RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00171-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00171-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00171-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la señora Sandra Patricia Moreno Gachagoque, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Sandra Patricia Moreno Gachagoque Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Rad: 11001-03-15-000-2026-00171-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00171-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

12 de febrero de 2026

Demandante: Sandra Patricia Moreno Gachagoque
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2026-00171-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00171-00
Demandante: SANDRA PATRICIA MORENO GACHAGOQUE
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Tema: Tutela contra acto administrativo – Declara improcedente por
no superar el requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Sandra Patricia Moreno Gachagoque, actuando en nombre propio,
instauró acción de tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura, a efectos de
que le sean amparados sus derechos fundamentales a la familia, al mínimo vital, al
debido proceso, al trabajo, a la igualdad, a la seguridad social, a la salud, a la
dignidad, los derechos de los niños y la protección a la mujer como gestora de vida
en periodo de lactancia.

Dichas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión del Acuerdo
PCSJA25-12371 del 29 de diciembre de 2025 «Por el cual se crean unos despachos
y cargos con carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria a nivel nacional».

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] 1. Ordenar a la accionada CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
GARANTIZAR MI ESTABILIDAD LABORAL EN PERIODO DE LACTANCIA, tal

1 La tutela fue radicada el 15 de enero de 2026 con secuencia: 213

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Patricia Moreno Gachagoque
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2026-00171-00

como lo señaló la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-030/2018:
“DERECHO FUNDAMENTAL A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE
MUJER EMBARAZADA Y DURANTE EL PERIODO DE LACTANCIA-Protección
constitucional especial Del artículo 13 de la Constitución, que consagra el principio de
igualdad, se deduce que está prohibida cualquier forma de discriminación en la esfera
laboral de la mujer embarazada o en etapa de lactancia. Así pues, el fundamento
constitucional de la protección de la madre gestante y después del parto se encuentra
en los artículos 13, 43 y 53 Superiores.

2. Ordenar a la accionada CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NO
INCURRIR EN DISCRIMINACIÓN en mi contra por razón de mi condición de madre
lactante y se garantice el cumplimiento del artículo 43 Constitucional y la normatividad
consagrada en instrumentos internacionales2
[…]

3. Ordenar a la accionada CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA no efectuar
traslado del cargo de ESCRIBIENTE MUNICIPAL, conforme lo establece el acuerdo
PCSJA25-12371 del 29 de diciembre de 2025, articulo 11 y 12.

4. Ordenar a la accionada que acate, garantice y cumpla las decisiones de la Corte
Constitucional y normatividad contenida en instrumentos internacionales en relación
con la protección del derecho de lactancia y la estabilidad reforzada3.

Así mismo, requirió como medida provisional ordenar al Consejo Superior de la
Judicatura «no efectuar traslado del cargo de ESCRIBIENTE MUNICIPAL,
conforme lo establece el acuerdo PCSJA25-12371 del 29 de diciembre de 2025,
artículo 11 y 12», a fin de evitar un perjuicio irremediable, toda vez que actualmente
se encuentra en periodo de lactancia; circunstancia que, en su criterio, la cataloga
como sujeto de especial protección constitucional.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

Conforme la certificación expedida por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, la señora Sandra Patricia Moreno Gachagoque, actualmente se
encuentra nombrada en provisionalidad en el cargo de escribiente municipal grado
00 del Juzgado 036 Civil Municipal de Bogotá.

Así mismo, y de la información consignada en el registro civil de nacimiento
aportado4, se advierte que su licencia de maternidad se extendió del 21 de julio de
2025 hasta el 23 de noviembre del mismo año, por lo que el menor cumplió 6 meses
de nacido el 21 de enero de 2026.

Revisado el Acuerdo PCSJA25-12371 del 29 de diciembre de 2025, se evidencia
que en su artículo 11, se dispuso trasladar con carácter permanente, a partir del 13

2 De acuerdo con la relación de los tratados y convenios descritos en el libelo introductor.
3 Transcripción literal con posibles errores.
4 Índice 02 de Samai

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Patricia Moreno Gachagoque
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2026-00171-00

de enero de 2026, el cargo de escribiente del Juzgado 036 Civil Municipal de Bogotá
al juzgado 082, conforme se ilustra a continuación:

Así mismo, se observa que en el artículo 12 del mencionado acto se determinó lo
siguiente:

Acorde con lo analizado, y según el criterio de la parte actora, el Consejo Superior
de la Judicatura dispuso de su cargo sin tener en cuenta su condición de madre en
periodo de lactancia, lo cual afecta de manera directa sus derechos fundamentales
a la familia, al mínimo vital, al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, a la seguridad
social, a la salud, a la dignidad, y a la estabilidad laboral reforzada que ostenta.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La accionante señaló que, en virtud de la expedición del Acuerdo PCSJA25-12371
le están siendo vulnerados de manera flagrante sus derechos fundamentales, ya
que el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo es claro en establecer que
ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la
autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa.

