Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00159-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00159-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00159-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
12 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00159-00
Demandante: Jhonn Figherald Gordillo Camacho
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00159-00
Demandante: Jhon Figherald Gordillo Camacho
Demandado: Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
Temas: Falta de legitimación en la causa por activa
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada en nombre propio, por el señor Jhonn
Figherald Gordillo Camacho contra la Rama Judicial - Consejo Superior de la
Judicatura conforme a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 13 de enero de 20261, el señor Jhonn Figherald Gordillo Camacho, ejerció acción
de tutela contra la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura por considerar
vulnerado su derecho fundamental de petición y de acceso a la administración de
justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES antes invocados, consagrados en
los artículos 23 y 229 de la Constitución Política.
2. ORDENAR que se responda el derecho de petición, en el sentido de que se envíe el
acta individual de reparto de la demanda radicada en línea con número de generación:
1490196.»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El 24 de noviembre de 2025, el demandante, en calidad de apoderado de la señora
Flor Aida Camacho Quintero, radicó una demanda en línea en la página web de la
Rama Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura
(https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/demandaenlinea), para lo cual se generó
un correo electrónico de confirmación bajo el número 1490196.
El 27 de noviembre de 2025, solicitó a la dirección electrónica
soportedemandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co el acta individual de reparto.
No obstante, a la fecha de radicación de esta acción constitucional, la oficina de
soporte de demanda en línea de la Rama Judicial no ha enviado el acta individual de
reparto, por lo tanto, se desconoce a qué Juzgado fue asignado el proceso. Lo que
vulneró el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y de petición.
1
El 15 de enero de 2026 se realizó el reparto de la acción de tutela, y pasó al Despacho por reparto el 16 de enero de 2026.
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Demandante: Jhonn Figherald Gordillo Camacho
3. Argumentos de la acción de tutela
Los artículos 23 y 229 de la Constitución Política, establecen que toda persona tiene
derecho de elevar peticiones respetuosas ante las autoridades, por motivos de interés
general o particular, y a obtener una pronta resolución. Del mismo modo, se debe
garantizar el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia.
4. Trámite previo
En providencia del 22 de enero de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela y se ordenó notificar a la demandante y a la Rama Judicial - Consejo Superior
de la Judicatura en calidad de demandado y al Consejo Seccional de la Judicatura,
Seccional Bogotá – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá en condición de terceros con interés.
5. Oposiciones
El Consejo Superior de la Judicatura alegó la falta de legitimación en la causa
por pasiva, al considerar que no vulneró ni amenazó los derechos fundamentales del
actor.
Explicó que el Consejo Superior de la Judicatura cumple funciones meramente
administrativas, y que muchas de estas funciones se encuentran desconcentradas en
las Direcciones Seccionales de Administración Judicial. Son estas últimas —y no el
Consejo Superior— las responsables del reparto, gestión de oficinas judiciales y
administración del aplicativo «Demanda en Línea», por lo que cualquier presunta
vulneración derivada de estos procedimientos no se le puede atribuir.
Por lo anterior, la autoridad llamada a cumplir órdenes en un eventual fallo de tutela
sería aquella que tenga la competencia legal directa sobre el trámite cuestionado, que
en este caso no es el Consejo Superior de la Judicatura.
6. Intervenciones
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, explicó que, con base en el
informe técnico de la Unidad de Software, la plataforma Demanda en Línea solo
funciona como ventanilla de recepción, y envía automáticamente las demandas al
correo de la Oficina Judicial correspondiente para que allí se realice el reparto. Por
tanto, ninguna unidad de la entidad interviene en la asignación del proceso ni en
decisiones administrativas posteriores.
En el caso concreto, la demanda radicada con el número 1490196 el 24 de noviembre
de 2025 fue remitida correctamente al correo de reparto de la especialidad Civil
Municipal de Menor Cuantía. Posteriormente, cada solicitud que presentó el tutelante
se trasladó a las dependencias competentes—la Oficina de Reparto y la Mesa de
Entrada de Bogotá— para su verificación y respuesta.
Por otra parte, se verificó la Consulta Pública Nacional Unificada, donde se constató
que el 15 de enero de 2026, la demanda fue repartida y asignada al Juzgado 15 Civil
Municipal de Bogotá bajo el radicado 11001-40-03-015-2026-00008-00.
Finalmente, concluyó que la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva,
por lo que solicita su desvinculación del trámite.
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Demandante: Jhonn Figherald Gordillo Camacho
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá señaló que existe falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues no tiene competencia alguna en el trámite o
reparto de procesos judiciales. Explicó que el Consejo Seccional ejerce funciones
administrativas conforme al artículo 101 de la Ley 270 de 1996, tales como
administración de la carrera judicial, vigilancia de despachos, control de gestión y
elaboración de listas de candidatos, pero no participa en la asignación de procesos.
