Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00158-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00158-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00158-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00158-00
Demandante ROBERT OIDEN ANDRADE ÁLVAREZ
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Relación laboral encubierta.
Prueba del elemento subordinación. Defecto fáctico y por
desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Robert Oiden Andrade Álvarez de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 13 de enero de 20261, actuando mediante apoderado, el señor Robert Oiden
Andrade Álvarez interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso con ocasión de la sentencia del 5 de junio de 2025, proferida en segunda
instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicados 52001-23-33-002-2014-00195-00/02.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO. Sírvase TUTELAR el derecho fundamental del debido proceso, por
desconocimiento del precedente horizontal y defecto fáctico en la expedición de la sentencia
judicial proferida en segunda instancia dentro del proceso 52001-23-33-000-2014-00195-02
(4619-2022) y como consecuencia de ello:
1. Ordenar que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al fallo judicial que así
lo ordene, proceda el Consejo de Estado, a conformar la sala respectiva, para revocar en
su integridad la sentencia de segunda instancia fechada el 05 de junio de 2025; para en
su reemplazo, dictar una que se acompase con el debido entendimiento del precedente
del Consejo de Estado sobre el contrato realidad, como también de la correcta valoración
probatoria que obra en el proceso judicial.
2. Proceda el Consejo de Estado evaluar y pronunciarse sobre el recurso de apelación
interpuesto por la parte activa de la litis, a fin de determinar la estimación de los prejuicios
morales y/o materiales así solicitados en el recurso».
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Robert Oiden Andrade Álvarez estuvo vinculado con la Secretaría de
Educación Departamental de Nariño mediante la suscripción de contratos de
prestación de servicios, desde el 18 de julio de 2001 hasta el 30 de diciembre
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Escrito de tutela radicado a través de la secretaría on line del aplicativo SAMAI.
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Demandante: Robert Oiden Andrade Álvarez
de 2011, inicialmente como auxiliar de sistemas en la oficina de sistemas de
la entidad, de apoyo a la gestión y, desde el año 2010 como profesional
igualmente en el apoyo de planes y programas a cargo de la entidad.
2.2. Los contratos de prestación de servicios se suscribieron así:
• Por los años 2001 y 2002, de manera directa con la entidad territorial.
• Por los años 2003 y 2004 a través de las empresas asociativas de trabajo
EMPRACOM y ASERPRO.
• Por los años 2005 a 2011 nuevamente de manera directa con la entidad.
2.3. El actor solicitó a la entidad que se reconociera la existencia de una relación
laboral y le fueran canceladas las prestaciones sociales y emolumentos a que
hubiera lugar.
Mediante la resolución 3043 del 23 de agosto de 2003 la Secretaría de
Educación Departamental de Nariño resolvió desfavorablemente la petición.
2.4. Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho el señor Robert Oiden Andrade Álvarez demandó al departamento
de Nariño, Secretaría de Educación Departamental, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto administrativo que negó la existencia de la
relación laboral y el pago de las prestaciones sociales correspondientes.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
las prestaciones ordinarias y extraordinarias dejadas de percibir durante el
tiempo que estuvo vinculado como contratista. También pidió el pago de los
perjuicios morales y daño a la vida de relación.
2.5. En primera instancia el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión (expediente 52001-23-33-002-2014-00195-00/02) mediante sentencia
del 13 de octubre de 2021 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
El tribunal consideró que de las pruebas obrantes en el expediente era posible
llegar a la conclusión de la existencia de una relación laboral encubierta, por
varias razones: la continua contratación que se hacía al actor con espacios
cortos de no continuidad; la verificación conforme con el manual de funciones
de la entidad que indicaba que las actividades desarrolladas por el accionante
correspondían a las contempladas para el empleo de profesional en el área de
sistemas de la entidad y que si bien ese manual solo se expidió hasta el año
2011 y quedaban dudas de los años anteriores, era un deber de la
administración haber contado con el manual de competencias y funciones con
anterioridad; y que el señor Andrade Álvarez debía cumplir órdenes, que tenía
extensas horas de trabajo y que las labores ejecutadas tenían que ver con el
giro ordinario de las actividades y misión del ente territorial.