Además de prever que, se presume el despido efectuado por motivo de embarazo
o lactancia, cuando este haya tenido lugar dentro del período de embarazo y/o
dentro de los tres meses posteriores al parto.

Indicó que, teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentra gozando de su

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Patricia Moreno Gachagoque
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2026-00171-00

periodo de lactancia, dicha situación la ubica en un estado de vulnerabilidad e
indefensión en el cual se requiere la protección al derecho a la estabilidad laboral,
pero sobre todo la atención médica del sistema de seguridad social integral en
salud, dado que no se encuentra laborando.

Por lo anterior, precisó que, se torna indispensable retornar a su puesto de trabajo,
máxime cuando su desvinculación obedeció a la decisión unilateral de la accionada
de dar por terminado su vínculo laboral como un acto de discriminación, aun cuando
se encontraba en periodo de lactancia.

Sobre el particular, trajo a colación los pronunciamientos realizados por la Corte
Constitucional mediante las sentencias T-350 de 2016 y SU 075 de 2018, relativas
al fuero de maternidad como derecho fundamental.

Precisó que, la acción constitucional de la referencia es el único medio idóneo y
eficaz con el que cuenta para conjurar la vulneración de sus derechos
fundamentales, habida cuenta que su núcleo familiar está siendo afectado, en virtud
de la decisión adoptada por la autoridad accionada en el sentido de ordenar su
desvinculación pese al estado en el que se encuentra.

Por último, hizo referencia a la sentencia SU-070 de 2013 en la que la Corte
Constitucional determinó que, aun cuando se trate de contratos de prestación de
servicios o de periodo fijo debe respetarse no solo el estado de gestación, sino
además la incapacidad que sobreviene por este hecho y la garantía de la estabilidad
laboral en periodo de lactancia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante providencia del 27 de enero de 2026, la magistrada ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar como accionado al Consejo Superior de la
Judicatura5, para que, si lo consideraba del caso, interviniera en el presente trámite
tutelar.

Asimismo, dispuso la vinculación, como tercero con interés jurídico en el resultado
del proceso, al Juzgado 36 Civil Municipal de Bogotá6 y al Juzgado 064 Civil de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple7.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

5 Notificación realizada al correo: presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
6 Notificación realizada al correo: cmpl36bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
7 Notificación realizada al correo: cmpl64bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Patricia Moreno Gachagoque
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2026-00171-00

1.6.1. Juzgado 82 Civil Municipal de Bogotá, transformado transitoriamente en
el Juzgado 64 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiple8

Allegó escrito en el que manifestó que, de manera previa a la expedición de
cualquier acto administrativo tendiente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 11 del Acuerdo PCSJA25-12371 del 29 de diciembre de 2025, dicho
Despacho advirtió la existencia de situaciones administrativas particulares y
vigentes relacionadas con los cargos de escribiente civil municipal adscritos a dicho
juzgado.

Sostuvo que, en razón de lo anterior, y con el propósito de actuar con estricta
sujeción a los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso
administrativo, mediante Oficio No. 001 del 13 de enero de 2026, elevó consulta
formal al Consejo Superior de la Judicatura, solicitando que se precisara el alcance
jurídico del mencionado acto, frente a las situaciones administrativas preexistentes,
así como la validez y efectos de los actos administrativos particulares, concretos y
vigentes que las habían originado.

En relación con los hechos expuestos por la accionante, precisó que, si bien
mediante el Acuerdo PCSJA25- 12371 se dispuso el traslado de determinados
cargos, a la fecha dicha actuación no se ha materializado, ni se ha producido la
correspondiente incorporación del servidor trasladado para el ejercicio de funciones,
circunstancia que impide atribuir a dicho juzgado actuación, omisión o injerencia
alguna frente a la situación personal, laboral o administrativa de la tutelante.

Afirmó que, a la fecha no ha recibido por parte del Consejo Superior de la Judicatura,
ni de la Dirección Seccional de Administración Judicial, comunicación oficial,
directriz, ni información alguna, orientada a determinar el estado actual del proceso
de los traslados ordenados, su ejecución material, suspensión, modificación o
aplazamiento, por lo que se desconoce la suerte definitiva de los cargos que fueron
objeto de traslado, así como las causas administrativas que han impedido su
materialización efectiva.

En consecuencia, indicó que ante la falta de conocimiento, control o competencia
sobre la ejecución final del traslado y la situación particular de la señora Sandra
Patricia Moreno, no es posible predicar la vulneración de los derechos
fundamentales alegados, por lo que solicitó que, se denieguen las pretensiones de
la acción de tutela de la referencia.

