Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00157-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00157-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00157-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00157-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
5 de marzo de 2026
Demandante: Jairo Méndez Flor y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00157-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00157-00
Demandante: JAIRO MÉNDEZ FLOR Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito radicado el 15 de enero de 20261, el señor Jairo Méndez Flor
(en nombre propio y en representación de su hija Karen Julieth Méndez
Ambuila), Noel Floder Méndez Flor, Alirio Méndez Flor (en nombre propio y en
representación de sus hijas Leidy Vanessa y Jessica Méndez Sagastuy), Lady
Méndez Flor, Ernestina de Méndez Flor, José Orley Méndez Flor, María
Fernando Gruezo Méndez, Nhora Milena Bermúdez Bermúdez, Arbey Bermúdez
Méndez, María Virgelina Rincón Méndez, Ana Ruth Rincón Méndez, Gloria Stella
Rincón Méndez y Nahum Méndez Flor, por conducto de apoderado,
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
Según los accionantes, la referida autoridad judicial vulneró tales garantías con
la providencia del 3 de junio de 2025, que modificó el ordinal primero de la
sentencia proferida el 19 de diciembre de 2022, por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, que había declarado probada la
excepción de caducidad del medio de control y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 76001-33-33-
1 Samai, índice 1.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jairo Méndez Flor y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00157-00
002-2019-00353-00/02, promovido contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el actor solicitó lo siguiente:
1) Que se AMPARE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO y ACCESO A LA ADMISTRACIÓN DE JUTICIA de los
accionantes.
2) En consecuencia, de lo anterior DEJAR SIN EFECTO las sentencias de
primera y segunda instancia, proferidas por las autoridades accionadas,
respectivamente.
3) DEJAR SIN EFECTO el auto de obedecer y cumplir.
4) SE ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUDA
profiera una nueva sentencia valorando correctamente los medios de prueba.2
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:
Los accionantes narraron que los señores Jairo, Noel Floder y Raúl Méndez Flor
tenían una finca ubicada en la vereda El Chontaduro, municipio de Jamundí, en
la cual residían de manera familiar.
Indicaron que en el año 2013 fueron visitados en dicho predio por personas que
se identificaron como paramilitares, que les advirtieron que debían abandonarlo,
pues sino lo hacían serían asesinados, situación que fue puesta en conocimiento
de la Policía de dicho municipio. No obstante, ese mismo año fueron atacados y
como consecuencia de dicha circunstancia, el señor Raúl Méndez murió y los
señores Noel Floder y Jairo Méndez fueron impactados por lo que decidieron
desplazarse de lugar.
Afirmaron que, a pesar de que los agresores fueron capturados inicialmente,
fueron dejados en libertad, y que solo hasta el 23 de julio de 2014, se formalizó
la denuncia penal ante la Fiscalía 60 Seccional de Santiago de Cali, además
adujeron que estos hechos son constitutivos de delitos de lesa humanidad, por
tratarse de una agresión deliberada contra la vida, la integridad física y la
permanencia en el territorio de personas campesinas.
Explicaron que en ejercicio del medio de control de reparación directa3 solicitaron
declarar administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional por los perjuicios materiales e inmateriales que, le
fueron ocasionados como consecuencia del homicidio del señor Raúl Méndez
2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
3 Demanda presentada el 27 de octubre de 2021. Samai, índice 1, del proceso ordinario.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jairo Méndez Flor y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00157-00
Flor, las graves lesiones sufridas por Jairo Méndez Flor y Noel Floder Méndez
Flor, y el desplazamiento forzado del núcleo familiar.
Indicaron que las afirmaciones contenidas en la demanda, en las que se aludió
a la supuesta presencia de grupos paramilitares en la zona rural del municipio
de Jamundí como autores de los hechos, se sustentaron en suposiciones de
carácter general que no se encontraron respaldadas en pruebas objetivas que
permitieran establecer, al menos, indicios suficientes de una actuación
sistemática por parte de tales actores armados en el escenario territorial y
temporal descrito por los demandantes.