2.6. La anterior decisión fue apelada por ambas partes. La entidad demandada
cuestionó las razones por las que se accedió a las pretensiones de la demanda
insistiendo en que no se configuró una relación laboral entre el actor y la
entidad. Y el demandante, para discutir la negativa de las pretensiones
relativas al pago de los aportes a la caja de compensación familiar y la
devolución de las cotizaciones a pensión que efectuó.
2.7. En segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
mediante sentencia del 5 de junio de 2025 (notificada a las partes por correo
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electrónico el 24 de junio de 2025) revocó la decisión del tribunal y en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda.
El ad quem concluyó que el señor Andrade Álvarez prestó sus servicios en
distintas dependencias de la entidad, pero que de la lectura de los acuerdos y
obligaciones contractuales no se desprendía la existencia de una
subordinación y dependencia continua.
Explicó que según las obligaciones descritas en cada uno de los contratos de
prestación de servicios, el actor desempeñó funciones como auxiliar de
sistemas, supernumerario de la oficina de registro y estadística con funciones
de recopilación de datos, también en la oficina de atención al ciudadano,
desempeñó funciones de nómina y prestó sus servicios en la oficina de
planeación del ente departamental, así como funciones de apoyo a la gestión
en la Secretaría de Educación Departamental de Nariño donde debía atender
asuntos que fueran asignados por el coordinador del grupo, lo que no mostraba
una permanencia en una sola de las dependencias con funciones
concretamente delimitadas.
De la prueba testimonial consideró que no logró evidenciar la existencia de
una subordinación, que las declaraciones estuvieron dirigidas a narrar de
manera general sobre la forma en la que se prestaban los servicios por parte
del demandante y la modalidad de contratación de la entidad para suplir las
labores que eran ejecutadas por el actor.
Agregó que incluso en algunos de los contratos el objeto fue indeterminado,
que las funciones a desempeñar eran las que le fueran asignadas por el
coordinador de talento humano sin referir funciones específicas y que
conforme con los documentos contractuales y los informes de gestión se
evidenciaba que el actor desarrolló ciertas tareas por un lapso delimitado pero
no que la entidad hubiera direccionado y controlado de manera decisiva esa
ejecución o que le impusiera condiciones sobre el tiempo, modo y lugar en que
debía realizar las tareas definidas en cada uno de los contratos.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora alegó que la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 52001-23-33-002-2014-00195-00/02 incurrió en los
defectos fáctico y por desconocimiento del precedente. Las razones fueron las
siguientes:
3.1. Defecto fáctico: Señaló que no se analizaron de manera detallada los
testimonios que fueron rendidos en el proceso y que el mismo juez de primera
instancia los limitó a dos por considerarlos suficientes para tener por
demostrada la relación laboral encubierta.
De la declaración de la señora Piedad Elena Estrada manifestó que era una
persona de profesión administradora de empresas que llevaba laborando en
la entidad territorial por 29 años y que en el año 2002 inició labores en la
Secretaría de Educación Departamental en donde conoció al actor en su
calidad de contratista.
En relación con la testigo Carmen Eugenia Cruz Erazo indicó que fue
elocuente y precisa al narrar lo que le constaba en relación con la prestación
personal del servicio del actor.
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Frente a los dos testimonios, expresó que dan cuenta sobre la prestación
personal del servicio, el cumplimiento de horario, la existencia de jefes
inmediatos, las órdenes que le fueron impartidas, controles administrativos y
la asignación de funciones misionales.
En cuanto a la prueba documental destacó los contratos de prestación de
servicios que demostraban que se desempeñó en los cargos de auxiliar de
sistemas y profesional en sistemas con funciones análogas a las adoptadas
en el manual de funciones y competencias laborales contenido en el decreto
1409 del 18 de noviembre de 2011, la certificación suscrita por el secretario de
educación departamental de Nariño en el que constaba que entre la
administración departamental y él y la empresa asociativa de trabajo
EMPRACOM se suscribieron unos contratos de prestación de servicios
profesionales para atender las funciones como auxiliar de sistemas y
profesional de sistemas.
De igual manera destacó los informes presentados de las actividades
realizadas y rendidas ante sus jefes inmediatos quienes, dijo, formalmente
eran señalados como supervisores contractuales pero que le exigían la
realización continua de informes, la permanencia en la entidad, la realización
de actividades ordenadas por el jefe de recursos humanos o sus
coordinadores incluso haciendo uso de las comisiones de servicios reservadas
a los funcionarios de planta.
