Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00149-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00149-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00149-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00149-01
Accionantes: ALFREDO CARLOSAMA Y OTROS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ
Tema: Relevancia constitucional - subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 12 de febrero de
2026 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 19 de enero de 20262, dicha autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante la providencia del 3 de marzo de 2026 concedió la
impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. Los señores Alfredo Carlosama, Alba Torres López, en representación de
la menor TCLD3, Martha Isabel Carlosama Fernández, Álvaro Javier Carlosama
Fernández y José Alfredo Carlosama Fernández, actuando en nombre propio,
interpusieron acción de tutela en contra el Tribunal Administrativo del Caquetá.
Con la solicitud de amparo pretenden que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
reparación integral.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó
como autoridad accionada al Tribunal Administrativo del Caquetá y vinculó al Juzgado Quinto
Administrativo de Florencia, a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y al Municipio
de Cartagena del Chairá (Caquetá).
3 La menor fue anonimizada por el juez de primera instancia en aras de protección de los derechos
a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes.
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Accionantes: Alfredo Carlosama y otros
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2. Las anteriores garantías constitucionales las estimaron vulneradas con
ocasión de la sentencia del 14 de julio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá en el proceso de reparación directa 4 adelantado
contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y el municipio de
Cartagena del Chairá (Caquetá). Mediante dicha providencia, la autoridad judicial
accionada confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Quinto
Administrativo de Florencia que declaró probada de oficio la excepción de pleito
pendiente.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la reparación integral, vulnerados por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida
por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 14 de julio de 2025, dentro del medio
de control de reparación directa bajo radicación 18001-33-33-002-2014-00584-01,
mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia y denegó las
pretensiones de la demanda referenciada.
TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, SE ORDENE al Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, proferir una nueva
sentencia, subsanando los defectos constitucionales identificados.
CUARTO: Las demás que se considere pertinentes para la protección y amparo
de mis derechos fundamentales.
1.2. Hechos
4. El 26 de abril de 2006, el señor Armando Lozano y otros promovieron una
acción de grupo5 contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con
el fin de que se les reconociera una indemnización de perjuicios de orden moral,
material y a la vida en relación como consecuencia del desplazamiento forzado
del que fueron víctimas en la vereda Peñas Coloradas del municipio de
Cartagena del Chairá (Caquetá), durante el 25 y 26 de abril de 2004 en el marco
de la ejecución del denominado «Plan Patriota».
5. El 22 de febrero de 2008, los tutelantes, con excepción del señor José
Alfredo Carlosama Fernández, se adhirieron a la acción de grupo en procura de
ser indemnizados por el desplazamiento forzado al cual fueron sometidos en los
mismos hechos.
6. El 12 de agosto de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia
profirió sentencia en la que se declaró administrativa y extracontractualmente
responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional por los
perjuicios ocasionados a las personas demandantes y a todas aquellas que
4 Proceso identificado con el radicado 18001-33-33-002-2014-00584-00/01.
5 Proceso identificado con radicado 18001-23-31-000-2006-00232-00
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acreditaran haber habitado, laborado o estudiado en la vereda Peñas Coloradas
del municipio del Chairá, entre el 24 y el 26 de abril de 2004.
7. El 5 de septiembre de 2024, el Ejército Nacional promovió recurso de
apelación contra dicha decisión, el cual fue concedido mediante auto del 6 del
mismo mes y año. A la fecha en la que se profiere este fallo, el proceso se
encuentra al despacho para dictar fallo de segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Caquetá.
8. Por su parte, el 14 de julio de 2014, los actores promovieron el medio de
control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional y el municipio del Chairá con el fin de que se les declarara responsable
administrativa y patrimonialmente por los mismos hechos objeto del proceso de
acción de grupo.
9. Mediante sentencia del 28 de junio de 2024, el Juzgado Quinto
Administrativo de Florencia declaró probada de oficio la excepción de pleito
pendiente en relación con el proceso referenciado con antelación. En
consecuencia, ordenó la terminación del trámite. Señaló que los accionantes no
ejercieron oportunamente su derecho de exclusión de la acción de grupo, de
conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 472 de 1998, motivo por
el cual debían esperar el resultado de dicho proceso. Agregó que, en tal medida,
esta circunstancia los imposibilitaba para promover un medio de control individual
por los mismos hechos.
