Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00160-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00160-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00160-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00160-01
Accionante: JOSÉ ERNESTO CALLEJA MORENO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Confirma improcedencia por incumplimiento
de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se confirmará la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por la Sección Cuarta
de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela.
2. El asunto carece de relevancia constitucional y no supera el requisito de
subsidiariedad. El accionante pretende reabrir la discusión sobre la liquidación de su
pensión y utiliza este mecanismo para plantear un argumento que no incluyó en el
recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario.
II. ANTECEDENTES
La demanda
3. El 13 de enero de 2026, el señor José Ernesto Calleja Moreno, a través de apoderado,
interpuso acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia1.
4. Atribuyó la vulneración a la sentencia dictada el 31 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que confirmó el fallo proferido por el Juzgado Octavo
Administrativo de Valledupar. En esas decisiones se negó la reliquidación de la pensión
de jubilación a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho con radicado
20001-33-33-008-2019-00101-00/01.
Hechos relevantes
5. En Resolución 0394 del 21 de abril de 2016, la Secretaría de Educación de Valledupar
reconoció la pensión de jubilación a cargo del Fomag y a favor del actor. La prestación
se liquidó únicamente con el salario básico mensual y la prima de vacaciones. Se omitió
el cómputo de las primas de antigüedad, de servicios y de navidad, las horas extras y la
bonificación mensual.
1 También considera que se desconocieron los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00160-01
Accionante: José Ernesto Calleja Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
6. El señor José Ernesto Calleja Moreno demandó la nulidad del acto administrativo para
que se ordenara la reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores
devengados.
7. En providencia del 5 de marzo de 2021, el Juzgado Octavo Administrativo de
Valledupar negó las pretensiones. Se fundamentó en la sentencia de unificación SUJ-
014-CE-S2-2019, que establece que para liquidar la pensión de los docentes
únicamente se computan los factores previstos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
La bonificación mensual, la prima de navidad y el pago del sueldo de vacaciones no
están incluidas en dicha norma.
8. Frente a la prima de antigüedad, el juzgado determinó que, aunque está enlistada en
el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, su pago tuvo un origen inconstitucional, al ser creada
por un acuerdo municipal expedido por una autoridad carente de competencia para
modificar el régimen salarial. Respecto de las horas extras, descartó su cómputo porque
no se demostró que se devengaron en el último año de servicios.
9. El actor apeló. En sentencia del 31 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del
Cesar confirmó la decisión del Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar. Concluyó
que la mayoría de los emolumentos reclamados no están en la Ley 62 de 1985 y que el
docente no demostró haber realizado las cotizaciones al sistema pensional sobre los
factores percibidos. Agregó que las horas extras fueron devengadas con posterioridad
al cumplimiento del estatus pensional.
Pretensiones
10. El accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales, dejar sin efectos la
sentencia del 31 de julio de 2025 y ordenar al Tribunal Administrativo del Cesar que dicte
una decisión de reemplazo en la que analice de fondo la reliquidación pensional con
base en el precedente jurisprudencial vigente.
Fundamentos de la demanda de tutela
11. El actor señaló que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedibilidad y que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en los siguientes
defectos:
12. Sustantivo. Se desconoció el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que incluye la prima
de antigüedad como factor computable. La sentencia de unificación del 25 de abril de
2019 determinó la inclusión de los factores enlistados en esa norma sin exigir, como
condición excluyente, que se hubiera realizado aportes al sistema de seguridad social.
Esta postura fue reiterada por la Sección Segunda en providencia del 19 de septiembre
de 20242 (radicado interno 1984-2023).
13. Desconocimiento del precedente. Se ignoró la línea jurisprudencial del Consejo de
Estado, que no condiciona el cómputo de la prima de antigüedad a la realización de
aportes al sistema pensional y que ha establecido que dicho factor debe incluirse en el
IBL, por estar enlistado en la Ley 62 de 1985, siempre que se hubiera devengado en el
2 M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00160-01
Accionante: José Ernesto Calleja Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
último año de servicios. Además, el juez de segunda instancia omitió ejercer sus
facultades oficiosas para valorar las pruebas aportadas durante el trámite de la
apelación.
Trámite impartido
14. El 22 de enero de 2026, el magistrado sustanciador admitió la tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cesar y vinculó a los terceros con interés.
Intervenciones
15. El Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar solicitó negar el amparo, porque
en el proceso se respetaron las garantías constitucionales. Además, la sentencia se
fundó en el acervo probatorio y está debidamente motivada.
16. El Ministerio de Educación Nacional pidió declarar improcedente la acción por
incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional. Afirmó que
la providencia censurada no vulneró derechos fundamentales y solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa.
17. El Tribunal Administrativo del Cesar guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
18. En sentencia del 26 de febrero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. Determinó
que el actor pretende reabrir el debate legal que el tribunal resolvió de fondo al constatar
que los factores reclamados no estaban enlistados en la Ley 62 de 1985 y que no se
realizaron los correspondientes aportes al sistema pensional.