En relación con las cláusulas que señalan que el objeto contractual se
ejecutaría conforme a las instrucciones que fueran impartidas por los jefes de
recursos humanos o quien hiciera sus veces y precisó que la determinación
de horarios o la fijación de cláusulas contractuales de esa naturaleza
desvirtuaban el contrato de prestación de servicios.
Se refirió a la existencia de memorandos en los que la Secretaría de Educación
Departamental llamaba la atención a los contratistas en relación con la
atención al público, la permanencia en el lugar de trabajo, contestar llamadas
telefónicas y el estar sometido a informes y supervisión de la labor
desarrollada.
Consideró que estaban dados todos los elementos tales como el cumplimiento
de horario, de órdenes, la remuneración periódica señalada como honorarios,
trabajar con elementos propios de la entidad y la ejecución de labores
misionales de la entidad.
3.2. Defecto por desconocimiento del precedente: Con el propósito de justificar
este defecto citó jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del
Consejo de Estado en relación con el deber de las autoridades judiciales de
acatar el precedente vinculante.
En concreto, de cara al presunto desconocimiento del precedente en la
sentencia que se cuestiona, mencionó la sentencia de unificación de la
Sección Segunda del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021,
radicación 05001-23-33-000-2013-01143-01 y dijo que dicho pronunciamiento se
refirió a la contratación por el término estrictamente indispensable atendiendo
a la temporalidad de este tipo de vínculo.
Dijo que en la providencia de segunda instancia se reconoció plenamente la
prestación de servicios al departamento de Nariño de forma reiterada a través
de múltiples contratos de prestación de servicios pero que pese a ello la Sala
concluyó que no era suficiente para declarar probada la subordinación y en
consecuencia la existencia de una relación laboral lo que iba en contra de lo
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dicho en la sentencia frente a no utilizar el contrato de prestación de servicios
de manera indefinida para actividades permanentes o recurrentes de la
entidad debiendo ser para lo estrictamente indispensable.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 20 de enero de 2026 el despacho ponente: (i) admitió la acción
de tutela interpuesta por el señor Robert Oiden Andrade Álvarez contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; (ii) ordenó la notificación
de las partes; (iii) como terceros con interés al departamento de Nariño,
Secretaría de Educación Departamental (entidad que actuó como demandada en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho), a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio Público (quienes fueron
vinculados en el medio de control) y al Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
Primera de Decisión (autoridad que dictó sentencia de primera instancia en el citado
medio de control).
4.2. La Secretaría de Educación Departamental de Nariño intervino por
conducto del secretario de educación del departamento, quien manifestó que
la tutela era improcedente por buscar el accionante una instancia adicional
para controvertir los argumentos resueltos por el juez natural.
Sostuvo que en todo momento se respetó el derecho al debido proceso del
actor y frente a la sentencia cuestionada advirtió que después de un análisis
riguroso del material probatorio aportado al proceso se concluyó que el juez
de primera instancia dio un alcance laboral a circunstancias que por sí solas
no acreditaban el elemento subordinación que era un criterio diferenciador
entre el contrato de prestación de servicios y la relación laboral.
4.3. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión por
conducto del magistrado titular del despacho que en su momento profirió la
decisión indicó que la tutela no cumplía con los requisitos de procedencia pues
en su criterio lo pretendido por el actor era insistir sobre un aspecto probatorio
que debió ser discutido en sede ordinaria, además, dijo que no se cumplía con
el requisito de inmediatez y tampoco con el de subsidiariedad en la medida
que pudo interponer el recurso extraordinario de revisión. Finalmente agregó
que se trataba de una tutela contra una decisión proferida por el órgano de
cierre, lo que hacía que el estudio fuera aún más riguroso frente a su
procedencia.
4.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio Público y el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, no se pronunciaron pese
haber sido notificados de la existencia de la presente acción.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,2 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
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es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
La Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir
la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener
un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener en cuenta
que, en la sentencia, SU-573 de 2017, la Corte Constitucional analizó el tercer
elemento en el acápite de relevancia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Por tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, le corresponde a la
Sala, de manera preliminar, verificar si se satisfacen los requisitos generales de
procedibilidad.