1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura,

Manifestó que, el mecanismo idóneo para controvertir la legalidad Acuerdo
PCSJA25-12371 de 2025, es el medio de control de nulidad simple, sin que se

8 Conforme al Acuerdo PCSJA-18-11127

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Patricia Moreno Gachagoque
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2026-00171-00

evidencie que la parte actora hubiere hecho uso de este, por lo que el asunto
debatido no cumple con el requisito de subsidiariedad.

Precisó que el acuerdo en referencia es un acto administrativo de carácter general,
impersonal y abstracto, que no afecta situaciones jurídicas personales y concretas,
cuya definición no es competencia del juez constitucional.

Aseveró que, conforme a la jurisprudencia constitucional vigente, el período de
lactancia no constituye, per se, una causa autónoma ni absoluta de estabilidad
laboral reforzada, ni genera una inamovilidad automática de la trabajadora, pues la
protección constitucional durante dicho periodo se concreta principalmente, en la
prohibición de actos discriminatorios y en un conjunto de garantías cuya intensidad
y alcance dependen de los períodos expresamente definidos por el legislador.

Señaló que, conforme a los estudios realizados de manera previa, dicha corporación
consideró necesaria la adopción de estrategias de fortalecimiento institucional y
descongestión judicial, orientadas no solo al aumento de la productividad, sino
también a la redistribución de las cargas, con la creación de nuevos despachos que
permitan garantizar el acceso a la administración de justicia en condiciones de
oportunidad.

Refirió que, por lo expuesto, profirió el Acuerdo PCSJA25-12371 del 29 de diciembre
de 2025, estableciendo en su artículo 8º, la creación con carácter permanente de
11 juzgados de pequeñas causas y competencias múltiples en la ciudad de Bogotá,
a partir del 13 de enero del presente año.

Aseveró que la decisión de suprimir los cargos de escribiente municipal en ciertos
despachos, obedeció a criterios técnicos orientados a la estandarización de la planta
de los juzgados nuevos y existentes, así como a la necesidad de contar con
disponibilidad presupuestal para la creación de las referidas dependencias
judiciales, sin que sea posible revertir dicha medida, como lo pretende la parte
actora en sus pretensiones.

Conforme a lo analizado, afirmó que la decisión adoptada mediante el pluricitado
acto, se fundamentó en criterios técnicos y objetivos tendientes a la optimización de
la oferta judicial, sin que la determinación de suprimir los cargos de escribiente
municipal se hubiere derivado de la condición de madre lactante de la accionante,
ya que ni siquiera tenía conocimiento de dicha circunstancia; por lo que solicitó que
la acción de tutela sea denegada o en su defecto, se declare su improcedencia por
no cumplir el requisito de subsidiariedad.

1.6.3. El Juzgado 36 Civil Municipal de Bogotá, pese a estar debidamente notificado
de la existencia del presente asunto, no se pronunció sobre la acción de tutela.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Patricia Moreno Gachagoque
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2026-00171-00

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, los artículos 2.2.3.1.2.4 y
2.2.3.1.2.1 numeral 8° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1°del
Decreto 333 de 2021, por cuanto se dirige contra el Consejo Superior de la
Judicatura.

2.2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde establecer en sí:

¿El Consejo Superior de la Judicatura, vulneró los derechos fundamentales
de la accionante, con ocasión de la expedición del Acuerdo PCSJA25-12371
del 29 de diciembre de 2025 «Por el cual se crean unos despachos y cargos
con carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria a nivel nacional»?

Para dilucidar el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) sujetos de especial protección
constitucional; (iii) la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su
excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos de control ante el juez
contencioso administrativo; y, (iv) el caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable9.

2.4. Sujetos de especial protección constitucional

En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la Corte
Constitucional los ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones

9 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Patricia Moreno Gachagoque
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2026-00171-00

particulares, a saber, física, psicológica, económica o social, merecen un amparo
reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.

En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección se
encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos físicos,
síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por
la violencia, los ciudadanos que se encuentran en extrema pobreza y «todas aquellas
personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una posición de
desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera
que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la
intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad
manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos
judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de
discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados10».

Lo anterior encuentra su fundamento en la Constitución Política que, en los artículos
13 y 43, impone la obligación de promover condiciones para que la igualdad sea
material, es decir, real y efectiva.

2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos de control ante el juez contencioso
administrativo

Existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces
para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o
vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela, con el fin de garantizar
que sean los jueces naturales de cada proceso los que apliquen al caso concreto
las normas jurídicas y la jurisprudencia.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia11.

El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de
donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales
no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos

10 Corte Constitucional, Séptima de Revisión, Sentencia T-495 del 16.06.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley

estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común
garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás
fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela,
que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección
de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Patricia Moreno Gachagoque
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2026-00171-00

los operadores judiciales deben fungir como jueces de convencionalidad, de
constitucionalidad y legalidad.