Expresaron que en primera instancia conoció el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Cali que, mediante sentencia del 19 de diciembre de
2022, denegó las pretensiones de la demanda y declaró probada la excepción
de caducidad propuesta por la entidad demandada, exonerando al Estado de
toda responsabilidad. Además, concluyó que no existía prueba de que los
hechos ocurridos el 9 de julio de 2013 hubiesen tenido origen en el conflicto
armado o hubiesen sido ejecutados por grupos armados al margen de la ley,
como lo exige la configuración de un crimen de lesa humanidad.
Pusieron de presente que, inconformes con la anterior decisión, presentaron
recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión, mediante providencia del 3 de julio de 2025, modificó el
ordinal primero de la sentencia y confirmó en todo lo demás la providencia
apelada. El numeral modificado indicó lo siguiente:
1-. DECLARAR probada la excepción de “inexistencia de la falla en el servicio”
propuesta por la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA
NACIONAL, negando en consecuencia las pretensiones de la demanda.
Sostuvieron que, el objeto de censura de la decisión radica en la desestimación
probatoria de la copia de la comunicación del 17 de junio de 2013, mediante la
cual la Policía Nacional citó a los atacantes por la queja policiva interpuesta, pues
el daño padecido por los demandantes fue originado en un contexto ilícito de
lesa humanidad y la imposibilidad de los demandantes de ejercer su derecho de
acción en los términos ordinarios que establece la ley. Además, se observa que
la autoridad enjuiciada precisó que el Grupo de Gestión Documental de la Policía
Nacional dio cuenta que, según las bases de datos correspondientes, en la
Estación de Policía de Jamundí no se encontró registro alguno de la denuncia
policiva supuestamente radicada por los demandantes bajo el radicado
0353/ESTPO de esa fecha.
Manifestaron que el tribunal concluyó que el homicidio del señor Raúl Méndez
Flor y las lesiones sufridas por sus hermanos no correspondían a una dinámica
propia del conflicto armado interno, sino a una confrontación o conflicto particular
relacionado con el control de terrenos con vocación minera en zona rural del
municipio de Jamundí, por lo que infirió una hipótesis de violencia interpersonal,
antes que un acto perpetrado en el marco de una estrategia bélica organizada,
razón por la que declaró probado el medio exceptivo de «inexistencia de la falla
en el servicio», al no demostrarse responsabilidad atribuible a la Policía
Nacional.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jairo Méndez Flor y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00157-00
1.4. Sustento de la vulneración
A juicio de los accionantes, la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico
por ausencia e indebida valoración probatoria, porque la decisión exige a la parte
demandante más pruebas para acreditar los hechos narrados en la demanda.
Advirtió que tal circunstancia es alejada de la realidad procesal y probatoria, pues
en el proceso se aportaron y solicitaron medios probatorios diversos:
documentales, testimoniales, pericial y declaración de parte, es decir, todos los
medios de prueba permitidos legalmente y con los que contaba la parte
demandante para probar el daño generado por omisión al deber de protección a
cargo de la entidad demandada.
Precisó que el objeto de censura de la decisión radica en la desestimación
probatoria de la copia de la comunicación del 17 de junio de 2013, mediante la
cual la Policía Nacional citó a los atacantes por la queja policiva interpuesta, pues
el daño padecido por los demandantes fue originado en un contexto ilícito de
lesa humanidad, aunado a la sistematicidad en el tiempo del daño, y la
imposibilidad de los accionantes de ejercer su derecho de acción en los términos
ordinarios que establece la ley.