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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En caso de superar tal estudio, se deberá establecer si al proferir la sentencia del 5
de junio de 2025 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
52001-23-33-002-2014-00195-00/02, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente
en los términos propuestos por la parte actora.
4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial
En el caso bajo estudio, se encuentran satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción por las siguientes razones:
(i) La controversia alude a la posible vulneración del derecho fundamental al
debido proceso del señor Robert Oiden Andrade Álvarez, con ocasión de la
sentencia del 5 de junio de 2025 que decidió en segunda instancia el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual se considera
desconocido por la forma como se valoró la prueba del elemento
subordinación y la existencia de una presunta relación laboral encubierta.
(ii) La parte actora agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial y se
advierte que frente al caso no proceden los recursos extraordinarios.
(iii) Se cumplió con el requisito de inmediatez, ya que la acción se interpuso dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia cuestionada, pues
la sentencia fue emitida el 5 de junio de 2025, fue notificada por edicto
electrónico a las partes el 24 de junio de 2025 y la acción de tutela se presentó
el 13 de enero de 2026 por lo que se encuentra dentro del lapso considerado
como razonable;
(iv) No se trata de una tutela contra sentencia de tutela.
(v) Se identificaron razonablemente los hechos que generaron la vulneración y los
derechos afectados.
(vi) El asunto goza de relevancia constitucional y no podría entenderse que la
tutela se esté empleando como una instancia adicional, pues en primera
instancia la decisión fue favorable a sus pretensiones y solo hasta la decisión
de cierre por la que se revocó la sentencia de primer grado, el actor pudo
advertir la posible vulneración de su derecho fundamental al debido proceso y
la consecuente configuración de uno o más defectos contra la providencia
judicial, de modo que en la acción de tutela se plantean las inconformidades
frente a los fundamentos que motivaron la decisión de cierre y no se trata de
la reiteración de argumentos propuestos al juez ordinario con anterioridad.
5. Defecto fáctico. Análisis en el presente asunto.
5.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto, práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario
que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna
manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión
que se cuestiona. En otras palabras, este defecto supone que el apoyo
probatorio en que se basó el juez para resolver determinado asunto resulta
absolutamente inadecuado para el caso concreto6.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
7
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rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas. No debe
olvidarse que, si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria, fundada en los principios de la sana crítica, dicho poder
no puede ejercerse de manera arbitraria.
La Corte Constitucional7 ha precisado que el defecto fáctico es un error
relacionado con asuntos probatorios que tiene dos dimensiones:
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como (i) ignorar o
no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso9; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión8; o (iii) no
decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo9.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión12;
o (v) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a
demostrar el hecho en que se basa la providencia10.
La Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que la protección
constitucional por defecto fáctico sólo es posible cuando se identifique que el
juez de la causa en el ejercicio probatorio incurrió en un error ostensible y
flagrante que tenga indiscutible repercusión en el sentido de la decisión11.
En suma, el defecto fáctico, para ser declarado debe superar los requisitos de
razonabilidad y trascendencia12. Bajo esta premisa, se ha indicado que, en
atención a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
del juez de tutela frente a la posible ocurrencia de un defecto fáctico debe ser
de carácter «extremadamente reducido», dado que en el juicio de valoración
probatoria es donde adquieren mayor trascendencia estos principios13.
5.2. De acuerdo con lo manifestado por la parte actora, la autoridad judicial
accionada no valoró de manera integral las pruebas aportadas, concretamente
los testimonios de las señoras Piedad Elena Estrada y Carmen Eugenia
Cruz Erazo rendidos en el proceso y los documentos relacionados con el
clausulado del contrato, la certificación del secretario de educación
departamental de Nariño que daba cuenta de la suscripción de los contratos
de prestación de servicios no solo con el ente territorial sino con la empresa
asociativa de trabajo EMPRACOM, los informes detallados que presentó sobre
las actividades realizadas ante sus jefes inmediatos, la ejecución de
actividades coordinadas por el jefe de recursos humanos y los memorandos
en los que se hacía llamados de atención por parte de la secretaría de
educación departamental al personal de planta y contratista.
