia de la demanda
adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es
imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en
realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan’.11
28. La Corte Constitucional12 ha sido reiterativa respecto a la protección de la
seguridad jurídica, la certeza sobre las decisiones judiciales y la autonomía de los
jueces, razón por la cual la tutela contra providencias judiciales se erige como un
recurso excepcional y su análisis debe ser más estricto, con el fin de no transgredir los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, debido a que:
(…) la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia
constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera iniciar cualquiera
de las partes. En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre
cuáles son sus derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se produciría una
violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho
a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad
jurídica.13
29. Por otra parte, en concordancia con los precedentes fijados por la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado ha adoptado como regla general un término de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según
corresponda, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se
ejerce oportunamente, así:
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y
la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional14. [Se destaca].
30. En el presente caso, la accionante pretende que se dejen sin efectos la sentencia
del 31 de octubre de 2021 y el Auto Interlocutorio núm. 375 del 9 de diciembre de 2024,
proferidos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-087 de 2018.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU 108 DE 2018.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2005.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
11001-03-15-000-2012-02201-01
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00148-00
Accionante: Betty Gallego Santa
Se declara la improcedencia de la demanda
31. La Sala precisa que el Auto Interlocutorio núm. 375 del 9 de diciembre de 2024,
que negó la nulidad procesal solicitada por la accionante para efectos de su vinculación
al proceso, por el interés directo que alega en el litigio, fue notificado el 18 de diciembre
de 2024, según consta en el índice 76 del expediente digital del aplicativo Samai,
correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 76001-23-
33-000-2019-01221-00.
32. Así las cosas, resulta evidente que la accionante excedió ampliamente el término
de seis meses fijados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
Corporación para la interposición de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En efecto, entre la notificación de la decisión cuestionada (18 de diciembre de 2024) y
la presentación de la demanda de tutela (15 de enero de 2026) transcurrió un lapso
superior a un (1) año.
33. La Sala no desconoce que la jurisprudencia constitucional ha admitido, de manera
excepcional, la flexibilización del término de seis meses para la interposición de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Empero, dicha flexibilización ha sido
reconocida únicamente en los supuestos expuestos en el párrafo núm. 27 de esta
providencia.
34. No obstante, la situación expuesta por la accionante no se subsume en ninguno de
los supuestos que habilitan dicha excepción, pues no se acreditó la ocurrencia de
fuerza mayor o caso fortuito, ni que se encontrara en condición de debilidad manifiesta.
Además, no se evidencia la persistencia de una amenaza o vulneración de sus
derechos fundamentales derivada del Auto Interlocutorio núm. 375 del 9 de diciembre
de 2024, en la medida en que cuenta con la posibilidad de demandar el acto que
reconoció la pensión a la señora Mélida Casteblanco a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y solicitar el decreto de medidas cautelares.
35. Ahora bien, la Sala considera que, aun si se entendiera que la pretensión de la
accionante se dirige a cuestionar todas las decisiones proferidas dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que le impiden intervenir para ejercer su derecho
de defensa, incluidas las adoptadas con posterioridad a la interposición de la acción
constitucional, como el Auto Interlocutorio núm. 017 del 27 de enero de 2026, que
resolvió el recurso de reposición y rechazó la apelación presentada contra el Auto
Interlocutorio núm. 375 del 9 de diciembre de 2024, aportado a este proceso por el
Tribunal accionado, según consta en el índice 17 del aplicativo Samai, lo cierto es que,
del material probatorio obrante en el proceso ordinario, se advierte que los argumentos
formulados en la demanda de tutela reproducen los planteamientos expuestos en la
solicitud de nulidad y en el recurso interpuesto, los cuales ya fueron objeto de un
pronunciamiento suficientemente motivado del juez natural.
36.En ese sentido, corresponde analizar el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00148-00
Accionante: Betty Gallego Santa
Se declara la improcedencia de la demanda
I. El requisito de relevancia constitucional
37. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales15. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada16, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.
38. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia
constitucional. De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones17.
39. En la sentencia SU-215 de 202218, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser
trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución
Política o para la determinación del alcance de un derecho fundamental;
ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción
de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates
meramente legales y la solicitud debe trascender la mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales;
iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental; y el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las
altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
16 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
17 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.
