Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00167-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00167-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00167-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Primero (1°) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00167-011
Accionantes : Jesús Eduardo Moyano Herreño; Feliza y Esperanza
Herreño, Jesús Humberto Moyano, Carlos Fernando
Morales Herreño y Javier Fuentes Herreño
Accionado : Tribunal Administrativo de Santander
Vinculados : Municipio de Floridablanca (Santander), Banco Inmobiliario
de Floridablanca y Juzgado Catorce (14) Administrativo de
Bucaramanga
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reparación directa por
procedimiento de desalojo
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por los accionantes contra el
fallo de Veintiséis (26) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), emitido por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta2, que negó el amparo deprecado.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por los actores frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo
que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. Los accionantes, quienes actúan a través de apoderado judicial, interpusieron el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana, vivienda digna y
acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Santander.
1
Expediente digital disponible en Samai.
2
C. P. Wilson Ramos Girón.
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3. Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos la sentencia de Diez (10) de Abril de
Dos Mil Veinticinco (2025), por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de
Santander revocó la providencia de Diez (10) de Noviembre de Dos Mil Veintidós
(2022), con la que el Juzgado Catorce (14) Administrativo de Bucaramanga accedió
parcialmente3 a las pretensiones del proceso de reparación directa promovido
contra el municipio de Floridablanca (Santander) y el Banco Inmobiliario de ese ente
territorial (expediente 68001-33-33-014-2016-00270-02), para negarlas. En su
lugar, pidieron ordenar a la autoridad accionada emitir una nueva decisión «[…]
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la
presente Litis».
1.3 Hechos4.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por los
accionantes se puede evidenciar que, desde junio de 2006 se adelantaron
actuaciones administrativas y contractuales para el desarrollo del proyecto de
vivienda de interés social Altos de Bellavista Etapas II y IV, en el que la señora Feliza
Herreño (quien manifiesta ser víctima de desplazamiento forzado) y su núcleo
familiar fueron reconocidos como beneficiarios de un subsidio, para lo cual se
suscribió una promesa de compraventa; sin embargo, tras una acción popular que
evidenció la inviabilidad del proyecto por encontrarse en una zona de riesgo y el
posterior incumplimiento en la construcción, algunas familias, como en su caso, al
no obtener solución habitacional efectiva, ocuparon el predio en 2011, el cual
posteriormente se dividió entre los denominados globo 1 y 2, logrando dotarlo con
sus propios medios de servicios públicos.
5. No obstante, el Tres (3) de Abril de Dos Mil Catorce (2014), a través de Resolución
007 la Inspección de Policía de Floridablanca concedió amparo policivo al Banco
Inmobiliario de ese ente territorial y ordenó la reubicación de las personas que se
encontraban en el globo 1, para que fueran trasladadas al globo 2, pero no se les
garantizó una vivienda digna, debido a que no se les ofreció un domicilio transitorio
3
Comoquiera que, declaró la responsabilidad patrimonial y administrativa del municipio de Floridablanca, al existir un
incumplimiento de los deberes que le asistían como garante de los derechos de los ocupantes del globo 1 ubicado en el sector
de Altos de Bellavista de Floridablanca, así como una omisión a las advertencias de los representantes del Ministerio Público,
lo cual dio lugar a que se generaran los daños causados a los demandantes producto de la diligencia de reubicación ordenada
por la Inspección Primera de Policía, ocurrida los días 3 y 4 de septiembre de 2014, pero, respecto de los demandantes Jesús
Humberto Moyano, Esperanza Herreño y Javier Fuentes Herreño, esposo, madre y hermano respectivamente de la señora
Feliza Herreño estimó que no se acreditó el daño invocado en la demanda, por no encontrarse probado que conformaran su
núcleo familiar y que residieran en la vivienda ubicada en el globo 1 de la urbanización Altos de Bellavista en Floridablanca.
4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
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o un albergue de urgencia que contara con condiciones mínimas para su estadía.
Acto seguido, los días 3 y 4 de septiembre del mismo año, se adelantó proceso de
desalojo y demolición del predio en el globo 1, causándoles perjuicios que, en su
criterio, deben ser indemnizados.
6. Por lo anterior, los ocupantes del globo 1 instauraron acción de tutela que, en
segunda instancia, fue resuelta de manera desfavorable por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Bucaramanga; sin embargo, la Corte Constitucional, en sede de
revisión, mediante sentencia T-109 de Veinticinco (25) de Marzo de Dos Mil Quince
(2015), accedió a dicho amparo y, en consecuencia, dispuso:
[…]
TERCERO.- ORDENAR a la Alcaldía de Floridablanca, Santander, y a la Inspección de
Policía de ese Municipio, que en el futuro se abstengan de realizar cualquier diligencia
de desalojo o reubicación hasta tanto se les garantice a los ocupantes del predio unas
garantías reales de protección y alojamiento transitorio. Las autoridades responsables
deberán específicamente: (i) autorizar durante las diligencias la presencia de los
abogados de las partes, de los observadores neutrales que deseen acudir así como
inste a los funcionarios encargados de atender a sujetos de especial protección
constitucional, como es el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; (ii)
responder oportuna y suficientemente las constancias sobre posibles transgresiones de
los derechos fundamentales que eleven los órganos de control y representantes del
Ministerio Público; (iii) evitar ocasionar un daño desproporcionado e innecesario sobre
los bienes y enseres de los ocupantes, previendo un manejo respetuoso de los mismos
y un lugar de depósito idóneo; y (iv) ofrecer albergues de urgencia que resulten
adecuados para las personas y núcleos familiares que deban ser desalojados o
reubicados.
[…]
QUINTO.- ORDENAR a la Alcaldía de Floridablanca que adec[ú]e el predio de la
referencia con los estándares mínimos de habitabilidad. Para ello deberá dentro de los
dos meses siguientes: (i) garantizar en circunstancias de eficiencia, calidad, regularidad
y solidaridad la prestación de los servicios públicos esenciales de acueducto,
alcantarillado, electricidad y recolección de residuos a los habitantes del predio “Altos
de Bellavista” durante el tiempo que estas familias deban permanecer allí ; (ii) realizar
brigadas periódicas de limpieza y campañas de prevención para evitar la proliferación
de artrópodos, roedores y demás vectores de enfermedades; (iii) proveer la madera e
insumos necesarios para que las familias puedan construir separaciones que brinden la
privacidad necesaria a sus hogares, en reemplazo de la polisombra y plásticos con que
cuentan actualmente; (iv) realizar, o culminar de haberse iniciado ya, un estudio
actualizado, técnico e imparcial sobre las condiciones físicas del terreno y reubicar a las
familias que se encuentren en riesgo o brindarles un subsidio de arrendamiento por el
tiempo que sea necesario.
