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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00172-01

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00172-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 27 de febrero de 2026 proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00172-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Germán Darío Ramírez Suárez.
Parte accionada: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección
A.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00172-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
27 de febrero de 2026 proferido por el Consejo de Estado - Sección Tercera -
Subsección C.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Germán Darío Ramírez Suárez prestó sus servicios personales
a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE como médico
especialista en psiquiatría entre el 19 de abril de 2013 y el 19 de octubre
de 2019, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios.

1.2. El accionante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió demanda contra la Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, a fin de que se reconociera la
existencia de una relación legal y reglamentaria con el consecuente pago
de prestaciones sociales.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00172-01

1.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda -
Subsección B, mediante providencia de 26 de julio de 2023, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que “[…] si bien están
demostrados los elementos de prestación personal del servicio y
remuneración o contraprestación económica por el servicio prestado, para
declarar la existencia de la relación laboral; no ocurre lo mismo con la
subordinación o dependencia del señor GERMÁN DARÍO RAMÍREZ
SUAREZ al HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR hoy SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE, pues no se probó dicho elemento
de modo inequívoco […]”.

1.4. Inconforme con la decisión anterior, la parte accionante presentó recurso
de apelación.

1.5. El Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A, mediante
decisión de 21 de agosto de 2025, confirmó la sentencia de primera
instancia al considerar que “[…] no se demostró la existencia de una
relación laboral encubierta entre el demandante y la Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte E.S.E, razón por la cual, se confirmará por las
razones aquí esbozadas la sentencia de primera instancia […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico “[…] al desconocer la prueba indiciaria, fragmentar el acervo probatorio
e imponer una tarifa probatoria inexistente, exigiendo pruebas directas
individualizadas para acreditar la subordinación, en abierta contradicción con
el precedente constitucional. En particular, se alegó un error excepcional y
protuberante en la valoración de la prueba, al restar eficacia jurídica a
documentos, testimonios, memorandos, programaciones de turnos,
certificaciones de funciones y demás elementos que demostraban la inserción
material, permanente y subordinada del accionante en la estructura
organizacional de la entidad demandada […]”.

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3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Concédase el amparo definitivo de los derechos fundamentales al
Debido Proceso, Igualdad, y Acceso a la administración de justicia de
GERMÁN DARIO RAMIREZ SUAREZ.

2. Déjese sin valor ni efecto la sentencia fechada veintiuno (21) de
agosto de dos mil veinticinco (2025), notificada a las partes el día ocho
(8) de octubre de dos mil veinticinco 2025, radicación
25000234200020210047001 (7463 – 2023) proferida por el CONSEJO
DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –
SECCION SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, C.P Dr. LUIS EDUARDO
MESA NIEVES por constituir la misma una VÍA DE HECHO por defecto
fáctico la violación al derecho fundamental al Debido Proceso, Igualdad,
Acceso a la Administración de Justicia de mi representado.

3. Ordénese a la autoridad accionada proferir nueva decisión en el
término de treinta días, en el que se tenga en cuenta la totalidad del
material probatorio incorporado en debida forma al proceso, se respete el
derecho a la igualdad y el precedente jurisprudencial constitucional
obligatorio decantado en asuntos de primacía de la realidad. […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 20 de enero de 2026, se admitió la presente acción de
tutela en contra del Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A y
se vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda -
Subsección B y a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, en
calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.

2. El 27 de febrero de 2026, el Consejo de Estado - Sección Tercera -
Subsección C profirió sentencia de primera instancia declarando improcedente
el mecanismo de amparo.

3. Mediante auto de 14 de mayo de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.

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III. INTERVENCIONES

1. El Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela, al estimar que no se configuró
ninguna causal específica de procedibilidad, e indicar que “[…] el estudio en
segunda instancia se ocupó de revisar cada uno de los requisitos estructurales
de la relación laboral encubierta con la respectiva valoración de todos los
elementos probatorios recaudados en el proceso, ateniendo además la
normativa vigente y la jurisprudencia aplicable al caso […]”, e indicar que los
argumentos se refieren a cargos de la demanda por lo que se pretende
convertir la tutela en una nueva instancia.

2. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE se opuso
integralmente a las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no
se configura defecto fáctico alguno. Señaló que la providencia cuestionada
realizó una valoración expresa, razonada y suficiente del material probatorio
obrante en el expediente, de manera que el accionante pretende reabrir el
debate probatorio y sustituir el criterio del juez natural, finalidad que resulta
incompatible con la naturaleza excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

Agregó que el actor confunde un desacuerdo frente a la interpretación y
valoración efectuadas por el juzgador con la configuración de una vía de
hecho, circunstancia que no habilita la intervención del juez constitucional.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 27 de febrero de 2026, declaró improcedente la acción de tutela
por falta de relevancia constitucional, al considerar que “[…] no se acreditó una
afectación directa y actual de derechos fundamentales, sino la intención de
reabrir un debate de estricta legalidad ya resuelto en sede contencioso
administrativa. La acción de tutela no podía convertirse en una instancia
adicional para revisar la interpretación y valoración probatoria efectuada por el

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juez natural […]”.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia argumentando que la
sentencia de tutela “[…] incurrió en equívoco al asimilar la mera existencia
formal de una actividad valorativa con la suficiencia constitucional de dicha
valoración […]”.

Adicionalmente, indicó que “[…] La jurisprudencia constitucional más sólida y
decantada ha establecido con claridad meridiana que el defecto fáctico no se
configura únicamente cuando el juez natural omite de modo absoluto el
análisis de una prueba determinada […]” y que se había omitido el
pronunciamiento sobre el verdadero núcleo del defecto fáctico, que es la
imposición de un estándar probatorio desproporcionado equivalente a una
tarifa legal inexistente.

Advirtió que la autonomía técnica del médico no excluye su subordinación
administrativa y organizacional por lo cual se desconocieron los precedentes
T-366 de 2023, SU-448 de 2016, T-388 de 2020, T-501 de 2004, SUJ-025-CE-
S2-2021 del Consejo de Estado y SL1439-2021 de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa

2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
3 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)

y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.

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judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental5 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces6.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

5 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428,

Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
6 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.

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En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada el 21 de
agosto de 2025 en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicación núm. 25000-23-42-000-2021-00470-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial accionada haya incurrido en
una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual
se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora se
circunscribe a cuestionar la valoración efectuada por la autoridad judicial
respecto del elemento de subordinación propio de la relación laboral. En
particular, que se hubiera exigido la acreditación de elementos probatorios que
demostraran de manera fehaciente que el contratista estaba sometido de
manera permanente a órdenes e instrucciones de tiempo, modo y lugar;
cuestionamientos que ya fueron objeto de análisis y decisión dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional para reabrir un debate
probatorio y jurídico válidamente agotado por el juez natural.

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Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 27 de febrero de 2026 proferido
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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