José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-
073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00148-00
Accionante: Betty Gallego Santa
Se declara la improcedencia de la demanda
40. Para la Corte Constitucional19, el requisito de relevancia constitucional comporta
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
41. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales
que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema
jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez
constitucional”20.
42. Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala advierte que la demanda de
tutela tampoco cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues su finalidad
es reabrir el debate jurídico que se surte dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. En efecto, la accionante pretende controvertir la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y las decisiones
adoptadas en el curso de dicho trámite.
43. Aunque la accionante invoca la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo
vital, sus argumentos se dirigen a cuestionar las decisiones adoptadas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y a insistir en la existencia de una
presunta nulidad procesal que, según sostiene, debió ser declarada por la autoridad
judicial.
44. En la demanda de tutela, la accionante sostiene que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca incurrió en irregularidades dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, al no permitirle intervenir en dicho trámite para ejercer
su defensa frente a la controversia relacionada con la sustitución pensional del señor
José Arroyo Ordoñez, quien fue su compañero permanente y por cuya condición de
beneficiaria, por la vía administrativa, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio le había reconocido esa pensión a su favor.
45. La Sala advierte que, mediante Auto Interlocutorio núm. 375 del 9 de diciembre
de 2024, el Tribunal negó la solicitud de nulidad procesal presentada por la
accionante, porque su vinculación como litisconsorte necesaria no resultaba
procedente. Señaló que, en las controversias sobre sustitución pensional, los posibles
beneficiarios pueden reclamar su derecho de manera independiente, por lo que no
existe obligación legal de integrarlos al proceso. También indicó que la intervención
19 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
20 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00148-00
Accionante: Betty Gallego Santa
Se declara la improcedencia de la demanda
ad excludendum depende de la iniciativa del interesado para comparecer al proceso
y hacer valer su derecho. Finalmente, precisó que la falta de vinculación de la
accionante no vulneró su derecho de defensa ni el debido proceso, dado que durante
el trámite judicial no se informó al despacho sobre la reclamación administrativa
presentada por ella ni sobre el reconocimiento previo de la prestación.
46. Del examen del expediente se evidencia que los reproches formulados en sede
de tutela21 coinciden con los argumentos expuestos por la accionante en la solicitud
de nulidad procesal, así como en el recurso de reposición y en subsidio apelación
interpuestos contra el Auto núm. 375 del 9 de diciembre de 2024, proferido por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En la impugnación presentada, la
accionante señaló:
(…) PETICIÓN
Por las razones expuestas anteriormente, de la manera más respetuosa me permito
solicitarle lo siguiente:
Revocar el Auto Interlocutorio No. 375 del nueve (9) de diciembre de dos mil veinticuatro
(2024), proferido por su Despacho dentro del presente proceso y en su lugar:
1. Declarar la nulidad procesal de todo lo actuado desde el auto que admite la demanda,
dentro del trámite referenciado, incluyendo la sentencia proferida el 31 de octubre de
2021(sic) así como la constancia secretarial que declara como fecha de la ejecutoria de
la sentencia el 7 de diciembre de 2022, en virtud de lo dispuesto en el artículo 133
numeral 8 del Código General del Proceso.
2. Ordenar que mi mandataria judicial, señora Betty Gallego Santa sea vinculada al
proceso de la referencia en calidad de litisconsorte necesaria, notificándosele de auto
admisorio de la demanda, otorgándosele el término conferido en la ley para el respectivo
ejercicio de su derecho de defensa y contradicción.
De no revocar la decisión cuestionada, conceder el recurso de alzada contra el Auto
Interlocutorio No. 375 del nueve (9) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) ante el
Consejo de Estado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundamento la presente solicitud bajo los siguientes argumentos jurídicos, los cuales
se encuentran llamados a prosperar y en consecuencia declarar la aludida nulidad.
1. La calidad de litisconsorte necesaria de la señora Betty Gallego Santa
(…) La calidad de litisconsorte necesaria de la señora Betty Gallego Santa se
fundamenta en que ésta solicitó ante la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes del causante
JOSE ARROYO ORDOÑEZ (QEPD). El derecho le fue reconocido porque no hubo
controversia. Hasta ahora se entera que, en el mismo sentido, la señora MELIDA
CASTEBLANCO, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
derivada de la muerte del señor JOSE ARROYO ORDOÑEZ (QEPD), razón por la cual,
dos personas se estaban disputando la misma prestación económica. Así las cosas, al
momento en que la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO debió decidir a quién
otorgaba el derecho a la sustitución pensional, aplicando lo instruido en el artículo 6 de
la ley 1204 de 2008 (…).