[…]
SÉPTIMO.- ORDENAR a la Alcaldía de Floridablanca atender, responder y enmendar
en lo que sea necesario, dentro de los 45 días siguientes a la notificación de esta
providencia, las observaciones realizadas por los evaluadores de Findeter el pasado
mes de febrero con respecto al proyecto inmobiliario Vipa “Cerros de la Florida”, para
lograr que el mismo sea considerado viable y declarado como habilitado. En todo caso,
sea mediante esta iniciativa o la articulación de políticas públicas nuevas acordes con
la necesidad y el grupo población afectado, el municipio de Floridablanca deberá
presentar, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de esta providencia, un
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cronograma detallado de trabajo, con el correspondiente soporte presupuestal y los
responsables debidamente identificados, que en un plazo máximo de un año y medio
habrá de culminar un proyecto de vivienda social digno para los accionantes y demás
ciudadanos en igualdad de condiciones.
La propuesta que presente la entidad territorial deberá respetar en la mayor medida
posible las condiciones originales de la oferta habitacional ofrecida en el año 2007, es
decir, mantener características similares de metraje de las habitaciones,
especificaciones de acabados y el valor del ahorro programado exigible. De surgir
alguna modificación esta solamente será válida siempre que sea para mejorar las
condiciones de la oferta inicial. Cualquier sobrecosto deberá ser asumido por la
administración municipal y los recursos que ésta pueda gestionar con las demás
entidades públicas del orden nacional.
7. Al considerar que, aún no se les había garantizado la reubicación en condiciones
dignas y justas, el Primero (1°) de Septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017) los
actores incoaron demanda de reparación directa contra el municipio de
Floridablanca (Santander) y el Banco Inmobiliario de Floridablanca (expediente
68001-33-33-014-2016-00270-02), con el propósito que se les declarara
administrativamente responsables de los agravios causados con ocasión del
desalojo que se llevó a cabo los días Tres (3) y Cuatro (4) de Septiembre de Dos
Mil Catorce (2014), y se ordenara la respectiva compensación económica.
8. Del asunto ordinario conoció el Juzgado Catorce (14) Administrativo de
Bucaramanga que, el Diez (10) de Noviembre de Dos Mil Veintidós (2022) accedió
parcialmente a las súplicas, al considerar que «[…] el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
[…] [es el] ente territorial a quien le correspondía proteger los derechos y garantías de las familias
que se encontraban ocupando el Globo 1 ubicado en el sector de Altos de Bellavista en
Floridablanca, teniendo en cuenta la orden de desalojo y reubicación que había sido provista y las
condiciones en la que fue dispuesta», por lo que, lo condenó al pago de los perjuicios
derivados de dicho procedimiento y declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva del Banco Inmobiliario de Floridablanca; sin
embargo, concluyó que no se acreditó el daño alegado respecto de los
demandantes Jesús Humberto Moyano, Esperanza Herreño y Javier Fuentes
Herreño.
9. Inconformes con esa decisión, tanto el extremo activo5 como el accionado
5
Con fundamento, específicamente en que: debió (i) ordenarse el pago de perjuicios morales sobre un monto mayor al
establecido, en atención a los hechos que datan del 3 y 4 de septiembre de 2014 y la condición de víctima de conflicto armado
de la señora Feliza Herreño; (ii) reconocerse perjuicios morales a favor de Jesús Humberto Moyano, Esperanza Herreño y
Javier Fuentes; como esposo, madre y hermano de Feliza Herreño respectivamente, por cuanto se encuentra demostrado el
vínculo de parentesco y que hacen parte de su núcleo familiar; (iii) concederse el daño a la vida de relación, toda vez que no
cuentan con un techo digno y fueron tachados como invasores, con una confianza legitima defraudada; y (iv) condenarse en
costas y agencias en derecho a la parte accionada.
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municipio de Floridablanca6 interpusieron recurso de apelación, desatado el Diez
(10) de Abril de Dos Mil Veinticinco (2025)7 por el Tribunal Administrativo de
Santander8, en el sentido de revocarla, para negar las pretensiones, al estimar que,
«[…] el ente territorial efectuó todos sus esfuerzos en aras de reubicar a la señora Feliza Herreño y
su núcleo familiar, quien nunca aceptó las ayudas ni soluciones temporales presentadas […], lo que
dio lugar a su desalojo del predio invadido ilegalmente. Por tal razón, […] no se encuentra
demostrado el daño antijurídico».
10. El Treinta (30) de Abril y el Trece (13) de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025),
respectivamente, el apoderado de la parte actora presentó solicitud de nulidad y de
aclaración, toda vez que, (i) dicha sentencia fue notificada al correo
oscalfo08@hotmail.com, cuando lo correcto era oscalfo8@hotmail.com; y (ii) se
había incluido un problema jurídico ajeno a la controversia, relacionado con
determinar si la entidad demandada había cumplido lo ordenado en la sentencia T-
109 de 2015 dictada por la Corte Constitucional, lo que, a su juicio, constituía una
incongruencia. Adicionalmente, el Tres (3) de Junio del mismo año formuló un nuevo
incidente de nulidad, con fundamento en que el tribunal se apartó sustancialmente
del litigio, al resolver cuestiones no propuestas por las partes ni discutidas dentro
de los recursos de apelación.
11. Todo lo anterior fue resuelto de manera desfavorable con auto de Treinta (30) de
Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), en cuanto a los incidentes de nulidad,
porque, conforme al artículo 1349 del Código General del Proceso «[…] no procede[n]
frente a sentencias de segunda o última instancia » y, en relación con la solicitud de
aclaración, al considerar que, «[…] no le asiste razón al apoderado de la parte demandante al
6
Comoquiera que, la ocupación ejercida por los demandantes se efectuó de manera ilícita e ilegal, por lo que no es posible
al resarcimiento de los daños que alegan, además, la señora Feliza Herreño tenía conocimiento de la orden administrativa
para la recuperación del terreno, dado que le fue notificada la decisión de la Inspección Primera de Policía de Floridablanca
y desde un inicio le fue ofrecido un lugar para su reubicación provisional, lo cual no aceptó y prefirió mantenerse en el globo
1, adicionalmente no aceptó las ayudas brindadas por el ente territorial relacionado con el subsidio de arriendo de acuerdo
con el documento obrante a folio 1376 manuscrito del archivo 13. pruebas documentales del expediente digital y, tampoco
acreditó los perjuicios morales derivados del desalojo.
7
Cabe precisar que, el magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra presentó salvamento de voto, al considerar que debió
confirmarse la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones formuladas en el proceso ordinario, toda vez
que, «[…] el municipio de Floridablanca no cumplió oportunamente con el mandato constitucional, en tanto la solución
definitiva de vivienda solo fue ofrecida a través de un nuevo proyecto habitacional ("Villa Renacer") varios años después de
la sentencia T-109 de 2015, lo cual constituyó un incumplimiento de los términos perentorios allí establecidos».
8
M. P. María Eugenia Carreño Gómez.
9
«Artículo 134. Oportunidad y trámite. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte
sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.
La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia
contra la cual no proceda recurso, podrá también alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de la
sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades.
Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con posterioridad a la orden de seguir adelante con la
ejecución, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores o por cualquier otra causa legal.
El juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de las pruebas que fueren necesarias.