Por tanto, esta Sala reitera12 su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar con respecto a un acto administrativo, en
atención a la existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho, en los cuales se pueden pedir medidas cautelares en
los términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

La existencia del otro mecanismo de defensa judicial, en determinadas
oportunidades no resulta eficaz en consideración al enfoque bajo el cual se
resuelven, toda vez que se puede dar el caso que tal transgresión sea el producto
de una decisión administrativa que, a la luz del ordenamiento contencioso, se
encuentre revestida de legalidad y, sin embargo, en la práctica vulnere el contenido
constitucionalmente vinculante de derechos de rango superior o resulte
abiertamente arbitraria o discriminatoria. En esos casos, la tutela se torna
procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden
superior.

2.6. Caso concreto

La señora Sandra Patricia Moreno Gachagoque, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales, al estimar que los mismos están siendo vulnerados, con ocasión al
Acuerdo PCSJA25-12371 del 29 de diciembre de 2025 proferido por el Consejo
Superior de la Judicatura, y a través del cual «[…] se crean unos despachos y cargos
con carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria a nivel nacional».

Lo anterior, debido a que, según el criterio de la accionante, la autoridad accionada
dispuso de su cargo sin tener en cuenta su condición de madre en periodo de
lactancia, lo cual afecta de manera directa sus derechos fundamentales a la familia,
al mínimo vital, al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, a la seguridad social, a
la salud, a la dignidad, y a la estabilidad laboral reforzada que ostenta.

En este orden, y partiendo de la condición especial que aduce ostentar la tutelante,
considera la Sala que en principio, el juez constitucional sería el competente para
analizar de manera excepcional su situación particular, al encontrarse en discusión
las garantías iusfundamentales de una persona que constitucionalmente ha sido
catalogada como sujeto de especial protección, debido a la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentran y que la ubica en una posición de desigualdad
material con respecto al resto de la población.

12 La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P. Lucy

Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo de
Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-33-000-2015-00440-01
y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-00293-01.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Patricia Moreno Gachagoque
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2026-00171-00

No obstante, de la revisión del material probatorio allegado al plenario, se observa
que la señora Sandra Patricia Moreno dio a luz el 21 de julio de 2025, como se
ilustra a continuación:

En este sentido, se advierte que el periodo de lactancia se extendió del 21 de julio
de 2025 hasta el 21 de enero de 2026, por cuanto en esta última calenda el menor
cumplió los 6 meses de nacido; lo que significa que, para la fecha de la presente
providencia la situación que invocó la accionante para ser considerada sujeto de
especial protección constitucional ya se superó, y por ende, no sería procedente
analizar de manera excepcional vía acción de tutela, la controversia suscitada
mediante el presente asunto.

Acorde con lo expuesto, y teniendo en cuenta que lo pretendido por la señora
Sandra Patricia Moreno Gachagoque, es que se deje sin efectos el contenido del
Acuerdo PCSJA25-12371 del 29 de diciembre de 2025, a través del cual «[…] se
crean unos despachos y cargos con carácter permanente en la Jurisdicción
Ordinaria a nivel nacional», considera la Sala que el juez de tutela no es el
competente para efectuar el estudio de legalidad correspondiente, toda vez que el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 prevé:

«ARTÍCULO 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter
general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación
de las atribuciones propias de quien los profirió […]

Así mismo, el artículo 138 ibidem, establece:

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Patricia Moreno Gachagoque
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2026-00171-00

«ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir
que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se
le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo
anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante
o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando
la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel». […]

Acorde con lo anterior, advierte la Sala que, en el presente asunto, no se encuentra
satisfecho el requisito de procedibilidad analizado, en la medida que la parte actora
cuenta con la posibilidad de acudir ante esta jurisdicción para controvertir la
legalidad del acto administrativo que considera vulneratorio de sus derechos
fundamentales, sin que la acción de tutela pueda remplazar los mecanismos a los
que se ha hecho referencia, dado su carácter residual y subsidiario.

En ese sentido, para lo pretendido por la accionante la norma consagra el ejercicio
de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, por lo
que no le es dable al juez de tutela desconocer las acciones judiciales contempladas
en el ordenamiento jurídico, ni adoptar decisiones en aquellos asuntos en los que la
competencia le ha sido asignada de manera propia al juez natural.

En este orden, y ante la existencia de otros medios de defensa judicial que resultan
ser eficaces e idóneos para resolver la situación particular en la que se encuentra
la solicitante, se declarará la improcedencia del mecanismo constitucional de la
referencia, por no encontrarse satisfecho el presupuesto aludido.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la señora Sandra Patricia Moreno Gachagoque, por no satisfacer el requisito de
subsidiariedad.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Patricia Moreno Gachagoque
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2026-00171-00

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.