10. En relación con el señor José Alfredo Carlosama Fernández, señaló que,
si bien no se adhirió al proceso de la acción de grupo como demandante, no
podía ser considerado como excluido, puesto que el trámite vinculaba a todos los
afectados que no hubieran formulado acciones individuales, con independencia
de que hubieran sido parte de la acción.
11. A su vez, en relación con los presupuestos para la configuración de la
excepción de pleito pendiente, determinó que la acción de grupo se encuentra
desde el 7 de marzo de 2024 al despacho para proferir sentencia de segunda
instancia. Agregó que los actores hacían parte del grupo demandante en dicho
proceso y que el sujeto pasivo era la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional. Insistió en que, a pesar de que el señor José Alfredo Carlosama
Fernández no presentó la demanda, hizo parte del grupo afectado y no manifestó
de manera oportuna su voluntad de excluirse.
12. Argumentó que en ambos medios de control se pretende la indemnización
de los perjuicios morales y materiales causados por el daño antijurídico derivado
del desplazamiento forzado del que fueron víctimas en la vereda de Peñas
Coloradas entre el 25 y 26 de abril de 2004, con ocasión del «Plan Patriota».
Concluyó que, por tanto, se cumplía también con el requisito de identidad de
pretensiones y causa.
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13. Inconforme con ello, la parte actora apeló la decisión y sostuvo que no se
configuró el requisito de identidad de partes, hechos y pretensiones para declarar
próspera la pretensión de pleito pendiente. Expuso que los hechos que dieron
origen a ambas demandas difieren entre sí, pues el fundamento fáctico del medio
de control de reparación directa está relacionado con el desalojo con fines
militares de unos bienes rurales ubicados en el paraje de Peñas Coloradas,
mientras que la acción de grupo vera sobre el desplazamiento forzado del área
urbana de dicho caserío, donde el señor Alfredo Carlosama tenía varios
establecimientos comerciales para la época de los hechos.
14. Sostuvo que luego de que el Ejército Nacional ordenara el desalojo de
dicho lugar, el señor Carlosama y su núcleo familiar se desplazaron hasta
aquellos predios rurales, en el que se asentaron por un tiempo y del cual fueron
obligados a salir con posterioridad. Agregó que es respecto de este último
desplazamiento del área rural que se solicita el resarcimiento de perjuicios.
15. Mediante sentencia del 14 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del
Caquetá confirmó la decisión de primera instancia. Afirmó que existía identidad
de partes y, con respecto al señor José Alfredo Carlosama Fernández, agregó
que, aunque no solicitó su vinculación a la acción de grupo, la decisión que se
adopte en dicho proceso lo afectará jurídicamente, en virtud de los efectos
generales que produce el fallo. Precisó que cuando los integrantes del grupo no
optan por entablar acciones individuales y no ejercen el derecho de exclusión del
grupo, resultan vinculados por lo decidido en una acción instaurada en su
nombre, así no hagan parte. Agregó que, en todo caso, de conformidad con el
artículo 55 de la Ley 472 de 1998, el actor puede acogerse a lo decidido en dicha
sentencia dentro de los 20 días siguientes a su publicación.
16. Indicó que se verificó la identidad de causa entre los dos procesos objeto
de comparación, puesto que ambos trámites se originaron en el desplazamiento
forzado al que se vieron obligados los habitantes de Peñas Coloradas,
jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá, como consecuencia de la
presencia del Ejército Nacional en ese territorio desde el 25 de abril de 2004 en
cumplimiento del «Plan Patriota».
17. Puso de presente que lo que dio origen a los daños reclamados en el
proceso de reparación directa no fue la ocupación de los bienes inmuebles
pertenecientes a los demandantes, sino dicho desplazamiento forzado.
Argumentó que la parte actora introdujo nuevos hechos en el recurso de
apelación, puesto que en la demanda inicial se sostuvo que la familia del señor
Carlosama residía en el área rural, lo que evidenciaba una modificación
sustancial del sustento fáctico del medio de control, motivo por el cual no podría
ser objeto de estudio en la segunda instancia.