Al respecto, advierte la Sala que son dos aspectos probatorios que el actor
menciona como indebidamente valorados por parte de la autoridad judicial
accionada: de un lado, la prueba testimonial y de otro, la prueba documental
que consideró relevantes para acreditar la subordinación, como pasa a
explicarse a continuación.
7
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994
8
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
10
Ibidem.
11
Corte Constitucional. Sentencia SU 251 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
8
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5.3. El análisis de la prueba testimonial efectuado en la sentencia cuestionada
por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, fue el siguiente:
«En lo que respecta a la prueba testimonial, se cuenta con las declaraciones de las señoras
Piedad Elena Estrada Ángel – Técnica operativa de Medios de la Subsecretaría de calidad
educativa del departamento de Nariño y de Carmen Eugenia Cruz Erazo quien manifestó de
forma genérica ser empleada pública y haber trabajado para la Gobernación de Nariño. Ambas declararon de manera general sobre la forma en la que se prestaban los servicios por
parte del demandante y la modalidad de contratación de la entidad para suplir los servicios
que eran prestados por este. La señora Piedad Elena Estrada Ángel, indicó que en el año 2002 fue incorporada a un cargo
administrativo del departamento de Nariño, y a partir de esa fecha conoció al demandante
quien trabajó en la Secretaría de Educación hasta que se creó la planta específica de cargos. Indicó que cuando lo conoció este trabajaba en estadística y sistemas que era donde se
realizaban formularios estadísticos que se entregaban al Ministerio de Educación sobre la
cobertura de la educación pública. Refirió que el demandante desarrollaba sus funciones de manera autónoma de acuerdo con
sus funciones y a las solicitudes que se le hubiesen realizado; también manifestó que acudía
a la costa pacífica a desarrollar sus actividades en virtud de comisiones de servicios que les
eran otorgadas mediante resoluciones en las que se autorizaba su desplazamiento y para el
efecto les eran otorgados viáticos tanto a los empleados de planta como a los contratistas. Aseguró que las funciones desempeñadas por el demandante tanto en el área de estadística
como de nómina eran misionales de la Secretaría de Educación. Que el cumplimiento del horario de trabajo era tanto para el personal de planta como para los
contratistas y eran llamados constantemente al acatamiento de este a través de memorandos
y circulares las cuales estaban dirigidas de forma general a quienes prestaban sus servicios
en la Secretaría de Educación, incluso se realizaban llamados de forma verbal. La señora Carmen Eugenia Cruz Erazo señaló que el demandante desde el año 2001 siempre
desarrolló funciones en la Secretaría de Educación en diferentes dependencias en la
modalidad de contratista, en la oficina de planeación, cobertura, sistemas, nómina y en la
oficina de almacén; que mantuvo continuidad en el desarrollo de sus funciones desde el 2001
hasta el 2011 y cumplía horario de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a
viernes. Indicó que el demandante recibía órdenes directas de los jefes de oficina de las dependencias
donde laboraba. Manifestó que los contratistas eran llamados para una labor específica, por una cantidad y
honorarios; que ellos se desempeñaban en lo que les decían, pero creía que también tenían
que desarrollar otras labores de acuerdo a lo que necesitara la institución. Aseguró que dentro de la planta de personal de la institución no existía personal para
desempeñar las funciones del demandante. Que no recuerda que haya realizado llamados de atención en el área de nómina y no sabe si
en las otras dependencias en las que laboró el demandante tampoco.
La Sala considera que las declaraciones no ofrecen suficientes elementos para concluir la
subordinación o dependencia a la que dice estuvo sometido el demandante mientras atendió
las labores contractuales en la Gobernación de Nariño; pues, si bien dicen que se recibían
ordenes, las manifestaciones no dan cuenta de las órdenes específicas que le eran dadas al
señor Robert Andrade, máxime cuando se pudo establecer que durante la prestación de sus
servicios como contratista no cumplió un único objeto contractual, por el contrario, las
actividades desempeñadas fueron diversas y en ese sentido es necesario establecer en cada
actividad o función desarrollada de qué manera se impartían órdenes como muestra de una
real subordinación; sin embargo, los declarantes únicamente laboraron con él en las áreas de
estadística y nómina. Sea del caso señalar que, en algunos de los contratos el objeto fue indeterminado,
estableciendo que las funciones a desempeñar eran las que le fueran asignadas por el
coordinador de talento humano, sin referir funciones específicas. A partir de esto, la Sala considera que aunque las testigos se refirieron de manera reiterada
al cumplimiento de un horario por estar presente durante la jornada en la que el personal de
planta laboraba y al cumplimiento de órdenes por parte de los supervisores de los contratos
que hacían las veces de jefes inmediatos, esto por sí solo no ofrece claridad sobre la inserción
en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad o la imposición de
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condicionamientos para la ejecución de la labor contratada y no es indicativo de la existencia
de una relación subordinada, menos aun cuando no se cuenta con elementos de pruebas
adicionales para definir si la entidad imponía una forma, si esta era concertada con el personal
contratado, o si se requería para el desarrollo del objeto contractual».