Aclara además que el reparto está reglamentado por el Consejo Superior de la
Judicatura y es ejecutado por dependencias específicas creadas para ese fin, como
las Oficinas Judiciales y los Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales.
Finalmente, adujo que no recibió ninguna solicitud o comunicación del accionante
relacionada con el caso y precisó que la entidad competente para informar el juzgado
asignado es la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, a través de
su Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales. En virtud de todo lo anterior,
solicitó su desvinculación del trámite de la tutela, ya que no se le puede atribuir
actuación u omisión con la presunta vulneración de derechos fundamentales.
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá alegó que revisó el
caso con el Grupo de Reparto del Centro de Servicios Administrativos, se emitió
respuesta al accionante el 14 de enero de 2026, donde se le suministró la información
solicitada. Por lo anterior, para la entidad, se configuró un hecho superado, pues la
entidad ya cumplió con la acción requerida antes de que el juez constitucional emitiera
orden alguna.
El Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles, Laborales y
de Familia de Bogotá sostuvo que dentro de sus funciones se encuentra la radicación
y entrega de demandas a los juzgados, labor que ejecuta el área de reparto según las
reglas fijadas en diversos acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales
regulan la redistribución y asignación de procesos.
En relación con la demanda en línea 1490196, el área de reparto verificó que fue
asignada el 14 de enero de 2026 al Juzgado 15 Civil Municipal de Bogotá, a través del
acta de reparto 545. Asimismo, constató que el trámite fue debidamente trasladado
tanto al juzgado asignado como al despacho que emitió la orden, según los registros
remitidos por correo electrónico. De igual forma, el Centro de Servicios sostuvo que
respondió la solicitud del usuario el 28 de enero de 2026, enviando por correo la
información referente al acta de reparto.
En consecuencia, por haberse resuelto lo requerido, solicitó que se le desvincule de
la acción de tutela, dado que no existe vulneración atribuible a estas dependencias.
Por su parte, el accionante informó nuevos hechos relacionados con la acción de
tutela. Indicó que una vez radicó la presente acción constitucional, el 14 de enero de
2026 se realizó el reparto de la demanda, evidenciando (según él) ineficacia
administrativa. Además, sostuvo que el reparto fue errado, ya que la demanda fue
asignada a un juzgado civil municipal que no era competente por tratarse de un asunto
de mínima cuantía. Situación que ha generado demoras injustificadas y perjuicios
tanto para su cliente como para su ejercicio profesional, pues al momento de presentar
el informe, el proceso no había mostrado avance alguno.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
A la Sala le corresponde determinar si la autoridad judicial demandada desconoció los
derechos fundamentales invocados por el señor Jhonn Figherald Gordillo Camacho
ante la falta de respuesta de fondo de la petición presentada el 27 de noviembre de
2025 en relación con el reparto y radicación de la demanda en línea con número
1490196, presentada por el actor en representación de la señora Flor Aida Camacho
Quintero.
No obstante, previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala
deberá decidir si el señor Jhonn Figherald Gordillo Camacho, quien es el accionante
en la presente solicitud de amparo, está legitimado en la causa por activa para ejercer
la acción de tutela en procura de los derechos fundamentales que presuntamente le
fueron vulnerados en el mencionado medio de control, en el que actúa como
apoderado judicial de la señora Flor Aida Camacho Quintero.
Legitimación en la causa por activa en la acción de tutela
Los artículos 86 de la Constitución Política12 y 10 del Decreto 2591 de 199123
establecen que la acción de tutela puede ejercerla la persona que considere que se le
han vulnerado o amenazado derechos fundamentales, sin perjuicio de la
representación legal o judicial o de la agencia oficiosa, que permiten acudir ante el
juez de tutela para representar o agenciar derechos ajenos. Por supuesto que en esos
casos debe acreditarse la calidad en la que se actúa.
Frente a la falta de legitimación en la causa por activa en acciones de tutela, la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente4:
«Esta Corporación ha señalado que, no obstante, la informalidad que se predica de la
acción de tutela, la misma debe cumplir con unos requisitos mínimos de procedibilidad,
dentro de ellos se encuentra el de legitimación por activa o titularidad para promoverla.
En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como regla general,
solamente el titular de un derecho fundamental se encuentra habilitado para solicitar el
2
Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
3
Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
4
T-552 de 2006.
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amparo constitucional del mismo, bien sea que lo haga en forma directa o por intermedio
de su representante o apoderado.
Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser
promovida por cualquiera persona cuando sus derechos constitucionales fundamentales
resulten vulnerados o amenazados, ya sea por sí misma o por medio de un tercero quien
actúe en su nombre. En el mismo sentido, según las prescripciones del artículo 10 del
decreto 2591 de 1991, la persona a quien se le vulneren o amenacen sus derechos
fundamentales puede ejercer la acción de tutela por sí misma o por medio de
representante. En esta disposición también se contempló la posibilidad de la agencia de
derechos ajenos, de tal forma que, en aquellos eventos en que el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa, podrá un tercero presentar acción de
tutela en su nombre.