Aseguró que la sentencia de segunda instancia solo le dio credibilidad a lo
indicado por el apoderado de dicha institución en la contestación de la demanda,
pues indicó que fue un tercero quien ocasionó el daño. No obstante, olvidó que
esta tenía conocimiento del conflicto que habían denunciado los demandantes
en el mes de junio de 2013, y que según el artículo 2 de la Constitución Política
y el artículo 1 del Decreto 1355 de 1970 Código Nacional de Policía, vigente para
la época en que ocurrieron los hechos, debía proteger a los habitantes del
territorio colombiano en su libertad y en los derechos.
Consideró que la contestación de la demanda de la Policía Nacional no se
acompasa a la realidad probatoria. Además, sostuvo que las pruebas aportadas
por la entidad accionada favorecen a la parte actora, por lo cual señaló que del
informe de novedad suscrito por uno de los policías que atendió el lamentable
hecho ocurrido el 9 de julio de 2013, se desprendía que efectivamente quienes
habían sido denunciados como victimarios de los demandantes en junio de ese
año fueron los agresores del ataque, acreditando que los demandantes no lo
originaron, y que en todo caso pudo evitarse por una acción más contundente
por parte de dicha institución al momento en que se denunciaron las amenazas.
Expresó que no era admisible que el tribunal indicara en su providencia que la
Policía Nacional no tenía conocimiento de las amenazas de los demandantes, lo
que denotaba una total apatía, falta de solidaridad y sentido de ayuda con la
población civil y las víctimas del conflicto armado debidamente reconocidas por
la Unidad de Atención Integral a las Víctimas.
Advirtió que no se trató de un simple «conflicto de intolerancia entre civiles», sino
de una acción armada por un grupo paramilitares, como quedó demostrado.
Además, de no valorar las copias de la investigación penal adelantada por la
Fiscalía 60 de Santiago de Cali, pues en dichos documentos se observan las
diversas declaraciones de los demandantes y denuncias por desplazamiento
forzado por parte de grupos paramilitares. Adicionalmente, sostuvo que no tuvo
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jairo Méndez Flor y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00157-00
en cuenta la certificación suscrita por la Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas – UARIV.
Recalcó que la corporación enjuiciada tampoco tuvo en cuenta las declaraciones
de los testigos y del demandante Jairo Méndez Flor que dan fe de las amenazas
sufridas y sus condiciones de vulnerabilidad.
Puso de presente que la Corte Constitucional en las sentencias SU-599 de 2019,
T-010 de 2021, T-059 de 2022 y T-389 de 2024 es enfática y reiterativa en indicar
que las declaraciones de las víctimas se deben interpretar con base en el
principio de la buena fe y favorabilidad, por ser sujetos de especial protección y
que el Consejo de Estado en la decisión del 19 de julio de 2017, identificada con
radicado 23001-23-31-000-2010-00374-01(52914) desarrolló los alcances del
deber de protección por parte del Estado.
Insistió en que la autoridad accionada creó un obstáculo para la declaratoria de
responsabilidad y la ausencia de valoración de las pruebas: documentales,
testimoniales y la declaración de parte del demandante que vulnera el derecho
de acceso a la administración de justicia de los tutelantes.
1.5. Trámite en primera instancia
Por medio de providencia del 26 de enero de 2026, se inadmitió esta acción con
el fin de que se aportara el poder debidamente conferido al abogado que
representa al extremo activo de este trámite.
Además, se advirtió que los señores Jairo Méndez Flor y Alirio Méndez Flor,
como parte demandante dentro del proceso ordinario de reparación directa,
actuaban en nombre propio y representación de sus hijas menores Karen Julieth
Méndez Ambuila, Leidy Vanessa Méndez Sagastuy y Jessica Méndez Sagastuy,
respectivamente, pero no se aportaron los respectivos registros civiles de
nacimiento que permitan constatar dicha calidad.
Por medio de memorial del 2 de febrero de esta anualidad4, el apoderado de la
parte actora aclaró que las ciudadanas antes referidas ya habían alcanzado la
mayoría de edad, por lo que aportó copia de sus cédulas de ciudadanía junto
con el poder conferido por ellas y los demás accionantes.