18. Advirtió que tales argumentos nuevos desconocían los deberes
establecidos para las partes en los numerales 1 y 2 del artículo 78 del Código
General del Proceso, según los cuales aquellos deben proceder con lealtad
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procesal y buena fe en sus actos y obrar sin temeridad en sus pretensiones y en
el ejercicio de sus derechos procesales.
19. Con respecto a la identidad de objeto, sostuvo que en los dos procesos se
incurrió en una reiteración de conceptos indemnizatorios, aunque formulados
bajo distintas denominaciones, lo que reflejaba una intención común de obtener
compensaciones similares por el mismo hecho dañoso.
1.3. Sustento de la vulneración
20. La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales, con fundamento en los siguientes
argumentos.
21. Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo
por indebida aplicación de la excepción de pleito pendiente regulada en el
numeral 8 del artículo 100 del Código General del Proceso. Aseguró que se
asumió erradamente que la acción de grupo afectará jurídicamente al señor José
Alfredo Carlosama, a pesar de no haber solicitado su vinculación al trámite.
Señaló que esto no configura una identidad estricta, puesto que obedece «a un
razonamiento de vinculación» por los efectos generales y la cosa juzgada del
proceso colectivo.
22. Argumentó que, si no existía una identidad de real y actual de partes
respecto de dicho demandante, lo decidido en el proceso de reparación directa
desbordaba el alcance del artículo 100, numeral 8 del Código General del
Proceso.
23. Sostuvo que se reconocieron pretensiones diferenciadas las cuales fueron
anuladas «por una identidad reconstruida», al establecer una equivalencia entre
ambos trámites mediante la conclusión errada de que lo que originó los daños
reclamados fue el desplazamiento forzado. Por tanto, indicó que la identidad no
fue demostrada sino construida, al reducir el litigio a un único hecho generador,
lo que elimina sin un análisis material suficiente, el componente patrimonial
individualizado.
24. Argumentó que se incurrió en defecto fáctico al desconocer que el litigio
planteado no se reducía al desplazamiento, dado que lo planteado abarcaba el
reconocimiento de los perjuicios por el daño por ocupación y limitación del
derecho a la propiedad. Alegó que, en tal sentido, no se refutó que la ocupación
y la pérdida de bienes sean hechos causales autónomos ni se brindaron razones
por las cuales dicha ocupación «quedaría absorbida o anulada en el análisis de
identidad». Señaló que, en dicha medida, no se valoró de manera completa y
razonable el material determinante para una decisión de fondo.
25. De tal forma, alegó que la sentencia «reemplaza un test legal de
litispendencia (identidad actual y estricta) por un test de “posible afectación
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futura”». Agregó que esto «cierra la vía de decisión de fondo en reparación directa
sin que se cumpla con el rigor requerido».
26. Expuso que se profirió una decisión sin motivación puesto que no se
resolvió «el núcleo de la apelación», según el cual, la reparación directa contenía
un componente patrimonial individualizado que no se agota necesariamente en
el método indemnizatorio del proceso colectivo. Agregó que, bajo el argumento
relacionado con que en la apelación se hizo referencia a hechos nuevos, se
eludió el examen relacionado a si lo expuesto en el recurso de alzada se trataba
de una precisión, una explicación contextual o un elemento que podía incidir en
el estudio de identidad.
1.4. Intervenciones
27. El Ministerio de Defensa Nacional sostuvo que la acción no cumplió con
los presupuestos de procedencia exigidos, puesto que no se realizó estudio
alguno de las causales específicas ni se justificó debidamente la transgresión
alegada. Agregó que las autoridades judiciales llevaron a cabo un estudio
riguroso de las pruebas que fueron allegadas.
28. El municipio de Cartagena del Chairá aseguró que la controversia
propuesta no cumplía con el requisito de relevancia constitucional, pues los
actores pretenden emplear el mecanismo como una tercera instancia. Agregó
que no se acreditó el presupuesto de subsidiariedad, puesto que los actores
cuentan con el recurso extraordinario de unificación. Sostuvo que la acción no
cumple con la inmediatez requerida, al haber pasado más de 5 meses desde que
la providencia cuestionada se profiriera.
1.3. Sentencia de primera instancia
29. Mediante fallo del 12 de febrero de 2026, la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado negó el amparo solicitado, al concluir que no se acreditó
la configuración de los defectos alegados. Para el efecto, reiteró a detalle el
sustento de la sentencia cuestionada y estableció que el Tribunal realizó un
razonamiento jurídico válido del numeral 8 del artículo 100 del Código General
del Proceso, puesto que explicó los motivos por los que consideraba que las
demandas tenían origen en un mismo hecho.