La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en la
causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha
establecido la Corte en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la Constitución
y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro
posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos
legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten
la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela».
(se destaca).
En resumen, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela puede ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal -caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas-, (iii) mediante apoderado judicial -abogado
titulado con poder judicial o mandato expreso- o (iv) por medio de agente oficioso -
cuando el titular del derecho no está en condiciones de promover su propia defensa-.
Asimismo, dicha norma señala que tanto el Defensor del Pueblo como los personeros
municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.
(ii) Caso concreto
En el presente asunto, el señor Jhonn Figherald Gordillo Camacho, adujo la
vulneración de los derechos fundamentales de petición y al acceso a la administración
de justicia al no haber obtenido el acta individual de reparto de la demanda en línea
con número 1490196, presentada por el actor en representación de la señora Flor
Aida Camacho Quintero y por lo que desconoce a qué Juzgado fue asignado el
proceso.
A partir de lo anterior, resulta claro que el señor Gordillo Camacho promueve la acción
de tutela en defensa de los derechos de la señora Flor Aida Camacho Quintero, quien
es demandante en un proceso de restitución de inmueble arrendado, pero, debido a
que no aportó el poder para actuar en nombre de la citada ciudadana, no es posible
acreditar la legitimación en la causa que le asiste, como tampoco la imposibilidad para
que la señora Camacho Quintero le otorgara poder para ejercer el mecanismo
constitucional o para acudir a la defensa de sus derechos en nombre propio.
Al efecto, la Sala evidencia que en el marco del referido proceso ordinario el actor no
es parte, porque, si bien, presentó la demanda como apoderado judicial de la señora
Flor Aida Camacho Quintero, lo cierto es que conforme con el poder otorgado en dicho
proceso el señor Gordillo Camacho podría actuar en su nombre y representación para
la interposición de la demanda de restitución de inmueble arrendado.
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Sobre este punto es necesario evidenciar que en los términos de la Corte
Constitucional5 el alcance del derecho de defensa no traslada su titularidad, dado que
cuando una de las partes o los intervinientes involucrados en un proceso judicial
dispone que determinado profesional del derecho lo represente en la litis, no traslada
al elegido la titularidad de su derecho de defensa, de por si inalienable e irrenunciable,
sino que, simplemente lo autoriza para ejercer tal derecho a su nombre.
Además, la Corte Constitucional indicó que, el poderdante puede vigilar la actuación
de su representante y proceder a revocar el poder si aquella, por técnica que parezca,
no concuerda con sus expectativas, razón por la que concluyó que el derecho de
defensa es un derecho subjetivo fundamental, como tal inalienable e irrenunciable,
previsto en la Constitución Política como una garantía constitucional y que la defensa
en juicio es una de sus manifestaciones más importantes, de ahí que no pueda
entenderse que tal garantía se satisface y concluye con la designación de un
profesional del derecho para ser representado en juicio.
De lo anterior, es evidente que la parte demandante carece de legitimación en la causa
por activa, toda vez que no tiene interés directo en el hecho en el que hace consistir
la vulneración alegada; dado que reclama la trasgresión de derechos fundamentales
propios presuntamente violados en el trámite de reparto y radicación de una demanda
de restitución de inmueble arrendado.
Entonces, de conformidad con lo anterior y de acuerdo con lo acreditado en el
presente asunto, se observa que el actor no posee legitimación para ejercer la
presente solicitud de amparo, pues, pretende que le sean amparados los derechos
fundamentales invocados que no son propios, pues como se vio, la legitimada para la
interposición de la acción de tutela de la referencia es la señora Flor Aida Camacho
Quintero, quien es la demandante en el proceso de restitución de inmueble arrendado.
En razón a lo expuesto, es claro que el señor Jhonn Figherald Gordillo Camacho
carece de interés legítimo para ejercer la presente solicitud de amparo 6.
En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa del
señor Jhonn Figherald Gordillo Camacho, de conformidad con las razones expuestas.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa
por activa del señor Jhonn Figherald Gordillo Camacho, por las razones
expuestas.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5
Sentencia C-383de 2005.
6
La Sala ya se ha pronunciado en el mismo sentido en casos con similitud fáctica al caso objeto de estudio, ver: sentencia del
25 de noviembre de 2021 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2021-03712-01 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, Sentencia
del 3 de junio de 2021 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2021-00802-00 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, Sentencia del
18 de noviembre de 2021 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2021-06949-00 C.P. Milton Chaves García, sentencia del 23 de
marzo de 2023 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2023-00244-00 C.P. Milton Chaves García. Sentencia del 20 de septiembre
de 2024 con radicado: 11001-03-15-000-2024-04111-00 C.P. Milton Chaves García.
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Demandante: Jhonn Figherald Gordillo Camacho
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
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