En tal medida, como los documentos allegados cumplieron con los requisitos
legales, se entendió cumplido el requerimiento realizado en el auto inadmisorio.
Además, en atención a lo informado en el escrito mencionado, se dispuso que
las señoras Karen Julieth Méndez Ambuila, Leydi Vanessa y Jessica Méndez
Sagastuy serían reconocidas en este trámite como accionantes.
Subsanado lo anterior, mediante auto del 12 de febrero de 2026 se admitió la
solicitud de tutela y se ordenó notificar esta decisión a los magistrados que
integran el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
También, se ordenó vincular al juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Cali (autoridad de primera instancia), al ministro de Defensa Nacional y al
4 Samai, índice 8.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jairo Méndez Flor y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00157-00
director general de la Policía Nacional, como terceros con interés en las resultas
del proceso.
1.6 Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Aseguró que no existía una responsabilidad de la Policía Nacional por una
presunta falla en el servicio, o una omisión en el deber de cuidado, porque se
analizaron las pruebas obrantes en el medio de control de reparación directa y
se llegó a la conclusión que no se acreditó la presencia de grupos armados al
margen de la ley en el municipio de Jamundí. Por el contrario, se evidenció la
existencia de una querella en contra de la parte actora, a causa de unos
conflictos con particulares relacionados con el control de terrenos con vocación
minera en zona rural de dicho municipio.
Adicionó que tampoco obró denuncia formal interpuesta por los accionantes
frente a las presuntas amenazas contra su vida e integridad, a través de las
cuales se alertara a dicha institución para poder implementar las medidas que
previnieran la materialización del daño causado.
Expresó que no era claro en el caso concreto la configuración de una falla en el
servicio atribuible a la Policía Nacional, ni tampoco que se cumplieran los
requisitos exigidos por la jurisprudencia para la imputación de responsabilidad
bajo el régimen de riesgo derivado del servicio, pues la parte actora no logró
demostrar que el occiso fuera expuesto de manera anormal o injustificada a un
riesgo especial que permitiera atribuirle al Estado un daño antijurídico.
Consideró que la presente acción de tutela era improcedente, teniendo en cuenta
la inexistencia de un perjuicio irremediable ocasionado a la parte actora, derivado
de la determinación adoptada por la autoridad judicial, que no está en la
obligación jurídica de soportar.
1.6.2. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Remitieron el enlace del expediente digital del proceso de reparación directa.
1.6.3. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Santiago
de Cali
Remitió el correspondiente link del expediente del proceso ordinario.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jairo Méndez Flor y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00157-00
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala analizar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de los demandantes, por negar, en segunda instancia,
las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 76001-33-
33-002-2019-00353-00/02, promovido contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración5
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
20126, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:
[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se
hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados
hasta el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela
es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de
2025, expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de
2012, expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jairo Méndez Flor y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00157-00
fundamentales, como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia
sustantiva) o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto
(procedencia adjetiva).
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva
2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que
las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo
de amparo constitucional contra una decisión judicial «...el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo
de la providencia reprochada».
Enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta corte, el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jairo Méndez Flor y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00157-00
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
Según lo expuesto, la sala encuentra que el caso objeto de estudio no es
relevante desde el punto de vista constitucional, pues al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela se puede concluir que la parte actora pretende reabrir
el debate zanjado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, relacionado
con la decisión de dicha corporación, en la que se declaró probada la excepción
de «inexistencia de la falla en el servicio» propuesta por la Nación-Ministerio de
Defensa Nacional-Policía Nacional, y se negaron, en segunda instancia, las
pretensiones de la demanda del medio de control de reparación directa
identificado con el número con radicado 76001-33-33-002-2019-00353-00/02,
promovido contra la entidad antes indicada.
En el asunto que ocupa a la Sala, el tutelante considera vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con
ocasión de la sentencia del 3 de junio de 2025, dictada por la corporación citada.