30. A su vez, sostuvo que se concluyó de manera razonable que existía una
identidad de partes y pretensiones, motivo por el cual no se habría incurrido en
el defecto sustantivo alegado al no haberse realizado una interpretación
caprichosa o arbitraria de la norma discutida.
31. Indicó que la autoridad accionada abordó adecuadamente el recurso de
apelación, al explicar los motivos por los cuales los argumentos formulados por
la parte actora no podían ser objeto de estudio en la segunda instancia
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32. Finalmente, en relación con el defecto fáctico alegado, sostuvo que no se
identificaron las pruebas que, en su criterio, habrían sido desconocidas o
valoradas indebidamente, motivo por el cual no se cumplía con la carga mínima
para efectuar el correspondiente estudio de fondo.
1.4. Impugnación
33. La parte accionante solicitó que se revocara la decisión de primera
instancia y que, en su lugar, se accediera al amparo solicitado.
34. Señaló que la sentencia de primera instancia desconoció que la causa de
la reparación directa no se agota en el desplazamiento, puesto que incorpora un
daño autónomo y diferenciado del de la acción de grupo, que se fundamenta en
el desplazamiento masivo de Peñas Coloradas. Agregó que, de tal forma, se
avaló una interpretación que redujo indebidamente el fundamento fáctico de la
demanda al fenómeno del desplazamiento. Sostuvo que, con ello, se ignoró la
existencia de daños diferenciados y se incurrió en defecto sustantivo.
35. Finalmente, reiteró los argumentos formulados en el escrito de tutela en
relación con los defectos fácticos y decisión sin motivación.
II. CONSIDERACIONES
36. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó el amparo
solicitado y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela
presentada por la parte actora. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no
se superan los requisitos generales de relevancia constitucional y subsidiariedad.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
37. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
8 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
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defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial.
38. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.
39. En el caso estudiado, esta Sección considera que la solicitud de amparo
no cumple con todos los requisitos de procedibilidad, como pasa a explicarse.
40. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
41. La Sala advierte que los señores Alfredo Carlosama y otros están
legitimados en la causa por activa, en la medida en que fueron los demandantes
en el proceso de reparación directa. A su vez, se evidencia que el Tribunal
Administrativo del Caquetá está legitimado en la causa por pasiva al haber
proferido las providencias controvertidas en este proceso.
42. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional10, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
43. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional puesto que la acción carece
de carga argumentativa en clave de derechos fundamentales.
44. Con respecto al cargo por defecto sustantivo, el razonamiento desarrollado
por los actores se centra en la indebida aplicación del artículo 100, numeral 8 del
Código General del Proceso al asegurar que no existía una identidad real y actual
de partes en relación con el señor José Alfredo Carlosama Fernández. Agregó
9 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
10 Sentencia SU-215 de 2022.
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que en las demandas se formularon pretensiones diferenciadas con respecto a
las cuales se estableció una equivalencia errada, al igual que el origen del daño
alegado en ambos procesos.
45. Si bien se identificó la norma que, a su juicio, el tribunal accionado habría
desconocido, lo cierto es que lo expuesto en el escrito inicial simplemente da
cuenta de una inconformidad con la interpretación y aplicación de las
disposiciones llevadas a cabo en el fallo cuestionado. Los argumentos esbozados
no se dirigen a demostrar alguna arbitrariedad o error evidente por parte del
operador judicial, puesto que la parte actora se limitó a exponer la forma en la
que, a su juicio, se han debido interpretar las normas aplicables al caso en
concreto.
46. Las razones otorgadas en el escrito inicial, en relación con este defecto
formulado, no cuentan con la relevancia constitucional que permitan al juez de
tutela llevar a cabo un estudio de fondo del litigio propuesto, en la medida en que
lo pretendido es que se efectúe un análisis correctivo con respecto al ejercicio
hermenéutico del operador judicial, a fin de que se concluya cuál interpretación
de las normas aplicadas era la más adecuada.