21 En la demanda de tutela, la accionante indicó: “Por la naturaleza del asunto jurídico que se está debatiendo en el
proceso, es necesaria mi comparecencia dentro del litigio, toda vez que yo solicité y demostré legalmente ante la
NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, la sustitución pensional del causante JOSÉ ARROYO ORDOÑEZ y me fue otorgada, razón por la
cual, el derecho al reconocimiento y pago de esta prestación económica estaría en debate entre la señora MELIDA
CASTEBLANCO y yo. Así las cosas, el Despacho al emitir la sentencia con únicamente la comparecencia de la
señora MELIDA CASTEBLANCO viola el derecho de defensa y debido proceso y acceso a la administración de
justicia (…)”.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00148-00
Accionante: Betty Gallego Santa
Se declara la improcedencia de la demanda
Como se encuentra estipulado en la norma en comento, le corresponde al operador
judicial dirimir a quién le corresponde obtener el derecho a la pensión de sobrevivientes,
cuando se presenta controversia en la convivencia. Es por ello, que la comparecencia
de mi mandataria judicial es vital para poder debatir en el curso del proceso los aspectos
de permanencia, solidaridad, apoyo y familia que tuvo cada una de las reclamantes con
el causante.
Tal como quedó reseñado en los hechos, mi mandataria judicial señora BETTY
GALLEGO SANTA, solicitó a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO la
sustitución pensional del causante JOSE ARROYO ORDOÑEZ en calidad de
compañera permanente, razón por la cual, la NACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
al notificarse del proceso instaurado por la señora MELIDA CASTEBLANCO, debió
solicitar la integración de la señora BETTY GALLEGO SANTA, en su calidad de
reclamante de la sustitución pensional en comento, por lo que la omisión en la
integración de ésta, violenta su derecho al debido proceso ante la imposibilidad de
pronunciarse sobre el litigio, el cual, al resolverse traería consecuencias a mi
poderdante.
(…)
2. Necesidad imperiosa de integrar al Litisconsorte Necesario dentro del
litigio para el correcto uso del derecho al debido proceso
Los artículos 133 y 134 del Código General del Proceso, aplicable a la legislación
contenciosa administrativa, indican las causales que generan la nulidad procesal. En
este caso, como se enunció líneas atrás, no se integró a la señora Betty Gallego Santa
como litisconsorte necesaria, por lo cual se deberá dar aplicación al numeral 8 del
artículo 133 del CGP y el inciso 4 del artículo 134 de la misma norma (…).
Una vez vislumbrada la insoslayable ausencia de integración al contradictorio a mi
mandataria judicial, deberá darse plena aplicación a la causal invocada anteriormente,
la cual deberá trámite de conformidad con el artículo 134 inciso 4 del CGP (…).
Tal como lo enuncian las citadas normas, para resolver de fondo el problema jurídico
planteado en el proceso de la referencia, se hace vital que mi mandataria judicial haga
parte del proceso judicial, para que ejerza correctamente su derecho a la defensa, de
tal modo que pueda participar del contradictorio y afirmar oportunamente las razones
jurídicas por las cuales les corresponde el derecho a la sustitución pensional del
causante José Arroyo Ordoñez22. [Negrillas y mayúsculas del texto original].
47. Si bien al momento de la presentación de la demanda de tutela, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no había emitido un pronunciamiento sobre el
recurso interpuesto por la accionante, lo cierto es que durante el trámite de esta acción
se aportó la decisión correspondiente23. En efecto, mediante Auto Interlocutorio núm.
017 del 27 de enero de 2026, el Tribunal negó el recurso de reposición, porque la
peticionaria se limitó a reiterar los argumentos expuestos en la solicitud de nulidad sin
presentar razones de hecho o de derecho que desvirtuaran la decisión adoptada, y
porque la figura del litisconsorcio necesario invocada no resultaba aplicable al
proceso. Asimismo, se rechazó el recurso de apelación por improcedente, dado que
el auto que niega un incidente de nulidad no es susceptible de este recurso conforme
al artículo 243 del CPACA. En la providencia se indicó lo siguiente:
(…) 9. Ahora, en lo que respecta al recurso de apelación, es pertinente señalar que en la
Ley 2080 de 2021, la cual modifica sustantivamente la Ley 1437 de 2011, las cuales
contemplaron de manera taxativa las providencias que pueden ser objeto del recurso de
22 Índice 10 de Samai.