Impugnación
19. El accionante impugnó en los siguientes términos:
20. El asunto reviste relevancia constitucional porque el tribunal se apartó del precedente
vertical. Se ignoró la regla jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado que obliga a
incluir todos los factores salariales, sin la condición de haber realizado aportes al sistema
pensional.
21. Según varias sentencias proferidas entre 2019 y 2025 por el Consejo de Estado, la
prima de antigüedad, la bonificación pedagógica y las horas extras constituyen factor
salarial y deben incluirse en el IBL. Además, la falta de cotizaciones es una carga del
empleador que no puede trasladarse al trabajador.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
22. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme a los
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00160-01
Accionante: José Ernesto Calleja Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
23. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 26
de febrero de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela.
24. Para ello, verificará si la acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad.
Si se cumplen, resolverá si el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en los defectos
alegados y si se vulneraron los derechos fundamentales invocados.
Análisis de la Sala
Relevancia constitucional
25. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos económicos,
de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales 3. Este mecanismo
solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad, capricho o irracionalidad
de una decisión judicial.
26. Frente al supuesto defecto sustantivo por inaplicación del artículo 1º de la Ley 62 de
1985, el asunto carece de relevancia constitucional. El actor busca reabrir un debate
estrictamente legal definido por su juez natural.
27. El juez ordinario de primera instancia negó las pretensiones con fundamento en la
sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019. Excluyó
emolumentos no previstos en la Ley 62 de 1985 (bonificación mensual, prima de navidad,
entre otras), primas inconstitucionales (antigüedad) y horas extras no devengadas. El
Tribunal Administrativo del Cesar confirmó esa decisión al verificar que no se acreditaron
las cotizaciones sobre los factores reclamados.
28. El demandante pretende obtener un nuevo pronunciamiento sobre la liquidación de
su prestación económica, lo que comporta una discusión patrimonial y legal ajena al juez
constitucional.
Subsidiariedad
29. El artículo 86.3 de la Constitución, en armonía con el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto Ley 2591 de 19914, establece que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario,
por lo que resulta improcedente ante la existencia de otros mecanismos de defensa
3 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades
judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a disputas
vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir que esta acción se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
4 «La acción de tutela no procederá (…) [c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00160-01
Accionante: José Ernesto Calleja Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos, o que sea necesario evitar la
concreción de un perjuicio irremediable5.
30. La Sala advierte que en el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario 6
el actor centró sus reparos en la supuesta vigencia de la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010. Consideró desconocidos los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica, y pretendió la inclusión de todos los factores devengados, porque esa era la regla
aplicable al momento de presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
31. El accionante no planteó en el proceso de origen uno de los argumentos centrales de
la tutela y de la impugnación: que no es obligatorio acreditar las cotizaciones sobre los
factores que pretenden incluirse en el IBL. No formular este reparo ante la jurisdicción
contencioso-administrativa privó a los jueces naturales de emitir un pronunciamiento al
respecto. Pese a ello, acude a la tutela para plantear ese nuevo debate, respaldado
incluso en varias sentencias de esta corporación, con lo que se desnaturaliza por
completo el carácter residual de la acción.
32. Conforme a todo lo razonado, la Sala confirmará el fallo impugnado, que declaró
improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.
5 Al respecto, ver la sentencia T-108 de 2024.
6 En la sentencia censurada, el Tribunal Administrativo del Cesar resumió el recurso de apelación así:
“El apoderado judicial de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, argumentando que la decisión del juzgado desconoció el principio de
confianza legítima, al cambiar la línea jurisprudencial previamente adoptada por el H. Consejo
de Estado en Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010, la cual sirvió de base para
múltiples demandas por parte de docentes en condiciones similares a la del señor José
Ernesto Calleja Moreno. Señala que la nueva sentencia de unificación del 25 de abril de 2019
implicó un cambio abrupto, sin justificación suficiente, afectando derechos adquiridos bajo el
precedente anterior y vulnerando así, principios constitucionales como seguridad jurídica,
igualdad, favorabilidad y progresividad de los derechos laborales.
Señala, que la coexistencia de ambas sentencias de unificación ha generado fallos
contradictorios y una situación de inseguridad jurídica para los ciudadanos que, como su
mandante, instauraron acciones judiciales basadas en el precedente anterior, con la
expectativa legitima de que sus derechos serían protegidos conforme a ese marco
interpretativo.
Recalca que, el cambio de postura por parte del Consejo de Estado no dejó sin efectos de
forma expresa la sentencia de 2010, por lo que esta mantiene validez y aplicabilidad al
momento de resolver el caso concreto, máxime cuando los hechos que dan origen al litigio se
causaron bajo su vigencia. Por ello, solicita al operador judicial que se privilegie el principio
de favorabilidad y se acoja el precedente vigente al momento de la radicación de la demanda.
Finalmente, bajo los argumentos anteriormente expuesto solicita la revocatoria de la
sentencia de primera instancia y el reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión
de los factores devengados en el último año de servicios, conforme a la jurisprudencia más
favorable al trabajador”.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00160-01
Accionante: José Ernesto Calleja Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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