La anterior transcripción no permite concluir a la Sala la ausencia de valoración
o una indebida valoración de la prueba testimonial por parte de la autoridad
judicial accionada. Por el contrario, da cuenta que en la sentencia se precisó
que, a partir del conocimiento que tuvo cada una de las testigos de la relación
entre el actor y la entidad territorial, las declaraciones no ofrecían suficientes
elementos de juicio que permitieran dar por acreditado el elemento de
subordinación o dependencia, propio de una verdadera relación laboral pues,
de acuerdo con el análisis hecho por la autoridad judicial, si bien mencionaron
que recibían ordenes no especificaron que estuvieran dirigidas al actor de
manera concreta.
También se hizo hincapié en que durante la prestación de los servicios del
señor Andrade Álvarez como contratista al servicio del ente territorial, no
cumplió un solo objeto contractual sino que tuvo diversas actividades al interior
de la entidad, de manera que era necesario establecer la forma como se
impartieron ordenes en cada una de las labores por él desempeñadas.
En ese sentido, teniendo presente la rotación que tuvo el actor en la prestación
de sus servicios al interior de varias dependencias de la entidad, consideró
que la versión de las declarantes no era suficiente ya que solamente tuvieron
relación con las áreas de estadística y nómina en las que coincidieron con el
actor y en ese sentido, consideró que aun con el conocimiento que pudieron
tener en relación con la labor desempeñada por el actor, las declaraciones no
ofrecían claridad en relación con la injerencia que hubiera tenido el accionante
con el círculo rector de la entidad y los condicionamientos para la ejecución de
la labor contratada.
Lo anterior permite concluir a la Sala que la autoridad judicial accionada valoró
de manera suficiente y razonable la prueba testimonial recaudada para
explicar de manera detallada las razones por las que tales declaraciones no
eran conducentes ni útiles para derivar de allí el conocimiento cierto que
hubieran podido tener de la prestación del servicio subordinada entre Robert
Oiden Andrade Álvarez y la Secretaría de Educación Departamental de Nariño.
5.4. Respecto de la prueba documental, el actor se refiere a los contratos de
prestación de servicios que fueron suscritos con la entidad y con la empresa
asociativa de trabajo EMPRACOM, a los informes que presentó, los
memorandos en los que de manera general se llamaba la atención tanto a los
servidores como a los contratistas de la entidad territorial.
En la sentencia cuestionada, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado hizo un análisis integral de los contratos, informes de gestión y
demás documentos aportados y encontró que ninguno permitía evidenciar el
control sobre la labor ejecutada a través de la figura del contrato de prestación
de servicios ni el condicionamiento en relación con el tiempo, modo y lugar,
así como la imposición de reglamentos o de algún poder disciplinario que
sugiriera algún nivel de subordinación.
Textualmente el análisis que se hizo en conjunto de las pruebas fue el
siguiente:
«En ninguno de los contratos o en los demás documentos aportados, se delimita por parte de
la entidad el modo, tiempo y plazo para cumplir con las funciones de donde pudiera concluirse
el direccionamiento y control sobre la labor a la que alude la parte demandante.
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Ahora, el posible establecimiento de un horario o la permanencia del actor en las instalaciones
de la entidad en las jornadas de los trabajadores de planta, de modo alguno, puede
considerarse como un indicio de subordinación por parte de la entidad, sin embargo, estos
supuestos resultan acordes con la coordinación inherente que debe existir en el desarrollo de
un contrato de prestación de servicios, más aún, en el caso, teniendo en cuenta que las labores
se desarrollaban en el área del sector educativo y académico del departamento, y tiene sentido
la prestación de los servicios en los tiempos en que funcionaba la dependencia para la cual
fue contratado el demandante.