La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento, solo beneficiará a quien la haya invocado.
Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se integrará el contradictorio».
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afirmar que […] [se] omitió el análisis del problema jurídico relacionado con sus pretensiones, puesto
que se concluyó que los presuntos perjuicios alegados resultan imputables a la propia parte actora,
en la medida en que ocupó un bien del Estado de manera ilegal, desatendió la orden de desalojo
impartida previamente por la Inspección de Policía y, además, no recibió las ayudas que
oportunamente le fueron otorgadas por el municipio de Floridablanca » y, el hecho que «[…] al
decidir el recurso de apelación se hubiera adicionado el problema jurídico en atención a lo dispuesto
por la Corte Constitucional en la sentencia T-109 de 2015, no implica incongruencia ni falta de
coherencia interna».
12. Sobre la precedente situación, los tutelantes aducen que la providencia objeto
de censura incurrió en los siguientes defectos:
• Procedimental absoluto, porque se apartó de la fijación del litigio, al
resolver aspectos que no fueron objeto de debate ni contradicción procesal
en los recursos de apelación interpuestos, con lo que, a su juicio, se
transgredió el principio de congruencia.
• Fáctico, por indebida valoración del material probatorio aportado al
expediente, pues, tuvo como soporte exclusivamente el informe del Banco
Inmobiliario de Floridablanca que fue expedido varios años después de los
hechos, en el que se indicó que: i) no aceptaron trasladarse pese a que se
les había garantizado una vivienda temporal, ii) rechazaron el subsidio
temporal para vivienda en arriendo ofrecido por el municipio de
Floridablanca, iii) no permitieron el traslado de sus pertenencias al sitio
asignado por el ente territorial y, iv) les había sido asignado otro inmueble.
Ignorando con ello la sentencia T-109 de 2015 proferida por la Corte
Constitucional, en la que había quedado demostrado que los días Tres (3)
y Cuatro (4) de Septiembre de Dos Mil Catorce (2014) no se les garantizó
la reubicación en condiciones dignas y justas, lo que fue acreditado con los
testimonios del personero delegado para la vigilancia administrativa, policía
judicial y ambiental de Floridablanca y del funcionario de la procuraduría
provincial de Bucaramanga, quienes afirmaron que en ese procedimiento
no se contaba con la logística adecuada para la reubicación, dado que no
existían garantías sobre servicios públicos y condiciones de habitabilidad.
• Sustantivo, debido a que se apoyó en consideraciones ajenas al caso,
tales como el derecho del municipio a recuperar la posesión del predio, la
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existencia de un nuevo proyecto de viviendas y la valoración de un informe
elaborado varios años después de los hechos por una de las entidades
demandadas. Aspectos que no fueron demandados, ni constituían el núcleo
de la controversia, lo que conllevó a la afectación del principio de
congruencia.
• Decisión sin motivación, al incumplir el deber constitucional de exponer
de manera clara, expresa y razonada los fundamentos fácticos y jurídicos
que sustentaron la revocatoria total de la sentencia de primera instancia,
pese a haberse demostrado la configuración del daño antijurídico y el nexo
causal proveniente de la falta de reubicación en condiciones dignas y
justas.
• Desconocimiento del precedente, puesto que, no tuvo en cuenta la
sentencia del Veintisiete (27) de Septiembre de Dos Mil Veintitrés (2023),
dictada por el mismo Tribunal Administrativo de Santander, en el proceso
con radicado 68001-33-33-011-2016-00270-02, en la cual los supuestos
fácticos eran idénticos y sí se accedió a las pretensiones de los
demandantes.
• Error inducido, por apreciación equivocada de los hechos, derivadas de
afirmaciones falsas y contradictorias de la entidad demandada en su
recurso de apelación, relacionadas con que se había construido una
vivienda temporal para ellos y que no se debían reconocer los daños
reclamados porque habían actuado de forma ilegal.
• Violación directa de la Constitución, al vulnerar sus derechos
fundamentales.
1.4 Contestaciones de la acción.
13. 1.4.1 El Banco Inmobiliario de Floridablanca10 expuso que, «[…] fue viable
desarrollar el proyecto de vivienda que dio como resultado la urbanización “Villa Renacer”, […] al
cual, previa convocatoria general y personalizada realizada por la municipalidad, con apoyo del BIF,
se postularon las familias beneficiarias del fallido “Urbanización Altos de Bellavista Etapas II y IV”,
10
Índice 00010 del expediente de Samai de primera instancia.
7
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que reunían los requisitos previstos por el Decreto 1077 de 2015, entre las cuales se encuentran los
hoy demandantes, a quienes se les transfirió la correspondiente unidad de vivienda ».
14. Que, el hecho que «[…] se haya desarrollado en un lapso de tiempo mayor al concedido por
la corte constitucional en su fallo, obedeció a [una situación] insuperable para el municipio de
Floridablanca y BIF, consistente en la no disponibilidad de un predio de propiedad municipalidad que
reuniera las condiciones jurídicas y técnicas que le permitieran [su] desarrollo», por lo que, «[…]
es evidente que no existió omisión o conducta dolosa y/o gravemente culposa por [su] parte ».
15. 1.4.2 El Juzgado Catorce (14) Administrativo de Bucaramanga11 aportó el
enlace digital del proceso ordinario con radicado 68001-33-33-014-2016-00270-02
y adujo que, «[e]n desarrollo de dicho trámite, se surtieron las actuaciones correspondientes,
dentro de ellas la fijación del litigio, y la sentencia de primera instancia las cuales se emitieron con
fundamento en las pretensiones, los hechos, los argumentos de las partes, las pruebas debidamente
allegadas y recaudadas, así como en los precedentes jurisprudenciales y normativos aplicables ».
16. 1.4.3 El Tribunal Administrativo de Santander 12 sostuvo que, «[…] la acción de
tutela se está utilizando como una instancia adicional para reabrir el debate jurídico ya resuelto, con
el propósito de controvertir las consideraciones de fondo de la decisión cuya eficacia se pretende
desconocer. En otros términos, se busca crear una oportunidad procesal inexistente en el
ordenamiento jurídico para cuestionar la sentencia de segunda instancia, desnaturalizando así el
carácter excepcional del mecanismo constitucional».
17. Agregó que, «[…] la decisión judicial debatida se ajusta a la Constitución Política, la Ley y los
precedentes jurisprudenciales aplicables al asunto; puesto que no obedeció a simples prejuicios del
operador judicial y no fue arbitraria dado que se fundamentó debidamente con sustento en la garantía
de los derechos constitucionales de las partes; en síntesis, no contiene una ruptura flagrante,
ostensible y grave de la normatividad constitucional o legal que rige en la materia ».
18. 1.4.4 El municipio de Floridablanca guardó silencio en la oportunidad prevista
para el efecto.
1.5 Providencia impugnada13.
19. Mediante sentencia de Veintiséis (26) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), el
Consejo de Estado, Sección Cuarta negó el amparo deprecado, al considerar que,
«[…] la autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos alegados por la parte actora, por
11
Índice 00012 del expediente de Samai de primera instancia.