23 Índice 17 de Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00148-00
Accionante: Betty Gallego Santa
Se declara la improcedencia de la demanda
apelación, descritas en el artículo 243 del CPACA, dentro de las cuales no está enlistada
la negación del incidente de nulidad. En consecuencia, el recurso de apelación propuesto
por la señora Betty Gallego Santa contra el auto mediante el cual se negó la nulidad
propuesta será rechazado por improcedente.
(…)
11. Afirma la peticionaria, en idéntico sentido a lo informado en la petición de nulidad
inicial, que existe un litisconsorcio necesario debido a que la demandante MÉLIDA
CASTEBLANCO y la solicitante BETTY GALLEGO SANTA han reclamado el
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente derivada del fallecimiento del
pensionado JOSE ARROYO ORDOÑEZ, y solicita se revoque el auto recurrido y que en
consecuencia se declare la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio dentro del
presente proceso y que se ordene su vinculación al proceso.
12. Para la Sala, la solicitud de revocatoria del auto no está llamada a proceder. Lo
anterior, ya que no se justificó en debida forma el recurso, al no incluirse con suficiencia
argumentos de hecho y de derecho que permitan desvirtuar la decisión judicial que negó
la nulidad, y haberse limitado la peticionaria a transcribir los argumentos expuestos en
solicitud de nulidad inicial, por lo que revisados las consideraciones que dieron origen a
la negación de la nulidad, se encuentra que estas son ajustados a derecho y no hay lugar
a reponer la decisión.
13. Tal y como se expuso en las consideraciones del auto recurrido dentro del presente
trámite, a pesar de alegar la peticionaria la existencia de un interés en la decisión que se
adoptó, la figura del litisconsorcio necesario que solicita se aplique al trámite al momento
de vinculársele no es aplicable al proceso de referencia.
14. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, aplicable al proceso
de referencia que fue expuesta en el auto recurrido, en procura de la economía procesal
son los posibles beneficiarios de una pensión quienes voluntariamente deben participar
en el proceso que ya existiere para definir la afectación. En razón a lo anterior, no existe
obligación de vincular a los posibles beneficiarios al contradictorio como litisconsorte
necesario, menos cuando no existe disposición legal que así lo establezca.
15. También, se reitera, que el no haber integrado a la señora Betty Gallego Santa al
proceso no vulneró su derecho a la defensa y contradicción, ya que, en ningún momento
del proceso, las partes del proceso pusieron de presente la existencia de algún tipo de
reclamación administrativa de parte de la ciudadana (…) [Negrillas y mayúsculas del texto
original].
48. Así las cosas, la Sala advierte que la accionante pretende, por la vía
constitucional, reabrir el debate planteado en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, sin satisfacer la carga argumentativa necesaria para superar el requisito
de relevancia constitucional. Aunque invoca la vulneración de derechos
fundamentales con ocasión de las providencias cuestionadas, sus planteamientos se
limitan, en esencia a reiterar los mismos argumentos expuestos en la solicitud de
nulidad y en el recurso de reposición y, en subsidio apelación, los cuales ya fueron
objeto de análisis y decisión por el juez natural.
49. En ese sentido, el Auto núm. 375 del 9 de diciembre de 2024 y el Auto núm. 017
del 27 de enero de 2026, proferidos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
analizaron los reparos formulados por la parte accionante y determinaron que no
había lugar a declarar la nulidad solicitada, pues los argumentos reiteraban lo
expuesto inicialmente y no desvirtuaban la decisión adoptada. Además, precisaron
que la figura del litisconsorcio necesario no resultaba procedente.
50.Por lo anterior, la Sala concluye que la demanda de tutela se dirige a obtener una
nueva valoración de argumentos que ya fueron analizados y resueltos en el proceso
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00148-00
Accionante: Betty Gallego Santa
Se declara la improcedencia de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual es improcedente, en tanto
que desnaturaliza el carácter subsidiario y excepcional del amparo constitucional y
revela la ausencia de relevancia constitucional del asunto planteado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DESVINCULAR del presente asunto al Ministerio de Educación Nacional y
al Distrito Especial de Santiago de Cali de la presente acción constitucional
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por las razones
expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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