A juicio de la parte actora, con la decisión cuestionada se incurrió en defecto
fáctico por ausencia e indebida valoración probatoria, al considerar que se probó
el daño generado por la acción armada de un grupo de paramilitares y la omisión
al deber de protección a cargo de la Policía Nacional, entidad demandada.
El extremo activo de este trámite constitucional precisó que el objeto de censura
de la decisión radica en la desestimación probatoria de la copia de la
comunicación del 17 de junio de 2013, mediante el cual la Policía Nacional citó
a los atacantes por la queja policiva interpuesta, pues el daño padecido por los
demandantes fue originado en un contexto ilícito de lesa humanidad, aunado a
la sistematicidad en el tiempo del daño, y la imposibilidad de los accionados de
ejercer su derecho de acción en los términos ordinarios que establece la ley.
Además, alegó que no era admisible que el tribunal indicara en su providencia
que la Policía Nacional no tenía conocimiento de las amenazas de los
demandantes, lo que denotaba una total apatía, falta de solidaridad y sentido de
ayuda con la población civil y las víctimas del conflicto armado debidamente
reconocidas por la Unidad de Atención Integral a las Víctimas. También, insistió
en que la corporación enjuiciada tampoco tuvo en cuenta las declaraciones de
los testigos y del demandante Jairo Méndez Flor que dan fe de las amenazas
sufridas y sus condiciones de vulnerabilidad.
Insistió en que la autoridad accionada creó un obstáculo probatorio para la
declaratoria de responsabilidad y la ausencia de valoración probatoria de todos
los medios de prueba – documentales, testimoniales y declaración de parte del
demandante – por lo que se vulnera el derecho al acceso a la administración de
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jairo Méndez Flor y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00157-00
justicia de los tutelantes.
Frente a esa decisión, la parte actora apeló y el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, resolvió el recurso de alzada, por medio del cual modificó la sentencia
del a quo para declarar probada la excepción de «inexistencia de la falla en el
servicio» propuesta por la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional y negó en consecuencia las pretensiones de la demanda, por
considerar que se trataba realmente de un «conflicto entre particulares
relacionados con el control de terrenos con vocación minera en zona rural del
municipio de Jamundí, lo cual permite inferir una hipótesis de violencia
interpersonal de carácter particular, antes que un acto perpetrado en el marco
de una estrategia bélica organizada».
Ahora bien, frente al reproche del tutelante en el que indicó que en el proceso
ordinario se demostró que fueron sometidos por una acción armada de un grupo
paramilitar, además, de no valorar las copias de la investigación penal
adelantada por la Fiscalía 60 de Santiago de Cali, pues en dichos documentos
se observan las diversas declaraciones de los demandantes y denuncias por
desplazamiento forzado. Además, que no se tuvo en cuenta la certificación
suscrita por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV,
en la que se advierte que el tribunal precisó que el señor Jairo Méndez Flor se
encontraba «incluido» en el Registro Único de Víctimas (RUV), junto con su
compañera sentimental.
No obstante, para dicha autoridad judicial, según el artículo 167 del Decreto 4800
de 2011, este registro constituye una herramienta de carácter administrativo y
técnico, que no otorga per se la calidad de víctima, sino que tiene como finalidad
facilitar la identificación de las personas afectadas.