12
Índice 00014 del expediente de Samai de primera instancia.
13
Índice 00018 del expediente de Samai de primera instancia.
8
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cuanto explicó que, los demandantes no podían solicitar el reconocimiento de perjuicios derivados
de daños relacionados con mejoras realizadas al predio del que fueron desalojado, debido a que se
trataba de un bien fiscal del que no podía predicarse el ejercicio de la posesión y que había sido
ocupado de forma ilegal».
20. Que, «[…] la entidad demandada había cumplido lo ordenado en la sentencia T-109 de 2015
dictada por la Corte Constitucional, puesto que había ofrecido a los demandantes varias alternativas
para garantizar su derecho a la vivienda digna. Que, incluso, les entregó el apartamento 105 de la
torre 4 del proyecto Villa Renacer. Por lo que concluyó que, aunque existió demora en el
cumplimiento de los plazos establecidos en la mencionada sentencia de tutela, se pudo cumplir la
orden de ofrecer un plan de vivienda a los tutelantes».
21. En síntesis, argumentó que «[…] la decisión objeto de tutela obedece al análisis propio del
conjunto de pruebas practicadas en el proceso ordinario, que permitieron co[legir] que el daño
reclamado no era antijurídico. Además, no se advierte que la decisión cuestionada contenga errores
sustanciales y que estos provengan directamente de deficiencias en la valoración probatoria, a tal
punto que no corresponda con la sana crítica o que no atienda a criterios de objetividad, racionalidad,
legalidad y motivación».
1.6 La impugnación14.
22. Inconformes con esa determinación, los accionantes la impugnaron, para cuyo
propósito reiteraron los argumentos expuestos en la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
23. En virtud de los artículos 3215 del Decreto ley 2591 de 199116 y 2517 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201918 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 Cuestión previa – Manifestación de impedimento
24. El Decreto 2591 de 1991 «[p]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política», dispone en el artículo 39 que, «[e]l juez deberá
14
Índice 00024 del expediente de Samai de primera instancia.
15
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
16
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
17
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
18
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
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declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento
Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente» .
25. En la acción constitucional de la referencia, la magistrada Elizabeth Becerra
Cornejo, del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, manifestó su
impedimento19 para conocer del asunto de la referencia, por cuanto, la providencia
objeto de esta tutela fue suscrita por la magistrada María Eugenia Carreño Gómez,
con quien tiene una relación de amistad. Situación que, la hace incursa en la causal
establecida en el numeral 5, del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal20.
26. Conforme a lo anterior, la Sala Dual, constata que, en la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, el Diez (10) de Abril de Dos Mil Veinticinco
(2025), la magistrada María Eugenia Carreño Gómez fue la ponente. Por lo que, se
encuentra configurada la causal de impedimento referida en el párrafo que
antecede.
27. En consecuencia, la Subsección declarará fundado el impedimento manifestado
por la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo y, la separará del conocimiento del
trámite constitucional de la referencia.
2.3 La acción.
28. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.4 Problema Jurídico.
19
Actuaciones de Samai de segunda instancia, índice 00005.
20
«ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
[…]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario
judicial.
[…]»
10
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29. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de
Diez (10) de Abril de Dos Mil Veinticinco (2025), por medio del cual el Tribunal
Administrativo de Santander revocó la providencia de Diez (10) de Noviembre de
Dos Mil Veintidós (2022), con la que el Juzgado Catorce (14) Administrativo de
Bucaramanga accedió parcialmente a las pretensiones del proceso de reparación
directa promovido por los tutelantes contra el municipio de Floridablanca
(Santander) y el Banco Inmobiliario de ese ente territorial (expediente 68001-33-33-
014-2016-00270-02), para negarlas; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías superiores al debido proceso, igualdad, dignidad humana, vivienda digna
y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.
2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.
30. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 21 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado22, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
31. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
21 Sentencia C-590 de 2005.
22 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
11
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derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
32. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
33. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de los
actores, en una indebida valoración probatoria y aplicación normativa y
jurisprudencial, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana, vivienda
digna y acceso a la administración de justicia; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron
el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que el auto que resolvió las solicitudes
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de nulidad y de aclaración formuladas respecto a la providencia atacada fue
notificado el Treinta y Uno (31) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025) y la
solicitud de amparo se presentó el Quince (15) de Enero de Dos Mil Veintiséis
(2026), es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.
34. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto procedimental,
defecto fáctico, desconocimiento del precedente y falta de motivación, comoquiera
que, pese a que los demandantes también señalaron el defecto sustantivo, error
inducido y violación directa de la Constitución, no agotaron la carga argumentativa
suficiente para fundamentarlos y, en todo caso, la génesis de la vulneración
invocada radica, a su juicio, en una presunta indebida valoración probatoria y
aplicación normativa y jurisprudencial, por lo que, en virtud del principio de
oficiosidad, que señala que el juez de tutela debe interpretar de manera extensiva
el escrito inicial23, resulta procedente analizar este trámite a partir de las aludidas
causales de procedencia de tutela contra providencia judicial (defecto
procedimental, defecto fáctico, desconocimiento del precedente horizontal y falta de
motivación).
2.5.1 Defecto procedimental.
35. Se precisa que puede presentarse en dos modalidades: (i) absoluto, cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido, y (ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «[…] hay una renuncia
consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación
de las normas procesales»24, es decir, se privilegian aspectos formales sobre el derecho
sustancial, lo que afecta la garantía de acceso a la administración de justicia25.
36. La Corte Constitucional, en sentencias SU-195 de 2002, C-590 de 2005 y T-737
de 2007, ha dicho que en la causal por defecto procedimental deben concurrir los
siguientes elementos: (i) que no se pueda corregir la irregularidad por otra vía; (ii)
que el defecto procesal afecte directamente la decisión acusada de vulnerar
23
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos
fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su
deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
24
Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
25
Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
13
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derechos constitucionales fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada, salvo que las propias circunstancias del caso lo impidieran; (iv) que como
consecuencia de lo anterior, se vulneran garantías superiores26; y (v) que no puede
ser atribuible al afectado el desconocimiento del procedimiento que se arguye 27.
37. Resulta oportuno anotar que la aludida Corporación28 también ha indicado que el
defecto procedimental de carácter absoluto se configura cuando el juez no observa
las formas propias de cada juicio, bien sea porque sigue uno ajeno al autorizado
(actúa por fuera de sus competencias), lo que implica exigir trámites o requisitos
que no corresponden, u omite adelantar etapas procesales en desconocimiento del
principio de legalidad y, por ende, del derecho fundamental al debido proceso de las
partes intervinientes.
2.5.2 Defecto fáctico.
38. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »29.
39. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra30.