Por su parte, los documentos contractuales y los informes de gestión muestran que el actor
desarrolló ciertas tareas en el espacio de tiempo delimitado, pero no que la entidad direccionó
y controló de manera decisiva esa ejecución o impuso las condiciones sobre el tiempo, modo
y lugar en que el contratista debía realizar las tareas definidas en cada uno de los contratos.
Aunque algunas de las obligaciones podrían tener implícito cierto grado de subordinación, por
la naturaleza misma de la tarea, no hay ninguna prueba que confirme que en la ejecución
contractual se le impartió directriz o direccionamiento y en qué sentido.
La Subsección advierte que las dos testigos, en algunos temas, señalaron que desconocían
las circunstancias concretas de la ejecución de actividades por parte del demandante y, solo
tenían información parcial del desarrollo de las mismas.
Nótese que no narran las condiciones en que el demandante ejecutó todas sus obligaciones,
solo se refirieron a la labor de estadística en la realización de formularios para la recopilación
de datos que debían ser presentados al DANE y al Ministerio de Educación Nacional y a las
funciones de nómina las cuales desarrolló entre 2001 y 2005, sin contar con que el actor realizó
otras actividades hasta el año 2011.
Adicionalmente, la diferencia en los objetos contractuales descritos desdibuja la permanencia
en una sola actividad por parte del demandante y, de esta forma, uno de los aspectos a tener
en cuenta en el encubrimiento de una relación laboral.
Así las cosas, para la Sala no hay pruebas sobre el desbordamiento de las condiciones
pactadas en los contratos de prestación de servicios, pues se echa de menos elementos de
convicción tendientes a acreditar la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,
bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi».
De acuerdo con el análisis citado, se advierte que la decisión de cierre partió
de la valoración conjunta y razonable de los medios de prueba aportados legal
y oportunamente al expediente ordinario, pruebas testimoniales y
documentales que llevaron a concluir al juez ordinario que las labores
desempeñadas por el señor Andrade Álvarez no estuvieron sujetas al
elemento subordinación propio de una relación laboral.
En la providencia se explicó el alcance de aspectos como el cumplimiento del
horario y la imposición de órdenes.
Del cumplimiento de horario, se explicó en la sentencia que la permanencia
del actor en las instalaciones de la entidad en las jornadas de los trabajadores
de planta no podía considerarse un elemento de subordinación sino que
atendían a criterios de coordinación como parte del desarrollo de un contrato
de prestación de servicios, máxime cuando explicó que se trataba de labores
desarrolladas en el sector educativo del departamento por lo que tenía sentido
que la ejecución de las labores contratadas lo fueran en los tiempos en que
funcionaba la dependencia en la que estaba contratado el actor.
De la imposición y el cumplimiento de órdenes, atendió no solo a la prueba
documental sino a la testimonial que le dio una visión de la forma como se
ejecutaron las obligaciones pactadas en el contrato señalando al respecto que
se trató de un asunto de coordinación entre contratante y contratista y dejó
claro la sentencia que si bien las declarantes manifestaron que recibían
ordenes no manifestaron las directrices específicas que se impartieron al señor
Robert Oiden Andrade Álvarez, además de enfatizar en que durante el tiempo
en que el mencionado señor se desempeñó como contratista, no cumplió un
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solo objeto contractual sino que las actividades realizadas habían sido diversas
y en esa medida no se advertía de qué manera se impartían ordenes que
implicaran una subordinación y que fueran más allá del deber de coordinación.
5.5. Por lo anterior, para la Sala resulta razonable que el juez natural concluyera
que en el asunto bajo estudio no se hubiera encontrado demostrado el
elemento subordinación y por ende una relación laboral encubierta, conforme
las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso, análisis que se hizo
por el juez natural conforme a los principios de la sana crítica y autonomía
judicial con los que cuenta la autoridad judicial, cosa distinta es que el actor no
esté de acuerdo con esa valoración.
Para la Sala el juez de segunda instancia procedió con la valoración de los
medios de prueba de manera individual y conjunta, y en su juicio aplicó las
reglas de la sana crítica. Además, en el cuerpo de la sentencia está
debidamente consignado el examen crítico que realizó la autoridad judicial, así
como la explicación razonada del valor de convicción que otorgó a los medios
de prueba.