47. Lo anterior, puesto que el Tribunal Administrativo del Caquetá expuso los
motivos por los cuales existía una identidad de partes, a pesar de que el señor
José Alfredo Carlosama Fernández no se adhirió como sujeto demandante al
proceso de la acción de grupo. De tal forma, expuso que la decisión en dicho
proceso lo afectará jurídicamente en virtud de los efectos que produce el fallo y
precisó que cuando los integrantes del grupo no optan por entablar acciones
individuales y no ejercen el derecho de exclusión del grupo, como sucedió en el
asunto estudiado, resultan vinculadas por lo decidido en una acción instaurada
en su nombre.
48. A su vez, verificó la identidad de causa en los dos procesos, al tratarse de
trámites que se originaron en el desplazamiento forzado al que se vieron
obligados los habitantes de Peñas Coloradas, como consecuencia de la
presencia del Ejército Nacional en ese territorio el 25 de abril de 2004 en
cumplimiento del «Plan Patriota».Con respecto a la identidad de objeto, sostuvo
que en los dos procesos se incurrió en una reiteración de conceptos
indemnizatorios, aunque formulados bajo distintas denominaciones, lo que
reflejaba una intención común de obtener compensaciones similares por el
mismo hecho dañoso.
49. En lo que respecta a los reproches que sustentan el defecto fáctico
formulado están dirigidos a manifestar una simple inconformidad con respecto a
la valoración probatoria efectuada por el tribunal accionado. Esto, pues el actor
se limitó a establecer lo que, desde su criterio, se encontraba acreditado con el
material probatorio obrante en el expediente, sin exponer ninguna razón que
permita entrever algún tipo de arbitrariedad o capricho por parte del juez natural
de la causa al momento de estudiar las pruebas.
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50. Aunado a lo anterior, la parte actora no identificó ninguna prueba cuya
valoración hubiera sido omitida o estudiada indebidamente. Por tanto, no se
expuso de forma mínima argumento alguno que permita entrever que el Tribunal
Administrativo del Caquetá llevó a cabo un análisis con arbitraria desatención de
las reglas de la lógica y la sana crítica. Al respecto, esta sección, en la sentencia
del 12 de noviembre de 201511, precisó los alcances y requisitos que deben
atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una
providencia judicial.
51. Allí se estableció que la parte actora debe, mínimamente, precisar e
identificar lo siguiente: i) cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida
valoración o de omisión por parte del juez; ii) la razón por las que en cada caso,
la consideración del operador se alejó de las reglas de la lógica, la experiencia y
la sana crítica y, iii) la incidencia de las pruebas desconocidas o valoradas
erróneamente en el resultado del fallo.
52. En este orden de ideas, la parte actora no sustentó debidamente el defecto
fáctico alegado, pues no formuló las razones mínimas que permitan al juez
constitucional llevar a cabo un análisis del litigio propuesto.
53. En este sentido, del incumplimiento de la carga argumentativa requerida
para que el juez de tutela efectúe el respectivo estudio, se sigue que lo pretendido
por el actor es manifestar un simple desacuerdo con una decisión desfavorable
a sus intereses. En efecto, de las razones presentadas en el escrito inicial no es
posible advertir, prima facie, alguna arbitrariedad o capricho por parte de la
autoridad judicial accionada que permita concluir que la controversia propuesta
versa sobre la amenaza, transgresión o alcance de algún derecho fundamental.
54. En tal sentido, el litigio propuesto en sede de tutela no cuenta con la
relevancia constitucional que permita al juez de tutela llevar a cabo un estudio de
fondo, dado que lo pretendido es que se efectúe un análisis de corrección sobre
el ejercicio hermenéutico del operador judicial. En tal medida, la formulación de
esta controversia se sustenta, como se ha insistido, en una inconformidad con la
decisión del órgano de cierre en la materia, finalidad para la cual no fue prevista
la acción de tutela contra providencias judiciales.
55. Finalmente, en lo que respecta al cargo por decisión sin motivación, la Sala
considera que no se cumple con el requisito de subsidiariedad toda vez que la
actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión para la defensa de sus
derechos con respecto a los argumentos planteados en estos cargos. En efecto,
la parte actora sostuvo que el juez de segunda instancia no llevó a cabo un
estudio del argumento central formulado en el recurso de apelación, lo que
implica que, a su juicio, se habría incurrido en una incongruencia externa de la
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12
de noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
10
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00149-01
sentencia.