2.5.3 Desconocimiento del precedente horizontal.
40. La Corte Constitucional31, sobre este tipo de precedente, ha precisado:
El precedente horizontal exige que el juez unipersonal o colegiado siga sus propias
decisiones, al resolver un caso sometido a su competencia. Este imperativo no ordena
otra cosa que las autoridades judiciales sean consistentes y uniformes con los fallos
26
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
27
Al respecto, ver las sentencias T-538 de 1994, SU-478 de 1997, T-654 de 1998 y T-781 de 2011, entre otras.
28
Sentencias SU-159 de 2002, T-996 de 2003 y T-363 de 2013 de la Corte Constitucional, entre otras.
29
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
30
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
31
Sentencia T-390 de 2015, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
14
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adoptados por ellas mismas. Sin embargo, el funcionario jurisdiccional no se halla
totalmente atado a sus decisiones anteriores, toda vez que puede apartarse de sus
sentencias siempre que de forma razonada motive su distanciamiento.
[…]
En consecuencia, el defecto por desconocimiento del precedente horizontal se
configura cuando el juez unipersonal o colegiado cambia su propia jurisprudencia, sin
realizar la referencia expresa al precedente que sirvió de sustento para resolver casos
análogos y para exponer razones suficientes que ameriten el distanciamiento. Para
decidir sobre la procedencia de la acción de tutela por la causal estudiada es preciso:
(i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes
aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en
estos precedentes;
(ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta
necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un
desconocimiento del principio de igualdad;
(iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente
judicial bien por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso
analizado, bien por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra
manera para lograr una interpretación más armónica en relación con los
principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los
derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro hómine32.
41. De la anterior jurisprudencia, se colige que el precedente horizontal tiene como
fin que las autoridades judiciales que adoptan determinada decisión para desatar
una controversia, continúen con ella cuando se presenten posteriores asuntos bajo
su conocimiento con similares fundamentos fácticos y jurídicos y pretensiones, no
obstante, cuando lo consideren, pueden apartarse de esta, siempre y cuando
motiven de manera razonable su nueva posición.
2.5.4 Falta de motivación.
42. Se tiene que la Corte Constitucional ha sostenido que una providencia judicial se
encuentra viciada de ese defecto, cuando la autoridad jurisdiccional omite exponer
argumentos suficientes para justificarla, es decir, en los eventos en que, si bien
plantea supuestos normativos y fácticos, omite sustentarlos, lo que dificulta
determinar y controvertir los motivos de la decisión, lo cual afecta el derecho de
defensa y, por ende, el debido proceso.
43. Al respecto, dicho tribunal constitucional, en sentencia T-261 de 201333, precisó:
La estipulación de la falta de motivación como causal de procedencia de la tutela
contra sentencias propende por la salvaguarda del derecho de los ciudadanos a
obtener respuestas razonadas de la administración de justicia, cuestión que,
adicionalmente, les permite ejercer su derecho de contradicción. Así, al examinar un
32
Sentencia T-028 de 2012 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
33
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15
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cargo por ausencia de motivación de una decisión judicial, el juez de tutela deberá
tener presente que el deber de presentar las razones fácticas y jurídicas que
sustentan un fallo es un principio basilar de la función judicial que, de transgredirse,
supone una clara vulneración del debido proceso.
2.6 Análisis del caso concreto.
44. En el asunto sub examine, los accionantes aducen que la providencia
cuestionada incurrió en defecto procedimental absoluto, porque se apartó de la
fijación del litigio, al resolver aspectos que no fueron objeto de debate ni
contradicción procesal en los recursos de apelación interpuestos, con lo que, a su
juicio, se transgredió el principio de congruencia, específicamente se refirieron al
fundamento relacionado con el cumplimiento de la sentencia T-109 de 25 de marzo
de 2015 proferida por la Corte Constitucional.
45. Al respecto, cabe precisar que, como se expuso en los antecedentes, contra la
providencia de Diez (10) de Noviembre de Dos Mil Veintidós (2022), con la que el
Juzgado Catorce (14) Administrativo de Bucaramanga accedió parcialmente a las
pretensiones del proceso de reparación directa con radicado 68001-33-33-014-
2016-00270-02, no solo los actores interpusieron recurso de apelación, sino también
el accionado municipio de Floridablanca, el cual, dentro de sus argumentos,
puntualmente indicó:
[…] el único fundamento tenido en cuenta por el A quo para declarar la existencia del
daño se desprende de lo planteado por la Corte Constitucional en la sentencia de Tutela
109 de 2015, providencia en la cual dicha Corporación se refirió a la diligencia de
desalojo efectuada por la Inspección Primera de Policía señalando que como dicha
diligencia ya se había concretado el cargo endilgado por defecto procedimental absoluto
había perdido vigencia, sin embargo, se advirtieron cuatro irregularidades las cuales
merecieron un pronunciamiento por parte de la Corte para evitar reiteración en el futuro
y con el objetivo de disponer las medidas de mitigación a que hubo lugar, sin que se
deba interpretar como la configuración de un daño antijurídico, pues, […] si bien dicha
Corporación consideró la existencia de dichas irregularidades, esto no constituye per se
un daño antijurídico, [dado que] el juicio realizado por ese alto tribunal es constitucional
y no analiza los elementos del daño sino la vulneración inmediata de derechos
fundamentales en el cual no se examina el actuar ilegal del tutelante.
46. Así las cosas, para la Sala, contrario a la afirmación de los accionantes, la
autoridad accionada no se pronunció sobre aspectos que no fueron discutidos o
alegados en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera
instancia dentro del proceso ordinario, distinto es que, lo concerniente a la orden de
amparo de la Corte Constitucional no haya sido mencionado por ellos sino por la
contraparte, a quien, en igualdad de condiciones se le debe atender su alzada.
16
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47. Ahora bien, si los demandantes insisten en que el fallo censurado trasgredió el
principio de congruencia, a modo de pedagogía judicial, vale anotar que el
ordenamiento jurídico prevé otro instrumento judicial, esto es, el recurso
extraordinario de revisión.
48. Lo anterior, habida cuenta que dentro de las causales de procedencia del
mencionado mecanismo, se encuentra la consagrada en el numeral 5 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)34, consistente en «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación », la cual se configura, entre otras
situaciones, cuando la providencia desconoce el referido principio, tal como lo anotó
esta Corporación35 en los siguientes términos:
[…] la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse
que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por
nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia,
en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la
causa petendi.
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los fallos
dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el
desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una
actuación sin competencia.
[…] la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes
6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia […] pues
[…] el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a
las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para
abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar.
49. Desde esta perspectiva, se colige que el recurso extraordinario de revisión
comporta un instrumento judicial apropiado para corregir yerros, como el
desconocimiento del principio de congruencia, contenidos en providencias
ejecutoriadas, con la finalidad de preservar el sistema normativo y alcanzar la
justicia material, el cual está supeditado a la configuración de alguna de las causales
expresamente enunciadas en el artículo 250 del CPACA, en asuntos tramitados
ante la jurisdicción contencioso administrativa.
34
Comoquiera que la sentencia atacada quedó ejecutoriada el 28 de octubre de 2020, esto es, en vigor del referido
ordenamiento, este le resulta aplicable al recurso extraordinario de revisión que contra aquella eventualmente se interponga.