Adicionalmente, la sentencia cuestionada pone de presente que según el artículo
3° de la Ley 1448 de 2011, la condición de víctima requiere también acreditar
que el daño sufrido tiene una relación suficiente con el conflicto armado interno,
lo que supone la obligación de aportar información que permita inferir dicha
conexión. Bajo este contexto, la autoridad judicial cuestionada concluyó lo
siguiente:
Nótese como a partir de las pruebas analizadas hasta este momento, puede
inferirse que para el año 2013, fecha en la que se afirma ocurrieron los hechos
objeto de controversia, no se contaba con información válida o verificable que
permitiera establecer la existencia de un patrón delictivo atribuible a grupos
armados al margen de la ley, enmarcado en una actuación masiva o sistemática
7 Artículo 16. Definición de registro. El Registro Único de Víctimas es una herramienta
administrativa que soporta el procedimiento de registro de las víctimas.//La condición de víctima
es una situación fáctica que no está supeditada al reconocimiento oficial a través de la inscripción
en el Registro. Por lo tanto, el registro no confiere la calidad de víctima, pues cumple únicamente
el propósito de servir de herramienta técnica para la identificación de la población que ha sufrido
un daño en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades, y como
instrumento para el diseño e implementación de políticas públicas que busquen materializar los
derechos constitucionales de las víctimas.//El Registro Único de Víctimas incluirá a las víctimas
individuales a las que se refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 e incluirá un módulo
destinado para los sujetos de reparación colectiva en los términos de los artículos 151 y 152 de
la misma ley.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jairo Méndez Flor y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00157-00
dirigida contra la población rural del municipio de Jamundí, en conexión directa o
no con el conflicto armado interno.
Además, lo llevo a concluir que la supuesta presencia de grupos paramilitares
en la zona rural del municipio de Jamundí, como autores de los hechos, se
sustentaron en suposiciones de carácter general que no se encontraron
respaldadas en pruebas objetivas, como se advierte a continuación:
64. Así pues, a partir del análisis de las circunstancias materiales en que
ocurrieron los hechos del 9 de julio de 2013, no se advierte que el homicidio del
señor RAÚL MÉNDEZ FLOR ni las lesiones sufridas por sus hermanos,
obedezcan a una dinámica propia del conflicto armado interno o se inscriban
dentro de un patrón de violencia sistemática ejecutado por actores armados
ilegales; por el contrario, los elementos probatorios obrantes en el expediente -
entre ellos la minuta policial y las declaraciones- apuntan a una confrontación
derivada de conflictos particulares relacionados con el control de terrenos con
vocación minera en zona rural del municipio de Jamundí, lo cual permite inferir
una hipótesis de violencia interpersonal de carácter particular, antes que un acto
perpetrado en el marco de una estrategia bélica organizada.
65. En esa misma línea, la inexistencia de antecedentes verificables sobre la
presencia activa de grupos armados organizados en la zona para la época de los
hechos, así como la confrontación entre sí con armas blancas y la participación
de personas plenamente identificadas por las víctimas como habitantes locales,
refuerzan la tesis de que se trató de un evento puntual y aislado, sin relación
demostrada con fenómenos de victimización masiva o con el conflicto armado
interno.
66. Si bien el deber de protección estatal frente a amenazas graves contra la vida
y la integridad de los ciudadanos no se agota en la existencia de una denuncia
formal, pues la jurisprudencia ha sostenido que, en contextos en los que existía
información suficiente y verificable sobre un riesgo inminente26, el incumplimiento
de los deberes de planeación, prevención o reacción puede generar
responsabilidad del Estado por omisión; lo cierto es que aún aplicándose dicho
estándar, no se demostró que la POLICÍA NACIONAL tuviera conocimiento
previo, claro y verificable de una amenaza concreta y actual. [Resaltado del texto
original].
La corporación enjuiciada, también aclaró que los demandantes no se
encontraban en una situación objetiva de riesgo que obligara a la adopción de
medidas específicas de protección y que el único antecedente que obraba en el
expediente era una queja formulada por el señor José de Jesús Clavijo Polo en
su contra como agresores, y no a su favor, indicando además que no se halló
«medida de protección» alguna expedida por la Fiscalía General de la Nación en
favor de los referidos ciudadanos.
Lo anterior, desdibujó cualquier deber de actuación en términos de prevención
Estatal, por lo que consideró que no se demostró la configuración de una falla
del servicio atribuible Policía Nacional, ni mucho menos un incumplimiento del
deber de protección que permitiera imputarle el daño endilgado por los actores.