56. Se advierte que este cargo se enmarca en una de las causales de
procedibilidad del recurso extraordinario de revisión, contemplada en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, a saber, «existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación».
57. Frente a dicha situación, el Consejo de Estado12 ha defendido la
posibilidad de que se interponga recurso extraordinario de revisión con
fundamento en la causal referida e indicó que uno de los requisitos para la
configuración de la nulidad originada en sentencia como causal de revisión es
la existencia de un «vicio grave o insaneable que afecte su validez»13.
58. A su vez, el órgano de cierre en la materia14 señaló que la vulneración al
principio de congruencia da lugar a la nulidad originada en la sentencia, la cual
es una de las causales que permite la procedencia del recurso extraordinario de
revisión, de acuerdo con lo señalado previamente.
59. En relación con la congruencia externa con la que debe cumplir toda
sentencia, a propósito del artículo 170 del Código Contencioso Administrativo
(disposición normativa contenida actualmente en el 187 de la Ley 1437 de 2011),
señaló el Consejo de Estado15, lo siguiente:
Se puede identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo
170 del C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar
en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada.
60. Consideró dicha corporación16 que este principio implica la «conformidad
entre la decisión y lo pedido por las partes en la demanda y en su contestación»
y, a su vez, busca la protección del derecho al debido proceso y de defensa de
las partes, «cuya actuación procesal se dirige a controvertir los argumentos y
hechos expuestos en la demanda, tratándose del demandado, y en la
contestación, si la posición procesal es la del demandante».
61. De igual forma, el Consejo de Estado17 ha establecido que este principio
así concebido implica que en el trámite del recurso de apelación únicamente se
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia
del 5 de abril del 2016. M.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: 11001-03-15-000-2008-00320-00.
13 Ibidem.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión.
Sentencia del 02.02.16. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Radicado: 11001-03-15-000-2015-02342-00(REV).
15 Ibidem.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 26.07.12. M.P.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Radicado: 25000-23-27-000-2008-00228-02(18380).
17
Consejo de Estado, Sala lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 21.02.19. M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Radicado: 54001-23-33-000-2014-00397-01 (22647)
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resuelvan, por regla general, las inconformidades formuladas por el apelante
contra la providencia de primera instancia.
62. En tal sentido, la congruencia externa de la sentencia desarrolla los
conceptos del fallo ultra petita y extra petita, como decisiones que trascienden lo
pedido por las partes, tanto en los casos en que se otorgan cosas adicionales a
lo solicitado en la demanda o en la apelación – según sea el caso – (sentencia
ultra petita), como en las situaciones en las que se reconoce algo que no fue
solicitado (fallo extra petita)18.
63. De tal forma, y sin tomar en consideración la razonabilidad del argumento
planteado por la parte actora, esta sala en su calidad de juez constitucional no
tiene competencia para determinar si el fallo cuestionado vía tutela adolece de
vulneración al principio de congruencia externa de la sentencia, en el sentido d
estudiar si, efectivamente como lo afirma la parte actora, la sentencia
cuestionada no estudió debidamente los argumentos expuestos en el recurso de
apelación. Lo anterior, pues dicho estudio corresponde a la autoridad judicial que
conoce sobre el recurso extraordinario en cuestión.
64. Por tanto, se concluye que la presente acción constitucional no supera el
requisito de subsidiariedad frente a este último cargo, toda vez que, frente al
reproche expuesto en el escrito de tutela, procede el recurso extraordinario de
revisión como mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los
derechos invocados.
65. Del mismo modo, se pone de presente que la accionante no expuso de
forma siquiera sumaria los motivos por los cuales este mecanismo extraordinario
no cuenta con la idoneidad y eficacia para la resolución de la controversia
propuesta y la salvaguarda de sus garantías constitucionales.
66. Finalmente, tampoco se advierte la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. De los
elementos de convicción que obran en el expediente no es posible señalar que
la entidad actora se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que
imprima la necesidad de adoptar órdenes urgentes para la protección de
derechos fundamentales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 26.07.12. M.P.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Radicado: 25000-23-27-000-2008-00228-02(18380).
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Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00149-01
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de febrero de 2026 que negó el
amparo solicitado y, en su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción
de tutela.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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