35
Sala especial 22 de lo contencioso-administrativo, providencia de 2 de febrero de 2016, expediente: 11001-03-15-000-2015-
02342-00.
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50. Por otra parte, los actores aducen que la sentencia censurada incurrió en defecto
fáctico, por indebida valoración del material probatorio aportado al expediente,
pues, tuvo como soporte exclusivamente el informe del Banco Inmobiliario de
Floridablanca que fue expedido varios años después de los hechos, en el que se
indicó que: i) no aceptaron trasladarse pese a que se les había garantizado una
vivienda temporal, ii) rechazaron el subsidio temporal para vivienda en arriendo
ofrecido por el municipio de Floridablanca, iii) no permitieron el traslado de sus
pertenencias al sitio asignado por el ente territorial y, iv) les había sido asignado
otro inmueble, ignorando que conforme a la sentencia T-109 de 2015 quedó
demostrado que los días Tres (3) y Cuatro (4) de Septiembre de Dos Mil Catorce
(2014) no se les garantizó la reubicación en condiciones dignas y justas.
51. No obstante, antes de proceder a realizar el estudio de fondo de dicho defecto,
debe advertirse que el artículo 9036 de la Constitución Política se constituye en la
fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues es su « cláusula
general»37, toda vez que prevé los elementos que deben concurrir para que se
configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico, esto es, un perjuicio que la persona
no está en la obligación de soportar; (ii) una acción u omisión de los servidores
públicos concerniente al cumplimiento de sus funciones; y (iii) una relación causal
entre el hecho dañoso y la actuación o negligencia de aquellos.
52. En virtud de dichos presupuestos, resulta acertado afirmar que hay lugar a
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en
acatamiento de sus funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una
persona que no debe resistirlo.
53. En otras palabras, para que al Estado le asista la obligación de indemnizar el
menoscabo de un bien jurídico, quien lo provocó debió actuar en cumplimiento de
sus competencias, es decir, el daño debe tener un «vínculo próximo y directo con el
servicio»38, pues no basta argumentar que quien lo causó tenga la condición de
servidor público.
36
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de
la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste».
37
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
38
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de octubre del 2014, M. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 40411.
18
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54. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura,
concluyó:
[…] el objeto de la litis versa sobre un inmueble de propiedad del Banco Inmobiliario de
Floridablanca conforme a la escritura número 0158 de fecha 20 de junio de 2006 de la
Notaría Segunda del Círculo de Floridablanca en donde la Constructora Cañaveral
transfiere el derecho de dominio o propiedad del predio con matrícula inmobiliaria
número 300-26588739.
[…] para que una persona pueda reclamar los perjuicios o la indemnización derivada
del ejercicio de la posesión, es necesario que coincidan elementos importantes para su
integración, como el «corpus derivado del ejercicio material del derecho y el animus
referido a la voluntad de considerarse titular del derecho» 40 y una vez demostrada la
calidad de poseedor sobre un inmueble es dable inferir el derecho que le asiste sobre
las mejoras construidas41, situación que difiere en el presente caso por cuanto se trata
de un inmueble de propiedad de una entidad pública, en este caso del Banco
Inmobiliario de Floridablanca respecto de la cual no se puede predicar el ejercicio de la
posesión por tratarse de un bien fiscal42, imprescriptible43, inenajenable e inalienable
con base en los preceptos normativos que expone el artículo 42 de la Ley 1537 de 2012
[…].
Bajo ese hilo conductor, resulta claro que el ente territorial demandado actuó bajo la
juridicidad de la actuación ordenada por la Inspectora de Policía de Floridablanca en el
proceso de desalojo y no debe responder por las actuaciones derivadas de la ocupación
ilegal de los demandantes, toda vez que se encuentra demostrado en el plenario que i)
el predio objeto de litis es de naturaleza fiscal luego no tendría derecho a las mejoras
construidas por la ocupación ilegal; ii) no consideró la posibilidad de salvaguardar sus
bienes contando con tiempo aceptable para ello, puesto que se tiene que la orden inicial
de desalojo fue dada desde el 3 de abril de 2014 en virtud de la Resolución 007
mediante la cual la Inspectora Primera de Policía de Floridablanca concedió el amparo
policivo solicitado por el Banco Inmobiliario de Floridablanca sobre el predio conocido
como Altos de Bellavista Globo 1 y se conmina a Feliza Herreño, entre otras personas,
que cesen la perturbación; y el procedimiento de desalojo data del 3 y 4 de septiembre
del mismo año y iii) en reunión sostenida entre funcionarios del municipio de
Floridablanca y quienes ocupan el asentamiento humano Altos de Bellavista se brindó
asesoría jurídica en el sentido de recomendar a los asistentes por parte del ente
territorial no efectuar mejoras sobre los predios por cuanto no serían reconocidas 44.
Bajo esta óptica, las argumentaciones efectuadas en el recurso de alzada por el
apoderado del municipio de Floridablanca resultan acertadas, en la medida que los
demandantes pretenden el cobro de perjuicios de un daño que se origina en un interés
ilícito porque la ocupación que ejercían en el predio no se encuentra garantizada bajo
el amparo de los derechos de posesión, en este caso, se encuentra demostrado que
39
Expediente digital, actuación 00001, índice SAMAI, link one drive, cuaderno principal, archivo 013 pruebas documentales,
folio 62.
40
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de noviembre de 2012, M.P. Enrique Gil Botero. Radicación número: 20001-23-31-
000-1998-03648-01(21417).
41
Como lo refiere el artículo 739 del Código Civil así: «CONSTRUCCION Y SIEMBRA EN SUELO AJENO. El dueño del
terreno en que otra persona, sin su conocimiento hubiere edificado, plantado o sembrado, tendrá derecho de hacer suyo el
edificio, plantación o sementera, mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe en
el título de la reivindicación, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales
por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder, y al que sembró a pagarle la renta y a indemnizarle los perjuicios. Si se ha
edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será este obligado, para recobrarlo, a pagar el
valor del edificio, plantación o sementera».
42
Los bienes fiscales se encuentran consagrados en el artículo 674 del Código Civil, al siguiente tenor: “Bienes Públicos y de
Uso Público. Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a
todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público
o bienes públicos del territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes
de la Unión o bienes fiscales”.
43
“dotados los bienes fiscales de la prerrogativa de la imprescriptibilidad, el ocupante de hecho del bien fiscal ya no podrá
alegar posesión” según sentencia del CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto Sala de Consulta
C.E. 745 de 1995.
44
Expediente digital, actuación 00001, índice SAMAI, link one drive, cuaderno principal, archivo 006, folio 2.
19
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00167-01
Accionantes: Jesús Eduardo Moyano Herreño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
ocuparon irregularmente el inmueble «ante el incumplimiento del proyecto Altos de
Bellavista II y IV» como se admite desde la situación fáctica planteada en la demanda.