Por el contrario, la decisión cuestionada señala que para esa misma fecha
(17/06/2013) reposaba en el archivo institucional la queja registrada bajo el
Expediente 006/ESTPO1SUBPO261, en la que los señores Jairo Méndez Flor,
Noel Floder Méndez Flor y Raúl Méndez Flor figuraban como querellados y no
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jairo Méndez Flor y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00157-00
como querellantes, indicando además que no se halló «medida de protección»
alguna expedida por la Fiscalía General de la Nación, en favor de los referidos
ciudadanos.
Además, la autoridad judicial cuestionada especificó que del contenido de la
queja policial se determinó que el querellante, José de Jesús Clavijo Polo, había
recibido amenazas de muerte y agresiones por parte de los señores Méndez,
«[…] así como comportamientos agresivos contra él, afirmando que lo habían
apedreado e intimado con arma blanca “machete”, y que la disputa estribaba en
razón a que en el lugar donde vivía, era zona minera, y que los hermanos
ingresaban de manera violenta a trabajar la minería de forma ilegal».
Por lo anterior, resulta claro que los reparos de la parte actora respecto a la
ausencia e indebida valoración probatoria realizada por la autoridad judicial
accionada están encaminados a controvertir las conclusiones a las que arribó el
tribunal accionado y solo demuestran su inconformidad con lo resuelto por ser
contrario a sus intereses, mas no conducen a efectuar un estudio sobre el
alcance de los derechos fundamentales presuntamente invocados, frente a la
providencia judicial cuestionada.
Adicionalmente, el debate propuesto por el accionante bajo el defecto fáctico no
demuestra que el presunto error en el juicio valorativo de las pruebas
fuera ostensible, flagrante y manifiesto tuviera una incidencia directa en las
decisiones, supuesto que requiere que las providencias judiciales se adopten en
ausencia de respaldo probatorio o que se haya dejado de valorar una prueba
determinante.
De otra parte, los tutelantes ponen de presente que la Corte Constitucional, en
diversas sentencias como la SU-599 de 2019, T-010 de 2021, T-059 de 2022 y
T-389 de 2024, es enfática y reiterativa en indicar que las declaraciones de las
víctimas se deben interpretar con base en el principio de la buena fe y
favorabilidad, por ser sujetos de especial protección y que el Consejo de Estado
en la decisión del 19 de julio de 2017, identificada con radicado 23001-23-31-
000-2010-00374-01(52914) desarrolló los alcances del deber de protección por
parte del Estado.
Frente a esa afirmación, a pesar de citarse estas decisiones, la Sala observa que
los tutelantes no cumplieron con la carga argumentativa necesaria para superar
un posible desconocimiento del precedente, toda vez que sus reproches están
dirigidos a señalar que en dichos pronunciamientos se desarrollaron temas
relacionados con que las declaraciones de las víctimas se deben interpretar con
base en el principio de la buena fe y favorabilidad, por ser sujetos de especial
protección y los alcances del deber de protección por parte del Estado, pero no
indicaron cuál regla o subregla de derecho había sido desconocida o por qué
ese caso le aplicaba específicamente al suyo.
Nótese que, para respaldar la configuración del desconocimiento del precedente,
la parte actora se limitó a citar algunas decisiones relacionadas con los temas
que pone de presente, pero no formuló planteamientos que permitan deducir con
claridad cómo la corporación enjuiciada vulneró sus derechos fundamentales y
desvirtuar las consideraciones que respaldaron la decisión.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jairo Méndez Flor y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00157-00
Como se observa, la intención de los accionantes es imponer una postura que
resulte favorable a sus intereses, lo cual escapa del objeto de la acción de tutela
e impide al juez constitucional realizar un pronunciamiento de fondo sobre el
particular.
En esa medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.
Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el
requisito de relevancia constitucional, ya que la solicitud de amparo solo
pretende reabrir el debate de instancia, por lo que la acción de tutela será
declarada improcedente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por Jairo
Méndez Flor y otros.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.