En ese contexto, esta Sala concluye que los argumentos de la acción de tutela
constituyen alegatos de desacuerdo con el peso probatorio que otorgó el juez
de la causa a los medios de convicción, pero no comportan un escenario de
real vulneración de derechos fundamentales.
Se recuerda que la Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que la
protección constitucional por defecto fáctico sólo es posible cuando se
identifique que el juez de la causa en el ejercicio probatorio incurrió en un error
ostensible y flagrante que tenga indiscutible repercusión en el sentido de la
decisión14. En suma, el defecto fáctico, para ser declarado debe superar los
requisitos de razonabilidad y trascendencia15.
En el caso concreto, el juez de la causa presentó su juicio de valoración
probatoria, a partir de un análisis particular y conjunto de estos, y en aplicación
de las reglas de la sana crítica.
Por lo anterior, no se configura el defecto fáctico alegado, como quiera que las
razones que le sirven de fundamento corresponden a la exteriorización de la
inconformidad del tutelante con la decisión del juez de la causa, por resultar
desfavorable a sus intereses.
6. Defecto por desconocimiento del precedente y su análisis en el caso
concreto
6.1. El precedente judicial busca armonizar y salvaguardar los principios de
igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la
misma forma y, consecuentemente, se garantice el debido proceso del
ciudadano.
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia
del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes para la
autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por
tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la decisión judicial
que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al precedente vinculante
14
Corte Constitucional. Sentencia SU 251 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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(contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el juez de instancia no
presente una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.
A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical,
que proviene de la autoridad encargada de unificar jurisprudencia en cada
jurisdicción, como el precedente horizontal que es el emitido por el mismo
funcionario o autoridades del mismo nivel jerárquico y que está cimentado en
los principios de igualdad y seguridad jurídica.
6.2. Acusa el actor como desconocida la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de
septiembre de 2021 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
en la que unificó su jurisprudencia sobre el contrato realidad y se centró en la
temporalidad del vínculo contractual allí descrita que en su criterio, no se
atendió en su caso concreto.
En ese contexto, mencionar uno de los aspectos a tener en cuenta cuando se
está en presencia de la posible existencia de un contrato realidad, no implica
el desconocimiento de este más aun cuando la sentencia cuestionada se refirió
al mencionado precedente de unificación al resolver el caso concreto de la
siguiente manera:
«El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones laborales que se
encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las cuales se destacan las
siguientes:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado es de tres
años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y que pasado dicho tiempo
se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella.
• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de servicios y en
su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus
fechas de finalización.
• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término de treinta días
hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, el cual puede
flexibilizarse según las circunstancias especiales de cada caso.
• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema General de
Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito de procedibilidad de
conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución de los dineros que haya pagado el
contratista por este concepto o por el de salud.
• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe pronunciarse sobre los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, así no lo haya solicitado la
parte interesada.
• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en los estudios
previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente temporal.
Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la ejecución del contrato
se configuraron los elementos propios de una relación laboral.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de unificación del
9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la existencia de una relación
laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de prestaciones sociales a cargo de la
administración, pero no es posible que por ello se le dé la categoría de empleado público al
contratista sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política».
Corolario de lo anterior, la Sala considera que el precedente jurisprudencial
fue tenido en cuenta en la sentencia de cierre y justamente a partir de la
sinopsis que se hizo frente a los criterios de la sentencia de unificación se hizo
el estudio de fondo del caso conforme con los hechos y lo probado en el
expediente.
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Por último, tratándose de providencias judiciales proferidas por altas Cortes
(quienes cumplen la función de unificar jurisprudencia y actuar como órganos de
cierre en sus respectivas jurisdicciones), se exige la configuración de un error en
la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con
la Constitución Política y que sea incompatible con la jurisprudencia
constitucional. Lo cual no acontece en el sub examine.
7. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la demanda
de tutela al no configurarse los defectos fáctico y por desconocimiento del
precedente propuestos por el accionante contra la sentencia del 5 de junio de 2025
proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. NEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por Robert Oiden
Andrade Álvarez, de conformidad con las consideraciones hechas en esta
providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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