[…]
Ahora bien, el contenido obligacional que le asistía al municipio de Floridablanca se
centraba en dar cumplimiento de la orden de tutela que otorgaba la protección de los
derechos fundamentales vulnerados, concretamente el derecho a la vivienda digna.
[…]
De conformidad con el oficio 2333 del 14 de noviembre de 2019 emitido por el Banco
Inmobiliario, se extracta lo siguiente:
«[…] La señora FELIZA HERREÑO y su hijo CARLOS FERNANDO MORALES
HERREÑO quienes conformaban el núcleo familiar favorecido por el subsidio familiar
de vivienda nacional, quienes fueron los únicos que hicieron parte de la promesa de
compraventa firmada con el BIF, fueron ocupantes del Globo 1 del predio municipal,
pero nunca se trasladaron a residir en el Globo 2, pese al municipio haberle
construido la vivienda temporal en ese lugar. Ella nunca solicitó ni aceptó el
subsidio temporal de vivienda en la modalidad de arrendamiento que ofrecía
el municipio (Alcaldía) a través del BIF para las familias que fueron
beneficiarlas del fallido proyecto.
La demandante si aplicó a los beneficios de los subsidios familiar de vivienda
nacional y al subsidio de vivienda municipal de acuerdo a lo pactado en la cláusula
Cuarta del contrato de promesa de compraventa celebrado el día 21 de marzo de
2019, del que anexó copia para que obre como prueba en el proceso. De
conformidad a este contrato, a la señora Feliza Herreño y demás miembros de su
familia relacionados en el contrato se le asignó el bien inmueble que forma parte del
proyecto residencial de propiedad horizontal VILLA RENACER PRIMERA ETAPA
Torre 3, Apartamento 102, ubicado en el municipio de Floridablanca -
Santander. No obstante, es pertinente aclarar al Despacho, que en los próximos
días se hará una modificación concerniente en asignarle el apartamento 105 en la
Torre 4, en cuanto son los que están listos para titularizar. Es pertinente aclarar, que
este es el nuevo proyecto adelantado bajo la modalidad del nuevo programa de
vivienda "Mi Casa Ya", con el cual se da cumplimiento a la solución de vivienda para
estas familias, acorde con la directriz Impartida en la Sentencia T/109 de 2015
emitida por la honorable Corte Constitucional.
[…]
Con el nuevo proyecto se mejoraron las condiciones habitacionales, aumentando los
metros cuadrados de la vivienda y disminuyendo los aportes porcentuales de las
familias, quienes en realidad aportarían un 31.84% del valor del proyecto y, el Estado
representado en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por una parte y, por la
otra, el municipio, aportarían un valor equivalente al 68.16% […]» (negrilla de la
sala).
Se recibió el testimonio de la señora Emma Lucía Blanco Amaya, funcionaria del Banco
Inmobiliario de Floridablanca, quien manifestó que junto con la administración municipal
inició proceso de restitución de un inmueble en aras de adelantar un proyecto de
construcción denominado Altos de Bellavista etapas II y IV para buscar soluciones de
vivienda para las familias más necesitadas. El lote había sido dividido en globo 1 y globo
2. El globo 1 se encontraba habitado por aproximadamente 50 familias, y ante la
necesidad de adecuarlo a los lineamientos exigidos, previo al desalojo se adelantó una
reunión con sus habitantes para que se reubicaran de manera temporal en el globo 2,
con el compromiso del municipio de suministrar materiales para que se realizaran
construcciones temporales.
Además de lo anterior, frente al tema de los enseres que las familias tenían en sus
viviendas construidas en el globo 1, la administración municipal les dio la oportunidad
de trasladarlos a unos locales que habían sido asignados para tal fin, o a un lugar que
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escogieran las familias, mientras se podía solucionar el programa de reubicación y
asignación de un inmueble, lo cual no fue aceptado por la demandante y su núcleo
familiar. A las familias que aceptaron el traslado al globo 2 se le hizo entrega de
materiales para la construcción de viviendas temporales y se les garantizó la prestación
de los servicios públicos domiciliarios. De igual forma se le ofrecieron subsidios de
arriendo, que no fue aceptado por la demandante.
Ante la negativa de la demandante y otras familias de trasladarse al globo 2 y recibir las
ayudas suministradas por el municipio de Floridablanca, fue que se adelantó la
diligencia de desalojo.
Por otra parte, según lo señala la declarante, en el año 2016 cuando se presentó el
proyecto Villa Renacer, nuevamente se le ofreció a la demandante y a su núcleo familiar,
subsidios de vivienda temporales, no obstante, la señora Feliza Herreño no aceptó y se
negó a recibir.
Posteriormente, la demandante y su núcleo familiar presentaron documentos para el
proyecto adelantado en Villa Renacer, y cuando se le asignó el apartamento en la Torre
4 apartamento 105, se le solicitó la entrega del predio que habitaba en el globo 1, y la
demandante se negó.
Bajo ese hilo conductor, respecto de los presuntos perjuicios solicitados en la demanda
por la falta de reubicación de los demandantes, es preciso anotar que se encuentra
demostrado en el plenario que la señora Feliza Herreño i) no aceptó trasladarse junto
con su núcleo familiar al globo 2, no obstante habérsele garantizado una vivienda de
manera temporal por parte del municipio de Floridablanca ii) no aceptó el subsidio
temporal de vivienda bajo la modalidad de arrendamiento que ofrecía el ente territorial
a través del Banco Inmobiliario de Floridablanca para las familias que fueron
beneficiarias del fallido proyecto inicial, iii) no aceptó el traslado de sus enceres a los
sitios asignados por el ente territorial y iv ) el Banco Inmobiliario de Floridablanca le
asignó un inmueble identificado como apartamento 105, torre 4 de la propiedad
horizontal «VILLA RENACER PRIMERA ETAPA» como se destaca de la prueba
documental obtenida en el transcurso del proceso 45.
De esta manera, para la Sala resulta claro, que los presuntos perjuicios causados a la
demandante durante la diligencia de desalojo, no resultan imputables al municipio de
Floridablanca, toda vez que previo a esa diligencia, adelantó todos los trámites
necesarios en aras de garantizarle a las familias una vivienda temporal, mientras se
solucionaban los inconvenientes presentados en el proyecto de vivienda adelantado en
el lote dominado Altos de Bellavista, y que posteriormente ante su inviabilidad por no
ser terrenos aptos, hubo la necesidad de que la administración municipal buscara otras
opciones para cumplir con su programa de vivienda.
[…]
En ese orden de ideas, el ente territorial efectuó todos sus esfuerzos en aras de reubicar
a la señora Feliza Herreño y su núcleo familiar, quien nunca aceptó las ayudas ni
soluciones temporales presentadas por el municipio de Floridablanca, lo que dio lugar
a su desalojo del predio invadido ilegalmente. Por tal razón, como no se encuentra
demostrado el daño antijurídico, no habrá lugar a estudiar la imputabilidad del Estado y
los consecuentes perjuicios.
55. De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada determinó que no había
lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado en el proceso de
reparación directa con radicado 68001-33-33-014-2016-00270-02, toda vez que, las
pruebas recaudadas en esas diligencias no acreditaron la configuración de una
45
Expediente digital, actuación 00001, índice SAMAI, link one drive, cuaderno principal, archivo 013 pruebas documentales,
folio 66.
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posible falla del servicio, si se tiene en cuenta que no es posible reconocer perjuicios
derivados de la ocupación ilegal de un predio que corresponde a un bien fiscal de
carácter imprescriptible, inenajenable e inalienable.
56. Así las cosas, para la autoridad accionada, el procedimiento de desalojo no fue
fruto de una decisión arbitraria y repentina por parte de las entidades demandadas,
sino que tuvo como respaldo la Resolución 007 de Tres (3) de Abril de Dos Mil
Catorce (2014), mediante la cual la Inspectora Primera de Policía de Floridablanca
concedió el amparo policivo solicitado por el Banco Inmobiliario de Floridablanca
sobre el mencionado inmueble, frente a lo cual, previamente se conminó a la señora
Feliza Herreño y su núcleo familiar a cesar la perturbación y se les brindó asesoría
jurídica en el sentido de recomendarles no efectuar mejoras sobre el mismo, porque
no serían reconocidas y, en todo caso, su ejecución se llevó a cabo 5 meses
después, los días Tres (3) y Cuatro (4) de Septiembre del mismo año.
57. Si bien la ocupación correspondió a una necesidad derivada de la inviabilidad en
la construcción del proyecto del que resultaron favorecidos con un subsidio de
vivienda y de no tener un lugar donde asentarse mientras se les brindaba una
solución de vivienda efectiva, también lo es que, ello tuvo como fundamento
posibles riesgos ambientales que podrían poner en peligro su vida.
58. Además, como lo explicó la autoridad accionada, lo relativo a la vulneración de
derechos fundamentales que conllevó la diligencia de desalojo fue objeto de un
análisis detallado por parte de la Corte Constitucional en la sentencia T-109 de 25
de marzo de 2015 en la que se concedió su amparo y, en consecuencia, se ordenó
a las entidades accionadas se abstuvieran de practicar esas diligencias sin
garantizar una vivienda adecuada a los estándares mínimos de habitabilidad, lo cual
se cumplió con posterioridad con el proyecto Villa Renacer, en el que se le asignó
a la señora Feliza Herreño y su núcleo familiar el apartamento 105 en la Torre 4,
pero que, según, no solo del informe rendido por el Banco Inmobiliario de
Floridablanca, sino también de la declaración de la señora Emma Lucía Blanco
Amaya, se negaron a aceptar.
59. Así las cosas, se evidencia que la providencia censurada no deviene de una
interpretación caprichosa de la autoridad accionada, puesto que sus argumentos
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estuvieron debidamente motivados, conforme a las pruebas que fueron aportadas
en el proceso ordinario.
60. Resulta oportuno indicar que el hecho que la autoridad judicial accionada no haya
valorado las pruebas en el sentido que pretendían los demandantes, no involucra la
causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de sus
competencias jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia, utilidad
y conducencia de los elementos de convicción obrantes en el expediente, así como
la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de manera
integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el asunto
materia de controversia.
61. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de
una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias
a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este
aspecto, la Corte Constitucional46 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia,
cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de
buena fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la
valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable.
[…]
Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto,
y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto.
62. Por otro lado, los accionantes aseveran que la providencia reprochada incurrió
en desconocimiento del precedente, puesto que, no tuvo en cuenta la sentencia
del Veintisiete (27) de Septiembre de Dos Mil Veintitrés (2023), dictada por el
mismo Tribunal Administrativo de Santander, en el proceso con radicado 68001-
33-33-011-2016-00270-02, en la cual los supuestos fácticos eran idénticos a su
46
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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caso y sí se accedió a las pretensiones.
63. Frente al aludido fallo alegado como desatendido, cabe advertir que, aunque fue
emitido por el mismo tribunal, no corresponde a la misma Sala, aunado a que difiere
del asunto sub examine, en tanto allí persistió la omisión del Estado de brindar una
solución de vivienda digna a los actores, por lo que, la continuación del daño
conllevó a que se resolviera a su favor.
64. Además, en la decisión censurada, la autoridad accionada explicó:
[…] aunque en otros casos similares se ha sostenido una posición en la cual se
encuentra probada la antijuridicidad del daño, aquellas situaciones corresponden a una
ausencia de solución de vivienda efectiva, por no lograr acceder a tal beneficio, cuyo
resultado es la persistencia del hecho generador de daño por la omisión de la
administración, dado que se comprometió la garantía de protección efectiva de sus
derechos, como lo es el derecho a la vivienda digna.
En esos casos se reitera, la situación de esos demandantes ha continuado en un estado
incierto y carente de una solución definitiva, situación que no ocurre en el presente caso,
puesto que la parte actora cuenta con una solución de vivienda propia.
65. Ahora bien, en gracia de discusión, cabe recordar que para que se configure el
desconocimiento del precedente horizontal, la providencia que se aduce
desconocida y la que es objeto de inconformidad en el sub lite, aparte de guardar
correspondencia entre los fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos de las
controversias expuestas, deben ser dictadas por la misma sala de decisión,
presupuestos que no se cumplieron y, de todas formas, como se explicó en párrafos
precedentes, la autoridad judicial accionada puede variar o apartarse de su postura
previa, siempre y cuando motive con suficiencia su nueva posición, como
evidentemente ocurrió en este caso.
66. En ese orden de ideas, se concluye que la decisión de revocar la providencia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa con
radicado 68001-33-33-014-2016-00270-02, no contraviene precedente horizontal
alguno.
67. Asimismo, es dable precisar que la sentencia objeto de reproche, no incurre en
la falta de motivación alegada por los tutelantes, puesto que, como se observó en
precedencia, la autoridad demandada expuso las razones por las cuales se
apartaba de la determinación de primera instancia, para lo cual efectuó un análisis
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probatorio y normativo, por ende, el hecho que el resultado no haya sido favorable
a sus intereses no implica la configuración de tal defecto.
68. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
III. DECISIÓN
69. Por las razones señaladas, comoquiera que la parte actora no acreditó que la
providencia de Diez (10) de Abril de Dos Mil Veinticinco (2025) proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander hubiere incurrido en defecto procedimental,
defecto fáctico, desconocimiento del precedente y falta de motivación, se confirmará
el fallo impugnado, que negó el amparo deprecado.
70. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la magistrada
Elizabeth Becerra Cornejo, para conocer la acción de tutela de la referencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. SEPARAR del conocimiento de este trámite constitucional a la
magistrada Elizabeth Becerra Cornejo.
TERCERO. CONFIRMAR la sentencia de Veintiséis (26) de Marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026), emitida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad
humana, vivienda digna y acceso a la administración de justicia, por las razones
consignadas en la parte considerativa.
CUARTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
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QUINTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Cuarta de esta
Corporación y remitir copia.
SEXTO. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591
de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con impedimento
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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